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La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre dos oficinas en Bogotá pertenecientes a una empresa petrolera de origen francés, Perenco, señalada de financiar grupos paramilitares en el departamento de Casanare entre 1997 y 2005.

La decisión fue adoptada por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, a solicitud de la Dirección de Justicia Transicional.

Las medidas incluyen embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición sobre los inmuebles, cuyo valor comercial asciende a más de 41 mil millones de pesos, equivalentes a unos 10 millones de dólares.

Los bienes fueron entregados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el objetivo de destinarlos a la indemnización de personas afectadas por la violencia paramilitar en esa región del país.

La Fiscalía logró identificar los activos tras recopilar información sobre la estructura corporativa de la compañía mediante la read de recuperación de activos del grupo de acción financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Colombia hace parte.

También se aplicaron técnicas de análisis criminal y se recolectaron pruebas que, según el ente acusador, demuestran que altos directivos de la empresa autorizaron aportes ilegales a grupos armados.

Entre las evidencias figuran contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos, así como testimonios de exintegrantes del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

En sus versiones libres, Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco afirmaron que la compañía entregó dinero, combustible, alimentos y transporte a cambio de seguridad en zonas de extracción petrolera.

Las labores investigativas fueron desarrolladas por fiscales del grupo de persecución de bienes de la Dirección de Justicia Transicional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y otras entidades judiciales.

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Cuatro personas señaladas de cometer varios asesinatos en la ciudad de Yopal fueron capturadas. Entre los detenidos se encuentra Gustavo Ramón Corona Anguelle, alias “Ramón”, a quien las autoridades identifican como líder de la estructura delictiva.

La intervención fue posible gracias a un trabajo articulado entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Durante la fase previa, el Grupo Aéreo del Casanare utilizó sobrevuelos con aviones y drones tácticos para obtener información clave sobre los movimientos de los sospechosos y el terreno.

Según las investigaciones, alias “Ramón” tendría antecedentes por homicidio en el extranjero y estaría relacionado con la estructura liderada por alias “Jaudy” y alias “Mortadelo”.

Este grupo operaba bajo el nombre del “Tren de Aragua”, organización criminal de alcance internacional, como una forma de generar temor y consolidar control sobre el territorio.

Los otros tres capturados serían colaboradores directos de “Ramón” y estarían implicados en hechos violentos ocurridos en Yopal desde 2024 hasta la fecha. Las autoridades señalan que estas acciones estarían relacionadas con el incremento de homicidios en la zona.

Con este operativo, se considera que se logró afectar la capacidad operativa del grupo ilegal, en especial su red de sicariato, y se reforzó la seguridad en la capital de Casanare.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la participación de los detenidos en otros delitos.

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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a siete presuntos integrantes de una red delincuencial que estarían involucrados en el secuestro y abuso sexual a una mujer, en hechos ocurridos el 3 de julio de 2024, en la localidad de Puente Aranda de Bogotá.

En el curso de la investigación se acreditó que la víctima, dedicada a la venta de paquetes turísticos, fue citada mediante engaños para pactar la supuesta compra de un viaje. Al llegar al sitio indicado habría sido trasladada a un inmueble, retenida durante 10 horas y sometida a vejámenes sexuales y agresiones físicas.

Una fiscal Gaula de la Seccional Bogotá imputó a los presuntos involucrados los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y acceso carnal violento, las tres conductas agravadas; además de acceso abusivo a sistema informático y concierto para delinquir.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Entre los afectados con la decisión está el patrullero Daniel Andrés Arciniegas Arciniegas, quien es señalado de obligar a la mujer a entregar información personal para ingresar y vaciar sus cuentas bancarias, y de contactar a los familiares para exigirles dinero a cambio de una liberación.

Los demás fueron identificados como Angie Carolina Vizcano Sanabria, Nelson Alejandro Flórez Peralta, Juan David Hernández Pardo, Andrés Camilo Flórez Peralta, William Darío Hernández Pardo y William Alexander Montenegro Portela.

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Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro de los presuntos involucrados en un robo informático a la Alcaldía de Cáchira (Norte de Santander), ocurrido el 18, 19, 24 y 25 de abril de 2024.

