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En un fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare decretó la pérdida de investidura del concejal John Jairo Peynado Correa del partido Liberal.

La decisión se basa en una inhabilidad por haber suscrito un contrato de prestación de servicios con la Gobernación de Casanare en febrero de 2023.

El mencionado proceso contractual fue ejecutado en Yopal, dentro de los 12 meses previos a las elecciones territoriales, según el artículo 43, numeral 3 de la Ley 136, modificada por la Ley 617.

La mencionada normativa es precisa. “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito”.

El contrato de Peynado Correa implicaba la asistencia en la elaboración y ejecución del plan operativo 2023, de la Comisión departamental de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, por lo que recibió un pago por los servicios prestados.

El Tribunal determinó que el concejal ejecutó el contrato en Yopal, a pesar de que el contratista indicó que la ejecución sería en dicho lugar.

La demanda de pérdida de investidura en contra del concejal Peynado, fue interpuesta por un líder de su  propio partido, Reyes Emilio Guanaro Vargas, quien también fue candidato al Concejo.

En caso de un fallo definitivo, Guanaro Vargas sería el llamado a ocupar la curul de Peynado Correa. Por el momento la decisión está en primera instancia, por lo que puede ser apelada y se tendrá que espera para un pronunciamiento final por parte de la autoridad judicial.

 
 

Ante la plenaria del Senado de la República, tomó posesión como senadora, la abogada casanareña Sonia Shirley Bernal Sánchez, quien llega al Congreso con el propósito de generar unidad entre los parlamentarios casanareños y de la región Amazorinoquia.

Otra meta trazada es trabajar por la defensa de la vida, los Derechos Humanos e impulsar las reforzar propuestas por el Gobierno nacional y que hacen trámite en el Congreso.

Sonia Bernal se ha caracterizado por su trabajo en contra del delito de la trata de personas. Es por ello que ahora desde su curul en la Cámara Alta, confía que pueda continuar con esta labor.

Trabajo que tiene como objetivo fortalecer el trabajo investigativo de las autoridades, como mecanismo para combatir este delito y lograr fallos condenatorios contundentes en contra de los victimarios y reivindicar a las víctimas.

Otro tema que se encuentra dentro de la agenda de la nueva senadora, es conseguir que el ordenamiento territorial del país gire en torno del agua.

Sonia Bernal cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en el sector público. Es especialista en gerencia de empresas, derecho de familia y magister en dirección en la gestión pública.

Actualmente cursa una maestría en Derechos Humanos. Con estudios complementarios en política, gobernanza, liderazgo y alta gerencia.

Dentro de su hoja de vida se ha desempeñado como catedrática universitaria, consultora, asesora jurídica, defensora regional del pueblo, secretaria de gobierno y general de la Gobernación de  Casanare.

Fue diputada de Casanare y desde septiembre de 2021 se desempeñó como subdirectora de gobierno, gestión territorial y lucha contra la trata de personas  del Ministerio del Interior.

Desde allí fortaleció el presupuesto para atender los programas misionales, que hacen parte de esta dependencia. Rubros que consiguió mediante gestión ante el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, así con otros países que se unieron a esta iniciativa.

En la lucha contra la trata de personas logró transformar digitalmente dicho programa. También trabajó en un proyecto de independencia económica dirigido a sobrevivientes de este delito.

Implementó la campaña nacional de prevención #DequétrataLaTrata, que obtuvo el reconocimiento de las buenas prácticas y de la estrategia nacional, durante el foro político de trata de personas, en la OEA en Washington.

Finalmente en este campo de lucha contra el mencionado delito, se brindó asistencia a 382 casos de víctimas de este flagelo de carácter mundial.

En el campo del ordenamiento territorial Sonia Bernal  fortaleció la asociatividad en las regiones, con el acompañamiento técnico y la expedición de registros a más de 70 esquemas asociativos territoriales (EAT), de los 90 identificados en el país.

Además lideró 31 mesas de diálogos con la comunidad del Bajo Cauca, para generar acuerdos en torno al cuidado del agua y la problemática minera.

