La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), informó que durante el mes de enero de 2026 se suscribieron 521.269 contratos directos por un valor total de 32,88 billones de pesos.

Esta actividad contractual se registró antes del inicio de la restricción establecida por la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, que comenzó el 31 de enero debido al calendario electoral.

 En comparación con enero de 2022, el valor de la contratación presentó un incremento del 30,4%, mientras que el número de contratos aumentó un 5,2%.

El informe detalla que el orden territorial concentró la mayor parte de la gestión con 348.495 contratos por 17,7 billones de pesos, seguido por el orden nacional con 164.813 contratos por 14,87 billones y las corporaciones autónomas con 7.961 contratos por 0,3 billones.

La mayor concentración de recursos se observó en la última semana de enero, periodo en el que se adjudicaron 14,8 billones de pesos, equivalentes al 45% del total mensual. El pico máximo de contratación ocurrió el 30 de enero, con un registro de 5,7 billones de pesos en un solo día.

En cuanto a las órdenes de prestación de servicios (OPS), el consolidado nacional y territorial reportó 501.423 contratos por 22,34 billones de pesos, lo que representa el 96,2% del volumen contractual total.

Específicamente en el orden nacional, las entidades con mayor número de adjudicaciones directas fueron el Sena con 1,72 billones de pesos, el ICBF con 1,26 billones y la Aeronáutica Civil con 0,76 billones.

A nivel territorial, el ranking fue encabezado por el Distrito de Barranquilla con 1,33 billones de pesos, seguido por Medellín con 0,88 billones y Cali con 0,54 billones.

La Gobernación de Arauca, a través de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, expresó su rechazo ante el asesinato de los hermanos Pedro y Juan Carlos Murcia, líderes sociales pertenecientes a la comunidad afrodescendiente y residentes del centro poblado El Botalón, en el municipio de Tame.

Los cuerpos de las víctimas, quienes habían sido secuestradas en marzo de 2025 presuntamente por el grupo armado Eln, fueron hallados con impactos de bala el martes por la noche en la zona rural de Tame, específicamente cerca del caserío de Tamacay en la vía hacia Fortul.

Ante estos hechos, el Gobierno departamental hizo un llamado a los actores armados para que cesen las acciones violentas contra las comunidades y respeten la vida de la población civil.

Así mismo, se instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas efectivas para proteger la vida en el territorio y avanzar en la promoción de la paz.

Los hermanos Murcia eran reconocidos en la región araucana por su labor comunitaria y su participación en la construcción de paz en el departamento.

El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, manifestó que viene haciendo todos los trámites posibles para que el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios le devuelva al Municipio la EAAAY.

Sostuvo que ha llevado oficios y ha adelantado otra serie de trámites con el fin de recuperar la empresa. Recalcó que desde el ente centra se intervenido la entidad argumentando que no se prestaban bien los servicios.

Sin embargo, dos años después de la intervención la deuda de la EAAAY pasó de 7 mil a más de 20 mil millones de pesos, según lo subrayó el mandatario local.

Ruiz Riaño habló de la existencia, al parecer, de una resolución con fines de liquidar la empresa. “Nosotros no estamos de acuerdo con liquidarla, sino que nos la devuelvan, inyectarle algunos recursos y sacarla adelante que es una empresa de todos los yopaleños”, reiteró el mandatario municipal.

Finalizó manifestando que en caso de retornar la EAAAY a manos del Municipio, le inyectaría algunos recursos, entraría a hablar con los sindicatos para hacer una reestructuración de la entidad y buscar sacarla a flote.

No obstante. hace una lectura diferente del panorama actual. “Como yo veo las cosas, el Gobierno nacional por intermedio del agente interventor lo que quiere es liquidar la empresa y ante eso no podemos hacer nada”, concluyó el burgomaestre de la capital casanareña.

La Secretaría de Infraestructura informó que dio inicio al cronograma de intervenciones de la vigencia 2026 con el mejoramiento de un kilómetro de vía en afirmado en el corredor que comunica al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO) con el colegio San Mateo Apóstol.

