Casanare Noticias

Capresoca EPS, bajo medida de intervención forzosa con fines administrativos por la Superintendencia Nacional de Salud, informa a sus usuarios que, se encuentran garantizados los servicios de mediana y alta complejidad contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), a través del Contrato N.° 101 de 2026, suscrito con el Hospital Regional de la Orinoquía – HORO.

Con la firma de este contrato, más de 160 mil afiliados de los 19 municipios del departamento de Casanare cuentan con cobertura para el acceso a servicios de salud de segundo nivel de complejidad, conforme a la capacidad instalada y los servicios debidamente habilitados por elprestador, de acuerdo con la normatividad vigente.

La población afiliada a Capresoca EPS puede acceder a consultas especializadas, ayudas diagnósticas, servicios de laboratorio clínico y procedimientos médicos y quirúrgicos de segundo nivel de complejidad, incluidos únicamente dentro del portafolio de servicios habilitado ante la autoridad sanitaria competente, ratificando el compromiso de la entidad con la cobertura, oportunidad y calidad en la atención en salud.

Los servicios serán prestados conforme a las condiciones de habilitación vigentes, el alcance del contrato suscrito y lo establecido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), garantizando la seguridad del paciente y el cumplimiento de los estándares técnicos y normativos aplicables.

Se invita a los usuarios a realizar el agendamiento de sus consultas y procedimientos, comunicándose al número de contacto habilitado por el Hospital Regional de la Orinoquía: 300
913 26 63.

“Desde Capresoca EPS avanzamos en la consolidación de una red integral que responda a las necesidades en salud de nuestros afiliados. Muestra de ello, es que estamos garantizando los servicios de mediana complejidad con la red pública, dando continuidad a la atención médica”, expresó Betty Cecilia Anaya Nieto, agente especial interventora.

Personal de Protección Apícola del Cuerpo de Bomberos de Tauramena realizó la extracción y reubicación de un enjambre de abejas africanizadas que se encontraba alojado en el tronco de un árbol seco en un predio rural del municipio.

La intervención se llevó a cabo luego de que el propietario de la finca reportara que los insectos se tornaron agresivos y atacaron a varios semovientes de la zona.

El riesgo para la comunidad y los animales del sector se incrementó debido a que el enjambre estaba ubicado a nivel del suelo, lo que facilitaba el contacto accidental.

Ante la situación, los residentes optaron por informar a la institución de socorro con el fin de evitar la eliminación de la especie y buscar una solución que preservara el equilibrio ambiental.

Los bomberos utilizaron equipos especializados para el manejo de estos insectos y procedieron a su traslado hacia un espacio seguro destinado a su conservación.

Con esta maniobra se mitigó el peligro para los habitantes de la vereda sin comprometer la vida de las abejas. La institución reiteró la importancia de no intentar manipular este tipo de enjambres de forma particular y solicitó a la ciudadanía informar oportunamente a los organismos de emergencia, para garantizar un manejo técnico y seguro de estas situaciones.

La Alcaldía de Yopal llevó a cabo una visita técnica de campo para verificar las condiciones urbanísticas del área donde se proyecta la construcción del Malecón del Río Cravo Sur. Esta actividad marca el inicio de las fases 1 y 2 del proyecto, centradas en la elaboración de los estudios y diseños definitivos para la intervención de esta zona que conecta el sector comercial ribereño con el Parque La Iguana.

La ejecución de estos estudios se realiza a través de un convenio suscrito con la Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitrópico), institución que ya formalizó el acta de inicio de las labores de consultoría. El proyecto contempla una intervención global de más de 74.000 metros cuadrados, destinados a infraestructura recreativa, deportiva, cultural y comercial.

Durante el recorrido por el territorio, la Secretaría de Planeación Municipal estuvo acompañada por delegados de la Sociedad de Ingenieros de Casanare y miembros de la veeduría ciudadana del Río Cravo Sur.

La presencia de estos organismos tiene como fin realizar el seguimiento técnico y el control social a la etapa de planeación, asegurando que los diseños se ajusten a las condiciones reales del terreno y a la normativa vigente.

