En colaboración con la Alcaldía local y el Hospital de Tauramena, la alianza entre GeoPark y la Patrulla Aérea Civil Colombiana desplegó una nueva brigada médico-quirúrgica entre el 27 y 28 de junio, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales del departamento.

Durante esta iniciativa se brindaron atenciones médicas en áreas como ginecología, oftalmología, pediatría, optometría, ecografía y planificación familiar.

Además, se realizaron procedimientos quirúrgicos ambulatorios. Más de 40 voluntarios del sector salud participaron activamente, alcanzando 475 consultas y efectuando 72 cirugías menores.

Como parte del componente oftalmológico, se están entregando 230 gafas con fórmula a los pacientes que las necesitan.

Este esfuerzo se suma a una serie de jornadas médicas que han beneficiado a unas 8.300 personas en Casanare desde que comenzó la alianza entre ambas organizaciones en 2017. Esta es la sexta vez que el municipio de Tauramena recibe este tipo de intervención.

“El acceso oportuno a la salud marca una diferencia en la vida de las comunidades. Esta brigada refleja nuestro deseo de seguir conectando soluciones reales con quienes más las necesitan”, expresó Aníbal Fernández de Soto, director de Naturaleza y Vecinos de GeoPark.

Pamela Estrada, directora general de la Patrulla Aérea, agregó que “estas jornadas tienen el poder de cambiar realidades. Gracias al trabajo conjunto con GeoPark, llevamos atención médica digna y profesional a zonas donde antes no era posible.”

Opella Colombia informó que el producto identificado como Pharmaton Complex, al que hace referencia una reciente alerta sanitaria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), no cuenta con registro sanitario emitido por la autoridad colombiana.

La compañía aclaró que no ha gestionado autorización para comercializar el suplemento en el país, por lo que su presencia en el mercado nacional es considerada irregular.

Pharmaton, aunque es parte del portafolio global de Opella y se distribuye legalmente en países como Argentina, Ecuador y Panamá, no está disponible oficialmente en Colombia.

Según la farmacéutica, cualquier venta local del producto se está realizando sin su autorización ni el aval del ente regulador.

La advertencia surge tras un reporte recibido por la compañía de un consumidor que adquirió el producto en línea.

Luego de aplicar sus protocolos de control de calidad y farmacovigilancia, Opella confirmó mediante análisis de laboratorio que se trataba de una falsificación. La situación fue comunicada al INVIMA, incluyendo pruebas técnicas que respaldan la denuncia.

La empresa exhortó a los ciudadanos a adquirir productos únicamente a través de canales autorizados y recordó que el uso de suplementos no registrados representa un riesgo para la salud pública.

En caso de dudas o inquietudes sobre la autenticidad de un producto, la farmacéutica puso a disposición el correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Sobre Opella

Opella forma parte del sector global de autocuidado y ocupa el tercer lugar en el mercado de productos de venta libre y suplementos nutricionales.

Atiende a más de 500 millones de consumidores en todo el mundo y cuenta con un equipo global de 11.000 personas, 13 centros de producción y cuatro espacios dedicados a innovación científica.

Su sede principal está en Francia y administra marcas reconocidas como Enterogermina, Allegra, Buscapina y Dulcolax en América Latina.

También ha sido certificada como Empresa B en varios mercados, incluida Hispanoamérica.

La Gobernación de Casanare, junto con Coljuegos y el Concesionario de Red de Servicios de la Orinoquía y el Caribe S.A., firmaron un pacto para promover la legalidad en los juegos de suerte y azar en la región.

El acto contó con la presencia de la Fiscalía General de la Nación Seccional Casanare, la DIAN, la Policía Nacional y otras entidades comprometidas en la lucha contra las actividades ilegales relacionadas con rifas, bingos, máquinas tragamonedas, chance blanco y otros juegos que operan sin autorización oficial.

Marco Emilio Hincapié Ramírez, presidente de Coljuegos, explicó que cualquier juego de azar debe contar con la autorización correspondiente para ser legal. De lo contrario, se incurre en el delito de ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Señaló que en algunas zonas las rifas se realizan sin cumplir con las obligaciones fiscales, como el pago del 14% sobre la venta de boletas, y que en ciertos municipios se autorizan múltiples rifas sin respetar la normativa, incluso por funcionarios que desconocen la ley.

Gloria Lucía Rivera, secretaria de Hacienda de Casanare, destacó que este pacto es fundamental para proteger a quienes participan en juegos legales, garantizando transparencia y seguridad en la entrega de premios.