En este mismo campo logró fortalecer con la Universidad Nacional, las capacidades técnicas y administrativas para los procesos de planificación de los esquemas asociativos territoriales.

De esta manera se priorizaron a 15 propuestas, asociando 116 municipios de 14 departamentos, beneficiando una población total de 2.800.000 habitantes.

 
 

En el marco del gobierno nacional de Gustavo Petro, la subdirectora de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata de Personas Sonia Shirley Bernal Sánchez ha liderado una fuerte lucha contra este flagelo que afecta en silencio a muchas víctimas.

Ha sido todo un reto enfrentar este violento fenómeno transnacional pero con profunda responsabilidad y gestión de recursos ante el Ministerio de Hacienda y el DNP, se ha logrado fortalecer el presupuesto para atender todos los programas misionales de la subdirección.

Sonia Bernal ha impulsado la transformación digital de la Subdirección con el diseño e implementación de la herramienta tecnológica RED PAT (RED PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL). Esta innovadora herramienta facilita la formulación, seguimiento y evaluación de los planes de acción territoriales para la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas.

Además, ha creado el primer proyecto de independencia económica dirigido a sobrevivientes del delito de trata de personas, el cual contempla proyectos productivos, reinserción en el mercado laboral y vinculación al sistema educativo.

En su gestión, se diseñó e implementó la Campaña Nacional de prevención #DequétrataLaTrata, la cual fue lanzada en conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Trata. Esta campaña se ha llevado a cabo a nivel nacional, incluyendo eventos regionales en 23 departamentos del país.

Cooperación internacional y reconocimientos

También se ha avanzado en la activación de memorandos de entendimiento con siete países y se consolidaron líneas de trabajo con otros países, fortaleciendo la colaboración internacional en la lucha contra la trata de personas.

En el principal foro político del hemisferio contra la trata, en la OEA Washington DC, en febrero de 2024, fueron reconocidas las buenas prácticas y la estrategia implementada en Colombia para combatir este delito.

Por primera vez, a cinco pueblos indígenas se les impartirá información y formación en sus lenguas sobre temas relacionados con la trata de personas.

Igualmente se consolidó la Alianza de Cooperación CPC (Cooperación para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Con el gobierno de España, se suscribió un convenio con asignación de recursos para la prevención del delito de trata en diferentes regiones del país.

 Fortalecimiento institucional y atención a víctimas

En su gestión se incluyó la trata de personas en la agenda nacional, tanto de manera mediática como política, logrando un mayor compromiso de las autoridades locales en la lucha contra este delito.

Se logró la repatriación de colombianos sobrevivientes del delito de trata, brindándoles atención inmediata por parte del estado colombiano.

A través de una alianza con el Ministerio Público y la Escuela Judicial Lara Bonilla, más de 1.000 servidores públicos iniciarán clases de actualización en normativa y ruta de atención de víctimas de trata.

Con Sonia Bernal al frente de esta dependencia se ha desarrollado acciones jurídicas y técnicas de articulación intra e interinstitucional para atender la situación humanitaria y de emergencia en la región del Darién, producto de la movilidad humana hacia Centro América.

Finalmente, se brindó asistencia a 382 casos de víctimas de trata de personas a través del Comité Operativo AntiTrata – COAT, en articulación con entidades territoriales y nacionales.

Se logró la exoneración de costos y trámites para la duplicación y rectificación de documento de identidad de víctimas de trata, en gestión realizada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Se fortalecieron los canales de comunicación destinados para el reporte y denuncias del delito de trata, así como la implementación de un CRM que permite un ágil y moderno sistema de comunicación e información de prevención del delito de trata.

Ordenamiento Territorial en cifras

Se realizaron 31 mesas de diálogos con la comunidad del de Bajo Cauca para generar acuerdos en torno al cuidado del agua y la problemática minera.

A 2.249 servidores públicos se les brindó formación y acompañamiento técnico para el fortalecimiento de esquemas asociativos territoriales (EAT).

