En  la historia reciente de Yopal y el departamento de Casanare, un horrendo crimen conmocionó a la comunidad, por el exceso de crueldad con la que actúo el victimario.

Fue la muerte de Yolennis Ermelinda Jiménez Castillo, una mujer de nacionalidad venezolana de 39 años, quien había aceptado cumplir unos turnos como ayudante de cocina, en una finca en el corregimiento de Tilodirán.

La idea era ganar algún dinero para comprarse un celular. La víctima nunca imaginó que aquel ese 20 de agosto de 2023, encontraría la muerte a manos de su excompañero sentimental, Luis Alberto Rivera.

El caso estuvo cargado de muchos altibajos, propios del sistema de justicia colombiano. Sin embargo, casi 10 meses después del crimen la Fiscalía General de la Nación anunció que logró que un juez de conocimiento, imponga al victimario una pena superior a los 32 años de cárcel.

Según la información del ente investigador la mujer murió por ahorcamiento. Luego Rivera la descuartizó y enterró en cuatro fosas diferentes, las cuales fueron halladas en al patio de la finca donde Yolennis fue a trabajar.

Basada en la pruebas aportadas por la Fiscalía, la autoridad judicial encontró responsable a Luis Alberto Rivera por los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. La condena impuesta se deberá cumplir en un establecimiento carcelario.

El escándalo de la comunidad del anillo que tuvo sus orígenes en el año 2005, tiene ahora un nuevo capítulo y es la sentencia a 10 años y 6 meses de cárcel, en un fallo de primera instancia, a dos exoficiales de la Policía vinculados con este proceso.

Se trata de los coroneles retirados Jerson Jair Castellanos, quien fuera gobernador encargado de Casanare y Wilmar Torres Orjuela. Los dos son acusados de constreñimiento a la prostitución y de estar vinculados a una red de prostitución homosexual al interior de la Policía Nacional, que en su momento se conoció como la comunidad del anillo.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, el entonces jefe de seguridad del Congreso, era un asiduo visitante de la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía.

Las visitas del entonces oficial, tenían como objetivo contactar a jóvenes cadetes, a quienes les ofrecía dádivas, a cambio de servir como acompañantes de altos funcionarios del Gobierno y del Congreso.

El ente investigador logró detectar el caso de 5 cadetes quienes fueron objeto de presiones y amenazas de ser retirados de la escuela, obligándolos a reunirse con el coronel Jerson Castellanos.

Por su parte, para la época Torres Orjuela ostentaba el rango de mayor y era jefe de sección de la Escuela General Santander, por lo que tenía mando sobre los alumnos. Situación que aprovechó para facilitar el accionar de Castellanos Soto.

El presidente del Tribunal Superior de Yopal, magistrado Jairo Armando González, confirmó que el hoy concejal y candidato nuevamente a esa corporación, José Antonio Castro, se encuentra legalmente inhabilitado para ejercer cargos públicos.

El proceso que se adelantó en contra del cabildante se originó en hechos ocurridos en el año 2017, cuando, al parecer en estado de embriaguez, el concejal agredió a un ciudadano que se encontraba sentado en una banca del parque de esta localidad.

Como consecuencia la víctima sufrió lesiones en sus costillas y un ojo. El agresor lo golpeó con unas botas punta de acero.

Sobre el fallo condenatorio el magistrado sostuvo que es de 2021 y que el auto se dio porque la sala penal de Corte Suprema de Justicia, inadmitió un recurso de casación que interpuso la defensa de José Antonio Castro.

Es por ello que la providencia condenatoria emitida por un juzgado de Villanueva y ratificada en segunda instancia por el Tribunal, no sufrió ninguna modificación.

Eso quiere decir que el señor José Antonio Castro ya quedó condenado a 40 meses de prisión. Sin embargo el magistrado aclaró que se lo concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Esto significa que no va a ir a la cárcel los  40  meses, pero para aplicar esta medida debe firmar una diligencia y cumplir con las obligaciones que aparecen en el artículo 65 del Código Penal, por un término de prueba mínimo de 2 años. Así mismo no puede aspirar a ningún cargo público.

