Un incendio forestal registrado la tarde de este miércoles 4 de febrero en el kilómetro 16 de la vía a Matepantano movilizó a las unidades de emergencia del municipio durante más de cuatro horas.

Las labores de control, que se extendieron hasta garantizar la liquidación total de los puntos calientes, fueron ejecutadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal en zona rural de la capital casanareña.

En el sitio de la emergencia trabajaron nueve unidades de bomberos, quienes emplearon equipos técnicos como sopladoras, bombas de espalda y un carro tanque para combatir las llamas.

Debido a la extensión del terreno afectado, el organismo de socorro utilizó un dron para realizar sobrevuelos de monitoreo estratégico, permitiendo identificar desde el aire los focos activos y orientar el despliegue del personal en tierra.

Las unidades permanecieron en el sector hasta asegurar el control definitivo de la situación, evitando que el fuego se propagara hacia predios aledaños.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance consolidado sobre el número de hectáreas afectadas ni las causas que habrían originado la conflagración.

El equipo de ciclismo de Casanare iniciará este jueves su participación en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026, que tienen como sede el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. La delegación, integrada por 15 pedalistas, competirá en las categorías juvenil y sub-23, tanto en la rama masculina como femenina.

La actividad para el equipo casanareño comenzará a las 8:00 a. m. con la prueba de contrarreloj individual, modalidad que abre este evento nacional en el que se han inscrito más de 600 ciclistas de todo el país.

La competencia se desarrollará de manera continua y está programada para finalizar el próximo domingo con las pruebas de gran fondo.

La delegación asiste al certamen con el apoyo de la Gobernación de Casanare y el Indercas. Los deportistas se encuentran concentrados en territorio cundinamarqués desde los días previos para el proceso de acreditación y reconocimiento de los circuitos técnicos de la carrera.

Un incendio forestal de proporciones considerables afectó a las veredas La Esperanza, El Tesoro y San José del Bubuy, en jurisdicción del municipio de Aguazul.  

Las llamas, que en algunos puntos superaron los tres metros de altura, destruyeron aproximadamente 1.000 hectáreas de pastos y matorrales. El Cuerpo de Bomberos de Aguazul desplegó un operativo de emergencia con 28 unidades, dos vehículos cisterna y dos vehículos de ataque rápido.

Las maniobras se ejecutaron de manera simultánea en la finca Pentágono y en los sectores de la Escuela La Esperanza y la granja El Bubuy. Debido a las condiciones del terreno, descrito como una zona de "bajos" con múltiples oquedades, los vehículos de gran escala no pudieron acceder directamente a los focos del incendio, lo que obligó a realizar intervenciones manuales.

Durante la emergencia, trabajadores de la zona apoyaron las labores de contención mediante la creación de guardarrayas con dos tractores para frenar el avance del fuego.

Paralelamente, otra unidad de bomberos atendió la emergencia en la vía que conduce hacia Maní, específicamente en los sectores de La Casona y la "Curva del Cura".

En este último punto, el personal rescató a bovinos y equinos que habían quedado cercados por el humo y las llamas, y protegió varias viviendas donde el fuego alcanzó a llegar a escasos dos metros de las estructuras.

Pese a los esfuerzos, la magnitud de las llamas provocó que el incendio saltara la vía pavimentada, afectando la finca Montes de María, donde fue sofocado rápidamente.

Según el reporte de la comunidad, al parecer, el fuego se habría originado por una quema iniciada a las 11:00 de la mañana del día anterior en la vereda El Tesoro, la cual se salió de control afectando predios vecinos.

La Policía Nacional reportó la captura en flagrancia de dos personas en el sector de La Guafilla, zona rural de la capital departamental, ubicada sobre la Marginal del Llano en el trayecto Yopal – Aguazul.

A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y violencia contra servidor público, tras un operativo realizado por las unidades del Cuadrante Vial N.° 2.

Según el informe entregado por el Departamento de Policía Casanare, el procedimiento permitió la incautación de 2.100 gramos de marihuana. Los sospechosos se movilizaban en una motocicleta que también fue inmovilizada como parte de la evidencia dentro del proceso judicial.