Se impactó a 2.087 personas en 27 departamentos, 61 municipios donde se realizaron 67 asistencias técnicas en temáticas relacionadas con el delito de trata de personas, durante el 2023.

Gestión Territorial

Más de 8.960 servidores públicos entre diputados, consejeros municipales y funcionarios públicos y 2.536 líderes locales, en 251 municipios de 29 departamentos fortalecieron las capacidades para la gestión territorial.

Se desarrolló el Congreso Nacional de Concejales, con el fin impulsar la labor de los corporados en sus territorios en el fortalecimiento de la democracia y la participación política, así mismo apoyamos la realización de dos congresos nacionales de ediles.

Se impulsó el control y la participación política especialmente de jóvenes y mujeres enfocados en la construcción de paz, mediante la realización de tres asambleas populares

Estos logros son testimonio del compromiso y la dedicación de Sonia Bernal en la lucha contra la trata de personas.

 

Contexto

La trata de personas es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos de la persona. Es considerada una forma de esclavitud moderna que incluye diferentes formas de explotación sexual, laboral, comisión de delitos, mendicidad y matrimonios forzados, entre otras.

En Colombia según datos de la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata de Personas, en 2023 se registraron 264 casos de trata de personas. Mientras que a nivel internacional según el Informe Mundial de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, para 2022, se analiza los casos de 190 mil víctimas detectadas entre 2017 y 2021.

Según la Organización Internacional del Trabajo. OIT, se calcula que son casi 28 millones de pesos las que padecen este crimen.

 

El concejal Leonardo Infante se ratificó en sus críticas, sobre los contratos de cooperación internacional que planteó en su momento la EAAAY y el proyecto Alameda Martha Mojica. Dos de las propuestas más sonadas del pasado gobierno de Luis Eduardo Castro.

Como se recuerda estos procesos contractuales fueron blanco de cuestionamientos, especialmente cuando se divulgó un video donde se mencionaba una posible repartición de coimas.

El concejal precisó lo único que hizo fue expresar lo que estaba pasando en la EAAAY. Actitud que generó la acción judicial en su contra, que ayer tenía una audiencia de conciliación pero que el exmandatario no asistió.

Infante se reiteró en sus aseveraciones sobre el mencionado proyecto y trajo a colación la decisión que tomó la agente interventora de la Superintendencia de Servicios, Yudy Velázquez, de liquidar dichos contratos.

El cabildante también se refirió al proyecto de Alameda Martha Mojica. Dijo que asumió una posición responsable. Precisó que el tiempo le ha dado la razón e invitó a los medios de comunicación, para que se acerquen a este sector e indaguen con los beneficiarios, qué está ocurriendo con este plan de loteo.

“Es un desorden total lo que está pasando allá y hoy le están acarreando a la nueva administración es un problema, porque tiene que empezar a reorganizar esas resoluciones, si realmente las entregó, si son legalmente constituidas”, comentó el cabildante.

Agregó que su intención es que se brinde a los beneficiarios de Alameda Martha Mojica, una vivienda digna. “No un lote en un peladero, que no tiene el nivel porque tenemos denuncias de la etapa cuatro y cinco que no tiene los niveles y que se encuentran en humedales, en terrenos no aptos para construir”, recalcó Leonardo Infante.

 

 

Desde recomendaciones para las quemaduras, pasando el anuncio de acciones penales y oprobios bastante ofensivos, se han visto por estos días durante las sesiones de la Asamblea Departamental de Casanare.

El punto de partida fue el reclamo que hicieran Marisela Duarte y Luz Mery Niño, por haber sido excluidas de las comisiones permanentes de la Corporación.

Luego apareció en escena el diputado Jorge Eduardo García, quien cuestionó a seis de sus colegas por este tema. El blanco de los señalamientos fueron Heyder Silva, Alejandro López, Ómar Ortega, Juan Fernando Mancipe, Eduardo Antolines Pan y Wilder Ávila.

En la plenaria de  este 16 de enero los diputados objeto de críticas, salieron al paso a las palabras de García Gutiérrez. Uno de los primeros en pronunciarse fue Luis Alejandro López Ríos.