Además, resaltó que los recursos recaudados se destinan a fortalecer la salud pública en el departamento, especialmente el régimen subsidiado.

La firma del pacto busca fortalecer el control y la fiscalización para que los ingresos generados por los juegos de suerte y azar ingresen de manera legal y contribuyan al desarrollo de Casanare.

Las autoridades reiteraron el compromiso de trabajar de forma conjunta para erradicar la ilegalidad en esta industria y proteger a la comunidad.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto Pharmaton Complex, un multivitamínico que no cuenta con registro sanitario en Colombia.

La Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima confirmó que este producto se promociona como medicamento, pero no ha sido evaluado ni autorizado por la entidad, por lo que se considera fraudulento.

El consumo de Pharmaton Complex representa un riesgo para la salud, ya que, al no cumplir con los estándares mínimos de calidad, seguridad y eficacia, puede provocar efectos adversos graves como palpitaciones, insomnio, retención de líquidos y daños en órganos vitales como el corazón, los riñones y el hígado.

La alerta surgió tras una denuncia ciudadana que permitió identificar la venta irregular de este producto.

La Gobernación de Casanare y la Secretaría de Salud local instan a la población a no adquirir Pharmaton Complex y a reportar cualquier punto de venta sospechoso mediante la plataforma oficial de consultas de registros sanitarios del Invima.

Adicionalmente, quienes hayan consumido el producto y experimenten reacciones adversas deben informar a través del portal de farmacovigilancia habilitado por la entidad.

Por su parte, la empresa Opella, propietaria de la marca Pharmaton, aclaró que Pharmaton Complex no está autorizado ni registrado en Colombia, y que la versión que circula en el país es una falsificación. La compañía confirmó que el producto se comercializa legalmente en otros países, pero no en territorio colombiano.

El Invima reiteró la importancia de verificar siempre que los medicamentos y suplementos cuenten con registro sanitario visible en su empaque y registrado en la base de datos oficial para evitar riesgos a la salud pública.

Las autoridades continúan con las investigaciones y hacen un llamado a la comunidad para mantener la vigilancia y denunciar cualquier irregularidad en la venta de medicamentos o suplementos.

Dos recientes homicidios en Polonia, presuntamente cometidos por migrantes de nacionalidad venezolana y colombiana, han desatado una ola de indignación y protestas en todo el país.

Las autoridades han confirmado la captura de los implicados en ambos casos, lo que ha generado un intenso debate sobre la política migratoria y la seguridad ciudadana.

La situación ha llevado a que se conforme grupos de vigilancia en la frontera con Alemania, para evitar el ingreso de migrantes ilegales a este país del centro de Europa.

Caso Torún

El primer incidente ocurrió en Torún, ciudad de un poco más de 200 mil habitantes, ubicada de norte de Polonia a orillas del Río Vístula. Es reconocida por ser el pueblo natal de astrónomo Nicolás Copérnico.

En esta población Klaudia Karkowska, una estudiante universitaria de 24 años fue brutalmente atacada. El presunto agresor, fue identificado como Yomeykert, un ciudadano de origen venezolano de 19 años, quien la interceptó mientras regresaba a casa.

Según los reportes, el victimario intentó abusar sexualmente de la universitaria, luego le sacó los ojos con un destornillador para evitar que la joven lo identificara. Luego la apuñaló una docena de veces en el cuello y tórax. Este acto de extrema barbarie generó la indignación del pueblo polaco.

Karkowska alcanzó a ser trasladada a un centro hospitalario donde falleció dos semanas después del ataque, debido a la gravedad de las heridas recibidas en la brutal agresión. Su deceso se produjo el pasado 27 de junio.

El agresor fue detenido a pocos metros del lugar gracias a la intervención de la comunidad, así como de la policía y ahora podría enfrentar una condena de cadena perpetua. Este crimen ha provocado una marcha silenciosa en Torún, exigiendo justicia y mayor seguridad en la ciudad.

Homicidio en riña

El segundo caso se registró en Nowe, un distrito histórico ubicado en Varsovia. En este lugar un hombre polaco de 41 años fue asesinado durante una riña a las afueras de un restaurante.

Ocho ciudadanos colombianos fueron detenidos por estar relacionados con este hecho, incluyendo al principal sospechoso, un connacional de 29 años. Cuatro de los detenidos intentaron huir en un vehículo, pero fueron arrestados tras chocar con un vehículo de la Policía.

