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Cormacarena y la Corporación Campo limpio desde el año 2014 ha venido realizando jornadas de capacitación y recolección de recipientes de pesticidas en diferentes Municipios y veredas de la región del Ariari en el Meta, dando continuidad a estas actividades,  llevará a cabo este próximo 17 de febrero la recepción de estos envases contaminantes para el medio ambiente y la salud de las personas.

Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la las bodegas de Asonsandia ubicadas en la Cra 5 No 21-25 barrio 11 de Noviembre del municipio de San Martín de los Llanos, se recepcionarán frascos  de agroquímicos que ya no son usados en la actividad agrícola.

La Autoridad Ambiental ha desarrollado un proceso de sensibilización  con los agricultores del Ariari, con el ánimo de adoptar buenas prácticas ambientales y buen manejo a este tipo de residuos usados por los agricultores metenses los cuales son altamente contaminantes para los recursos naturales y la salud pública.

La empresa encargada de recibir y darle una adecuada disposición final es la empresa Campo Limpio, una Corporación  con responsabilidad social y ambiental de las compañías generadoras de productos para la protección de cultivos en Colombia y su misión es recuperar envases que contuvieron productos para la protección agropecuaria y evitar daños al ambiente, animales, aguas y personas.

Luego de recolectados, se seleccionan los envases, separando los plásticos rígidos, flexibles, de cartón y metálicos, los cuales son enviados a plantas de reciclaje para hacer madera plástica; siderúrgica para fundir como chatarra, o centros de reciclaje.

 

 

Por mantenimiento preventivo en el circuito rural 34,5KV Y 13,2KV, por parte de Enerca, este miércoles 14 de febrero se restringirá el servicio de energía eléctrica, de 8:00 am a 2:00 am en los siguientes sectores del área rural de Yopal: Taladro-San Nicolás- San Antonio-Rincón Del Moriche-Válvula 2 Oleoducto Bicentenario Ecopetrol.

 

Los trabajos a desarrollar consisten en limpiar la vegetación existente que hace contacto con las redes eléctricas, con el fin de disminuir interrupciones del servicio, al mismo tiempo se realizará cambio de aislamiento y herrajes que se encuentran en mal estado.

 

Enerca recomienda mantener desconectados los electrodomésticos durante el tiempo de suspensión y cinco minutos después del restablecimiento del servicio, de igual forma,no intervenir las redes eléctricas sin autorización, ya que de acuerdo al avance y condiciones propias de la actividad se puede normalizar la prestación del servicio en menor tiempo.

 

Propuestas en la elaboración de un nuevo modelo que permita reducir el impacto de los desechos en Yopal que incluya a todos los actores que intervienen en el proceso, expusieron representantes del gremio de bodegueros y recuperadores de residuos sólidos al alcalde Leonardo Puentes.

Por convocatoria del concejal Christian Rodrigo Pérez, el gremio de recuperadores de residuos sólidos y bodegueros de Yopal visitó las instalaciones de la Alcaldía Municipal y tuvieron la oportunidad de dialogar con el alcalde sobre la urgente necesidad de establecer modelos eficientes de reciclaje para reducir y mitigar el impacto que tienen las basuras en la ciudad.

Según el concejal Christian Rodrigo Pérez, “este es tan solo un primer acercamiento, pero se programaron unas mesas de trabajo con los técnicos de la Oficina de Planeación, y de la Secretaría de Desarrollo Económico, y habrá acompañamiento del equipo jurídico del Concejo para definir una hoja de ruta y darle forma a una política clara de reciclaje sin excluir a los actores que intervienen en este proceso”.

Por otra parte, los representantes del gremio pidieron al Alcalde revisar la reestructuración del POT en lo que se refiere al uso del suelo e implementación del decreto 596 del 2016, que ordena la regulación de tarifas para los recicladores y las estaciones de recolección y aprovechamiento de material recuperado.

El mandatario local aseguró que, “uno de los principales retos de esta administración es lograr implementar una cultura del reciclaje y la reutilización de materiales, pues el desconocimiento y desinterés de muchas empresas y ciudadanos ha contribuido a que se presenten situaciones adversas como la que presenta actualmente el Relleno Sanitario El Cascajar”.

 

 Por: Martha Cifuentes

 El Tribunal Administrativo de Casanare negó petición de las empresas petroleras Equión Energía, Total E&P Colombie (Tepma), Hocol y Talismán Colombia que solicitaban se diera por terminado el amparo de pobreza concedido al accionante popular Luis Arturo Ramírez Roa, en relación a proyecto petrolero Niscota Nueva en los municipios de Támara, Nunchía, Yopal, Paz de Ariporo en Casanare y Paya en Boyacá. Argumentaron que tenía 3 bienes inmuebles y había mentido sobre su situación económica.

