_{Por: Martha Cifuentes} 

Horas después de haber sido destituido de la EICE Ceiba, se conoció que el exdirector jurídico de la entidad, Nelson Zuluaga le expresó en un oficio al gerente Carlos Cifuentes, hechos de corrupción en dos procesos contractuales por 2.500 millones de pesos que adelanta la entidad. El gerente se defendió afirmando que los procesos habían iniciado en gerencia de Clarena López y el exfuncionario fue el que firmó los estudios previos, avalando su idoneidad.

El exdirector jurídico en una comunicación radicada el 14 de febrero a las 4 y 30 de la tarde, horas antes de ser destituido, expresó textualmente que una vez revisados los proyectos de pliego de condiciones de los procesos que actualmente cursan en la entidad, estos “se encuentran direccionados, sin respetar los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad de oportunidades; se puede inferir que se está favoreciendo a empresas específicas, de acuerdo a las condiciones y perfiles de profesionales exigidos”.

Los procesos que menciona el exfuncionario tienen que ver con la “prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada integral permanente con arma y radios de comunicación para todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad y en custodia de la EICE Ceiba” por 503 millones de pesos y el de la “Operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público en las redes de infraestructura eléctrica exclusivas y compartidas de Yopal” por 1.937 millones de pesos.

Gerente se defiende y acusa

Sin embargo, el gerente Carlos Andrés Cifuentes le salió al paso al exfuncionario revelando que, el proceso de operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público inició durante la administración de la polémica gerente Clarena López y que el propio exdirector jurídico había avalado con su firma los estudios previos que fueron los mismos que se subieron al Secop. Es decir que él mismo estaría cuestionando su propio trabajo.

De igual manera se conoció que, Oswaldo Gil Batista, gerente técnico de la empresa Coinvre SAS, que ya ha tenido varios contratos en Ceiba, y uno de los oferentes en el proceso de operación y mantenimiento del alumbrado público, en las observaciones presentadas a los pliegos de condiciones indica que las exigencias para el equipo humano solicitado están demasiado altas y afirma que, “No es claro el por qué la Entidad solicita un director de proyecto con Postgrado en Dirección de proyectos y solicita un Residente con postgrado en alta gerencia de proyectos, (…) cuando la Gerencia del proyecto la ejercerá el director quien a bien ya se le exige el postgrado”. Y adiciona que estas exigencias son un requisito habilitante para participar en el proceso.

Frente a esto Carlos Cifuentes dijo que, se están buscando empresas idóneas y con altos estándares de calidad por lo que consideró normal exigir gran experiencia en profesionales y los posgrados necesarios para ello. También dijo que se están analizando las reclamaciones de los oferentes y que incluso se había ampliado el plazo hasta mañana sábado 17 de febrero para presentarlas. Todo ello para favorecer a la comunidad con procesos transparentes de selección del contratista.

Con respecto a la destitución de 6 funcionarios de libre nombramiento y remoción de la EICE Ceiba, los subgerentes Operativo, Administrativo y Competitividad, el director jurídico, tesorera y secretaria general, explicó que, básicamente la decisión se tomó porque no le generan confianza al venir de anteriores administraciones y ha habido comportamientos desleales con la empresa aunque no precisó cuáles.

Los funcionarios nombrados, todos vinculados a la región desde hace muchos años, son Wilson Leonardo Hernández Rodríguez en la subgerencia administrativa; José Alberto Duque Aristizábal en la subgerencia Operativa; Édgar Ovalle en la subgerencia de Competitividad; Wilmer Yesid Cortés Tenza en la dirección jurídica; Luz Nidia Cataño en la secretaría ejecutiva y Yadira Rodríguez Álvarez en la tesorería.

Contexto

Cabe destacar que, los funcionarios salientes habían sido nombrado por la anterior gerente Clarena López Anaya, quien a su vez había sido designada sorpresivamente por la exalcaldesa Zoila Rosa Ángulo, quien fue ternada por el Movimiento Social La Bendición de Jhon Jairo Torres, luego de que este fuera destituido por su condena por urbanizador ilegal.

Este es un nuevo capítulo en la corta trayectoria política administrativa de esta empresa creada en las postrimerías del gobierno de Jorge García en 2015, con apoyo de la mayoría de concejales y con quienes el actual mandatario nunca estuvo de acuerdo y por lo cual interpuso una acción popular para anular el Acuerdo municipal que facultó al alcalde a crearla y el acto administrativo que le dio vida a la Ceiba.

Un accidente múltiple ocurrió hoy sobre las 3:40 a.m. en Yopal, ocasionado por un vehículo Renault Logan rojo de placas BYJ 668, en el que se movilizaban cuatro personas en aparente estado de embriaguez y en contravía por la calle 19, quienes colisionaron contra un taxi que se desplazaba por la carrera 24, golpeando otro taxi que se encontraba parqueado en la calle 19 entre carreras 23 y 24.

Según la versión de los Agentes de Tránsito de Yopal, el que resultó más afectado fue el taxi de placas UVM 848, conducido por Santiago Garzón, quien debido al impacto, al parecer se fracturó 4 costillas y sufrió un trauma de tórax cerrado. Igualmente, tenían un pasajero que fue afectado por contusiones.

