En control político a la secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, los diputados extendieron el llamado para que se le siga apostando a programas que beneficien al pequeño productor y manifestaron su preocupación por algunos proyectos que aunque son vitales para el desarrollo, se encuentran desfinanciados.

Uno de los inconvenientes, que no se ha logrado finiquitar por tema de recursos, tiene que ver con la titulación de predios, donde se conoció que en el Departamento existen alrededor de 8.500 sin titular y que, hasta el momento, la Agencia Nacional de Tierras ha autorizado titulaciones en 441 terrenos.  

Frente a esto, el presidente de la Asamblea Departamental, Homero Abril Hurtado resaltó que, “Casanare no será exitosamente productiva hasta que el pequeño y el mediano productor no tenga su titulación. Esta es la base donde se empieza a mover la economía y se genera empleo. Hay que enfocarse en iniciativas para el sostenimiento del campesino que no tiene con que producir y lo primero es tener en qué sembrar o trabajar”.

En temas como el frigorífico, Abril Hurtado, manifestó que esto debe ser liderado por el Comité de Ganaderos impulsado por alianzas público- privadas, “somos el segundo hato ganadero a nivel país y no contamos con una instalación industrial como esta” señaló.

Por su parte, el diputado José Barrera hizo énfasis en otro proyecto importante que carece de recursos, como lo es el repoblamiento de ganado criollo, en la Granja El Bubuy “esperamos que no dejen claudicar esta iniciativa y que esto lo siga manejando Corpoica, así sea por medio de un comodato, pero que no tome otros rumbos, para que se siga adelantando el programa de inseminación artificial y trasplante de embriones. Además, Casanare cuenta con sabana y alimento óptimo para esa raza que necesitamos que se recupere”.

Otros temas como el de pozos profundos, reservorios, so criadero de chigüiros, vivienda rural y situación de arroceros, también fueron encomendados por los corporados, en dicho control político.  

Se destacaron alianzas productivas en siembra de plátano, piscicultura, ganadería y praderas. A su vez se sugirió acentuar en la comercialización y materia prima de lo que tiene que ver con la siembra de piña.

El secretario de Agricultura, Camilo Montagut Fernández, indicó que se cuenta con recursos por alrededor de 22. 600 millones para fortalecimiento de cadenas agrícolas en siembra de lulo, cacao, piña, sábila yuca y plátano. A su vez, especificó que hasta el momento en el Departamento se cuenta con 34 alianzas productivas.

En el control político, la plenaria manifestó el apoyo y reiteró el llamado a todo tipo de iniciativas que se enfoquen en ayudar a los sectores rurales menos favorecidos.

Los procesos abiertos tienen que ver con el acueducto de Tauramena, que no está en funcionamiento; “el inservible y abandonado Megacolegio de Paz de Ariporo”; la no utilizada planta de tratamiento de agua potable de Monterrey; y un proyecto de 40 viviendas de interés social en Villanueva, donde no hay ni una sola piedra de construcción.

Están vinculados a estos procesos varios exfuncionarios, como la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento; el exgobernador encargado Helí Cala López; el exalcalde de Tauramena, Javier Alvarez Alfonso; y el exalcalde de Villanueva Josué Bohórquez Peña, entre otros.

Las obras inconclusas fueron financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, provenientes del petróleo, que en su mayoría correspondían al presupuesto de la Gobernación de Casanare.

“Pese a que el Casanare fue uno de los departamentos que más regalías directas recibió hasta el 2013, algunos de sus municipios padecen la falta de acueducto y agua potable, como se evidencia en varios de los casos que investiga la Contraloría General de la República”.

La Contraloría General de la Republica adelanta 4 Procesos de Responsabilidad Fiscal por irregularidades en la ejecución de igual número de obras inconclusas o inservibles, en el departamento de Casanare, que suman una cuantía total de $33.404 millones de pesos.

El más cuantioso de todos es un proceso iniciado por la CGR, el 22 de enero de este año, cuya cuantía es $25 mil 959 millones, en el que se investigan irregularidades en contratos para la construcción y optimización de los sistemas de acueducto en más de 9 veredas del municipio de Tauramena.

El acueducto, construido con recursos de la Gobernación del departamento de Casanare, no presta el servicio por el cual fue contratada la obra, esto debido a que no se cuenta con toda la infraestructura hacia los usuarios finales, dado que no cuenta con redes domiciliarias.

La falta de planeación ocasionó que las inversiones realizadas para la construcción de este acueducto no cumplan con los fines esenciales del Estado.

La obra aunque fue terminada no se encuentra en funcionamiento, y no presta el uso para la cual fue construida, causando un daño patrimonial al Estado y a la comunidad, que es la directamente afectada.

El Proceso de Responsabilidad Fiscal fue iniciado este año, en la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare contra el Secretario Privado de la Gobernación del Casanare en esa época, Julio Flórez Sarmiento.