La solicitud se había hecho ante el Tribunal luego de que en este se admitiera el pasado 23 de enero una demanda de acción popular contra la Nación, los Ministerios de Ambiente y de Minas y Energía, ANH, Anla, Corporinoquia y las petroleras. Estas últimas argumentaron que el abogado había faltado a la verdad sobre su capacidad económica para atender los gastos del proceso y que no se hacía beneficiario del amparo de pobreza concedido y por ello presentaron las matrículas inmobiliarias de los bienes, dos en Tauramena y un apartamento en Bogotá.

El abogado Ramírez, quien lidera varias actuaciones constitucionales como acciones y consultas populares contra petroleras en Casanare y otras regiones del país, rechazó que estas empresas pretendieran que él como accionante pagara de su patrimonio los gastos procesales, generalmente altos, de la acción popular, argumentando que posee varios activos y que no vive en condición de pobreza.

También argumentó que no es procedente que los ciudadanos del común tengan que asumir los costos de una acción popular cuando estas se interponen como consecuencia de una actuación irresponsable del Estado y, en este caso también de las petroleras, quienes vienen “adelantando los proyectos de esa índole desconociendo los derechos colectivos anunciados en la acción popular”.

Expresó que el amparo de pobreza se solicitó porque esta acción popular amerita pruebas muy técnicas, de alto costo por los profesionales que se deben contemplar para efectuarlas y él no cuenta con capacidad económica para asumirlo. Además para ello está el Fondo para la Defensa y los Intereses Colectivos administrado por la Defensoría del Pueblo y, los demandados. Estos son los que deben financiar las pruebas y demás gastos en que se incurra en el proceso, según la ley 472 de 1998.

El Tribunal Administrativo explicó en la providencia que al ser las acciones populares unos mecanismos de protección de los derechos colectivos públicos y no de intereses particulares o de procesos litigiosos no puede recaer sobre los actores populares el pago de los gastos procesales considerando que no es plausible que una persona que quiera defender un derecho colectivo deba vender los bienes de su familia para hacerlo.

También ratificó que es notorio que una prueba pericial en una acción popular de esta magnitud requiere grandes inversiones y el abogado a pesar de contar con esos bienes, no cuantiosos, y así lo fueran, no puede ni tiene porque sufragarla. Y precisó que la ley dispuso que los costos de tales pruebas deben ser cubiertos por el Fondo mencionado y los accionados, según sea necesario.

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Contexto

En providencia del 19 de diciembre de 2017 el Tribunal Administrativo de Casanare en acción popular interpuesta por el abogado Luis Arturo Ramírez, como medida cautelar, prohibió cualquier actividad petrolera en la zona arqueológica y cultural de Támara hasta tanto haya claridad sobre la no afectación de la misma en relación al contrato 27 de 2006 celebrado entre la ANH y la Unión Temporal Tepma-Hocol S.A. 
En esa misma providencia se dispuso que el Servicio Geológico Colombiano realizaría el peritaje requerido.

 

 

 

 

 

A pesar de entregar un parte de tranquilidad, las autoridades participantes del Comité Departamental de Seguimiento Electoral, quienes se reunieron ayer para evaluar la situación actual en cada uno de los municipios, el delegado del Ministerio para asuntos de democracia, Eduardo Garzón Torres, dio a conocer algunas alertas en seguridad y riesgos electorales.

Los municipios Sácama y La Salina, están considerados con un riesgo alto y moderado, “debido a que presentaron unas acciones unilaterales por parte del ELN, lo cual incrementa el riesgo de violencia y en resultados históricos se evidencia unos comportamientos atípicos electorales”, explicó Camilo Mancera, coordinador nacional jurídico de la Misión de Observación Electoral –MOE, esto de acuerdo a los resultados del informe de riesgos electorales. Así mismo, se especificó que Hato Corozal presenta riesgo sólo por el tema de violencia.

De igual forma, Mancera confirmó que no se han presentado denuncias y que seguirán realizando un acompañamiento a las autoridades comprometidas con los comicios electorales, hasta que llegue el 11 de marzo.

Así mismo, la MOE presentó alertas en la inscripción de cédulas de 12 municipios de Casanare, con énfasis en Paz de Ariporo y Tauramena, municipios que reflejan altos niveles atípicos de inscripción, comparados con las elecciones de 2014, lo cual “podría ser el inicio de un posible fraude electoral para tener un mayor control sobre las votaciones”, según Mancera.

De otra parte, Milton Álvarez, secretario de Gobierno de Casanare informó que, la Procuraduría le hizo un llamado a los alcaldes para que efectúen el cumplimiento regulado de la publicidad, especialmente en las vías secundarias y nacionales, ya que algunos candidatos se están excediendo.