Se trata de Hugo Miguel Hazbún Reyes, quien habría recibido la mayor cantidad del dinero, Juan Carlos Domínguez Medina, Laura Vanesa Escamilla García y Ruth Marleny Medina Díaz, señalados de prestar sus cuentas personales para recibir los recursos que eran transferidos irregularmente.

Una fiscal  de  la  Dirección  Especializada  contra  los  Delitos Informáticos imputó a estas personas el delito de hurto por medios informáticos agravado, el cual no fue aceptado.

Las evidencias recopiladas indican que los imputados se habrían beneficiado de la suplantación al alcalde y a la tesorera de Cáchira, que se logró a través de información privilegiada para acceder a las plataformas virtuales de la entidad bancaria en la que el municipio tenía los dineros del programa ‘Colombia Rural’, creado para financiar la construcción de carreteras veredales.

Con los datos de los usuarios y las contraseñas, al parecer, se hicieron cinco movimientos bancarios a los imputados, con los que lograron apropiarse de 1.400 millones de pesos.

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Dos hombres fueron enviados a prisión por orden de jueces de control de garantías en Yopal, Casanare, tras ser señalados de agredir a integrantes de su núcleo familiar en casos distintos. La medida fue impuesta a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. 

El primero de los acusados fue detenido el 6 de mayo por la Policía Nacional, luego de que presuntamente atacara en repetidas ocasiones a su madre y hermanas. Según las investigaciones, en medio de la agresión, habría arrojado una sustancia a una de las víctimas, causándole quemaduras. 

En otro caso, otro hombre fue capturado por las autoridades tras ser acusado de violencia física y psicológica contra su madre y su hermana. Además de las agresiones, se le atribuyen amenazas de muerte y la destrucción de objetos en la vivienda familiar. 

Fiscales de la Seccional Casanare imputaron a los detenidos los delitos de violencia intrafamiliar agravada y lesiones con agentes químicos, ácido o sustancias similares. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. 

Las autoridades continúan con el seguimiento de estos casos para garantizar la seguridad de las víctimas y el cumplimiento del proceso judicial. 

 

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La Octava División del Ejército a través de su cuenta en X informó que producto de un operativo adelantado de manera coordinada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró desmantelar un laboratorio para la producción de cocaína, ubicado en zona rural del municipio de Orocué, Casanare.

En el lugar se encontró una locación improvisada, donde se encontraban ocultos varios insumos utilizados en el procesamiento del clorhidrato de coca.

Adicionalmente las autoridades encontraron en el interior más de 500 kilos de cocaína listos para se embarcados con destinos internacionales, como los países europeos.

Igualmente fueron hallados 575 kilo de insumos sólidos, 264 galones de clorhidrato de cocaína líquida, 132 galones de base de coca, 5 hornos microondas, 2 plantas eléctricas, una motobomba, una prensa, una secadora, además de provisiones y alojamiento para albergar a 20 personas.

La información oficial no reportó personas capturas. El material incautado fue destruido.

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Un impactante caso de secuestro y abuso sexual ha salido a la luz en la ciudad de Medellín, donde un hombre identificado como Carlos Humberto Grisales Higuita, fue acusado de haber mantenido cautiva a una niña durante 12 años. 

La menor, que fue reportada como desaparecida desde 2012, tenía solo 7 años cuando el hombre, quien trabajaba como conductor de un vehículo de transporte escolar, la retuvo y la llevó a una vivienda en el centro de la ciudad.

La Fiscalía General de la Nación ha imputado a Grisales Higuita varios delitos graves, incluyendo secuestro simple, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años.

Según las investigaciones, el acusado manipuló psicológicamente a la niña, haciéndole creer que los abusos eran comportamientos normales.

Durante más de una década, el adulto cambió el nombre de la víctima y la trasladó entre diferentes inmuebles en Medellín y Bello, manteniéndola desescolarizada e incomunicada.

A lo largo de este tiempo, la menor fue privada de su libertad y alejada de su familia y amigos. Fue solo al cumplir 16 años que comenzó a cuestionar al agresor sobre el trato que recibía. En represalia por sus reclamos, fue encerrada en una casa, pero logró escapar en febrero de este año.