El diputado recordó que la situación acaecida el año pasado, durante la presidencia de Jorge Eduardo, cuando se presentó una inconveniente entre el diputado García Gutiérrez y la secretaria de la Corporación, Diana Milena Jarro Rodas.

Sostuvo López Ríos que en ese tiempo le quitaron a la abogada Jarro Rodas las funciones como secretaria, también el manejo presupuestal de las funciones propias de la Asamblea, entre otras tareas propias del cargo.

Calificó esta actitud como violencia y acoso contra la mujer. Para el diputado Luis Alejandro López, esta situación inhabilita moralmente a Jorge Eduardo García, para asumir el papel de adalid de la moral y defensor del género femenino.

En cuanto a la exclusión de las diputadas, manifestó que ese tema ya está en la justicia y si un juez determina que se debe modificar el reglamento interno de la Asamblea, no ve ningún inconveniente en hacerlo, para que ellas tomen asiento en cualquiera de las comisiones permanentes.

Por su parte  Ómar Ortega se mostró de acuerdo con acatar cualquier fallo judicial. Sobre el pronunciamiento de su colega García, indicó que lo llena de vergüenza.

Subrayó que se necesita ser muy cara dura para hacer ver otra cosa diferente por fuera de la Asamblea y revictimizar a la secretaria Diana Jarro.

Agregó que el diputado Jorge Eduardo no puede echarse al hombro una lucha que no le corresponde. Incluso calificó el discurso y los argumentos de García, como cobardes.

Entre tanto Juan Fernando Mancipe comparó esta controversia con un asadero de pollos, donde las minorías  “ahora están muy cerca de la candela”, precisó.

Incluso hizo algunas recomendaciones. “Es mejor que se vayan acostumbrando, se vayan acomodando y busquen métodos para refrescarse, porque van a seguir cerquita a la candela, posiblemente este horno no dé muy rápido la vuelta y sigan ahí bastante tiempo”, dijo el diputado Mancipe.

También se dirigió a su compañera diputada Marisela Duarte. Sobre ella expresó que no se ganó la curul con 85 mil votos. Que esa votación es el resultado de la derrota que sufrió en sus aspiraciones a la Gobernación, por lo tanto no representan las mayorías en el departamento, ni en la Asamblea.

Añadió que la elección de las comisiones no tiene un sesgo de género, simplemente quedaron conformadas y quienes perdieron son la minoría. Toda se enmarca en la dinámica de las mayorías y minorías. 

Mancipe hizo además duros cuestionamientos a la prensa casanareña, por divulgar sus intervenciones en los medios "en un año de campaña nunca había tenido tantos medios, tanto despliegue mediático, ni de redes sociales, como lo tuve ayer. A ellos les agradezco de verdad porque me hicieron demasiada publicidad y me salió gratis", dijo en tono airado.

En su turno del uso de la palabra, Luz Mery Niño manifestó que con esta discusión están confundiendo y tratando de desviar el tema principal de la exclusión, abordando un problema personal.

Que no se tuvo en cuenta la violencia política en contra de las dos diputadas. Que las llamadas mayorías se utilizaron para dar un voto en contra, para que las mujeres pertenecieran a las comisiones permanentes.

Igualmente acotó que  crearon la comisión de la mujer y le colocaron 3 votos de mayorías, para que las diputadas no pudieran decidir. Son cinco los integrantes, de los cuales  tres pertenecen a las mayorías.

Por su parte Marisela Duarte señaló que las palabras del diputado Mancipe le dolieron, que no le interesan ni las mayorías ni las minoría, que su único interés trabajar por todo el departamento, porque está representando a todos los casanareños, no solo a lo que votaron por ella.

También dijo que se ha sentido maltratada, pero que continuará adelante con su trabajo desde la Asamblea.

La respuesta de García

Jorge Eduardo García también respondió a sus detractores. Sobre su colega Mancipe dijo acusa falta de conocimiento en el manejo de la Asamblea e inexperiencia.  