 

Con relación al comunicado emitido por el ELN, donde advierte sobre un paro armado a nivel nacional desde hoy sábado a partir de las 6:00 am hasta las 6:00 am del 13 de febrero, Milton Álvarez Alfonso, Secretario de Gobierno de Casanare, entregó un parte de tranquilidad, basado en lo manifestado por las Fuerzas Militares.

“El departamento debe seguir funcionando, teniendo en cuenta la cultura de los habitantes de Casanare en su dedicación al trabajo, lo cual no se puede ver interrumpido por estas intimidaciones", ” expresó Álvarez Alfonso.

Reiteró que, las autoridades continúan realizando Consejos de Seguridad Extraordinarios para analizar los términos de seguridad pertinentes y estar atentos ante cualquier denuncia o actividad ilícita que se presente, durante el fin de semana en Casanare.

 

A través de la sección de acción integral, en coordinación con las Juntas de Acción Comunal, el Ejército Nacional realiza diferentes actividades en bienestar de las comunidades del departamento de Casanare, principalmente la niñez y los pueblos indígenas.

 Una acción se llevó a cabo en el corregimiento de Las Guamas, municipio de Paz de Ariporo, hasta donde llegaron tropas del Grupo de Caballería Montado No.16 “Guías de Casanare”, con una jornada de recreación y cine al parque, para la comunidad de este sector, donde asistieron aproximadamente 200 personas y disfrutaron en familia.

Así mismo, una segunda acción se llevó a cabo en el resguardo indígena de Piñalito Duya, municipio de Orocué, Casanare, hasta donde llegaron tropas del Ejército Nacional, por solicitud del rector de la Institución, y compartieron con la comunidad educativa, realizando una jornada de peluquería, de la cual se beneficiaron 35 jóvenes indígenas.   

 

Una vez cerrado de manera definitiva el punto de distribución de agua potable en la sede de la Cruz Roja, han surgido una serie de cuestionamientos y conjeturas en relación con la calidad del agua que suministra en la actualidad la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal, EAAAY.

Ante los pronunciamientos de líderes comunitarios, veedores del agua, y ciudadanos del común a través de medios de comunicación y redes sociales, en donde expresan que el preciado líquido que llega a las viviendas no es potable, la EAAAY, expidió un comunicado a la opinión pública en donde afirma que, “la capital departamental sí tiene agua potable, basados en la clasificación del nivel de riesgo en salud, que entrega el IRCA”.

El siguiente es el Comunicado de la EAAAY:

Con el ánimo de aclarar comentarios difundidos a través de redes sociales sobre la calidad del agua suministrada en el municipio de Yopal, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Yopal se permite informar que:

El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) es un instrumento básico para garantizar la calidad del agua para consumo humano, tal como lo describe el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007, y que este se calcula con la sumatoria de los IRCAs obtenidos en cada muestra realizada en un mes sobre el número total de muestras realizadas en ese mismo periodo, y que este indicador se calcula por cada PERSONA PRESTADORA que suministre o distribuya agua para consumo humano.

Por tanto, en la página del Instituto Nacional de Salud se podrán encontrar reportes de los IRCA mensuales de vigilancia por DEPARTAMENTO, MUNICIPIO Y PERSONA PRESTADORA, entendiendo que el reporte de IRCA por municipio contempla todos los prestadores del servicio, para el caso del municipio de Yopal se contempla además de la EAAAY, el establecimiento penitenciario y carcelario de La Guafilla, la Ciudadela La Bendición, la Comisión Empresarial de Servicios Públicos CESPA - Vereda La Chaparrera, la Cruz Roja Colombiana seccional Casanare, el Batallón de Instrucción Terrestre No. 16, entre otros.

Con la sumatoria de los IRCA por persona prestadora se obtiene un IRCA mensual por municipio, el cual es el que se expone en la imagen que señalan algunos usuarios, y que, para algunos meses, evidentemente presentaron un nivel de Riesgo Bajo, sin que este valor sea exclusivo para el líquido suministrado por la EAAAY; además, es de aclarar que el nivel de Riesgo Bajo indica que el suministro de agua es susceptible de mejoramiento, sin que pueda ser catalogada como agua que ponga en riesgo la salud de la población, ya que por alguna variable externa o interna durante el tratamiento o en el momento del muestreo pudiera ocasionar una no conformidad dando lugar al valor obtenido.

Es preciso también, informarle a la comunidad, que el IRCA obtenido por la EAAAY durante el año 2017 fue de 2.29%, nivel Sin Riesgo, valor que es menor al 5% que establece la normatividad para garantizar agua apta para consumo humano a la población. Estas aclaraciones se hacen con el ánimo de que no se genere malos entendidos y de ratificar a la comunidad que la EAAAY está trabajando por ofrecer un servicio de calidad, y que por ello realiza monitoreos de control y vigilancia permanentes, a fin de evidenciar que se toman las medidas necesarias para garantizar la óptima prestación del servicio.