Así mismo, contra Clayre Milena Morales Díaz, quien se desempeñó como Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tauramena, y Javier Álvarez Alfonso, este último alcalde municipal de Tauramena para la época. 

Los hechos datan de 2008 a 2010, cuando los presuntos responsables ejercían como servidores públicos en los cargos mencionados.

Responsabilidad fiscal por Megacolegio inservible

Un Megacolegio con el que se pretendía beneficiar a la población estudiantil del municipio de Paz de Ariporo, se ha convertido en otro de los elefantes blancos que conforman una manada de obras inútiles en el departamento de Casanare.

En este contrato reina la falta de planeación, al no contar con licencia de construcción al inicio de las obras.

A esto se suman las suspensiones de obras debido a problemas en las redes de servicios públicos, eléctricas y sanitarias.

Así quedó establecido en el informe técnico adelantado con ocasión del proceso de responsabilidad fiscal que avanza en la Contraloría, por $6 mil 392 millones, en el que figura como presunto responsable, Rodrigo Flechas Ramírez, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare.

También están vinculados al proceso, en la misma calidad de presuntos responsables, Judith Remache Pérez y Milton Sanabria Ortiz. Este último fungió como Secretario de Educación de Casanare. Ambos participaron en la elaboración y aprobación de los estudios previos del contrato, respectivamente.

El Megacolegio que se encuentra en total abandono, fue construido a unos metros de una laguna de oxidación por lo que no contó con licencias ambientales, y presentó falencias en los diseños que afectaron la ejecución del contrato de obra, lo que hace que sean notorias las deficiencias constructivas.

En el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta, la Contraloría General presume que el contratista no cumplió con la totalidad de las obras, por las que se pagaron cuantiosos recursos públicos provenientes de las regalías petroleras, sin que esto represente un beneficio para suplir las necesidades de la región y la comunidad estudiantil.

Daño patrimonial por planta de tratamiento de agua potable

Otra de las obras que no presta un servicio a la comunidad es la Planta de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Monterrey, cuyo contrato fue financiado con recursos de regalías directas de la Gobernación del departamento de Casanare.

En este caso, la Contraloría General adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal en cuantía de $352,9 millones, donde presuntamente causaron un daño al patrimonio público, el Gerente de Empresas Públicas de Monterry para la época de los hechos, Waldemar Pauna Romero, y el Gobernador encargado para ese entonces, Helí Cala López.

En el contrato se desconoció el principio de planeación, lo que generó sobrecostos al tener que realizar una nueva contratación para el funcionamiento y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, debido a que, si bien las obras fueron ejecutadas, no fueron puestas a prueba para determinar su funcionamiento y demostrar su utilidad. 

Las irregularidades van desde problemas técnicos por errores en la construcción hasta inconsistencias entre el diseño y el terreno previsto inicialmente para la ejecución de las obras.

Proyecto de vivienda en Villanueva: ¡Ni una sola piedra, cero ejecución!

De las 40 viviendas de interés social proyectadas para ser construidas en el municipio de Villanueva, no hay ni una sola piedra de construcción. Ni una sola vivienda fue construida.

Por este motivo, la Contraloría General de la República adelanta un Proceso de Responsabilidad Fiscal, en el que figura como presunta responsable la exgobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento, el Alcalde de la época de Villanueva (Casanare), Josué Bohórquez Peña, la Corporación para el Avance Social y Ambiental de América -CASAS y la Fundación Colombiana para el Desarrollo de Vivienda de Interés Social, entre otros.

Dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, se estimó una cuantía sin indexar, por la suma de $700 millones, que corresponde al daño causado al patrimonio del Estado.

El desespero de Lida Barreto Lizarazo, madre cabeza de hogar de 5 hijos en Yopal, se hizo viral en las redes sociales, al manifestar que su hijo de 9 años iba a ser adoptado a una familia de Italia, de acuerdo a un procedimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar regional de Casanare.

Barreto Lizarazo, hizo un llamado a la comunidad para que la comunidad en general le ayudara a detener el vuelo que se tenía programado para las horas de la tarde de ayer. Cientos de personas se conglomeraron en el aeropuerto Alcaravan de Yopal, pero el esfuerzo no tuvo éxito, porque el menor de edad no fue encontrado en ninguno de los vuelos por Lida Barreto ni sus hijos que uno de ellos logró ingresar a la plataforma aeroportuaria.

¿Cómo llegó el niño al ICBF?

Según Barreto Lizarazo, su hijo se lo “quitó” el ICBF sin justa causa hace 2 años y medio, “todo comenzó porque donde vivía me estaban pidiendo la pieza, estaba buscando habitación en otro lugar y la dueña de la casa aprovecho como no le desocupaba llamó a la Policía de Infancia y Adolescencia para entregárselos, se le escaparon 2 niños y alcanzo a entregar el bebé que estaba dormido, luego fue entregado porque se comprobó que no era abandono”.

