La personera del municipio de Maní, Yeimmy Alejandra Ramírez, guarda en su memoria con total claridad la fecha en que inició la controversia con el alcalde de esa localidad.

Aseguró que todo comenzó el 29 de julio de 2024. Ese día la Alcaldía le remitió in oficio solicitando la entrega de las oficinas de la Personería. El argumento de la Administración municipal era que requería esos espacios para la atención de la población en de condición discapacidad.

Ramírez indicó que, para compensar la salida del lugar del Ministerio Público, el alcalde de Maní, Ferney Chaparro, ofreció otros espacios. No obstante, la personera consideró que el sitio no estaba en condiciones para que la Personería pudiese desempeñar su trabajo.

El tiempo trascurrió y la historia de este desacuerdo se trasladó al presente año. En la versión de la abogada Alejandra Ramírez, durante 2025 la petición de traslado se hizo más persistente por parte del burgomaestre.

Incluso mencionó que el mandatario interpuso un proceso reivindicatorio contra la Personería, el cual fue contestado. Ahora se encuentra a la espera que siga su curso.

Agregó la funcionaria del Ministerio Público que ha mantenido informada a la Procuraduría regional y la Defensoría del Pueblo de todo lo relacionado con esta controversia.

Sostuvo, igualmente, que por el momento no hay opción de nuevas oficinas y que la Personería se vería en la obligación de entrar a pagar arriendo. El problema es que no cuenta con recursos para asumir este gasto.

Al respecto citó un pronunciamiento del Ministerio del Interior. El documento aclara que la Alcaldía debe hacerse cargo de la infraestructura para el funcionamiento de la Personería, incluyendo el mejoramiento de instalaciones. Los costos de esta inversión deben ir con cargo al presupuesto municipal.

La personera dijo ante los medios de comunicación que hasta el momento había guardado silencio, en un acto de prudencia para evitar que esta situación escalara. Recalcó su interés nunca ha sido hacer quedar mal alcalde Chaparro.

Sin embargo, confesó que este problema la ha afectado sicológicamente. Arista sobre la cual prefirió no ahondar, pero señaló que en este caso persiste un exceso de machismo.

Recalcó que trató de conciliar y de apelar al diálogo para buscar una salida concertada, antes de hacer público el tema ante los medios de comunicación. Todos los esfuerzos fueron inútiles.

Por eso pidió apoyo a la Asociación de Personeros de Colombia. La entidad la respaldó, lo que, acotó, le dio la valentía para hablar públicamente de presuntos actos de hostigamiento, entorpecimiento en el debido cumplimiento de sus funciones y de abuso laboral, por el alcalde Ferney Chaparro Perdomo.

De todas formas, no ocultó que siente temor por su integridad y la de su familia. Recalcó que nunca ha tenido problemas con nadie. Insistió que es una persona de diálogo y que sabe escuchar.

Paradójicamente, expuso que es defensora de los Derechos Humanos y de la mujer y ahora es víctima de presuntos actos de discriminación de género.

Indicó que al hacer público su caso, alza la voz en favor de todas las personerías que viven una situación similar como la de Villanueva. Y en especial, busca que se protejan más los derechos de las mujeres personeras del país

También se refirió sobre la aseveración de Chaparro Perdono, quien señaló que ella había incurrido en una falta al deber de obediencia.

Al respecto detalló que en este caso todo obedeció a un ofició que envió el burgomaestre a la Procuraduría, solicitando que le hiciera un requerimiento disciplinario por faltar al deber de obediencia.

Esta supuesta falta está ligada al hecho que la personera no obedeció la solicitud de entrega. Sobre esta petición la abogada insistió en que no hay orden judicial que la obligue a un desalojo de las oficinas.

Para concluir manifestó que el gobernante local puso como fecha límite para la entrega de las instalaciones, el próximo 20 de octubre. En caso de incumplimiento por parte de la Personería, dejó abierta la posibilidad de trasladar el mobiliario del Ministerio Público con la ayuda de la Policía.

De aplicar estas vías de hecho, en concepto de Alejandra Ramírez, el alcalde de Maní no respetaría el debido proceso.