Narda Perilla, secretaria de planeación municipal, informó que esta fase de diagnóstico permitirá establecer la viabilidad técnica de la obra antes de proceder a las etapas de contratación y ejecución física.

Según la funcionaria, el proceso administrativo continuará bajo el rigor técnico acordado en el convenio académico, con el objetivo de integrar el desarrollo urbano de la ciudad con la recuperación del entorno natural del río.

En un acto cargado de simbolismo llanero y contundencia política, se realizó la apertura oficial del directorio político de la candidata Arledy Alvarado en Yopal, evento que dejó una imagen clara ante la opinión pública: el senador Alirio Barrera le puso el sombrero a Arledy, sellando públicamente su respaldo y confirmándola como su candidata fuerte de Centro Democrático y la más opcionada a conquistar la curul a la Cámara de Representantes por Casanare.

Durante el evento, el senador Alirio Barrera fue enfático en su apoyo: “Donde pongo el ojo en política ¡Ahí es! Arledy no es una elección improvisada. Es una mujer preparada, con carácter y amor por esta tierra. Casanare necesita una representante que llegue a defender al departamento desde la primera jornada, y esa es Arledy Alvarado”, afirmó. Y agregó: “Arledy es la nuestra y es la voz firme que Casanare necesita en la Cámara”.

El respaldo político también llegó desde la región vecina. El senador José Vicente Carreño, de Arauca, destacó la capacidad de Arledy y su conocimiento del Congreso:

“Arledy Alvarado es una mujer que sabe gestionar, que conoce cómo funciona el Estado y que entiende las necesidades de los territorios. Casanare va a tener en ella una representante seria, firme y respetada en el Congreso”, aseguró.

Por su parte, el exgobernador de Casanare, Salomón Sanabria, exaltó su perfil técnico y político:

“Arledy tiene experiencia, carácter y capacidad de gestión. Es una mujer que entiende los problemas reales del departamento y que tiene con qué defender a Casanare con cifras, argumentos y resultados”, señaló.

En su intervención, Arledy Alvarado agradeció el respaldo ciudadano y político, y reiteró que su compromiso es con resultados concretos. “Yo no vengo a improvisar, vengo a trabajar. Voy a ser una voz fuerte de Casanare en el Congreso, defendiendo la vida, la seguridad y la dignidad de nuestra gente”, expresó.

La candidata destacó como eje central su propuesta de salud “Primero la Vida – Salud para las Regiones”, con la que busca obligar a las EPS a cumplir y fortalecer la red hospitalaria, especialmente con la construcción de un hospital de segundo nivel para el norte de Casanare.

En materia de seguridad, anunció que llegará al Congreso con un proyecto de ley para endurecer las penas contra quienes atentan contra la vida y la tranquilidad de las familias, enviando un mensaje claro: “La ley tiene que castigar al bandido y proteger al ciudadano de bien. Casanare necesita autoridad, no excusas”.

La apertura del directorio político en Yopal marca un punto clave en la campaña, consolidando una candidatura con respaldo nacional, liderazgo regional y una propuesta firme para defender a Casanare en la Cámara de Representantes.

“No prometo, gestiono. No improviso, trabajo. Y no me rindo, defiendo a Casanare”, concluyó Arledy Alvarado.

Con este amplio respaldo político, Arledy Alvarado se consolida como una candidata fuerte del Centro Democrático para llegar a la Cámara de Representantes por Casanare.

El concejal de Yopal, Ociel Ortiz, presidió una mesa de trabajo para analizar el estado de legalización de la urbanización La Pedrera, tras recibir denuncias de la comunidad sobre el incumplimiento en la prestación de servicios públicos básicos y el desarrollo de la infraestructura prometida por los urbanizadores.

 Los habitantes del sector reportaron habitar en condiciones precarias debido a la falta de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

Según Ortiz, el suministro de agua actual depende de un pozo profundo diseñado originalmente para 60 familias, pero que hoy abastece a una población de entre 200 y 300 personas, resultando insuficiente para la demanda actual.