El reporte oficial indica que los individuos intentaron evadir el puesto de control al notar la presencia policial. Durante la interceptación, los sujetos opusieron resistencia física contra los uniformados, lo que derivó en el cargo adicional por violencia contra servidor público.

Los capturados y la sustancia incautada fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

El concejal de Paz de Ariporo, Dennis Fernández, quien hace parte de la oposición, denució que la coalición mayoritaria de la corporación frenó en bloque cinco proposiciones de control político hechas por los cabildantes de la minoría, de la cual hace parte junto con Antonio Naranjo Ruiz y Cristian Vega.

Las mayorías impidieron que algunos secretarios del despacho y jefes de oficina acudieran al recinto para rendir cuentas sobre temas presupuestales, laborales y ambientales que la oposición considera críticos para el municipio.

Fernández manifestó que entre las iniciativas que no prosperaron se encontraba la citación a la jefa de la Oficina Asesora de Planeación, con la que se buscaba establecer el destino de los recursos del Sistema General de Regalías ejecutados en las vigencias actuales.

De igual forma, rechazaron el pedido de rendición de cuentas sobre las vigencias futuras aprobadas en 2025 para la vigencia 2026, destinadas a la contratación de maquinaria amarilla bajo el argumento de anticiparse a la Ley de Garantías.

El freno del cabildo también alcanzó la solicitud de citación al nuevo jefe de la Oficina de Control Interno y al Secretario General. En este último caso, los concejales de oposición pretendían revisar las evaluaciones de desempeño tras la reestructuración administrativa de finales de 2023, la cual dejó a veinte funcionarios en provisionalidad y derivó en despidos que hoy mantienen al municipio bajo procesos de demanda laboral.

Así mismo, quedó descartada la indagación sobre el incremento de la sobretasa ambiental, que pasó de 500 a 1.500 millones de pesos anuales, y el estado de la gestión de 158.000 hectáreas de humedales ante Corporinoquia.

Mientras el control político se estanca en el cabildo, la administración del alcalde Jorge Camilo Abril Tarache enfrenta una presión jurídica creciente. El Juzgado Primero notificó un incidente de desacato contra el mandatario por el impago de 194 millones de pesos a la empresa mixta de alumbrado público, entidad que asegura requerir más de 1.800 millones para su funcionamiento y el pago de pasivos.

Sin embargo, el mandatario local afirmó extramicrófonos, que este tema había sido resuelto a su favor por la autoridad judicial.

A esto se suma la advertencia de la empresa Enerca, que ha amenazado con suspender el servicio de alumbrado público en el municipio debido a las deudas acumuladas por la administración municipal.

Un motociclista de 20 años falleció la noche de este domingo primero de febrero tras perder el control de su vehículo y chocar contra un objeto fijo en el kilómetro 33+100 metros de la ruta que conecta Yopal con Paz de Ariporo.

El siniestro vial ocurrió a las 8:45 de la noche. Según el reporte de la Policía de Tránsito y Carretera, la víctima fatal fue identificada como Cristian Tapia, quien conducía la motocicleta en sentido Paz de Ariporo-Yopal.

De acuerdo con la dinámica del accidente establecida por las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la calzada y chocó contra un objeto fijo.

Un acompañante, identificado como Cristian Gutiérrez, resultó lesionado y fue trasladado en ambulancia al hospital Horo de Yopal.

La Policía de Tránsito señala como hipótesis preliminar la impericia en el manejo por parte del conductor del vehículo.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) realizó una inspección técnica en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del corregimiento La Niata, tras una denuncia ciudadana en redes sociales sobre presuntas fallas en el lugar, que está generando una fuga de aguas residuales.

El ingeniero Carlos Ardila, integrante del grupo de quejas de la Subdirección de Control y Calidad Ambiental de la entidad, informó que durante la visita ocular se evidenciaron algunas falencias.

Se detectó la ruptura de uno de los tubos del sistema debido a procesos de cristalización del material. Igualmente, bajo el sistema de recepción de la planta se observó un vertimiento directo de aguas residuales domésticas al suelo.