Le aclaró que no asistió el día de la sesión de la comisión de la mujer, porque no pertenece a la misma y en esa ocasión fue que se divulgaron las acusaciones en su contra.

Recalcó varias veces que no tiene ninguna denuncia por acoso laboral, ni por violencia contra la mujer, por lo que aseguró que quienes así lo afirmaron tendrán que retractarse. Además anunció que interpondrá una denuncia en la Fiscalía.

En cuanto a las mayorías y minorías es un tema normal, en la dinámica política, pero no se pueden coartar el derecho de los demás, en este caso de las diputadas Marisela Duarte y Luz Mery Niño.

Insistió también que durante su presidencia nunca le quitó  funciones a nadie y no hay un acto administrativo que lo sustente. Tampoco estuvo de acuerdo con que el señalamiento de estar revictimizando a la secretaria de la Corporación.

Cuestionó al presidente Heyder Silva, de quien expresó que tuvo una actitud grosera en una reciente sesión, porque abandonó el recinto y no quiso atender a la prensa. Aseveró que hay videos que corroboran esta afirmación.

Lo invitó a seguir leyendo el reglamento interno de la Asamblea porque lo ha visto un poco perdido dirigiendo las sesiones. Desmintió que haya pagado a medios de comunicación, para que hicieran publicaciones a su favor.

Recordó finalmente que la exclusión de las diputadas es el verdadero fondo del asunto, que por estos días ocupa la atención de la Asamblea Departamental de Casanare.

 

 

 
 

El abogado fue elegido por el Concejo Municipal de Yopal, para el período 2024-2027, luego de surtir cada una de las etapas del Concurso Público de Méritos

Con 16 votos a favor fue elegido, como nuevo Personero Municipal de Yopal, el abogado Yesid Camacho Flórez. Con su elección, culmina un proceso que inició en el 2023. Su posesión está prevista para el próximo viernes 12 de enero.

 81 aspirantes al cargo se presentaron al Concurso Público de Méritos.

“Este es un sueño que se viene forjando, inclusive, desde la época del Colegio Braulio González. Una de las metas trazadas desde aquella época era llegar, algún día, a la Personería Municipal”, dijo Camacho Flórez.

El nuevo Personero invitó a los concejales a trabajar en equipo, siempre en procura de la protección de los Derechos Humanos de los yopaleños.

Con seis votos a favor la abogada Diana Milena Jarro Rodas fue elegida secretaria General de la Asamblea Departamental de Casanare, para el periodo 2024.

La elección se hizo hoy entre cinco candidatos  habilitados, uno de ellos, Carlos Humberto Tuibaduiza no asistió y los restantes cuatro sustentaron ante la duma su hoja de vida y propuesta: Juan Camilo Robles, Yilver Alonso Mendivelso, Carlos Ramón Lizarazo y Diana Milena Jarro Rodas.

Los diputados Juan Fernando Mancipe, Alejandro López y Omar Ortega conformaron la comisión encargada del escrutinio de la votación.

Denuncias por acoso laboral

Cabe recordar que en 2023  Diana Milena Jarro Rodas, denunció por acoso laboral al presidente de la Asamblea de ese entonces  y actual diputado Jorge Eduardo García.

Leer: Secretaria de la Asamblea ratifica su versión de acoso laboral contra presidente de la Asamblea y lo desmiente

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García se defendió de las acusaciones de Jarro argumentando que había sido sometido a un matoneo mediático.

Leer: “He sido sometido a un matoneo mediático”: Jorge García ante señalamientos de acoso laboral

El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la medida cautelar solicitada a esta autoridad judicial, a través de una demanda en contra el concejal electo del municipio de Aguazul por el Partido Conservador, Jáder Andrés Flórez Castañeda.

La parte demandante pidió que le fuera suspendido el acto administrativo de elección de Flórez Castañeda y permitir la posesión del segundo en la lista del Concejo, de dicho partido político.

La razón de esta petición se sustentó en el hecho que Jáder Castañeda estuvo condenado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Se argumentó igualmente por la parte demandante que el demandado tenía pleno conocimiento de inhabilidad para ocupar el cargo, y aun así se postuló como candidato al Concejo de la capital arrocera de Casanare.

