Ante las autoridades de la URI de la Fiscalía de Yopal, se presentó Ney Mendoza, quien se encontraba departiendo con Gildardo Nieto, cuando tras una discusión al parecer por negocios, Ney le ocasionó la muerte a Gildardo, según lo manifestado por el coronel Jeison Sora, comandante del Primer Distrito de Policía.

Así mismo, el coronel Sora considera que “aparentemente, Ney tenía una relación de amistad con el narrador de coleo, pero que aún continúan las labores de investigación por parte de la Fiscalía, para esclarecer al 100% los hechos ocurridos” afirmó.

Por lo tanto, el caso es materia de investigación para determinar las causas del homicidio y se desconoce las respectivas medidas que dispongan las autoridades con el autor de los hechos.

El Juzgado emite sentencia condenatoria en contra de capturado por lesiones personales a título de Dolo, a quien le imputaron 16 meses de prisión y concede subrogado de la condena de ejecución condicional.

La victima transitaba en su motocicleta por la calle 24 con carrera 23, cuando su ex compañero quien de igual manera se trasportaba en otra motocicleta la iba persiguiendo y la golpeó con la motocicleta haciéndola caer y como consecuencia pierde el conocimiento, es llevaba al hospital, luego es valorada por parte de medicina legal donde le otorgan una incapacidad de 12 días, sin secuelas medico legales.

Este caso es priorizado por las autoridades toda vez que el informe emitido por el Instituto de Medicina Legal presenta valoración de riesgo grave, donde la víctima puede sufrir un posible feminicidio.

^{Por: Martha Cifuentes}

Luego de 5 años y ante un hallazgo de la Contraloría Departamental de Casanare, al menos 50 mil usuarios del servicio de energía en Yopal tendrían que pagar el impuesto del servicio de alumbrado público del mes de enero de 2013 por un error de no cobro en su momento.  Esto le reportaría a las arcas del municipio cerca de 700 millones de pesos.

Así se evidenció cuando amas de casa de Yopal comenzaron a recibir en sus viviendas una resolución emitida el 9 de noviembre de 2017 mediante la cual se expide la liquidación del impuesto de alumbrado público que corresponde al 11% del valor del consumo de energía.

En dicha resolución se explica que “mediante convenio realizado con Enerca S.A. ESP se efectúa la facturación de dicho impuesto junto con el servicio de energía eléctrica a partir del periodo febrero de 2013; quedando pendiente la facturación del mes de enero de 2013 por lo que la Secretaría de Hacienda adelanta las gestiones necesarias para obtener su recaudo”.

El secretario de Hacienda de Yopal, Nelson Forero, explicó que, este impuesto fue aprobado por el Concejo municipal mediante el acuerdo 013 en las “famosas fiestas de diciembre de 2012” durante el gobierno del alcalde Willman Celemín y entró a regir desde enero de 2013 pero por la premura de la entrada en vigencia no se dispusieron los trámites correspondientes para cobrar ese mes y quedó en el olvido hasta que la Contraloría detectó el hallazgo que causaba un detrimento al erario municipal y conminó a la Administración a realizar el recaudo.

Frente a la prescripción de la deuda por cumplirse 5 años de haberse causado el impuesto, el funcionario dijo que usualmente el cobro de los servicios públicos se hace un mes después de causado por tanto la Alcaldía está a tiempo de cobrar sin que se haya vencido los términos. Incluso a la fecha ya se han recaudado cerca de 150 millones de pesos y se espera que los usuarios que están siendo notificados paguen el impuesto. Ya se notificaron 5 mil usuarios y se sigue en la labor.

De no realizarse el pago se tendría que hacer un proceso coactivo pero en últimas si los usuarios no pagan el error tendrían que asumirlo los funcionarios que no realizaron el cobro oportunamente o meses después de la prestación del servicio.

En promedio el valor a pagar son 15 mil pesos por usuario.

Causa algo de esperanza escuchar a candidatos al Congreso hablar de la defensa de la tierra, de la titulación a campesinos que han esperado toda una vida por sus escrituras, lucha en la cual ha sido protagonista el senador Jorge Prieto Riveros desde mucho antes de ser congresista.  Pero se siente indignación cuando se encuentran discursos a favor de esa causa, pero pronunciados por parte de candidatos y candidatas de partidos que sistemáticamente han legislado en un sentido absolutamente contrario.