Así mismo, los Agentes de Tránsito, informaron que ninguno de los ocupantes del vehículo Renault que ocasionó el accidente, asumió la responsabilidad como conductor del vehículo, se negaron a la prueba de alcoholemia, lo cual obliga a imponerle a quien aparece como propietario del vehículo en la página del RUNT, la penalidad máxima por conducir bajo el efecto del alcohol que implica comparendo, con una multa de 1.440 salarios mínimos diarios legales vigentes y la cancelación de la licencia por 10 años.

El propietario recibió también el comparendo por conducir en contravía que implica el pago aproximado de un salario mínimo vigente, además la responsabilidad civil y penal por haberle ocasionado lesiones a los afectados en el accidente de tránsito.

Un accidente de tránsito al parecer causado por conducir bajo el estado de embriaguez, cobró la vida de Jesús Victoriano Pérez Cuevas, un joven de 32 años de edad quien se desplazaba por la calle 30 con carrera 11 de Yopal, en su motocicleta de placas MAD04D pulsar 135 de color verde, con una acompañante.

El hecho ocurrió hacia las 4:00 a.m. cuando Pérez Cuevas perdió el equilibrio de la motocicleta y colisionó contra el separador de la calle, luego el vehículo golpeó un árbol que hizo que el cuerpo saliera del vehículo, e impactará contra el suelo. Según las labores adelantadas por los Agentes de Tránsito e información entregada, "ni el conductor, ni la pasajera tenían cascos reglamentarios, ni los tenían ajustados, tampoco tenían el SOAT al día".

La pasajera fue identificada como Sandy Yamile Fonseca Chaparro, de 21 años de edad, quien se encontraba de paso en la ciudad de Yopal, ya que venía viajando desde Sogamoso y su destino sería Tame. Sólo sufrió politraumatismos.

La constante en las encuestas electorales de los últimos meses es sin lugar a duda la percepción que tienen los colombianos sobre cuál es el principal problema que aqueja a nuestro país: LA CORRUPCIÓN.  Después del cese al fuego bilateral pactado con las FARC y la posterior firma del acuerdo de paz, en Colombia disminuyeron en 3000 las muertes causadas por el conflicto y empezaron a brotar todos los escándalos de corrupción.

Bien lo dijo el Procurador General de la Nación: “el humo de la guerra no dejaba ver la corrupción”.  Coincide el jefe del ministerio público con el Contralor General de la República en la cifra de 50 billones de pesos anuales que se roban los corruptos de las arcas del Estado.  Esa es la realidad que ha vivido nuestro país por lo menos en las últimas tres décadas en las que hemos sido gobernados por la misma clase política que se ha turnado la silla presidencial y el control del Congreso.

En el debate de CORRUPCIÓN citado por la senadora Claudia López y el senador Jorge Robledo se revelaron múltiples hechos alrededor del bochornoso escándalo de ODEBRECHT.  La vinculación de congresistas, ministros y otros altos funcionarios del gobierno Santos y el gobierno Uribe, sumado al Fiscal General de la Nación junto al magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, fueron los hechos que generaron la discordia y hasta la grosería por parte de los partidos señalados en esos actos delictuosos.

La transnacional ODEBRECHT, a pesar de tener como socio en Colombia al principal banquero del país, acudió a un préstamo del Banco Agrario, el banco que debería prestarle a los campesinos.  En la operación actuó como asesor el hoy Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, militante fundador del partido Cambio Radical.  También se develó en el debate la participación de dos exministras del gobierno Santos, el gerente de la campaña del presidente y el presidente de la ANI.

Pero el debate fue más atrás en el tiempo y determinó cómo la entrada de ODEBRECHT al proceso de la Ruta del Sol se da en el 2009 cuando Álvaro Uribe gobernaba Colombia.  Resultaron involucrados Andrés Felipe Arias(exministro de Agricultura), Andrés Uriel Gallego (ex ministro de Transporte) y el ya condenado Gabriel García (ex viceministro de Transporte).  Todos los citados hechos terminaron por desatar la ira de los congresistas amigos de Santos y Uribe.

La discusión se tornó de una manera mucho más que acalorada y llevó en ocasiones hasta a la grosería de quienes se sintieron aludidos. En medio del debate llegaron a acusar a los senadores citantes de no tener autoridad moral por contar con investigaciones abiertas en la Corte Suprema de Justicia.  Lo que no dijeron es que las investigaciones eran por injuria y calumnia y que varios de los denunciantes ya estaban vinculados formalmente al proceso.

Es en este punto del debate, cuando llovían los señalamientos y la insolencia, es que aparece el senador casanareño JORGE PRIETO RIVEROS a hacer su respectiva intervención, en nombre del Partido Alianza Verde, para recordarle al Senado que se encuentran en un debate de control político y que la actitud debe ser de respeto hacia el pueblo colombiano que es el directamente afectado por ese escándalo de corrupción.

Solo los grandes senadores intervienen en los debates importantes del país.  Lo que se roban los corruptos cada año equivale a lo que se recauda en siete reformas tributarias como la de diciembre de 2016.  En campaña pueden intentar distraernos con el miedo al terrorismo, al castro chavismo y al populismo, pero no lograrán que los colombianos olvidemos que el gran mal de Colombia es su vieja manía de robarle la plata a los ciudadanos.

Oficina de Prensa Jorge Prieto, (Publicidad Política Pagada).