Las autoridades han señalado que seis de los ocho colombianos detenidos se encontraban en Polonia de forma irregular y tenían una orden previa para abandonar el país. Este incidente también ha avivado las protestas y el debate sobre la política migratoria en Polonia.

Con una inversión de 40 mil millones de pesos, comenzó en Yopal la construcción del centro de seguridad para combatir la delincuencia. El proyecto, denominado Sistema Integrado Inteligente de Seguridad y Convivencia (SIIES), busca fortalecer la vigilancia urbana y rural mediante tecnología de última generación.

La primera fase del sistema inició el 21 de mayo de 2025 y se extenderá hasta abril de 2026. Esta etapa contempla la instalación de 230 cámaras inteligentes con reconocimiento facial, 100 bocinas IP bidireccionales, más de 100 kilómetros de fibra óptica y enlaces inalámbricos en zonas rurales.

Todo el sistema estará conectado con la Policía, el Ejército, el CTI, los Bomberos y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE)

El centro de operaciones funcionará en el edificio Emiro Sossa, donde se habilitarán 35 puestos de monitoreo, una sala de crisis y una sala de prensa. Desde allí, un equipo técnico vigilará en tiempo real y coordinará la respuesta ante emergencias.

La iniciativa es financiada con recursos del Ministerio del Interior, a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), y del sistema general de regalías. Ambos aportan en partes iguales los 40 mil millones de pesos destinados al proyecto.

Durante la presentación oficial, realizada en el auditorio de Unitrópico, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, explicó que el sistema permitirá identificar en tiempo real quién entra y sale de la ciudad, así como monitorear barrios y cuadras mediante bases de datos conectadas a las cámaras.

Según indicó, esta capacidad tecnológica contribuirá a prevenir delitos, accidentes, desastres y mejorará la capacidad de reacción de las autoridades.

El evento contó con la presencia de mandos de la Fuerza Pública, autoridades locales, gremios, medios de comunicación y líderes comunitarios. Allí se compartieron detalles técnicos del proyecto y se destacó su impacto en la seguridad ciudadana.

El secretario de gobierno departamental, Julio Ramos Prieto, señaló que el nuevo centro permitirá actuar con rapidez ante cualquier emergencia y aplicar un modelo de prevención territorial basado en datos.

Además, se proyecta una segunda fase que integrará las cámaras de videovigilancia de los otros 18 municipios del departamento y permitirá conectar dispositivos privados de la ciudadanía, fortaleciendo una red comunitaria de vigilancia.

El gobernador anunció que en los próximos días se entregarán nuevos equipos a la Fuerza Pública, entre ellos drones, inhibidores de señal, radios satelitales, software de rastreo, vehículos y herramientas especializadas para el Goes.

Durante la tarde del martes 8 de julio, un fuerte aguacero afectó el casco urbano de Yopal, generando inundaciones en varios sectores de la ciudad.

Las lluvias, que se extendieron por más de tres horas, superaron la capacidad del sistema de alcantarillado pluvial, especialmente en zonas sin drenaje natural.

La secretaria de infraestructura, Adriana Hernández, junto a su equipo técnico, recorrió los puntos más críticos para evaluar los daños y definir acciones inmediatas.

Según explicó la funcionaria, aunque el sistema actual no está diseñado para soportar precipitaciones de esa magnitud, se logró evacuar el agua en varias zonas poco después de que cesó la lluvia.

Uno de los sectores más afectados fue el barrio Brisas del Cravo, donde las inundaciones son frecuentes. Para mitigar esta situación, avanzan obras en la carrera 29 con calle 11, que permitirán captar y controlar las aguas lluvias provenientes de la vía Sirivana.

El sistema de alcantarillado logró evacuar el agua estancada en corto tiempo, aunque en algunos puntos se presentaron obstrucciones por residuos sólidos y bolsas de basura. El Cuerpo de Bomberos de Yopal apoyó las labores de respuesta en los sectores más comprometidos.

Ante esta situación, la Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura a las calles y no dejar materiales de construcción expuestos, ya que estos pueden ser arrastrados por el agua y causar taponamientos.

La Secretaría de Infraestructura anunció que continuará con las jornadas de limpieza de sumideros y la atención de sectores críticos como el megacolegio de la comuna 5, la zona industrial de la calle 46B, la carrera 50, la calle 40 y la vía al barrio Las Américas.

Desde hace más de 15 años, Yopal enfrenta problemas estructurales en su red de alcantarillado. Aunque varias administraciones incluyeron en sus planes de desarrollo la formulación del plan maestro de alcantarillado, este no se ejecutó.

