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Adolescente de 15 años sancionado por homicidio del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes impuso una sanción de siete años de privación de libertad a un menor de 15 años, responsable del ataque armado que provocó la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Los hechos ocurrieron el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, durante una concentración política en el parque El Golfito.
El adolescente, quien aceptó los cargos en audiencia de acusación el 4 de agosto, disparó contra el senador tras recibir el arma de fuego en un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González y entregada por Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”.
El menor fue interceptado por el esquema de seguridad del senador y puesto a disposición de las autoridades.
La sanción contempla su reclusión en un centro especializado para adolescentes, bajo seguimiento judicial. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer la participación de los adultos involucrados en la planeación del crimen.
Hombre es enviado a prisión por feminicidio de su excompañera sentimental en Granada, Meta.
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 40 años, señalado de cometer feminicidio agravado en contra de su excompañera sentimental, madre de sus dos hijos, en el municipio de Granada, Meta.
El crimen ocurrió el pasado 18 de agosto en una vivienda del barrio La Sabana, donde la víctima residía junto a sus hijos y su hermana. Según la investigación de la Fiscalía Seccional Meta, el agresor llegó al lugar, aprovechó que una ventana estaba abierta y le disparó a la mujer en presencia de sus hijos y un sobrino, todos menores de edad.
Tras el ataque, el hombre huyó en una motocicleta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. El procesado fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional y posteriormente aceptó su responsabilidad ante el delito imputado.
Las pruebas recolectadas revelaron que durante la relación, el hombre ejercía maltrato verbal y psicológico contra la mujer, lo que la llevó a separarse y buscar refugio en la casa de su hermana.
Envían a la cárcel a hombre acusado de asesinar y desmembrar a ciudadano italiano en Santa Marta
Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Alfredo Diazgranados Sotelo, señalado de participar en el asesinato de un ciudadano italiano en Santa Marta.
El crimen ocurrió el pasado 5 de abril en el barrio El Pando, donde la víctima fue citada mediante engaños. Según la Fiscalía, una vez en el lugar, el extranjero, primero fue puesto en estado de indefensión, para despojarlo de sus pertenencias y fue golpeado hasta quitarle la vida. Posteriormente, su cuerpo fue desmembrado.
Las investigaciones indican que el implicado habría ocultado partes del cuerpo en bolsas plásticas y las abandonó en distintos sectores de la ciudad.
Igualmente, la Fiscalía indicó que, con base en los elementos probatorios, dicho sujeto fue capturado e imputado por homicidio agravado, hurto calificado agravado y ocultamiento de evidencia.
Las autoridades continúan con el proceso judicial para esclarecer todos los detalles del caso.
Tribunal ratifica condena de 60 años por ataque a sede de la Registraduría en Gamarra, Cesar
El Tribunal Superior de Valledupar dejó en firme la condena de 60 años de prisión contra Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado, responsables del violento ataque a la sede de la Registraduría Nacional en el municipio de Gamarra, Cesar, ocurrido el 28 de octubre de 2023.
Durante el asalto, varios ciudadanos irrumpieron en el edificio en medio de golpes y agresiones, y posteriormente le prendieron fuego. El hecho dejó como saldo la muerte de una funcionaria de la entidad y seis personas heridas.
Planeación y ejecución del ataque
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlys Bermúdez Rubiano, ocultaron y transportaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé.
El combustible fue entregado a William Castro Torrado y otros dos hombres, quienes lo rociaron en el inmueble antes de iniciar el incendio.
Las pruebas recaudadas permitieron establecer la responsabilidad directa de los implicados en el crimen, lo que llevó a la imposición de la máxima pena contemplada por la legislación colombiana.
Reacción institucional
La Registraduría Nacional rechazó en su momento el ataque y reiteró su compromiso con la protección de sus funcionarios y el fortalecimiento de la democracia.