De igual manera, exhorta a los ciudadanos residentes en Yopal y Casanare a difundir que la capital departamental sí tiene agua potable, como primer paso para empezar a desmontar la imagen negativa que se ha creado en torno a la ciudad, precisamente por la carencia de este servicio público.

 

En diciembre de 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos y su bancada de la Unidad Nacional castigaron al pueblo colombiano con una nueva reforma tributaria que incluyó el alza del IVA del 16% al 19%.  La justificación del gobierno fue la necesidad de cubrir el hueco fiscal de algo más de 7 billones de pesos, producto del bajonazo del precio del petróleo, y la solución que encontraron fue poner al colombiano de a pie a asumir la carga, como siempre, para seguir protegiendo a los grandes ricos extranjeros con exenciones e incentivos tributarios.  El senador Jorge Prieto no solo votó negativo esa reforma, sino que además presentó con su bancada una ponencia o propuesta diferente.

Para el senador Prieto es un absurdo que los Partidos que han gobernado Colombia los últimos 30 años sigan insistiendo en la vieja fórmula de incentivar a los grandes empresarios mientras cargan de impuestos a los pequeños y medianos, y a los ciudadanos de clase media y baja, que son la gran mayoría en el país.  La disculpa suele ser la generación de empleo, situación que es contradictoria puesto que son los pequeños y medianos empresarios los que generan el 80.8% del empleo en Colombia.

En el mencionado debate de reforma tributaria, la bancada del Partido Alianza Verde presentó una ponencia en la que se mostraba una fórmula para que el gobierno hiciera el recaudo de los 7 billones sin necesidad de subir el IVA a los colombianos.  La propuesta consistía fundamentalmente en cobrarle impuesto a los dividendos a los dueños de las grandes empresas extranjeras y nacionales, impuesto que se paga en casi la totalidad de los países en el mundo.  Cuando se sometió a votación en la plenaria del Senado, los Partidos del Gobierno y el Centro Democrático reaccionaron unidos para proteger lo que ellos llaman “la confianza inversionista”.

Es decir, empresarios como Carlos Slim, segundo hombre más rico del mundo y dueño de la empresa de comunicaciones CLARO, pagan el impuesto a los dividendos en países como Perú, Méjico, Chile, Canadá, etc., pero en Colombia no pagan un centavo.  El señor Slim se adueñó de cerca del 70% del mercado de telefonía celular en nuestro país.  ¿Alguien cree que el señor se iría de Colombia si se le cobra un impuesto que paga en todos los otros países en donde él tiene sus negocios? Por supuesto que no, pero por alguna razón el Partido de la U, el Centro Democrático, Opción Ciudadana y Cambio Radical piensan que sí, y que por eso hay que “clavarle” los impuestos a los colombianos que a duras penas logran sobrevivir con lo que ganan.

Otro ejemplo de lo que sucede en Colombia con los impuestos de los ricos es el escándalo que se destapó en el caso de las petroleras y mineras.  Resulta que esas multinacionales venían descontando lo que pagaban por regalías al impuesto de renta.  En cifras eso significa que durante los últimos diez años dejaron de pagar alrededor de 13 billones de pesos, es decir el equivalente a casi dos reformas tributarias.

El senador Jorge Prieto Riveros está decidido a seguir dando la pelea para que el IVA se disminuya, se incentive a los pequeños y medianos empresarios nacionales y se le cobre un impuesto justo a los grandes ricos que se lucran en nuestro país. Es apenas lógico que quienes tienen cómo pagar sean los que paguen.  Es apenas lógico que sean los ricos los que subsidien al pobre, y no al revés. 

Que paguen los que tienen!

Oficina de Prensa, Jorge Prieto. (Publicidad Política Pagada)

 

Una solicitud realizada a través de redes sociales por parte de Leonardo Puentes, alcalde de Yopal, al gobernador Alirio Barrera, para que le fueran revertidos cerca de 33 mil millones de pesos al municipio, resultó efectiva luego de lograr que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión –OCAD-  votara a su favor.

Según lo manifestado por Puentes, el municipio y el DNP votaron a favor, mientras que Planeación Departamental votó negativamente, “la solicitud de cambiar el ejecutor de los cerca de 33 mil millones para la recuperación de la malla vial era necesaria, nosotros tenemos las condiciones, la capacidad, la idoneidad y el conocimiento detallado del estado de la malla vial, para hacer una adecuada ejecución de esos recursos” afirmó.

También, el alcalde explicó que, a partir del momento el municipio tiene la responsabilidad de hacer los ajustes que se requieren para entregar las obras lo más pronto posible a la ciudad de Yopal. Así mismo, se definirá si le dará continuidad al alcance del proyecto o le harán cambios, para que en un plazo mínimo se inicie con la ejecución del presupuesto.