El alcalde de Yopal  Jorge García anunció, en reunión con trabajadores y funcionarios de la  Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY, que retirará del Concejo Municipal el Proyecto, por medio del cual se pretende crear una empresa industrial y comercial del estado, con estructura Holding y clúster empresarial, para ajustarlo y sacar del “paquete”, la EAAAY.

Tras recibir duras críticas por esta iniciativa, que pretende agrupar las Empresas Públicas de Yopal, y que según los detractores de la idea, el mandatario no la socializó antes de proyectarla, Jorge García sigue defendiendo la tesis, de que esta será de provecho para el municipio.

Según García su Administración considera  el proyecto vital para colocar orden a algunos activos del Municipio, que requieren ser explotados para que generen rentabilidad

“Lo que pretendemos, es crear una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que sea cien por ciento pública, mas no privatizar los servicios”, indicó.

Por su parte el senador Alexander López, quien participó telefónicamente de la reunión, aplaudió la decisión del alcalde Jorge García de excluir del Proyecto los activos de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, y consideró que debe iniciarse un Plan de Devolución de la Empresa al Municipio por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, teniendo en cuenta la buena voluntad mostrada por la Administración Municipal, en el sentido de blindar la Empresa para evitar cualquier intento o asomo de privatización

Sábado, 08 Agosto 2015 02:46

Invierno hace estragos en sector agrícola

Un preocupante balance del impacto del invierno en el sector agropecuario del territorio, hizo el secretario de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Alexi Yesid Duarte Torres, en el que reveló el comportamiento sin precedentes, de la temporada invernal en el piedemonte llanero que ha generado complejos efectos en la economía campesina y en la productividad regional. 

El funcionario responsable de la cartera agropecuaria y ambiental,  destacó la gestión del gobernador Marco Tulio Ruíz ante los organismos nacionales, buscando que el Ministerio de Agricultura, asuma, dentro de la declaratoria de calamidad decretada para Casanare, las acciones pertinentes para que los organismos adscritos a ese Ministerio, abran las posibilidades de resarcir los daños que sufrieron los campesinos, que superan los 20 mil millones de pesos.

Igualmente, Duarte Torres habló de la necesidad de iniciar todo un proceso de cambio de actitud, frente al uso del suelo, pues, regularmente se utilizan las rondas de los ríos con la tala de los bosques protectores para dedicarlas en cultivos de pan coger, situación que genera debilidad en las riberas de las fuentes hídricas, que en épocas de invierno se convierten en áreas de alto riesgo.

El secretario de Agricultura, consideró igualmente muy importante cimentar los acuerdos con el departamento de  Boyacá y el gobierno nacional a fin de emprender una campaña tendiente a comprar los páramos; Según el funcionario, es desde allí, donde debe empezarse a darle un manejo racional  a los ríos que alimentan de agua a los llanos.

Por ahora, agregó el funcionario, con el jefe de gobierno departamental se están haciendo gestiones para conseguir que los campesinos que fueron víctimas de la ola invernal atípica, puedan ingresar a los incentivos previstos por el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura. 

 


Atendiendo al llamado de la comunidad, el grupo de logística de la campaña de Julio Ramos Prieto, desarrolló una limpieza de la publicidad que fue ubicada de manera equivoca por un grupo de seguidores en lugares no permitidos.

“Nuestros ideales están encaminados a la construcción de espacios concertados y pensados por todos, donde la opinión de la comunidad es importante. Atendimos las sugerencias, reconocemos que hubo un error y se tomaron las medidas para corregirlo oportunamente”, indicó el candidato.

Reiteró que escuchar a la población es la razón de ser de su campaña, atender a sus llamados y acoger sus sugerencias para construir de manera concertada las soluciones a los inconvenientes que puedan presentarse durante el desarrollo de las contiendas electorales.

El candidato de la alianza Cambio Radical - Opción Ciudadana, rechazó cualquier acto que vaya en contra de la integridad de las comunidades y su contexto ambiental, al mismo tiempo que realizó un llamado a sus seguidores y solicitó respetar las normas (Ley 1475 de 2011) y a la ciudadanía.

 

Carlos Fredy Mejía, candidato a la Alcaldía de Yopal por el partido de la U, rechaza los últimos actos de vandalismos que se han venido presentado en contra de la campaña y su equipo de colaboradores más cercanos. El último hecho ocurrido fue la destrucción de la valla publicitaria ubicada en la calle 24 con carrera 19, lo que demuestra la desesperación de otros candidatos en un camino al que le falta aún mucho recorrido.