La providencia del Tribunal  se precisó que efectivamente Jáder Andrés Flórez Castañeda fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal, a 56 meses de prisión y una multa de 1.75 SMLV, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, en sentencia del 03 de abril de 2014.

El fallo también incluyó una pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de los derechos y funciones públicas, por un lapso igual a la condena de prisión.

Luego del respectivo análisis jurídico el Tribunal decidió  imponer la medida cautelar solicitada. Por lo tanto ordenó “suspender el acto de elección del señor Jader Andrés Flórez Castañeda como concejal del municipio de Aguazul, por el partido conservador para el periodo 2024-2027”. La medida se aplicará  “mientras se surte el trámite de este proceso”.

 

 

Con un escenario abarrotado se cumplió la posesión de los nuevos concejales de Yopal y la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias, para el periodo 2024 – 2027. El acto programado para las 4 de la tarde de este 02 de enero, se extendió por varias horas.

Durante el desarrollo de la actividad se eligió la mesa directiva, que quedó conformada por Michael Castro Niño, en calidad de presidente.

Como primer vicepresidente quedó Mauricio Rozo Cely. El cargo de segundo vicepresidente fue escogido Cristóbal Torres Pérez. Así mismo se conformaron las diferentes comisiones.

Planeación: Jorge Leonardo Infante Tovar, Angello Ezneider Castellano Almeida, Karen Tatiana Vargas Unibio, Jhon Jairo Peynado Correa y Michael Johatan Castro Niño.

Presupuesto y asuntos fiscales: Gonzalo Vianchá Torres, Rafael Antonio Vargas Pinto, Mauricio Efraín Rozo Celis, Wilson María García Pesca y Cristóbal Torres Pérez.

Asuntos ambientales: Gustavo Adolfo Martínez Urda, Ociel Ortiz Zuluaga, Andrés Dainover Rodríguez Mariño, Pedro Felipe Becerra Vargas, Jesús Alberto Vega Hernández, Reinaldo José Medina Ángel y Élmer Dumar Montaña Torres.

En el recinto estuvo presente el alcalde Marco Tulio Ruiz, quien en su intervención felicitó a los cabildantes e insistió en que la Corporación debe conservar su independencia de la Administración de municipal.

También invitó a los concejales para que junto con la Alcaldía trabajen de manera mancomunada, para el bien de la comunidad. Hizo hincapié que su mandato será caracterizará por ser un gobierno de puertas abiertas.

Agregó que el despacho del alcalde retornará a su oficia habitual en el palacio municipal y no en la sede desde donde despachó su antecesor.

 

Para el parlamentario Vladimir Olaya se cumplió con el objetivo de escuchar a la  comunidad, que era el principal propósito de la audiencia pública que adelantó ayer la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en el municipio de Aguazul.  

El congresista casanareño agradeció la disposición que tuvo el Gobierno nacional, para realizar esta jornada en la capital arrocera del departamento.

Por su parte del presidente de la Comisión Luis Ramiro Ricardo Buelvas, con este ejercicio se consiguió un insumo importante para adelantar debates de control político, que permitan materializar las solicitudes hechas por la ciudadanía.

En cuanto a las propuestas hizo referencia a la construcción de la planta de urea, que calificó como una de las necesidades más sentidas, que pudo palpar durante la sesión.

También  resaltó la relevancia que tiene para la comunidad la preservación de los ecosistemas, así como la propuesta de adelantar la transición energética propuesta por el Gobierno nacional, sin que conlleve un deterioro en los ingresos de la ciudadanía, porque hasta el momento la industria petrolera es la columna vertebral de la economía local, regional y nacional.

Otros temas que se llevaron los representantes dentro de la libreta de apuntes y que serán objeto de debates, están relacionados con lo que Buelvas denominó el pendiente histórico en el tema de titulación de tierras, así como la necesidad de consolidar el desarrollo del departamento, como una potencia agroalimentaria.

 

 

 

    

 

      

 

 

 

 

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