La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre dos oficinas en Bogotá pertenecientes a una empresa petrolera de origen francés, Perenco, señalada de financiar grupos paramilitares en el departamento de Casanare entre 1997 y 2005.

La decisión fue adoptada por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, a solicitud de la Dirección de Justicia Transicional.

Las medidas incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre los inmuebles, cuyo valor comercial asciende a más de 41 mil millones de pesos, equivalentes a unos 10 millones de dólares.

Los bienes fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el objetivo de destinarlos a la indemnización de personas afectadas por la violencia paramilitar en esa región del país.

La Fiscalía logró identificar los activos tras recopilar información sobre la estructura corporativa de la compañía mediante la read de recuperación de activos del grupo de acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Colombia hace parte.

También se aplicaron técnicas de análisis criminal y se recolectaron pruebas que, según el ente acusador, demuestran que altos directivos de la empresa autorizaron aportes ilegales a grupos armados.

Entre las evidencias figuran contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos, así como testimonios de exintegrantes del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

En sus versiones libres, Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco afirmaron que la compañía entregó dinero, combustible, alimentos y transporte a cambio de seguridad en zonas de extracción petrolera.

Las labores investigativas fueron desarrolladas por fiscales del grupo de persecución de bienes de la Dirección de Justicia Transicional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y otras entidades judiciales.