En este trayecto, el personal del Banco de Maquinaria realiza labores de reconformación, extendida de material sub-base y compactación mediante el uso de una motoniveladora y un vibrocompactador.

Estos trabajos tienen como objetivo mejorar la movilidad para los residentes del barrio Bon Habitad I, perteneciente a la Comuna I, así como para la comunidad educativa que utiliza esta ruta diariamente.

Enerca informó sobre la suspensión temporal del servicio de gas natural debido a un mantenimiento programado por el productor Ecopetrol S.A. en el campo de producción CPF Floreña.

La interrupción se llevará a cabo durante un periodo de 8 horas, iniciando a las 8:00 de la noche del 13 de febrero y finalizando a las 04:00 de la mañana del 14 de febrero de 2026.

Esta medida afectará a los usuarios de los sectores urbano y rural de los municipios de Yopal, Nunchía, Pore, Támara, Trinidad, San Luis de Palenque, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Sácama, La Salina y el sector Algarrobo en Orocué.

También se verán afectadas las veredas Unión Charte, Florida, Plan Brisas, Cunamá, Guáimaro, Esmeralda, Guineo, Volcán Blanco, Retiro Milagro e Iguamena en el municipio de Aguazul.

Durante este intervalo, las estaciones de servicio de gas natural vehicular que operan en estas zonas también presentarán una interrupción total del suministro.

La entidad recomendó a los usuarios mantener cerrada la válvula de corte en el centro de medición para evitar emergencias y realizar una apertura gradual una vez se restablezca el servicio.

Para la atención de consultas o emergencias, se encuentran disponibles la línea 115 y el número (608) 6328812 las 24 horas del día.

El empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, propietario de Arroz Sonora y Flexo Spring, fue asesinado este miércoles en el norte de Bogotá. En el mismo incidente, su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, también perdió la vida.

Para la comunidad casanareña el nombre de Sonora es muy conocido, por cuanto tiene un molino en jurisdicción de Aguazul, sobre la vía que conduce a Yopal.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 4:00 p.m. en la carrera Séptima con calle 84, en el sector de La Cabrera, frente a un gimnasio.

Según los reportes, un individuo vestido con traje y corbata disparó contra Aponte Fonnegra y su escolta cuando salían del mencionado establecimiento. Posteriormente, el atacante huyó en una motocicleta que lo esperaba en la carrera séptima.

Ambas víctimas fueron trasladadas a la Clínica del Country, donde se confirmó su deceso alrededor de las 4:10 p.m. El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que el ataque fue un acto sicarial "totalmente planeado", basándose en la evidencia de que los agresores esperaron a sus víctimas durante aproximadamente 15 minutos antes de perpetrar el crimen.

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era conocido en el sector arrocero y también era miembro principal del consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas, dedicada a la asistencia de niños en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades han señalado que el empresario no registraba antecedentes penales ni había reportado amenazas previas. La investigación para determinar el móvil del crimen y capturar a los responsables está en curso, con la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de material probatorio.

En la vereda Chavinave fue hallado el cuerpo de Luis Alberto Ochoa Polo, quien presentaba múltiples heridas causadas por proyectil de arma de fuego. Junto al cadáver, las autoridades reportaron el hallazgo de un panfleto con mensajes de amenazantes contra presuntos responsables de abigeato en la zona.

Según el reporte oficial de la Policía Nacional, Ochoa Polo figuraba como desmovilizado desde el año 2015, fecha en la que declaró su pasada pertenencia al grupo denominado Clan Úsuga en el departamento del Meta. La institución aclaró que sus antecedentes son parte de la verificación, pero no determinan aún el móvil del asesinato.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso y el levantamiento del cuerpo para recolectar el material probatorio. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este hecho.

Luego que las autoridades determinaran la identidad del hombre hallado sin vida este martes 10 de febrero en la vereda La Colmena, municipio de Villanueva y quien respondía al nombre de Carlos Andrés Mahecha Vergara, se confirmó que está persona al momento de su fallecimiento no registraba procesos judiciales vigentes.