La problemática se agrava por el incumplimiento de los urbanizadores privados, quienes, según el concejal, no han presentado los esquemas diferenciales de servicios públicos permitidos por la ley ni han ejecutado las obras de infraestructura básica a las que se comprometieron al vender los predios.

Marco legal y responsabilidad institucional

Sostuvo que el proceso de legalización se enmarca en el Decreto 018 de 2021, emitido durante la administración anterior para facilitar la regularización de asentamientos en el sector de La Pedrera.

No obstante, el concejal señaló varios puntos clave sobre el estado jurídico del proyecto. Ortiz dijo que algunos decretos regulatorios ya han perdido vigencia por el transcurso del tiempo sin que se reporten avances significativos.

Enfatizó que, al tratarse de urbanizaciones privadas, la responsabilidad directa de la infraestructura recae en los urbanizadores y no en el municipio, aunque la administración realiza el acompañamiento técnico.

Mencionó que existe una sentencia del Consejo de Estado derivada de una acción popular de 2011 o 2012 que otorga herramientas al municipio para tomar decisiones sobre estas urbanizaciones.

Magnitud del proyecto y acciones futuras

La Pedrera es considerada uno de los proyectos urbanísticos de mayor trascendencia en el casco urbano de Yopal por su extensión.

Ortiz comparó la magnitud del sector con la ciudadela La Bendición, indicando que, mientras esta última alberga a 5,000 familias, La Pedrera tiene una capacidad proyectada para cerca de 13,000 familias en sus tres etapas.

Ante la inasistencia de los urbanizadores a la mesa de trabajo, el Concejo Municipal busca brindar herramientas jurídicas a los compradores para que puedan iniciar procesos de demanda o acciones legales ante el Tribunal Administrativo.

El concejal recalcó que el objetivo de estas mesas no es atacar a los privados, sino buscar alternativas conjuntas para solucionar la problemática de los ciudadanos que adquirieron sus lotes de buena fe.

La estructura de mando del Clan del Golfo, conocido también como el Ejército Gaitanista de Colombia, sufrió un revés tras confirmarse el fallecimiento de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias 'Gonzalito'.

El hombre que se consolidó como el segundo al mando de la organización armada ilegal, murió por ahogamiento tras el volcamiento de una lancha con motor fuera de borda.

El incidente ocurrió en el municipio de Tierralta, una zona de histórica injerencia del grupo armado en el departamento de Córdoba, mientras el cabecilla se desplazaba hacia una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el marco de los acercamientos de paz con el Gobierno nacional.

Sánchez Sánchez, nacido el 30 de diciembre de 1974, era el colaborador más cercano de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', y ejercía un control absoluto sobre el bloque Roberto Vargas Gutiérrez.

Su influencia se extendía por los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre, donde coordinaba las finanzas derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y las redes de extorsión.

A nivel internacional, el estratega criminal representaba una prioridad para las agencias federales de los Estados Unidos debido a su papel en el envío de toneladas de cocaína.

Con su fallecimiento, se cierra un capítulo judicial de dos décadas de trayectoria criminal, mientras las autoridades mantienen la alerta en la región ante los posibles reacomodamientos de poder que este vacío pueda generar dentro de la cúpula del grupo armado.

El activista y defensor de derechos humanos Juan David Amaya, de 19 años, denunció haber sido víctima de una grave amenaza de muerte en las inmediaciones de su residencia en el municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta.

El incidente ocurrió cuando un desconocido que se movilizaba en motocicleta abordó al joven para proferir la intimidación.

Amaya es reconocido por su labor en la visibilización de problemáticas que afectan a comunidades vulneradas y su enfoque en la implementación del Acuerdo de Escazú y la justicia climática.

Su liderazgo social, ejercido desde la organización Life of Pachamama, le valió recientemente su inclusión en la lista "30 Under 30" de la revista Forbes.

Tras los hechos, se confirmó la presentación de denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación para investigar y sancionar a los responsables.

Así mismo, el activista solicitó medidas de protección urgentes ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el fin de salvaguardar su integridad física y la de su círculo cercano.

