Un daño al local Tech Town ubicado en la carrera 23 n. 9-86 de Yopal, llamó la atención de varios usuarios preocupados porque desde hace meses no les responden con sus equipos tecnológicos dejados para la reparación ni el dinero y temían que un tercero les hurtara los elementos que aún se encuentran en las instalaciones de este establecimiento.

Son varias las historias de personas que le reclaman al ingeniero Jimmy Andrés Perdomo Rey, entre ellos Alba Baldión, estudiante de ingenieria ambiental en la Unisangil, quien dejó su portátil marca Acer Aspire Core I 5 de 14” de colores negro y blanco, desde el 10 de mayo y a la fecha no tiene respuesta.

“Pague por adelantado 275 mil pesos, no he recibido ni PC ni la plata. Me sacaban peros siempre y hasta en una ocasión se excusó que lo habían robado. Somos muchos y a algunos les debe dinero”.

Los clientes han escuchado que el mismo “ingeniero” es señalado por estafa y abuso de confianza en ciudades como Villavicencio, Manizales, entre otras. Así mismo, una de sus estrategias es la apariencia del lugar y su buena atención, la que generó la confianza necesaria en las personas que requerían de un servicio técnico.

De otra parte, al parecer, sus clientes no son los únicos afectados, la familia propietaria del predio donde se encuentra el local comercial, también manifestó que les debe 19 millones de arriendo y que ellos invirtieron en las adecuaciones del lugar para que instalara su negocio, según confirmó Julieta Tejedor.

Agregó que no conocía la forma de su trabajo y que la gente se equivocaba haciéndole daño a las instalaciones del negocio, porque los propietarios del predio son una familia reconocida en Yopal, fundadores del municipio, con alrededor de 80 años viviendo allí.

Por lo tanto, Jhon Fredy Encinales, director Seccional de Fiscalías de Casanare, manifestó que sólo han recibido 3 denuncias y que invitaba a los afectados a realizar una denuncia masiva para iniciar el proceso penal por estafa o hurto. Los interesados en denunciar se pueden acercar a las instalaciones de la URI con los recibos de compra o pago.

Igualmente, rechazó las vías de hecho tomadas contra las instalaciones del establecimiento comercial, asegurando que las personas que se identifiquen en este tipo de actos pueden ser judicializadas por el delito de daño al bien ajeno. “La situación de víctima no genera el poder para tomar las vías de hecho o la justicia por su propia mano, tengan en cuenta que este lugar le pertenece a un tercero y tiene unos derechos”, dijo.

Este local comercial se encuentra sellado porque no tenía el certificado de bomberos, ante esto le fue impuesto un comparendo y fue cerrado por 10 días, quedando el caso a disposición de la inspección primera de policía. Se espera el 20 de julio que será levantada la medida, si el propietario aparece y solucione las denuncias por parte de sus usuarios.