Mahecha Vergara fue localizado en un predio rural con heridas de arma blanca en el tórax y espalda. Tras la verificación de sus antecedentes, se estableció que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Yopal había dictado sentencia absolutoria a su favor en octubre de 2025.

Dicho fallo judicial desestimó las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación, que desde junio de 2022 lo vinculaba con los delitos de concierto para delinquir, extorsión y homicidio, presuntamente relacionados con el Clan del Golfo. 

El juzgado determinó que el ente acusador no aportó pruebas suficientes para sustentar los cargos, declarando su inocencia tras tres años de proceso.

Un nuevo hecho de inseguridad en la capital casanareña ha generado una fuerte controversia. El incidente, que dejó a una mujer herida, pone de manifiesto las dificultades en la judicialización de delitos en flagrancia.

El ataque ocurrió en la carrera 26, entre calles 13 y 14. Según los informes, la víctima fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los delincuentes no se limitaron a despojarla de su bolso y teléfono celular; de manera injustificada, le propinaron un fuerte golpe en la cabeza con la cacha del arma de fuego con la que la intimidaron y después emprendieron la huida.

Debido a la severidad de la agresión, la mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde estuvo varias horas bajo observación médica.

Gracias a la activación de un plan candado y al seguimiento en tiempo real mediante las cámaras de seguridad del sector, la Policía Nacional logró interceptar y capturar a uno de los sospechosos pocos minutos después del asalto. Las autoridades aseguran contar con el material audiovisual que vincula al detenido con el acto delictivo.

Pese a la captura y el señalamiento de la fuerza pública, el proceso sufrió un estancamiento en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía. El ente acusador se abstuvo de legalizar la captura y de solicitar una medida de aseguramiento, argumentando que, bajo su criterio, "faltan pruebas más contundentes" para proceder con la detención formal.

Versiones de testigos comentaron que el argumento del ente acusador se basa en que debido a la falta de nitidez de las cámaras de seguridad, no era posible establecer plenamente la identidad del sospechoso.

La decisión causó rechazo en inconformidad de parte de la víctima y sus familiares, quienes esperaban que se hiciera justicia en este caso

Representantes departamentales, locales y sindicales evalúan alternativas para la disposición final de residuos en Yopal 

El sindicato Sintraemsdes dio a conocer a través de boletín informativo, sobre una reunión interinstitucional que tuvo lugar en la Gobernación de Casanare para abordar la situación crítica del relleno sanitario regional Cascajar.

El objetivo principal fue buscar una solución urgente para la disposición final de residuos sólidos en el departamento. El encuentro contó con la participación de delegados de Corporinoquia, el agente especial de la EAAAY, el gerente de Acuatodos.

También participó el secretario de infraestructura de la Gobernación de Casanare, el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, el concejal de Yopal, Felipe Becerra, y el presidente de Sintraemsdes subdirectiva Yopal, Freddy Isaza y el fiscal Freddy Larrota.

Durante la sesión, se analizó la necesidad de adoptar decisiones inmediatas que garanticen la continuidad del servicio público de aseo y prevengan una emergencia ambiental y sanitaria.

En este contexto el sindicato expresó su rechazo a que la solución para la disposición final de residuos sólidos involucre un relleno sanitario privado, argumentando que dicha medida desconocería el carácter estratégico de las empresas públicas y pondría en riesgo la soberanía del servicio de aseo.

La organización sindical también defendió la propuesta de ampliar la licencia ambiental del relleno Cascajar mediante la construcción de dos trincheras, considerada una alternativa viable para los doce municipios de Casanare y tres de Boyacá que actualmente disponen allí sus residuos.

Se señaló que la emergencia actual del relleno es consecuencia de acciones de la Administración anterior, que detuvo avances en la búsqueda de soluciones para privatizar el servicio de disposición final, una decisión que, según se indicó, tuvo repercusiones ambientales, operativas y sociales.

Finalmente, los participantes reiteraron el compromiso de mantener la articulación interinstitucional y el seguimiento continuo para garantizar una gestión adecuada de los residuos sólidos y salvaguardar el interés general de la región.