Mejía quien dentro de su programa de gobierno plantea políticas incluyentes y donde se respeten las ideas del otro, invita a sus contradictores y candidatos de otras líneas políticas a hacer una campaña limpia, respetuosa y sin agresiones.

“Podrán destruir toda mi publicidad pero jamás mis ideas y mis ganas de luchar por una Yopal próspera”, afirmó.


Durante los últimos días la Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN adelanta en Yopal diligencias judiciales, para determinar si la ciudadela “La Bendición”, es realmente ilegal o no, y establecer que otras iniciativas en este proceso de urbanización, están por fuera de la ley.

La comisión, busca material probatorio, que determine si el urbanizador Jhon Jairo Torres ha incurrido en faltas contra la ley.

Igualmente la fiscal 34 de Extinción de Dominio, se ha reunido con la comisión departamental de moralización con base en el fallo del Tribunal Administrativo de Casanare, para revisar las investigaciones contra el señor J.J Torres.

Se está a la espera de un pronunciamiento en torno al ejercicio realizado por la comisión integrada por miembros de la DIJIN y la Fiscalía.



Indignado se encuentra un amplio sector del gremio de taxistas de Yopal, ante el fallo proferido por el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Yopal Nelson Manuel Briceño Chiriví, quien resolvió negar el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional, de los efectos de la Resolución #183 de 2014 expedido por el alcalde de Yopal solicitado por el accionante.

Los taxistas esperaban que la resolución fallara a su favor y poder de esa manera lograr que los 77 cupos de taxis, que la administración entregó el año pasado, según ellos de manera arbitraria y viciada, tuvieran un nuevo mecanismo de adjudicación.

La medida del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Yopal motivó en los taxistas un acto de protesta frente a esta dependencia.

Los manifestantes con pancartas y arengas le exigieron a Briceño Chiriví reconsiderar dicho fallo.

En la manifestación los transportadores indicaron que de no hallarse una solución a su petición, entrarían desde el próximo lunes a paro indefinido.

 

 

Por convocatoria del gobernador de Casanare (e), Fabio Pinilla Castellanos y la secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, Marlene Gutiérrez Oropeza, se reunió en Yopal el Consejo de Seguridad Departamental, a fin de analizar las acciones adelantadas hasta el momento respecto a los hechos de terrorismo ocurridos en el departamento en los últimos días.

La Fuerza Pública, la Dirección Seccional de Fiscalías y los organismos de inteligencia presentaron sus informes sobre las investigaciones realizadas hasta la fecha.

Igualmente, las autoridades acordaron estrategias de carácter operativo y de investigación que permitan prevenir nuevos hechos de alteración; acciones que permitan llegar a los autores intelectuales y materiales, para adelantar su respectiva judicialización.

La sesión contó también con la participación del Secretario de Obras Públicas del departamento, Wilson Arenas Peralta, teniendo en cuenta que los actos delincuenciales sujetos del Consejo de Seguridad, están relacionados con daños a maquinaria que adelanta trabajos en las diferentes vías del departamento; maquinaria dispuesta para el mantenimiento y rehabilitación de vías que han sufrido afectaciones, debido a la fuerte la ola invernal que vive Casanare, que a la fecha afecta a 18 de los 19 municipios.

 

 

Con el fin de contrarrestar el tráfico de drogas sintéticas en el departamento de Casanare, en las últimas horas se logró la captura de dos personas y la incautación de 28  pastillas de éxtasis.

Los hechos se registraron en la calle 18 con carrera 24 del barrio Bicentenario, momentos en que unidades policiales realizaron la interceptación de una motocicleta en la cual se movilizaban un hombre de 26 años de edad y una mujer de 22 años de edad, quienes trasportaban los alucinógenos en un sobre manila.

Según investigaciones realizadas, el modus operandi de esta organización delincuencial era recibir la droga  a través de encomienda, para luego ser distribuida en establecimientos nocturnos de Yopal. 

La fiscal 34 de Extinción de Dominio, Adriana Durán, se hará presente hoy en Yopal para participar del Comité de Estudio sobre la problemática de la urbanización ilegal La Bendición, creado por orden del Consejo de Estado en fallo relacionado con el tema.

En el mismo se analizarán los avances sobre las investigaciones de cada entidad según sus competencias, la Alcaldía de Yopal, el Ministerio de Vivienda, la Corporinoquia, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación.