Tras su fuga, las autoridades capturaron a Grisales Higuita, quien no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares. Un juez ha decidido enviarlo a prisión mientras se lleva a cabo el proceso judicial.

Este caso resalta la alarmante problemática de los delitos sexuales contra menores en Colombia, donde se han registrado miles de casos similares en los últimos años. Las autoridades han instado a las víctimas y sus familias a denunciar cualquier abuso para proteger los derechos de los niños y adolescentes.

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La Fiscalía General de la Nación informó que adelantó una investigación en respuesta a las denuncias de extorsiones e intimidaciones presentadas por comerciantes y agricultores del sector arrocero en Casanare. Esta acción se centra en una estructura del 'Clan del Golfo' que opera en el oriente del país.

Las investigaciones permitieron identificar a José Arandú Segua, conocido como alias "Guandú" o "Fermín", quien supuestamente lidera este grupo armado ilegal y es señalado como el principal responsable de las extorsiones en la región.

Su captura se realizó en Yopal, gracias a una operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), unidades del Gaula del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

Un fiscal de la Seccional Casanare presentó a Arandú ante un juez de control de garantías, donde se le imputaron los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos. El acusado no aceptó los cargos y permanecerá bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Se le atribuye a "Guandú" la imposición de cuotas ilegales a los arroceros y agricultores de Yopal, Aguazul y otras localidades, exigiendo pagos que oscilaban entre 30.000 y 90 millones de pesos, dependiendo del tamaño de sus cultivos.

La investigación también reveló que Arandú asumió el control del 'Clan del Golfo' en la región tras la muerte de Robinson Oquendo Guisao, alias "Camilo", durante una operación policial en Mapiripán (Meta) en septiembre de este año.

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Tres individuos señalados de hacer parte de las disidencias de las Farc, 'Segunda Marquetalia', fueron asegurados en un centro carcelario tras ser acusados de reclutamiento ilícito y otros delitos.

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que evidencian el reclutamiento forzado de un adolescente en el oriente del país.

Los detenidos, identificados como Diego Fernando Camayo Díaz, alias "El Indio"; Heyller Alejandro Castañeda Murcia; y Fabial Steven Palacios, fueron llevados ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. A pesar de las acusaciones, los procesados no aceptaron los cargos.

La captura se llevó a cabo en Puerto Rico, Meta, donde las autoridades interceptaron a los sospechosos mientras se trasladaban en dos motocicletas.

Durante la operación, se encontraron dos pistolas calibre 9 milímetros y tres teléfonos celulares, además del menor que supuestamente fue reclutado.

El adolescente, víctima de reclutamiento. declaró que fue contactado por "El Indio" hace dos semanas y que fue forzado a unirse al grupo armado ilegal para llevar a cabo actividades criminales contra la población y las Fuerzas Armadas en esta región del país.

Esta situación resalta la problemática del reclutamiento forzado de menores en el contexto del conflicto armado colombiano.

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El Ejército Nacional informó que unidades del Grupo de Caballería Mecanizado Guías del Casanare, hizo parte de un trabajo interinstitucional donde también participó la Fiscalía General de la Nación, la Policía y la FAC, que dio como resultado la captura de alias “Kiliam”.

Este sujeto es señalado por las autoridades, como presunto coordinador de las acciones terroristas perpetradas por el frente 28 de las disidencias de las Farc.

Su detención se dio por orden judicial. Ahora deberá responder por una serie de delitos y acciones violentas de las cuales es señalado, como ataques a la Fuerza Pública en mayo pasado, el lanzamiento de una granada a una empresa dedicada a sistemas fotovoltaicos, el atentado con arma de fuego a un líder social y la instalación de artefactos explosivos en zona urbana del municipio de Hato Corozal

También es acusado de participar en la incineración de vehículos de transporte público, entre otros delitos, como homicidios y secuestros selectivos.

Al parecer, la influencia de este sujeto se concentraba en el norte del departamento de Casanare, especialmente en los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal, Támara, Sácama y La Salina.

Alias Kiliam fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su debido proceso de judicialización, luego del trabajo de investigación interinstitucional, que llevó a que se hiciera efectiva una orden de captura en su contra.

 

 

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