Una serie de anomalías se encontraron durante el desarrollo de la comisión de moralización administrativa, presidida por la Contraloría Departamental, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría Regional, que tuvo como objetivo verificar el estado actual del proyecto de parque lineal del Caño La Campiña.

Esta visita se cumplió para atender el llamado hecho a través de una denuncia ciudadana, que advirtió sobre el retraso de los trabajos. En la reunión también tomaron parte Asosupro, el contratista, la firma interventora y la comunidad.

Un primer dato compartido por el concejal Leonardo Infante, quien también se hizo presente, apunta a que pasado más de un año el avance de obra solo alcanza un 20 por ciento.

Dentro de los argumentos presentados para justificar este retraso, el cabildante mencionó que Asosupro hizo saber que no ha podido traer del exterior una máquina especial para elaborar 7 mil adoquines diarios y de esta manera cumplir con los 900 mil que requiere la obra.

El cabildante también dijo que para el caso de la empresa contratista, la compañía manifestó que, debido a las condiciones climáticas, específicamente a las lluvias, no se ha podido avanzar como se esperaba.

Infante advirtió que ya se le concedió una primera prórroga por seis meses y que, posiblemente, está pensando pedir un plazo adicional para poder cumplir con el proyecto.

En este sentido recalcó que para contemplar esta posibilidad de una nueva prórroga, el contratista debe presentar un avance de obra superior al 30 por ciento, de lo contrario, la Contraloría entraría a tomar medidas al respecto.

Otra anomalía que está siendo estudiada, es una posible inconsistencia en el pago de seguridad social de los trabajadores. En este aspecto el concejal dijo que la Contraloría entrará a verificar esta situación.

En materia de recursos el cabildante mencionó a se la han entregado a Asosupro cerca de $7.000 millones, equivalente a un 30 por ciento del costo total de la obra.

A su vez, comentó el concejal, que la Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso, ha hecho cuantiosos desembolsos al contratista. “Creo que le ha pagado actas parciales por alrededor de 6.000, 5.00 millones de pesos”.

Un dato adicional que tiene que entrar a revisar la veeduría y los entes de control y que, fue revelado por el DNP, es el hecho que la interventoría presenta un avance superior a la ejecución de la obra.