Por:  Yesid Beltrán Sáenz

Tras la confirmación de la decisión de la Corte Suprema de Justicia  de inadmitir recurso de casación  a Jhon Jairo Torres Torres y  a partir de la notificación efectiva, cuenta con 5 días para pedir al magistrado disidente o al ministerio público que ejercite la insistencia.

Expirado en silencio tal lapso, se entiende que renunció a su derecho y, por tanto, la providencia adquiere ejecutoria.

Desde el momento en que el magistrado habilitado o el ministerio público reciban la petición del recurrente en casación, cuentan con 15 días no solo para informar su decisión al solicitante, sino para presentar ante la corte el escrito de insistencia, con la misma consecuencia: expirado en silencio ese término, la decisión adquiere firmeza, en el entendido de que no se encontró viable insistir. 

Anexo aquí para conocimiento un texto de la Corte, para conocimiento de los lectores:

Señala el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 que contra el auto —debidamente motivado— a través del cual no se selecciona la demanda de casación procede el “recurso” de insistencia “presentado por alguno de los magistrados de la Sala o por el Ministerio Público”.

Sin embargo, se debe prestar  mucha atención al siguiente  texto,

“Una vez notificado el auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación, la sentencia de segunda instancia contra el cual se dirige adquiere ejecutoria.

Comoquiera que el nuevo Código de Procedimiento Penal no regula el trámite a seguir para que se aplique el referido instituto procesal, obligado se impone abordar el tema a fin de definir las reglas que habrán de seguirse para su aplicación.
En esta dirección, bien está precisar que de la simple lectura de los artículos 176 a 198 del nuevo estatuto procesal penal se colige que la insistencia no fue contemplada por el legislador como recurso ordinario o extraordinario. A su vez, es también claro que este mecanismo, llamado a provocar la reconsideración de ciertas decisiones que adoptan las altas cortes, fue introducido por primera vez al ordenamiento jurídico en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, que prescribe:

“Revisión por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional designará dos de sus magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por estos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses”.

A su turno, examinados los debates que precedieron la expedición de la Ley 906 de 2004, nítidamente surge que fue voluntad del legislador hacer extensivo ese mecanismo excepcional previsto para la acción de tutela al recurso extraordinario de casación en materia penal.

Propuesta que recibió aprobación de las cámaras, introduciéndose solo una variante frente a la intervención de la Defensoría del Pueblo, reemplazada por el Ministerio Público, tal y como se anotó en las actas correspondientes al informe para segundo debate, así:

“A propuesta del representante Almario, se prevé el recurso de insistencia ante la no selección de la demanda de casación a instancia de alguno de los magistrados de la Sala correspondiente o del Defensor del Pueblo. Sin embargo, los ponentes propondremos que a cambio de este último pueda hacerlo el Ministerio Público”.

Visto lo anterior, se concluye que si bien tanto en la propuesta sometida a consideración del Congreso como en el texto finalmente aprobado, se hizo expresa mención a que se trataba de un “recurso”, no cabe duda que no es esta la naturaleza predicable de la “insistencia”, tanto por los fines a cuyo propósito sirve la figura, como por haber reservado el legislador su impulso a quienes no ostentan la calidad de intervinientes dentro del proceso penal, titulares por excelencia del derecho de impugnación.

Hoy en sesión plenaria del Concejo fue aprobada la intervención de la funcionaria Laura Torres, de la Secretaría de Salud departamental, quien dio a conocer las fases del proceso de desminado humanitario que se debe realizar en los territorios nacionales y dentro de los cuales en Casanare se encuentran priorizados, por lineamientos de la Dirección de Acciones Integrales Contra Minas Antipersona (DAICMA), de la Vicepresidencia de la República, los municipios de Yopal, Aguazul y Chámeza.

Según Torres, los municipios de Yopal y Aguazul están tipificados en riesgo tipo 1, es decir en nivel de alta afectación y Chámeza se encuentra en riesgo medio o tipo 2. En el caso de Yopal, según datos estadísticos del DAICMA, 27 de las 92 veredas de la capital casanareña están en riesgo.

La funcionaria solicitó ante  los concejales, apoyo de insumos para realizar dicho proceso, indispensable para certificar al municipio como territorio libre de minas, de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Ottawa “que se firmó en el año 2000 y que entró en vigencia en el año 2001, donde los Estados parte (COLOMBIA), se comprometieron a eliminar toda amenaza de minas antipersonal o sus derivados (MAP/AEI/MUSE) en un lapso de 10 años con derecho a realizar una prórroga de 10 años más, que fue solicitada en 2011”. “Ya se ha radicado la solicitud ante la ex alcaldesa Luz Marina Cardozo y ante el alcalde Jhon Jairo Torrees Torres” adujo.

Frente a esa petición el corporado Fabio Suárez y  los demás integrantes de la plenaria, señalaron que aunque  no es competencia de la Corporación disponer de éste tipo de presupuestos, sí es voluntad de la Administración Municipal, solicitar recursos del Fondo de Seguridad o hacer una modificación presupuestal para tal fin.

