La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá, logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario al concejal del municipio de Duitama (Boyacá), Pablo Andrés Santiago Berdugo.

De acuerdo con los elementos materiales de prueba aportados por el ente investigador, el procesado habría utilizado su posición para ganarse la confianza de, al menos, 310 personas a quienes habrían defraudado en más de 5.500 millones de pesos. Según las denuncias los hechos se presentaron entre septiembre de 2020 y agosto de 2022.

Las víctimas, se cree, eran persuadidas por el investigado para que invirtieran su dinero en tres supuestos novedosos modelos económicos que reconocían elevados intereses. La investigación da cuenta que una mujer habría entregado 70 millones de pesos, con la ilusión de obtener los rendimientos prometidos por Santiago Verdugo.

Según las denuncias de las víctimas, para dar apariencia de legalidad a las inversiones, el hoy imputado entregaba letras de cambio y contratos de inversión como respaldo, los cuales finalmente no contaban con ningún tipo de validez.

Labores de policía judicial evidenciaron que el dirigente político habría usado una empresa de construcción de su propiedad; con sedes en Duitama, Sogamoso y Tunja (Boyacá), para ganar credibilidad frente a las víctimas.

Por estos hechos el concejal fue capturado en Duitama el pasado 12 de diciembre por servidores del CTI. La Fiscalía imputó al procesado como presunto responsable de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, y negativa de reintegro, cargos que no fueron aceptados.

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La Fiscalía General Seccional Casanare, imputó a Orlando Castillo Rivera como presunto responsable de los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas.

Los hechos que dieron inicio a la investigación sucedieron el pasado 18 de septiembre en el barrio La Esperanza del municipio de Maní (Casanare), cuando el hoy procesado llegó hasta la residencia de un hombre y luego de conversar con él por algunos minutos le habría disparado con arma de fuego causándole la muerte.

Según las pruebas presentadas por el ente acusador, Castillo Rivera llegó hasta el lugar en una motocicleta, en la cual habría huido.

El capturado fue presentado ante un juez con funciones de control de garantías quien avaló todas las pretensiones de la Fiscalía, legalizó su captura y dictó medida carcelaria en su contra.

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Jacinto Valencia Sánchez fue enviado a la cárcel por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado, por los hechos que se presentaron el pasado 24 de noviembre en la comunidad indígena de Puerto Caimán, ubicada en zona rural del municipio de Taraira (Vaupés).

Las investigaciones adelantadas permitieron establecer que tanto la víctima como el presunto victimario se encontraban departiendo y consumiendo bebidas alcohólicas y por un acto de intolerancia, Valencia Sánchez habría atacado a su hermano con un machete causándole la muerte de manera inmediata. 

El presunto homicida, que se entregó de manera voluntaria, no aceptó el cargo imputado y un juez con funciones de control de garantías le dictó medida restrictiva de la libertad en centro carcelario.

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Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a dos hombres que habrían abusado sexualmente de un niño de cuatro años en Bello (Antioquia).

"Lo más aberrante de este caso, es que uno de los procesados es el padre de la víctima. La investigación permitió conocer que cuando salía de trabajar como profesor universitario recogía al menor de edad y lo llevaba a la casa de un amigo donde lo sometían a distintos vejámenes y agresiones en contra de su integridad y formación sexual”, explicó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, cuando dio a conocer el caso.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los ataques ocurrieron entre junio de 2021 y julio del año en curso. Asimismo, se conoció que, en algunas oportunidades, el niño fue obligado a caminar con prendas y accesorios femeninos antes de ser abusado.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses dictaminó que, producto de las agresiones, el menor de edad contrajo una enfermedad de transmisión sexual.

Por estos hechos, los dos hombres fueron imputados por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambas condutas agravadas. Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas por la Fiscalía y la Policía Nacional.

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Jeison David Muñoz Salcedo, fue judicializado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa y hurto calificado y agravado en grado de tentativa, cargos que no aceptó.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de noviembre, en zona céntrica de Yopal donde el hoy procesado, junto a otras tres personas, habrían herido con arma blanca a un hombre en medio de un hurto.

La víctima, se encontraba con su compañera sentimental quien rápidamente alertó a uniformados de la Policía Nacional, logrando capturar en flagrancia a Muñoz Salcedo.

Por su parte, el juez acogió los argumentos de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento en centro de reclusión.

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías afectó con medida en establecimiento carcelario a Yolman Alberto Noguera Mendivelso y Álvaro Mendivelso Valcárcel, por ser los presuntos responsables en los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.