Como se recordará el alto tribunal precisó en su providencia que “La magnitud de la problemática individual que padecen estas personas, asaltadas en su buena fe, necesidad y situación de vulnerabilidad por urbanizaciones ilegales, y el tamaño de los costos que representa para la colectividad la posterior legalización de los asentamientos irregulares, lleva a la Sala al convencimiento de que las dificultades que surgen del desarrollo ilegal del proyecto Ciudadela La Bendición van más allá de la sola ausencia de un servicio de acueducto y alcantarillado adecuado y ameritan de la intervención activa, cualificada y coordinada de todos estos entes, para que cada uno, en el ámbito de sus competencias y especialidades, aporte lo necesario para que se examine el caso y se definan las medidas más adecuadas para darle una solución definitiva a este asunto”.

Agrega el fallo que “lo anterior, a más de que se haga efectiva la responsabilidad penal y administrativa de quienes impulsaron este proyecto, en detrimento tanto de los intereses individuales de los demandantes, como de la comunidad de Yopal en general”.

El Consejo de Estado también a través del fallo compulsó copias de esta actuación a la Fiscalía para que adelante las investigaciones del caso con ocasión del desarrollo urbanístico ilegal que ha originado esta acción. La funcionaria de la Fiscalía se desplaza desde la capital del país a Yopal, con un grupo investigador del organismo.

También se compulsa copias a la Procuraduría para que investigue por la omisión de las autoridades policivas municipales de Yopal en controlar el desarrollo del proyecto urbanístico ilegal Ciudadela La Bendición.

 

Por: Rosalba Múnera V.

Se cumplió la segunda visita  del Tribunal Administrativo de Casanare al estero Matemarrano, con el fin de observar el comportamiento del pantano en temporada invernal para sumar pruebas  que permitan comprobar los daños al ecosistema como consecuencia  de la exploración sísmica y operaciones de la industria petrolera, denunciados por los lugareños

Al Estero, ubicado en cercanías al municipio de Orocué, se dirigieron representantes de la empresa Pacific Rubiales. C&C, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, Corporinoquia, el demandante Gustavo  Adolfo Torres, comunidad del sector y representantes de la Organización Nacional Campesina José Antonio Galán.

Cabe recordar que el procedimiento obedece al proceso de Acción Popular contra las operadoras  C&C y Pacific Rubiales Energy por supuesto daño ecológico  al estero Matemarrano y al compromiso del Tribunal Administrativo  en el mes de marzo de realizar una nueva verificación en época de invierno del comportamiento del sitio.

Esta vez la observación y análisis  se orientó a  la actual situación del terreno del estero en toda su extensión: La plataforma de operaciones, y el cuerpo de agua anexo, construida en febrero de  2014  a menos de 100 metros de la cuota de inundación  permitida por ANLA, el comportamiento de la cañada aledaña al estero y que fue afectada a través del desvío del cauce, y el puente sobre el caño Canacabanare, que  no cumple condiciones técnicas  en invierno y provoca represamiento de agua e inundaciones en sectores aledaños.

Durante la diligencia la comunidad y las entidades interactuaron y dieron sus conceptos a los magistrados que realizaron el recorrido con rigurosidad.

Accionante

Para Gustavo Adolfo Torres, accionante, la inspección ocular desarrollada en este período de invierno, permitió a los  magistrados verificar  que  el estero está  en un 70 por ciento en su lámina de agua y que además dirigen y se mezclan con las de la plataforma, por lo tanto se hizo evidente esta afectación.

Agregó el lugareño que es lamentable que los conceptos de la afectación  de flora y  fauna  del sector, producto del cambio de cauce de la cañada que cruza por el lugar emitidos en el 2011 por la ANLA  y Corporinoquia, y que fueron conocidos por Pacific Rubiales, hoy se desconocen por las mismas entidades, como  si los estudios se hubieran  perdido.

Ante el llamado al pacto de cumplimiento que realizaron los magistrados, el demandante afirmó que es claro que  las afectaciones son comunales, porque  no es solo un predio, y que en ningún momento existen pretensiones económicas “se afectan varias fincas y veredas, aguas abajo, y lo que buscamos es que se tomen medidas para suspender la explotación petrolera, ya  que se están secando las aguas del estero”.

Reiteró el accionante que se  continúa infringiendo  la norma que admite hasta 100 metros cuota de inundación, que  hoy se evidencia claramente con la mezcla de las aguas del estero y el pozo.

ANLA

El  apoderado Judicial del ANLA, Carlos Andrés Montoya, expresó que ante los hechos que se debaten en la demanda,  no se observa  a simple vista contaminación ni detrimento ambiental,  sin embargo  la entidad se encuentra realizando el seguimiento para realizar el análisis de carácter técnico y científico para determinar si existe contaminación, especialmente en esta época de lluvias, cuando se verifica que hay agua en el estero.