Después de varias ocasiones que su hijo estuvo en manos de las autoridades y regresado a su hogar, finalmente fue entregado al ICBF por una madre sustituta porque se encontraba descalzo y bajo la responsabilidad de su hermana, argumentó Lida Barreto. Luego de esto, la institución declaró que el menor se encontraba en abandono y que la progenitora no estaba en la capacidad para mantener la potestad del niño.

En un encuentro con el menor de edad en “La Triada” hace 7 días, la progenitora fue informada por su hijo que iba a ser adoptado a Italia.

Respuesta del ICBF

Ante este caso que generó conmoción en Casanare, el ICBF emitió un comunicado de prensa explicando:

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en aras de dar claridad sobre el trámite de los procesos de adopciones indica a la opinión pública, que un proceso administrativo de restablecimiento de derechos se inicia cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en estado de amenaza o vulneración de derechos y lo que busca es restaurar la dignidad e integridad de los niños y niñas, garantizando su protección integral.

Es el Defensor de Familia como autoridad administrativa y el equipo interdisciplinario, quiénes después de una verificación de derechos, de una intervención a la familia biológica y de una búsqueda de familia extensa, determinan las medidas de restablecimiento que en última instancia pueden llegar al reintegro familiar o la declaratoria de adoptabilidad.

Frente a la garantía del debido proceso, se indica que tanto el ministerio público como la familia biológica son vinculados al desarrollo del proceso de declaración de adoptabilidad, y todas las garantías procesales son valoradas, evaluadas y decididas por el Juez de Familia, quien mediante una revisión de los trámites adelantados y el ejercicio de entrevistas correspondientes homologan la decisión de adoptabilidad emitida por la Defensoría de Familia.

Para el caso que circula a través de redes sociales, la declaratoria de adoptabilidad fue dada el 4 de diciembre de 2015 y la homologación fue decretada por el juez de familia el 23 de junio de 2016. La ley de infancia y adolescencia en su artículo 75 determina que todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios de un proceso de adopción tienen reserva legal, por lo anterior no es posible hacer referencia de un caso específico para conocimiento público, salvaguardando además la dignidad y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Por último, es importante señalar que los hogares sustitutos son medidas de protección provisional, en donde se brinda el cuidado y protección temporal, mientras se define la situación legal del niño o niña, y se realiza el proceso de reintegro familiar o la búsqueda de una familia adoptante, según corresponda; este proceso de búsqueda de una familia requiere de un trámite de preparación, en donde se identifica una idoneidad física, mental, moral y social, para garantizar la asignación del niño o niña”.

Otras denuncias

Jimena Gaitán Cardozo, otra joven madre que acompañaba a Lida Barreto en el aeropuerto de Yopal, denunció que su hija de año y medio de edad también está en poder del ICBF, según la progenitora mediante un procedimiento indebido y motivado por el padre de su hija.

“El padre se la llevo ilegalmente, sin mi autorización y la retuvieron (ICBF), ya son 45 días que no estoy con mi hija, me la han dejado enfermar. Un proceso ilegal porque jamás me hicieron visita, una socialización, la misma defensora Sandra Paola Corredor, es la que tiene mi hija y no me la quiere devolver” afirmó Gaitán Cardozo quien pide le regresen su hija.

Este caso es defendido por el abogado Lenin Bustos, quien aseguró “al parecer los mismos funcionarios del ICBF se están presentando negocios ocultos en el instituto y están vendiendo los niños del departamento de Casanare”, por lo tanto, pide al director general del ICBF y Policía que investiguen y que lo mejor es que los menores de edad estén con sus padres.

Así mismo, recalcó que la misma defensora de familia que lleva el procedimiento del menor de edad puesto en adopción en Italia, también tiene “el problema con la niña retenida de año y siete meses”.

Igualmente, denunció Lenin Bustos que recibió agresiones de parte de uno de los funcionarios del ICBF y que el caso de la progenitora que defiende ya está en conocimiento del procurador de familia.

Identificado como Pablo Emilio Inocencio de 69 años de edad, confirmó la Policía de Casanare, a la víctima de un homicidio ocurrido en la finca la Horqueta de la vereda Santa Hercilia de San Luis de Palenque.

Las autoridades relatan que, los residentes del sector vieron el cuerpo sin vida a la entrada del predio, aproximadamente a las 8:30 de la mañana de ayer, luego de escuchar la detonación de un disparo. Al parecer la víctima se encontraba solo en su lugar de residencia, en el momento que sucedieron los hechos.

El coronel José Luis Ramírez, comandante de la Policía en Casanare, afirmó “el cuerpo presenta un orificio en la región parietal izquierda, posiblemente causada con arma de fuego. Las diligencias que adelantamos fue el acta de inspección técnica a el cadáver, inspección al lugar de los hechos y entrevistas a residentes del sector”.

Agregó, que la investigación la adelantan con la Fiscalía 17 seccional de Orocue y pide a la comunidad brindar información que les permita ubicar los autores del homicidio.

Se conoció de parte de los residentes de la vereda, que la víctima era ex concejal del municipio y que militaba en el partido Liberal.