Actualmente, la Administración municipal, en coordinación con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), avanza en la tercera fase de dicho plan maestro.

Este documento técnico fue radicado en 2024 ante el Ministerio de Vivienda y se encuentra en etapa final de revisión. Su implementación permitirá priorizar inversiones y planificar obras para mejorar la infraestructura pluvial del municipio.

En el cantón militar Manare de Yopal, Casanare, se llevó a cabo una jornada de mercado campesino que reunió a más de 120 familias de militares con 25 productores locales, quienes ofrecieron alimentos frescos y productos típicos sin intermediarios.

La actividad fue organizada por el Ejército Nacional en alianza con el programa Cosechando Esperanza de la Concesionaria Vial del Oriente (Covioriente).

El objetivo fue promover el desarrollo rural y facilitar espacios de comercialización directa para campesinos de veredas y corregimientos del departamento.

Durante la jornada, los asistentes accedieron a productos como plátano, yuca, café, queso y huevos, ofrecidos a precios justos. La iniciativa también buscó fortalecer el vínculo entre la comunidad militar y los productores de la región.

El evento fue liderado por el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 8. Su segundo comandante, mayor Cristian Felipe García Pinto, destacó que este tipo de encuentros permiten apoyar el trabajo del campo y brindar oportunidades a las familias rurales.

Entre los participantes estuvo Sandra Alarcón, emprendedora de Café Amanecer, quien relató cómo ha logrado posicionar su producto tras años de esfuerzo. También participó Luz Zanabria, cultivadora local, quien agradeció el respaldo del Ejército y la acogida de las familias militares.

El sargento segundo Wilmer Ahumada resaltó la importancia de acercar a los militares con los productores del campo, permitiendo que sus familias accedan a productos locales directamente dentro del cantón.

Estas actividades hacen parte del programa Fe en Colombia, con el que el Ejército Nacional busca contribuir al desarrollo económico y social en zonas rurales, mediante alianzas con entidades públicas y privadas.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre dos oficinas en Bogotá pertenecientes a una empresa petrolera de origen francés, Perenco, señalada de financiar grupos paramilitares en el departamento de Casanare entre 1997 y 2005.

La decisión fue adoptada por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, a solicitud de la Dirección de Justicia Transicional.

Las medidas incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre los inmuebles, cuyo valor comercial asciende a más de 41 mil millones de pesos, equivalentes a unos 10 millones de dólares.

Los bienes fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el objetivo de destinarlos a la indemnización de personas afectadas por la violencia paramilitar en esa región del país.

La Fiscalía logró identificar los activos tras recopilar información sobre la estructura corporativa de la compañía mediante la read de recuperación de activos del grupo de acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Colombia hace parte.

También se aplicaron técnicas de análisis criminal y se recolectaron pruebas que, según el ente acusador, demuestran que altos directivos de la empresa autorizaron aportes ilegales a grupos armados.

Entre las evidencias figuran contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos, así como testimonios de exintegrantes del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

En sus versiones libres, Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco afirmaron que la compañía entregó dinero, combustible, alimentos y transporte a cambio de seguridad en zonas de extracción petrolera.

Las labores investigativas fueron desarrolladas por fiscales del grupo de persecución de bienes de la Dirección de Justicia Transicional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y otras entidades judiciales.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, por su presunta participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

Según la Fiscalía General de la Nación, Arteaga Hernández habría coordinado acciones logísticas antes y después del ataque. Entre las pruebas presentadas se encuentra una reunión sostenida el 4 de junio con William Fernando González Cruz, ya judicializado por este caso, en la localidad de Bosa.

El ente acusador también señaló que alias ‘El Costeño’ habría contactado a Katherine Andrea Martínez, Carlos Eduardo Mora González y a un menor de edad, a quienes ofreció dinero para ejecutar el atentado y asignó funciones específicas a cada uno.

El 6 de junio, un día antes del ataque, Arteaga habría inspeccionado el parque El Golfito, donde Miguel Uribe tenía previsto un encuentro con la comunidad, con el fin de planear rutas de escape.

El día del atentado, el procesado se habría reunido con Martínez y Mora en un vehículo cercano al lugar del evento. Allí, presuntamente, entregó al menor el arma de fuego utilizada en el ataque. Luego del atentado, Arteaga y Martínez habrían huido en un automóvil conducido por González Cruz.

La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del caso y determinar la responsabilidad de los implicados.