Indicó que en cuanto el desvío de la cañada, se está realizando la verificación con el equipo técnico, puesto que es posible que  la entidad no haya expedido los permisos para realizarlo pero el  Ministerio de Medio Ambiente, encargado en la época, al parecer autorizó unas obras de ajuste, razón por la cual se requiere la comprobación necesaria del tema.

Pacific Rubiales Energy

Juan Sebastián Panesso, apoderado jurídico de la empresa Pacific Rubiales Energy, indicó que la sequía en el estero, es generada por la época de verano, “no existen  pruebas que verifiquen que  las operaciones de la compañía estén afectando el estero”.

Agregó el apoderado que en cuanto al desvío de la cañada, se puede verificar que no hubo ningún daño al ecosistema y las aguas fluyen sin que exista aparentemente  desalineamiento del cauce, contando con los permisos y licencias correspondientes; sin embargo están a la espera de los conceptos técnicos de la ANLA..

En cuanto  al puente sobre el caño Canacabanare, indicó que en el mes de julio se presentó un estudio donde se argumenta técnicamente que la construcción del puente no genera ningún cambio en la dinámica hídrica, por lo que se entregará al Tribunal Administrativo como evidencia. 

Corporinoquia

Diana Fernández, apoderada sustituta  de Corporinoquia, dentro de la Acción Popular, indicó que la entidad está legalmente limitada en su actuar, puesto que tiene unas funciones administrativas como autoridad ambiental pero se deben sujetar a las normas ambientales y a la jerarquía normativa que impone la Ley 99, es decir que conocen de la quejas y están obligados a realizar las visitas, informes y conceptos técnicas y remitirlos por competencia a la ANLA.

Agregó que  se han evidenciado  en el caso del estero Matemarrano  algunas situaciones  que podrían dar lugar a afectaciones ambientales, pero por competencia la entidad que debe dar trámite administrativo sancionatorio es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Conclusiones

El magistrado Alfonso Ángel Ángel, presidente del  Tribunal Administrativo de  Casanare, mencionó la necesidad de un pacto de cumplimiento, con el objeto de que las partes lleguen a un acuerdo y no se tenga que ir a un proceso donde se deben decretar unas pruebas que pueden llegar a dilatar hasta cinco años la decisión final del Tribunal.

Agregó el magistrado, que exhorta a las partes para que  se reúnan  y traten de conciliar para que una vez se fije la fecha de pacto de cumplimiento lleguen con un arreglo y se pueda concluir el proceso.

De otra parte el magistrado Néstor  Trujillo  González, agregó que es importante que los accionantes entiendan el objetivo y alcance de un proceso popular, puesto que es normal que existan afectaciones mixtas, donde hay habitantes que se sienten afectados en sus propiedades, “las afectaciones de predios privados no se discuten en el actual proceso, por lo tanto se debe buscar claridad en la propuesta de la comunidad, para remediar los posibles daños  e impactos  significativos al ecosistema, producto de las construcciones y operación petrolera en el sector”.

Adicionó  Trujillo González, que las soluciones que se propongan  en el pacto de cumplimiento deben ser materialmente posibles, ambientalmente viables, y tener claro, la forma en que se van a hacer las actuaciones, sumado a una matriz de evaluación de proyecto para poder realizar el seguimiento periódico.

“Si llegan con un pacto decoroso, viable que resuelva todos los problemas, perfecto, y si llegan con uno parcial que sea viable también, ya que si no hay pacto, el proceso sigue y le calculamos mínimo cinco años más, para llegar a una sentencia definitiva”, concluyó el magistrado.

Ambientalistas exigen protección al estero

Carlos  Roa, integrante de la  Asociación Nacional Campesina, José Antonio Galán, organización con presencia en siete departamentos del país, indicó que han venido realizado seguimiento al papel de Corporinoquia frente a los problemas ambientales que se presentan en Casanare, y por esta razón se suman al seguimiento y exigencia de la protección del medio ambiente en Matemarrano.

Agregó el ambientalista que observan con preocupación  que no se ha evaluado el papel de las compañías petroleras frente al daño del estero, sin que exista compromiso real de las autoridades ambientales ni judiciales para la defensa y recuperación del pantano.

Concluyó el  profesional que incluso se argumenta por parte de los magistrados del Tribunal  que  el fallo podría emitirse hasta dentro de cinco años, “no se habla de obligar a realizar mejoras, ni de suspender la operación hasta que se  redefinan las condiciones en que se desarrollan, por lo que el deterioro ambiental en el estero continuará”.

 

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