Sábado, 10 Febrero 2018 11:58

Tribunal de Casanare negó petición a petroleras contra abogado de acciones populares

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 Por: Martha Cifuentes

 El Tribunal Administrativo de Casanare negó petición de las empresas petroleras Equión Energía, Total E&P Colombie (Tepma), Hocol y Talismán Colombia que solicitaban se diera por terminado el amparo de pobreza concedido al accionante popular Luis Arturo Ramírez Roa, en relación a proyecto petrolero Niscota Nueva en los municipios de Támara, Nunchía, Yopal, Paz de Ariporo en Casanare y Paya en Boyacá. Argumentaron que tenía 3 bienes inmuebles y había mentido sobre su situación económica.

La solicitud se había hecho ante el Tribunal luego de que en este se admitiera el pasado 23 de enero una demanda de acción popular contra la Nación, los Ministerios de Ambiente y de Minas y Energía, ANH, Anla, Corporinoquia y las petroleras. Estas últimas argumentaron que el abogado había faltado a la verdad sobre su capacidad económica para atender los gastos del proceso y que no se hacía beneficiario del amparo de pobreza concedido y por ello presentaron las matrículas inmobiliarias de los bienes, dos en Tauramena y un apartamento en Bogotá.

El abogado Ramírez, quien lidera varias actuaciones constitucionales como acciones y consultas populares contra petroleras en Casanare y otras regiones del país, rechazó que estas empresas pretendieran que él como accionante pagara de su patrimonio los gastos procesales, generalmente altos, de la acción popular, argumentando que posee varios activos y que no vive en condición de pobreza.

También argumentó que no es procedente que los ciudadanos del común tengan que asumir los costos de una acción popular cuando estas se interponen como consecuencia de una actuación irresponsable del Estado y, en este caso también de las petroleras, quienes vienen “adelantando los proyectos de esa índole desconociendo los derechos colectivos anunciados en la acción popular”.

Expresó que el amparo de pobreza se solicitó porque esta acción popular amerita pruebas muy técnicas, de alto costo por los profesionales que se deben contemplar para efectuarlas y él no cuenta con capacidad económica para asumirlo. Además para ello está el Fondo para la Defensa y los Intereses Colectivos administrado por la Defensoría del Pueblo y, los demandados. Estos son los que deben financiar las pruebas y demás gastos en que se incurra en el proceso, según la ley 472 de 1998.

El Tribunal Administrativo explicó en la providencia que al ser las acciones populares unos mecanismos de protección de los derechos colectivos públicos y no de intereses particulares o de procesos litigiosos no puede recaer sobre los actores populares el pago de los gastos procesales considerando que no es plausible que una persona que quiera defender un derecho colectivo deba vender los bienes de su familia para hacerlo.

También ratificó que es notorio que una prueba pericial en una acción popular de esta magnitud requiere grandes inversiones y el abogado a pesar de contar con esos bienes, no cuantiosos, y así lo fueran, no puede ni tiene porque sufragarla. Y precisó que la ley dispuso que los costos de tales pruebas deben ser cubiertos por el Fondo mencionado y los accionados, según sea necesario.

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Contexto

En providencia del 19 de diciembre de 2017 el Tribunal Administrativo de Casanare en acción popular interpuesta por el abogado Luis Arturo Ramírez, como medida cautelar, prohibió cualquier actividad petrolera en la zona arqueológica y cultural de Támara hasta tanto haya claridad sobre la no afectación de la misma en relación al contrato 27 de 2006 celebrado entre la ANH y la Unión Temporal Tepma-Hocol S.A. 
En esa misma providencia se dispuso que el Servicio Geológico Colombiano realizaría el peritaje requerido.

 

 

 

 

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