Findeter presentó los diseños a la Gobernación de Casanare en agosto de 2019 y a mayo de 2020 se han hecho 5 revisiones sin que a la fecha se haya podido aprobar el proyecto. De un presupuesto inicial estimado de 6 mil millones este ya se elevó a 13 mil millones.

Sin embargo cuando sea viabilizado, entre lograr la aprobación en Ocad, contratar y ejecutar la obra, se prevé que tardará mínimo dos años en realizarse.

Así se desprende de las conclusiones informadas por la Secretaria de Obras Públicas de Yopal, Martha Mojica, quien expresó que “Aún seguimos sin soluciones finales… se debe tocar tema poliedros, filtración ribereña, obras de protección de la línea de conducción entre la PTAP y el Puente de La Cabuya y desde este hasta el Club Casanare”.

Las múltiples improvisaciones y errores en los estudios y diseños del sistema de abastecimiento de agua potable de Yopal, fue evidenciado en una auditoría que realizó la Contraloría General de la República en 2019, a los proyectos de agua potable y saneamiento básico que adelanta Findeter con direccionamiento del Ministerio de Vivienda.

Para la entidad, las prórrogas, suspensiones y reformulaciones obedecen a deficiencias en la planeación, viabilización, la inadecuada asistencia técnica brindada por Findeter y los trámites administrativos tardíos de las dos entidades.

En auditoría que adelanta la Contraloría General de la República a proyectos de agua potable y saneamiento básico que adelanta Findeter, en lo relacionado con asistencia técnica y administración de recursos en el país, se practicó Actuación Especial de Fiscalización (ACES) a lo realizado en el Acueducto de Yopal, de acuerdo al contrato de obra 105 de 2014, por $82.266.094.315, suscrito entre el Ministerio de Vivienda y Findeter.

En los hallazgos se encontró que no hubo planeación y viabilización del proyecto, el cual requirió ajustar y complementar los diseños de la PTAP y obras de protección ribereña, así mismo complementar estudios de riesgo, lo que evidenció deficiencias en la planeación y viabilización en componente técnico y ambiental, lo que implicó la suscripción de otrosíes 4 y 5 que prorrogaron el plazo en 6.5 meses y suspensión por 4 meses.

También fue objeto de reformulación ante el Ministerio de Vivienda, lo que conllevó la suspensión de 8 meses, por lo que se tuvo que prorrogarla ejecución de la fase 2 en 9 meses. Durante el trámite de las servidumbres eléctricas que inició en septiembre de 2018, se evidenciaron deficiencias en el componente documental y en la coordinación para su aprobación, lo que implicó la suscripción de otrosíes 8 y 10 que prorrogaron la fase II en 5.5 meses.

La Contraloría hizo otro hallazgo en cuanto a las medidas de compensación de aprovechamiento forestal, encontrando que en la planeación del proyecto los recursos estimados para el componente gestión predial, ambiental, de permisos, previsión de gastos de laboratorios, permisos notariales y de registro, no fueron suficientes para garantizar el cumplimiento de las medidas de compensación ni costos asociados a los permisos ambientales. Se evidencia que no hay cumplimiento de la obligación de reforestación protectora, para resarcir los impactos negativos generados con su ejecución, y que la Corporinoquia ha fallado en su deber de exigir el cumplimiento de dichas medidas de compensación.

Se cuestiona que con las cinco reformulaciones en la ejecución del proyecto, se afectó el notablemente el componente de gestión ambiental, por la reducción en la asignación presupuestal.