En los municipios de Chameza y Aguazul el proceso va andando, “pero sí una vez terminado el trabajo en estos dos municipios (estimado en un plazo de mes y quince días), no se ha definido la situación de Yopal, se llevarían los equipos para otros departamentos que lo están requiriendo y esto sería muy lamentable  ya que no se lograría está certificación nacional e internacional, donde se abrirían las puertas para el municipio desde el ámbito turístico en adelante" resaltó la funcionaria.

Actualmente en Casanare se cuenta con cuatro equipos para el proceso de desminado humanitario con personal capacitado del Ejercito Nacional que son los que ejercen dicha labor.

Los concejales se comprometieron a reiterarle el compromiso a la Administración Municipal y a conminar al alcalde titular para que realice las debidas acciones en aras de certificar al municipio como territorio libre de minas antipersonal. 

El Tribunal Administrativo de Casanare avaló la conciliación adelantada por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y la Unión Temporal Planta Modular Yopal 2013, en la demanda instaurada por el colapso de la planta modular fallida. Así las cosas, el Tribunal da por cerrado el proceso judicial y ahora se encaminarán todos los esfuerzos en que los involucrados ejecuten los términos del acuerdo conciliatorio.

           (Escuche la entrevista del Magistrado Néstor Trujillo)

Del mismo son esenciales los siguientes elementos: 

• La Unión Temporal y sus integrantes se comprometen a retomar y terminar la construcción  de una planta modular potabilizadora de agua para el sistema de acueducto de Yopal. Esta infraestructura deberá proveer un caudal de 300 litros por segundo (l/s) con un costo estimado de 6 mil 132 millones de pesos. 

• La EAAAY aportará el remanente no ejecutado del contrato inicial de la planta modular. Este suma asciende a 2 mil 467 millones de pesos. 

• La compañía Liberty Seguros hará un único aporte de 800 millones de pesos con cargo a la garantía del contrato siniestrado. 

• En definitiva, el contratista aportará un valor cercano a los 2 mil 865 millones de pesos para desarrollar las obras que haga falta para entregar tres líneas de tratamiento de agua potable de 100 l/s cada una. Esto incluye el costo de las actividades de diseño y de dirección de obra por 1.200 millones de pesos. 

• Los integrantes de la unión temporal además renuncian expresamente a eventuales reclamaciones por lo que ya hicieron o deban hacer para entregar la planta modular en los términos técnicos pactados. 

Bajo estas consideraciones las partes acordaron dar por terminado este litigio. Hay que recordar que con la producción de esta nueva planta (300 l/s) y el actual abastecimiento (150 l/s), se tendría más del caudal necesario para cubrir la demanda de agua potable de toda la ciudad. 

También, con la construcción de esta nueva planta se configurará el sistema de abastecimiento alterno integral en el momento en que se ponga en operación la nueva PTAP definitiva. De esta manera, Yopal tendrá un sistema de abastecimiento secundario que provea a la ciudad en caso de una nueva contingencia. 

Según lo acordado entre las partes, el acta de inicio está programada para firmarse el próximo 31 de julio y a partir de esa fecha el contratista tendrá un plazo de 7 meses y medio para concluir la obra.

Al respecto el magistrado Néstor Trujillo, ponente en el proceso, señaló que se busca que los acuerdos no sean lesivos para el patrimonio público, ni tampoco "exonerar de cargas y culpas a quienes en el ejercicio público incurran en irregularidades".

En cambio se trata de "rescatar de semejante naufragio lo que sirva" y evitar un largo proceso jurídico que no beneficia a la ciudad. Además destacó que ahora hay un rediseño con el respaldo de una firma de ingeniería, de Gustavo Norato, no como el otro, de origen y autoría que aún no están claras, de lo cual se ocupará la Fiscalía.

Entre otras cosas apuntó que las pólizas de seguros del proyecto eran muy bajas.

Ante la noticia que se difundió a través de los medios locales, de la inadmisión de la demanda de Casación por parte de la Corte Suprema de Justicia, a la pena por el delito de Urbanización Ilegal; el Alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres declaró en rueda de prensa que es respetuoso de las decisiones judiciales y que una vez se den las notificaciones, dejará el cargo.

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"Lo que sabemos es que si no se acepta la casación quedaría inhabilitado y tendría que haber elecciones... estaré muy pendiente de aceptar lo que dice la norma, voy a estar aquí todos los días y no voy a tener ningún reproche ante la decisión", expresó el mandatario.

Agregó que lamenta no poder cumplir el sueño "para el cual el pueblo me eligió aún estando privado de la libertad, había una esperanza de que les diera una casita, de que resolviera los problemas del pueblo".

Sin embargo Torres Torres dijo que no se siente derrotado, sino que volverá a dedicarse a sus empresas. "Seguiré vendiendo calzones", apuntó. Igualmente que continuará con el proyecto de vivienda La Nueva Jerusalén.

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