La Concesión Vial Transversal del Sisga informó sobre el cierre preventivo en el trayecto entre Santa María (Boyacá) y San Luis de Gaceno, debido al desbordamiento del río Lengupá sobre el puente Piedra Campana.

Este nuevo episodio de emergencia se suma a una serie de afectaciones provocadas por la ola invernal en el Valle de Tenza, que ha generado pérdida de parte de la banca y riesgo estructural en varios tramos del corredor vial.

Desde el pasado 15 de junio, el tránsito vehicular ha estado interrumpido en este sector, y aunque se han realizado pruebas piloto de paso controlado, las condiciones climáticas y geológicas han obligado a mantener esta medida de cierre.

La concesión, en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), adelanta obras de mitigación fuera del alcance contractual original, con el objetivo de restablecer la conectividad provisional entre los departamentos de Boyacá y Casanare.

Estas labores incluyen la instalación de geocontenedores y estudios técnicos para garantizar la seguridad de los usuarios.

Como rutas alternas y ante las dificultades de la Vía al Llano (Bogotá – Villavicencio) se recomienda la Ruta Libertadores: Sogamoso–Belén–Socha–Sácama–La Cabuya–Hato Corozal, para vehículos de menos de 25 toneladas.

Las autoridades hacen un llamado a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la concesionaria. Por el momento no se ha establecido una fecha estimada de reapertura, y el monitoreo de la zona continúa de manera permanente.

Esta mañana de sábado 12 de julio se registró un trágico accidente en la vía Marginal del Llano, a la altura del sector Barranquillita, entre Yopal y Pore, que cobró la vida de un motociclista.

La víctima, quien aún no ha sido identificada viajaba acompañada por una mujer que resultó gravemente lesionada y fue trasladada para recibir atención médica.

Testigos presenciales reportaron que una volqueta habría estado involucrada en el incidente y que el conductor de dicho vehículo huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Autoridades competentes se desplazaron al lugar del incidente para adelantar el levantamiento del cadáver.

Con el objetivo de enfrentar la creciente amenaza de los incendios forestales, desde el orden nacional se anunció la realización de una serie de talleres sobre el manejo integral del fuego.

La actividad es liderad por Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la FAO, Action for Forestry, el Ministerio de Agricultura y la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC).

El ciclo de capacitaciones denominado “Fortalecimiento territorial en la gestión de incendios forestales”, se realizarán durante este mes de julio en Huila, Casanare y Santander.

Estos espacios de formación están dirigidos a comunidades, autoridades locales y actores clave del territorio, y se basan en el Manejo Integral del Fuego (MIF), una estrategia que va más allá de la extinción, abarcando prevención, mitigación y comprensión ecológica del fuego.

Los talleres se desarrollarán con una metodología altamente participativa, promoviendo el intercambio de saberes y la colaboración interinstitucional.

Entre las actividades destacadas están la identificación y mapeo de zonas críticas con herramientas tecnológicas de libre acceso. Cultura y ecología del fuego, mediante actividades lúdicas y experiencias comunitarias.

También se abordarán temas de prevención y mitigación, integradas en la planificación territorial. Simulación de incendios de gran magnitud, donde los participantes asumirán roles estratégicos.

Cada taller contará con 50 participantes por departamento, incluyendo bomberos, brigadas forestales, líderes comunitarios, entidades operativas y autoridades ambientales.

Este ciclo cobra especial relevancia tras la radicación del Proyecto de Ley No. 557 de 2025, que busca establecer lineamientos para el MIF, restauración ecológica y coordinación interinstitucional.

La iniciativa busca fortalecer capacidades locales y sentar bases para una gestión sostenible del riesgo en los territorios más afectados.

Con más de 6.293 incendios forestales registrados en 2024 y más de 216 mil hectáreas afectadas, Colombia enfrenta una urgencia ambiental que requiere respuestas coordinadas y sostenibles.

Estos talleres representan un paso firme hacia la construcción de resiliencia, la protección de ecosistemas y la seguridad de las comunidades rurales.

Los productores de arroz en Colombia han convocado un paro nacional indefinido a partir del 14 de julio, en respuesta a lo que califican como una crisis sin precedentes en el sector.

La decisión fue anunciada por Dignidad Agropecuaria Colombiana y Dignidad Arrocera Nacional, quienes denuncian el incumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno tras el paro de marzo de este año.

Según los organizadores de la protesta, la caída de precios registrada en diciembre de 2024 y junio de 2025 ha dejado a los agricultores en una situación insostenible.

Líderes gremiales sostienen que los precios actuales no cubren los costos de producción, generando pérdidas de hasta un millón de pesos por hectárea cosechada.

Además, el gremio señala que la industria molinera está controlada por un duopolio que impone condiciones desfavorables a los pequeños y medianos productores.