La autoridad judicial explicó además que el mencionado periodo de prueba, empieza a contarse desde el momento en que se firme la diligencia y que el mismo debe ser superior a la pena impuesta.

Lo anterior se traduce en que el hoy concejal con aspiraciones de repetir, “no podría aspirar porque ya la sentencia quedó ejecutoriada, la imposición de la pena accesoria de ejercer cargos públicos le quedó en firme, no podría aspirar a ningún  cargo público durante el tiempo de la condena. Tampoco puede abandonar el país, debe observar buena conducta, en términos generales es portarse bien”, subrayó el presidente del Tribunal.

Un trabajo investigativo realizado por parte de la Unidad Básica de Investigación Criminal SIJIN Casanare, permitió la captura en la calle 13 con carrera 1 del municipio de Aguazul de un hombre de 28 años de edad, solicitado por el Juzgado Primero Penal del circuito de Yopal, mediante orden judicial.

De acuerdo a las labores adelantadas por los investigadores se pudo establecer que este hombre está pendiente para cumplir condena en centro penitenciario y carcelario por el delito de tráfico fabricación o porte de armas de fuego.

Segùn el reporte policial, esta persona presenta dentro de sus antecedentes un registro en el sistema SPOA por el delito de hurto.

Ángel Javier de Dios de Dios fue capturado el pasado 24 de octubre en inmediaciones de la vereda Las Guacharacas, zona rural del municipio de Nunchía, Casanare, para que cumpla en un centro carcelario la condena de 4 años y 4 meses que le impuso un juez por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos que motivaron la condena ocurrieron el 19 de noviembre del 2017, en la finca Brisas del Cravo, ubicada en zona rural de Yopal, donde se presentó una riña entre el hoy condenado y su víctima, a quien hirió con arma blanca.

La diligencia de captura fue adelantada por hombres del CTI de la Fiscalía y el Gaula militar quienes atendieron la orden impartida por un despacho judicial de Yopal.

Unidades de la Sijìn de la Policía del Departamento de Casanare, lograron la captura en Yopal con fines de cumplimiento de condena por el delito hurto calificado y agravado contra un sujeto que venía delinquiendo en la capital casanareña.

Se trata de Haminton Dubeyber Rodríguez Vargas, alias "Duver" quien cuenta con varias investigaciones y 17 registros en el SPOA como indiciado por los delitos de hurto, amenazas, hurto calificado y agravada, lesiones personales, violencia intrafamiliar, y tráfico de estupefacientes.

La investigación de las autoridades, indica que Rodríguez en compañía de otro sujeto ingresó a una vivienda de la ciudad y hurtaron varios elementos avaluados en 11 millones de pesos.

Exgobernador de Casanare, Whitman Porras se salvó de otra condena. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador del departamento de Casanare, Whitman Herney Porras Pérez, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, relacionado con convenios de la Gobernación de Casanare y la Universidad de Pamplona.

El proceso por el que fue juzgado y absuelto se originó por las presuntas irregularidades cometidas en la celebración de los convenios interadministrativos 026 de 13 de abril de 2007 y 0273 de 26 de junio de 2007, suscritos entre el departamento de Casanare, representado legalmente para entonces por el Gobernador Porras Pérez y la Universidad de Pamplona. Esos convenios estaban relacionados con la ampliación de la cobertura en educación superior en dicho departamento.

La Fiscalía acusó al exgobernador señalando que en la suscripción de los convenios no verificó que se cumplieran los requisitos que rigen la administración pública, y se habían vulnerado los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad.

En la ciudad de Yopal, fue capturado en las últimas horas el exsoldado profesional, Rude Nelson Ríos, condenado a 36 años de prisión por el delito de acceso carnal violento,.

El sujeto abusaba de dos menores de 14 y 9 años en hechos ocurridos entre 2013 y 2016 en Yopal. Uno de estos jóvenes intentò suicidarse en años anteriores.