Sin embargo, se conoció que esta avería fue subsanada por personal de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Yopal, que reemplazó la tubería que se encontraba en estado de deterioro.

El ingeniero  Ardila también manifestó que las cajas de inspección no cuentan con sus respectivas tapas y diversas partes de la estructura metálica presentan signos de oxidación.

Se identificó la acumulación de lodos sobre el terreno y un sistema de lagunas que actualmente realiza vertimientos puntuales de aguas residuales al medio ambiente.

Según el informe técnico, la cercanía de la planta con la quebrada La Niata representa un factor de riesgo, ya que en temporadas de lluvia el aumento del caudal del afluente podría provocar el desbordamiento y la mezcla de aguas naturales con los vertimientos no tratados de la PTAR.

Corporinoquia procederá ahora con la revisión documental de permisos y trámites vigentes para elaborar el concepto técnico final. Este documento determinará las causas de tiempo, modo y lugar de las fallas detectadas para iniciar las acciones legales correspondientes según la normativa ambiental.

Habitantes de la vereda Buenavista reportaron ante las autoridades y la opinión pública el presunto envenenamiento de dos animales domésticos.

Según los testimonios de la comunidad, las víctimas son una canina de corta edad y una felina que recientemente había tenido crías.

De acuerdo con las declaraciones de los vecinos del sector, este incidente no sería un hecho aislado, manifestando que situaciones similares se han presentado anteriormente en la zona.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la comunidad ha solicitado formalmente una investigación oficial a las autoridades competentes, para identificar a los responsables de suministrar sustancias tóxicas a los animales.

También hicieron un llamado a los residentes para supervisar a sus mascotas y reportar actividades sospechosas.

Cabe recordar que, bajo la legislación colombiana (Ley 1774 de 2016), el maltrato animal es una conducta tipificada como delito que puede acarrear sanciones económicas y cárcel.

Situación actual de los servicios Lino Hernán Ortiz Riaño, representante del Comité Municipal de Discapacidad de Maní, denunció que desde hace aproximadamente dos meses se ha suspendido la prestación de servicios esenciales para esta población.

Ante esa situación un grupo de personas pertenecientes a la población con discapacidad, se ubicaron frente a las instalaciones de Capresoca este martes 3 de febrero, para exigir a las directivas de la entidad respuestas inmediatas a sus necesidades.

Según las declaraciones de Lino Ortiz, enfrentan problemas por la falta de medicamentos e insumos, especialmente para pacientes que requieren tratamiento para la diabetes (insulina) e hipertensión.

También denunciaron la suspensión de servicios domiciliarios. No cuentan con médico ni enfermería las 24 horas, afectando incluso a pacientes que tienen este servicio ordenado mediante fallos de tutela.

Igualmente mencionaron que hay incertidumbre en la contratación, porque se desconoce qué entidad asumirá los servicios que prestaba anteriormente el Instituto de Fracturas.

Otro punto sobre el cual pidieron una solución es el transporte. Expresó que la EPS no está garantizando el traslado de los pacientes hacia Yopal, para sus citas médicas o diligencias administrativas.

La problemática impacta a un número indeterminado de personas en el municipio de Maní, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Ortiz señaló que la falta de estos servicios vulnera sus derechos fundamentales y ha provocado crisis de salud, debido a la ausencia de una red de apoyo y la falta de continuidad en los controles médicos.

El Cuerpo de Bomberos de Tauramena reportó la atención de una emergencia en la vereda Yaguaros durante la tarde del pasado 3 de febrero.

La publicación del organismo de socorro precisa que un trabajador de llano resultó lesionado tras ser embestido por un toro mientras realizaba sus labores habituales.

Según el informe oficial de la institución, el afectado presentó trauma en el tórax y una herida abierta en el rostro. El personal de atención prehospitalaria se desplazó hasta el lugar del incidente para brindar los primeros auxilios.

Debido a la naturaleza de las heridas, el hombre fue trasladado de forma inmediata al hospital local, donde quedó bajo valoración de personal médico especializado.