El joven activista ha descrito la situación de seguridad en el país señalando que Colombia se ha convertido en un "epicentro global de riesgos para defensores ambientales y sociales".

Por su parte, sectores defensores de Derechos Humanos manifestaron que este tipo de hostigamientos erosionan el tejido democrático y limitan la participación ciudadana efectiva en el territorio.

La comunidad nacional e internacional ha sido llamada a permanecer alerta ante este caso, mientras se exige a las instituciones estatales garantías para el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos y el medio ambiente en condiciones de seguridad.

Después de casi un mes de protestas se logró llegar a un acuerdo entre la comunidad que manifestaba por el alza excesiva en el valor del peaje de San Pedro, que ubicado en las goteras de Villanueva y la Agencia Nacional de Infraestructura.

En ese punto la tarifa pasó de $12.800 a $20.300 para vehículos de la categoría I, es decir los automóviles particulares, que son los que pagan el menor valor.

El incremento generó el rechazo de los habitantes de los municipios aledaños al retén, como Villanueva, Sabanalarga y Monterrey, usuarios frecuentes de esta vía que es La Marginal del Llano, que comunica al Casanare de sur a norte.

Los acuerdos pactados contemplan una tarifa diferencial para estos viajeros con mínimo un cruce por el peaje cada dos meses y hasta dos vehículos por familia. Esta medida se extiende a todos los automotores de la categoría I hasta la VII.

Sin embargo, para obtener este beneficio los propietarios de los automotores deben registrarse. Para hacerlo deben llevar certificado de residencia y una fotocopia de la tarjeta de propiedad. Además, no deben tener comparendos, contar con los papeles del vehículo al día, poseer certificado de bien raíz.

La tarifa diferencial aplica para los residentes de los municipios de Barranca de Upía, Villanueva, Sabanalarga, San Luis de Gaceno (Boyacá) y Monterrey.

Las tarifas

El valor de la mencionada tarifa diferencial quedó en $3.700 para la categoría I; $9.700 para la categoría II; $19.400 para la III; la categoría IV el costo es de $24.600; la V se estableció en $37.600; la categoría VI en $47.000 y la VII en $54.400.

Este 27 de enero el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Camilo Londoño, del partido Alianza Verde, radicó ante esa corporación el proyecto de ley denominado "Huellas Vivas".

La iniciativa propone modificar el Código Nacional de Tránsito para reconocer a los animales como víctimas de accidentes viales y garantizar su atención médico-veterinaria inmediata a cargo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

La iniciativa cubre a animales domésticos como perros y gatos, así como a la fauna silvestre vertebrada que resulten atropellados en las vías. De aprobarse, el SOAT asumiría los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios derivados de estos incidentes.

La propuesta busca alinear la norma con la legislación que reconoce a los animales como seres sintientes y trasladar la responsabilidad de los costos a la institucionalidad, en lugar de depender de ciudadanos o fundaciones.

Según el congresista, el proyecto aborda la muerte anual de miles de animales en carreteras sin mecanismos de auxilio efectivos. Actualmente, la iniciativa se encuentra en trámite inicial en la Cámara de Representantes.

El Cuerpo de Bomberos de Tauramena atendió un incidente relacionado con fallas en el sistema eléctrico en el barrio El Gabán, tras recibir reportes de la comunidad a través de la línea de emergencias.

Al llegar al lugar, el personal de atención de emergencias constató un cortocircuito en las líneas de alta tensión. La inspección técnica evidenció la caída de varios conectores del sistema, situación que provocó chispas y la interrupción inmediata del suministro de energía en este sector del municipio.

Siguiendo los protocolos de seguridad, los bomberos procedieron a acordonar el área para prevenir accidentes con peatones o vehículos.

También se notificó de manera inmediata al personal operativo de la empresa de energía, quienes asumieron la reparación de la infraestructura para el restablecimiento del servicio.

Recomendaciones a la comunidad

La institución de socorro reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de manipulación de las redes eléctricas y recordó la importancia de reportar este tipo de anomalías a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de todos.