El exmilitar había quedado en libertad en marzo de 2019 por vencimiento de términos, pero en abril de este año se había reactivado la orden de captura y en junio le fue proferida la sentencia a prisión por sus repudiables crímenes.

En el marco del juicio que se siguió contra Pedro Miguel Alba Galindo; el Tribunal Superior de Tunja ratificó la condena a 10 años y 8 meses de prisión impuesta en su contra por un juez de primera instancia.

Labores de policía judicial evidenciaron cómo el implicado, quien para la época de los hechos se desempeñaba como jefe de la Sijìn de la Policía Nacional en Samacá, Boyacá, planeó el hurto de varios equipos especializados a una empresa carbonera. La misma que, con el propósito de recuperarlos, ofreció el pago de una recompensa.

La investigación da cuenta de que Alba Galindo buscó al propietario de la compañía para informarle que, supuestamente, había sido contactado por los presuntos autores del hurto quienes, según Alba, exigían 100 millones de pesos como contraprestación por devolver los elementos.

El material probatorio evidenció que Alba Galindo fingió ser facilitador entre los responsables del hurto y la empresa para cobrar el dinero. El engaño permitió que el condenado recibiera un primer pago por 20 millones de pesos; y días después otro por 17 millones. Poco después los equipos fueron dejados en un sitio despoblado del Samacá.

Una vez recuperada la maquinaria el CTI Gaula Boyacá asumió la investigación que permitió identificar a Pedro Miguel Alba Galindo como responsable del hurto.

Por esto hechos la Fiscalía imputó al procesado como responsable de incurrir en los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso con concusión.

Ante la contundencia del material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Soacha (Cundinamarca) condenó a un hombre a 60 años de prisión por el crimen de su tía (una madre comunitaria) y una prima de 8 años, ocurrido el 19 de junio de 2019, en el barrio Villa Mercedes de Soacha.

El sentenciado fue declarado responsable de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, y deberá permanecer en la cárcel La Modelo de Bogotá, luego que las autoridades lograrán demostrar que el procesado estuvo en el lugar del asesinato e intentó de múltiples formas desaparecer la evidencia que lo comprometía. De igual manera, se halló el arma cortopunzante que usó para atacar a sus familiares.

El camino a la verdad Los primeros pasos de la investigación apuntaron a alguien cercano o de confianza de las víctimas, toda vez que las chapas, ventanas y tejas de la vivienda en la que fueron encontrados los cuerpos no estaban forzadas ni deterioradas. En la inspección al inmueble se constató que un colchón y un bafle estaban perforados.

Uno de los hijos de la mujer aseguró que del parlante fueron sustraídos 5 millones de pesos que su madre había ocultado. Señaló que su primo sabía que en el artículo estaba guardada esa suma de dinero y lo culpó de algunos robos que se presentaron en la familia. En ese sentido, el sobrino de la madre comunitaria fue citado a versión libre.

En la diligencia los funcionarios judiciales se percataron que el joven tenía varias heridas en las manos. Al ser cuestionado sobre las lesiones aseguró que fueron ocasionadas con una escalera; sin embargo, parecían heridas de cuchillo.

Ante las sospechas, el hombre fue requisado y se le halló una navaja ‘pata de cabra’ de tres hojas. En los análisis realizados al arma se constató que tenía rastros de sangre, esta evidencia fue contrastada con algunas manchas que también se encontraron en el parlante y en diferentes lugares de la casa donde se presentó el asesinato. Los resultados fueron concluyentes, las muestras de sangre coincidieron, pertenecían a una misma persona: el hoy sentenciado.

En allanamiento a la residencia de esta persona, también se detectó sangre en el lavadero, la ducha, una habitación y una toalla. Las pruebas forenses permitieron conocer que varias partes del inmueble fueron limpiadas y algunas prendas lavadas para borrar los vestigios del homicidio. La chaqueta que el hombre usó el día del crimen no fue ubicada. El homicida la desapareció, sin embargo, pudo detallarse en varios videos de cámaras de seguridad recuperados en distintos puntos que recorrió.