La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado importantes avances en el esclarecimiento de los casos de falsos positivos en Casanare, donde se llevaron a cabo más de 300 ejecuciones extrajudiciales y aproximadamente 500 víctimas se encuentran participando en el proceso judicial.

Así lo indicó el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Casanare, quien estuvo este lunes 10 de febrero en Yopal.  Destacó que este proceso representa un hito histórico en la participación de las víctimas ante la JEP.

Recalcó que el proceso ha logrado determinar responsabilidades que no se habían esclarecido en la justicia ordinaria, con máximos responsables reconociendo su participación.

A pesar de esto, algunas víctimas han expresado críticas y rechazos a ciertos reconocimientos, los cuales están siendo analizados judicialmente por la JEP.

La justicia restaurativa es un componente central de este proceso. Las víctimas han presentado propuestas para que este proceso tenga sentido para sus familias.

Estas propuestas incluyen acceso a educación superior para las familias, proyectos de memoria y dignificación de las víctimas, incluyendo la conmemoración de las personas ejecutadas extrajudicialmente y desaparecidas.

Igualmente existe un componente de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la preservación de lugares donde puedan encontrarse sus restos, restauración del medio ambiente y medidas educativas.

Para lograr un acuerdo entre las partes se ha establecido una mesa de trabajo para abordar las inquietudes de las víctimas y canalizar sus propuestas.

Esta iniciativa busca impulsar políticas públicas asociadas a los proyectos restaurativos. Las reuniones se llevarán a cabo al menos una vez al mes o cada dos meses, con la posibilidad de realizar encuentros virtuales para facilitar la participación de quienes tienen dificultades para asistir presencialmente.

Adicionalmente la JEP está trabajando para que se reconozca aquellas víctimas que no han sido incluidas dentro del registro único de víctimas, para que puedan acceder a reparaciones de índole económico, entregadas por el Estado.

En este sentido desde la Justica Especial para la Paz se ha oficiado a la Unidad de Víctimas, que es la entidad encargada de estos temas, dado que muchas personas no habían sido reconocidas con anterioridad al haberse catalogado los hechos donde perdieron a sus familiares como combates y no como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

El magistrado Parra Vera señaló que, aunque hay avances significativos, aún queda un camino importante por recorrer en la definición de las sanciones. La JEP espera dinamizar estos proyectos restaurativos en Casanare, buscando un equilibrio entre el reconocimiento de responsabilidades y las necesidades de reparación de las víctimas.