El senador Jorge Prieto es un reconocido defensor de la consigna “la tierra para el que la trabaja”, por allá desde cuando ayudó a fundar el hoy corregimiento La Chaparrera, motivo por el cual hicieron una escultura en su honor. Ya como congresista, emprendió la batalla junto a Jorge Robledo para defender el derecho a la propiedad que tienen los campesinos que, por generaciones, y sin la ayuda del Estado, han trabajado la tierra en agricultura y ganadería.

Al Congreso de la República llegó un proyecto de Ley en el 2015, conocido como ZIDRES, que tenía su origen en el gobierno del expresidente Uribe y que por sexta vez intentaban tramitarlo en el legislativo.  El proyecto tenía como objeto el “desarrollo del campo” impulsado por gigantes de la agroindustria internacional que se asociarían con los campesinos colombianos para lograr que la tierra sea más productiva.  No existe un modelo de negocio más desventajoso para los campesinos, ya que, como ha sucedido en otros escenarios, los gigantes terminan absorbiendo al pequeño convirtiéndolo en un peón.

Pero lo más grave es que se abrió la puerta para que los terrenos baldíos, que según la Constitución son para los campesinos, sean entregados a multinacionales mediante figuras que simulan la adjudicación, como el arriendo a 30 o 40 años, intentando burlar el fallo de la Corte Constitucional que ya se había pronunciado al respecto.  Pues bien, para este propósito engañoso en contra de los campesinos se unieron el Centro Democrático y los partidos de la Unidad Nacional de Santos para aprobar el proyecto.

Aún retumban en los oídos de los campesinos, que han esperado por décadas las escrituras de sus fundos, esas palabras del Senador vocero del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, durante el último debate del proyecto: “lo que me gusta de este proyecto es que se aleja de la idea feudal de que lo importante es la titulación de las tierras…”.  Para completar la desdicha, el senador Carlos Felipe Mejía, también del Centro Democrático, le da la bienvenida a los beneficiarios de la ley, dos de las más grandes multinacionales agroindustriales en el mundo: “no le tenga miedo senador a las multinacionales como MONSANTO y CARGILL, que vengan y desarrollen este país…”.

En acto de responsabilidad y coherencia, el senador Jorge Prieto, junto al senador Robledo, demandó la Ley por inconstitucional y aún se espera el fallo de la Corte Constitucional, razón por la cual no se ha implementado la norma.  Lo correcto y lo justo es que se les titule las tierras a los campesinos y que por fin llegue la inversión estatal al sector rural de Colombia.

No contentos con el desenlace de la Ley Zidres, el Centro Democrático y un sector de la Unidad nacional decidieron presentar un proyecto de ley que implementaría la “presunción de la buena fe” de los poseedores de las tierras para la adjudicación.  Esto significa que se le podría legalizar la propiedad a los despojadores de tierras de la guerrilla y los paramilitares, a aquellos que durante el conflicto obligaron a los campesinos a vender sus tierras a precios irrisorios y que tienen hoy a testaferros o amigos como ocupantes poseedores.  Difícil encontrar algo más maligno y de mala fe que una norma como esta.

Hoy, a pesar de la evidente posición de partidos como el Centro Democrático, La U, Cambio Radical, Conservador y Opción Ciudadana frente al tema de tierras, sus candidatos anuncian, sin pena alguna, propuestas contrarias a su ideario con el objetivo de engañar y convencer algunos incautos.  La acostumbrada fórmula de la difamación, la mentira y esconder todo detrás del miedo al terrorismo, es el pan de cada día en la campaña. 

Mientras tanto, Jorge Prieto Riveros se prepara para continuar el trámite de su proyecto de ley de Agricultura Familiar y Economía Campesina que propone un modelo de desarrollo del campo de la mano de pequeños y medianos productores, y para dar nuevamente una defensa férrea de los campesinos en la discusión de la Ley de Tierras que se empezará a tramitar en marzo.

 Prensa y Comunicaciones J.P. (Publicidad Política Pagada)