Hombre recibe 27 años de prisión por triple homicidio en discoteca de Jamundí
Un juez de Cali sentenció a Jeanklin José Zurita Cortez a 27 años y dos meses de prisión por su participación en un ataque armado que dejó tres muertos y siete heridos en una discoteca del barrio Bonanza, en Jamundí, Valle del Cauca, el pasado 16 de febrero.
La Fiscalía General de la Nación demostró que Zurita Cortez, junto con dos hombres más, llegó en un vehículo al establecimiento y abrió fuego de manera indiscriminada contra los asistentes.
Las autoridades capturaron al, ahora, condenado en flagrancia, minutos después del hecho, en la vía hacia Villa Rica, Cauca. Durante el operativo, se incautaron el arma de fuego, las municiones y el vehículo utilizados en el crimen.
El fallo condenatorio incluye los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El juez negó la posibilidad de suspensión de la pena o prisión domiciliaria para el sentenciado.
La investigación, que culminó con un preacuerdo entre la Fiscalía y Zurita Cortez, permitió esclarecer los hechos ocurridos en el establecimiento comercial, donde las víctimas fueron atacadas sin motivo aparente, según las autoridades.
Fiscalía embarga bienes a la petrolera Perenco por presunta financiación de paramilitares en Casanare
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre dos oficinas en Bogotá pertenecientes a una empresa petrolera de origen francés, Perenco, señalada de financiar grupos paramilitares en el departamento de Casanare entre 1997 y 2005.
La decisión fue adoptada por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, a solicitud de la Dirección de Justicia Transicional.
Las medidas incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre los inmuebles, cuyo valor comercial asciende a más de 41 mil millones de pesos, equivalentes a unos 10 millones de dólares.
Los bienes fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el objetivo de destinarlos a la indemnización de personas afectadas por la violencia paramilitar en esa región del país.
La Fiscalía logró identificar los activos tras recopilar información sobre la estructura corporativa de la compañía mediante la read de recuperación de activos del grupo de acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Colombia hace parte.
También se aplicaron técnicas de análisis criminal y se recolectaron pruebas que, según el ente acusador, demuestran que altos directivos de la empresa autorizaron aportes ilegales a grupos armados.
Entre las evidencias figuran contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos, así como testimonios de exintegrantes del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
En sus versiones libres, Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco afirmaron que la compañía entregó dinero, combustible, alimentos y transporte a cambio de seguridad en zonas de extracción petrolera.
Las labores investigativas fueron desarrolladas por fiscales del grupo de persecución de bienes de la Dirección de Justicia Transicional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y otras entidades judiciales.
Autoridades capturan cuatro personas señaladas de cometer varios homicidios en Yopal
Cuatro personas señaladas de cometer varios asesinatos en la ciudad de Yopal fueron capturadas. Entre los detenidos se encuentra Gustavo Ramón Corona Anguelle, alias “Ramón”, a quien las autoridades identifican como líder de la estructura delictiva.
La intervención fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Durante la fase previa, el Grupo Aéreo del Casanare utilizó sobrevuelos con aviones y drones tácticos para obtener información clave sobre los movimientos de los sospechosos y el terreno.
Según las investigaciones, alias “Ramón” tendría antecedentes por homicidio en el extranjero y estaría relacionado con la estructura liderada por alias “Jaudy” y alias “Mortadelo”.
Este grupo operaba bajo el nombre del “Tren de Aragua”, organización criminal de alcance internacional, como una forma de generar temor y consolidar control sobre el territorio.
Los otros tres capturados serían colaboradores directos de “Ramón” y estarían implicados en hechos violentos ocurridos en Yopal desde 2024 hasta la fecha. Las autoridades señalan que estas acciones estarían relacionadas con el incremento de homicidios en la zona.
Con este operativo, se considera que se logró afectar la capacidad operativa del grupo ilegal, en especial su red de sicariato, y se reforzó la seguridad en la capital de Casanare.
Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la participación de los detenidos en otros delitos.
Bogotá: A la cárcel banda señalada de secuestrar y abusar de una mujer, entre los detenidos figura un patrullero de la Policía
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a siete presuntos integrantes de una red delincuencial que estarían involucrados en el secuestro y abuso sexual a una mujer, en hechos ocurridos el 3 de julio de 2024, en la localidad de Puente Aranda de Bogotá.
En el curso de la investigación se acreditó que la víctima, dedicada a la venta de paquetes turísticos, fue citada mediante engaños para pactar la supuesta compra de un viaje. Al llegar al sitio indicado habría sido trasladada a un inmueble, retenida durante 10 horas y sometida a vejámenes sexuales y agresiones físicas.
Una fiscal Gaula de la Seccional Bogotá imputó a los presuntos involucrados los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y acceso carnal violento, las tres conductas agravadas; además de acceso abusivo a sistema informático y concierto para delinquir.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Entre los afectados con la decisión está el patrullero Daniel Andrés Arciniegas Arciniegas, quien es señalado de obligar a la mujer a entregar información personal para ingresar y vaciar sus cuentas bancarias, y de contactar a los familiares para exigirles dinero a cambio de una liberación.
Los demás fueron identificados como Angie Carolina Vizcano Sanabria, Nelson Alejandro Flórez Peralta, Juan David Hernández Pardo, Andrés Camilo Flórez Peralta, William Darío Hernández Pardo y William Alexander Montenegro Portela.
Fueron enviados a la cárcel presuntos responsables de robo informático a la Alcaldía de Cáchira (Norte de Santander)
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro de los presuntos involucrados en un robo informático a la Alcaldía de Cáchira (Norte de Santander), ocurrido el 18, 19, 24 y 25 de abril de 2024.
Se trata de Hugo Miguel Hazbún Reyes, quien habría recibido la mayor cantidad del dinero, Juan Carlos Domínguez Medina, Laura Vanesa Escamilla García y Ruth Marleny Medina Díaz, señalados de prestar sus cuentas personales para recibir los recursos que eran transferidos irregularmente.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó a estas personas el delito de hurto por medios informáticos agravado, el cual no fue aceptado.
Las evidencias recopiladas indican que los imputados se habrían beneficiado de la suplantación al alcalde y a la tesorera de Cáchira, que se logró a través de información privilegiada para acceder a las plataformas virtuales de la entidad bancaria en la que el municipio tenía los dineros del programa ‘Colombia Rural’, creado para financiar la construcción de carreteras veredales.
Con los datos de los usuarios y las contraseñas, al parecer, se hicieron cinco movimientos bancarios a los imputados, con los que lograron apropiarse de 1.400 millones de pesos.
Judicializados dos hombres acusados de violencia intrafamiliar en Yopal, Casanare
Dos hombres fueron enviados a prisión por orden de jueces de control de garantías en Yopal, Casanare, tras ser señalados de agredir a integrantes de su núcleo familiar en casos distintos. La medida fue impuesta a solicitud de la Fiscalía General de la Nación.
El primero de los acusados fue detenido el 6 de mayo por la Policía Nacional, luego de que presuntamente atacara en repetidas ocasiones a su madre y hermanas. Según las investigaciones, en medio de la agresión, habría arrojado una sustancia a una de las víctimas, causándole quemaduras.
En otro caso, otro hombre fue capturado por las autoridades tras ser acusado de violencia física y psicológica contra su madre y su hermana. Además de las agresiones, se le atribuyen amenazas de muerte y la destrucción de objetos en la vivienda familiar.
Fiscales de la Seccional Casanare imputaron a los detenidos los delitos de violencia intrafamiliar agravada y lesiones con agentes químicos, ácido o sustancias similares. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las autoridades continúan con el seguimiento de estos casos para garantizar la seguridad de las víctimas y el cumplimiento del proceso judicial.