A esto se suma el contrabando sin control y la vigencia de tratados de libre comercio (TLC) que obligan a importar arroz, incluso cuando hay suficiente producción nacional.

Casanare se sumará al paro

Desde Yopal, capital del mayor productor de arroz del país, 1.300 agricultores se reunieron y lanzaron un mensaje contundente: “No hemos querido llegar al paro. Nos han llevado hasta aquí”.

En su pronunciamiento, los arroceros casanareños afirman que sembrar arroz hoy significa perder, y que el impacto no solo golpea al agricultor, sino también a la economía local, el empleo rural, las familias y el comercio.

“El paro no es un capricho, es un llamado de auxilio”, expresaron. Con este mensaje, invitan a toda la ciudadanía a comprender y respaldar la movilización, que consideran una lucha por la soberanía alimentaria, la justicia y el derecho a vivir dignamente de la tierra.

Exigencias del gremio arrocero

• Precios justos que cubran los costos de producción
• Control efectivo al contrabando
• Revisión y renegociación de los TLC
• Protección a la producción nacional
• Cumplimiento inmediato de los acuerdos del paro de marzo de este año.

Usuarios de Sánitas quienes acudieron este viernes 11 de julio a las oficinas de esta EPS en Yopal, ubicada en la carrera 25 # 12 - 46, se vieron sorprendidos al notar el estado en que encontraba la entrada a este lugar.

Una cinta amarilla advertía sobre las averías presentadas en la puerta de ingreso hecha en vidrio, la cual fue rota por desconocidos con un objeto contundente.

Algunos testigos aseguraron que al interior de las instalaciones fue encontrada una piedra con la, se presume, rompieron la puerta. Frente a este hecho el personal de Sánitas se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno.

Se ignoran tanto los móviles como los responsables del hecho. Por el momento, solo se conoce que personal de seguridad estaban evaluando la cuantía de los daños y que el incidente se presentó en horas de la noche de este jueves 10 de julio.

Un juez de la República condenó a 44 años de prisión a Kilver Alfonso Mariño Ávila, señalado como responsable del feminicidio de Mildre Carolina Rojas Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní, Casanare.

La víctima, una mujer de 38 años, fue asesinada mientras cumplía con sus labores diarias. El hecho generó indignación en la comunidad y volvió a poner sobre la mesa la persistencia de la violencia contra las mujeres en la región.

Durante el proceso judicial, que se extendió por ocho meses, la hija mayor de Mildre asumió la representación de la familia, al no contar con abogado propio. Con el apoyo de la Fiscalía, logró llevar el caso hasta una sentencia que contempla agravantes por feminicidio y violencia basada en género.

Al conocer el fallo, la joven expresó que la lucha no fue por venganza, sino por justicia para su madre y hermanas menores. La decisión judicial fue vista como un paso importante en la defensa de los derechos de las mujeres y un llamado a no dejar impunes este tipo de crímenes.

La condena refuerza el mensaje institucional de rechazo frente a la violencia de género y busca dar respuesta a las familias que siguen esperando justicia.

Habitantes del sector educativo del Colegio Antonio Nariño, en Yopal, denunciaron que continúa el uso indebido del espacio público en inmediaciones de la institución como sitio de disposición de residuos sólidos.

Pese a los esfuerzos conjuntos entre la comunidad escolar, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, y la Secretaría de Medio Ambiente, aún se presentan casos de personas que abandonan desechos en la zona.

La situación se evidenció nuevamente la noche del jueves 10 de julio, cuando al finalizar la jornada escolar se encontraron restos de madera, trapos y hasta un colchón sobre la carrera 27, cerca del final de la vía peatonal.

Representantes del colegio hicieron un llamado a las autoridades competentes y a los residentes del sector para fortalecer las acciones de control y crear conciencia sobre el impacto de estas prácticas en el entorno educativo.

La comunidad solicita acompañamiento institucional para detener el mal uso del espacio público y lograr que los alrededores del plantel permanezcan limpios y libres de basuras que afectan la salud y la seguridad de estudiantes y vecinos.

Mauricio Rodríguez Amaya asumió como director de Prosperidad Social este jueves 10 de julio, cargo desde el cual liderará iniciativas enfocadas en asociatividad, desarrollo económico comunitario e inclusión financiera.

Rodríguez Amaya, abogado con especialización en derecho público de la Universidad Autónoma de Colombia y estudiante de maestría en sociología en la Universidad Nacional, cuenta con más de dos décadas de experiencia en proyectos sociales y solidarios.

Antes de esta designación, dirigió la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, adscrita al Ministerio del Trabajo.

Entre las tareas que asumirá está la consolidación del Pilar Solidario de la reforma pensional, política que busca garantizar un ingreso mínimo a cerca de 3 millones de adultos mayores sin acceso previo a pensión.

También tiene a su cargo la implementación de programas de fortalecimiento a la economía popular, articulación del Sistema de Transferencias, y ampliación de la inclusión financiera.

De acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el enfoque será concentrar los subsidios en personas sin capacidad de generar ingresos, mientras se brindan herramientas para el fortalecimiento de la autonomía económica en comunidades vulnerables.

El nuevo director destacó la necesidad de orientar la política social hacia esquemas que promuevan la organización colectiva y el trabajo comunitario.

Señaló que se está incrementando la inversión en iniciativas productivas que incluyen entrega de recursos, créditos asociativos, asistencia técnica y dotación de insumos para actividades desarrolladas por unidades económicas solidarias y populares.

Prosperidad Social será la encargada de ejecutar estas acciones en armonía con las metas del Gobierno nacional, especialmente aquellas relacionadas con justicia social y ampliación de oportunidades en territorios con mayores índices de pobreza.

Con el objetivo de enfrentar la creciente crisis de movilidad en Yopal, Michael Castro Niño fue nombrado oficialmente como secretario de Movilidad del municipio.

El acto de posesión se realizó ante el alcalde encargado, Jorge Andrés Rodríguez, quien destacó la experiencia técnica del funcionario y el respaldo del mandatario local Marco Tulio Ruiz.

Castro Niño, ingeniero civil y especialista en gestión ambiental, cuenta con más de una década de experiencia en infraestructura vial y transporte.

Fue coordinador técnico del plan vial departamental entre 2021 y 2023, y ahora estará al frente de una dependencia que enfrenta uno de los retos más sensibles de la ciudad: la siniestralidad vial.

El nuevo secretario anunció que su principal compromiso es disminuir el número de víctimas fatales en accidentes de tránsito, que ya superan las 30 en lo corrido del año.

Para ello, implementará estrategias de prevención basadas en análisis técnico de puntos críticos y en el enfoque sistémico de seguridad vial, que articula infraestructura, cultura ciudadana, control y gestión del riesgo.

Durante su intervención, Castro Niño agradeció al alcalde Marco Tulio Ruiz por la confianza depositada en su labor. Aseguró que trabajará con rigor técnico, articulación institucional y enfoque estratégico para mejorar las condiciones de movilidad en el municipio.

Por su parte, el alcalde encargado reiteró el respaldo del gobierno local a esta designación y expresó su confianza en los resultados que se esperan bajo la dirección del nuevo secretario.

La Administración Municipal insistió en que el problema de tránsito no es solo institucional, sino un compromiso de todos los actores sociales.

La reorganización vial, el respeto por las normas y las estrategias técnicas buscan proteger la vida de los yopaleños y construir una ciudad más segura y ordenada.

Una grave situación golpea al sector arrocero, actividad agrícola que en Casanare genera más de 40.000 empleos que pueden entrar en riesgo, según advirtió el gobernador César Ortiz Zorro.

La advertencia surge ante el desequilibrio entre los bajos precios de compra del arroz (1.280 pesos/libra) y los elevados costos de producción (1.500 pesos/libra), lo que podría generar un paro nacional y bloqueos viales a nivel país.

El mandatario señaló que la actual cosecha, afectada por las condiciones climáticas y los problemas de comercialización, expone al departamento a pérdidas estimadas entre 400.000 y 500.000 millones de pesos.

Esto se suma a la reducción de regalías y recortes al Fondo de Pensiones Territoriales (Fompet), que ya limitan los recursos disponibles para atender el impacto económico que se puede suscitar ante una posible crisis de este sector productivo.

Frente a este panorama, Ortiz Zorro propuso la creación de una gran mesa nacional para buscar soluciones urgentes.

Esta convocatoria incluiría a gobernadores de regiones productoras, congresistas, representantes del Gobierno nacional y la industria molinera. El objetivo sería establecer medidas inmediatas que eviten el colapso de la producción arrocera.

El gobernador insistió en la necesidad de subsidios estatales para sostener la industria y pidió solidaridad a las empresas molineras, exhortándolas a mejorar condiciones de pago que permitan la sostenibilidad de los agricultores.

Ortiz Zorro recordó que durante sus épocas de representante a la Cámara, fue coautor de un proyecto de ley que busca crear un fondo de estabilización de precios para el arroz, como herramienta para enfrentar las fluctuaciones del mercado.

También advirtió que para el año 2030 entrarán en vigencia la eliminación de aranceles para el arroz importado, lo que podría comprometer la supervivencia del cultivo en el país, si no se establecen políticas públicas claras.

Asimismo, denunció el impacto del contrabando y las condiciones climáticas adversas que afectan las cosechas actuales, agravando aún más el panorama para este gremio.

La situación no solo pone en peligro el sustento de miles de familias casanareñas, sino que amenaza con desencadenar movilizaciones masivas y bloqueo de vías, si no se toman medidas inmediatas.

El gobernador hizo un llamado urgente a todas las instancias del Estado para proteger a uno de los sectores agrícolas más importantes del país.