Los hechos que motivaron la investigación, están relacionados con la muerte de Yerson Octavio de Dios Sigüa, quien falleció luego de que, al parecer, uno de los capturados disparara contra la víctima, ocasionándole varias heridas mortales, en medio de una riña, el pasado 1 de noviembre, en una calle del barrio Panorama del municipio de Paz de Ariporo.

Noguera Mendivelso y Mendivelso Valcárcel fueron capturados por uniformados de la Policía Nacional el pasado 8 de noviembre en el municipio de Paz de Ariporo, en cumplimiento de una orden judicial.

Durante las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron su responsabilidad en los delitos endilgados por la Fiscalía.

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El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército Nacional permitió en menos de 48 horas la identificación, captura e imposición de medida de aseguramiento en centro de reclusión contra Carlos Arturo Mora Durán, presunto responsable del delito de feminicidio agravado, tortura y acceso carnal violento.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia, la víctima era una estudiante de bachillerato, de 18 años, que el pasado 4 de noviembre habría sido amarrada de pies y manos y abusada sexualmente. Según el proceso, el crimen ocurrió cerca de una quebrada de la vereda El Gaitán del municipio de Andes, suroeste antioqueño. Al parecer, la víctima fue sorprendida por el procesado cuando se dirigía del colegio a la casa.

El cuerpo sin vida de la joven presentaba lesiones en el cuello y la cabeza producidas por arma corto punzante y objeto contundente. Según el informe pericial, la víctima falleció por estrangulamiento.

El presunto feminicida fue capturado este domingo, 6 de noviembre, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y la Sijín de la Policía Nacional con el apoyo del Gaula Militar.

El procesado aceptó su responsabilidad frente a los cargos imputados.

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Una fiscal adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Yopal, logró obtener medida de aseguramiento carcelaria contra el padrastro de una menor de 10 años, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos sexuales.

Los hechos investigados por la Fiscalía ocurrieron entre enero y diciembre del 2021, cuando, al parecer, el agresor accedió en repetidas ocasiones a la menor, aprovechando los mementos en que se quedaba a solas con ella.

La menor le contó lo que estaba sucediendo a su mamá, quien puso en conocimiento a las autoridades el caso. La Fiscalía, imputó al hombre por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargos que no aceptó.

El hoy procesado tiene en su contra otros procesos judiciales que cursan actualmente, por las mismas conductas punibles.

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Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) adscritas a la Estación de Policía Villanueva en coordinación con la Fiscalía Seccional 33 de Yopal, logran la captura de dos personas de nacionalidad extranjera, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según el reporte policial, después de adelantar una serie de labores investigativas y recolectar abundante material probatorio, hombres y mujeres de la SIJIN adelantaron la diligencia de registro y allanamiento a un inmueble, ubicado en el barrio Morichal de este municipio.

En la acción judicial lograron la captura en flagrancia de dos hombres de 21 y 25 años de edad, a quienes se les hallò en su poder 71 gramos de marihuana, 30 gramos de clorhidrato de cocaína, 01 pistola traumática, 01 gramera, y múltiples bolsas transparentes para la distribución del alcaloide.

Los capturados junto a las sustancias incautadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quedando en la audiencia de legalización de captura con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, decisión dictada por la autoridad judicial.

La Policía del Departamento de Casanare invitó a la comunidad a denunciar a través de la línea única de emergencias 123, cualquier hecho delictivo que afecte la seguridad e integridad de los casanareños.

 

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La Fiscalía Seccional Casanare judicializó y logró que un juez enviara a la cárcel a cinco personas capturadas en flagrancia cuando, al parecer, hurtaban a sus víctimas en hechos aislados.

El pasado 21 de octubre en el barrio Getsemaní, de Yopal, Arbey Alfonso Montañez Gómez y Nicolás Barón Correa fueron capturados por la policía luego de que, presuntamente, usando armas blancas, despojaran a una persona de su celular, dinero en efectivo y un anillo de oro.

El 15 de octubre Raúl Francisco Erazo Almanza fue capturado en esta misma capital tras el robo de un celular a un trabajador de una pizzería, en el que habría participado.

El 14 de octubre, Juan David Guevara León y Osman Eduardo Capacho fueron judicializados luego de ser señalados y capturados en flagrancia por el hurto de un portátil y un celular en el barrio El Centro de Aguazul.

Los cinco sujetos fueron imputados por los delitos de hurto calificado y agravado, a los que no se allanaron.

 

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