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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con Fontur y la Fundación Pintuco, entregó oficialmente el proyecto Destinos con Color, una iniciativa que busca fortalecer el turismo comunitario en cuatro municipios del Caribe colombiano.

Las poblaciones vinculadas con esta iniciativa son El Banco, Santa Bárbara de Pinto, Sitionuevo (corregimiento de Nueva Venecia) y San Basilio de Palenque.

Con una inversión de $5.093 millones, de los cuales el 87 % fue aportado por Fontur, el proyecto logró beneficiar directamente a 1.900 personas e impactar de manera indirecta a cerca de 91.800 habitantes.

La estrategia se enmarca en los esfuerzos del Gobierno nacional por reactivar el turismo fluvial en el río Magdalena y posicionar estos territorios como destinos de interés internacional.

Entre los principales logros se destacan la consolidación de cuatro rutas turísticas basadas en la memoria y tradiciones locales, la revitalización de 31.090 m² de fachadas, la elaboración de 37 murales que suman 1.180 m², y la instalación de cinco espacios comunitarios con mobiliario urbano en tres de los municipios intervenidos.

Las rutas turísticas creadas incluyen Los Colores de la Cumbia en El Banco, El Color de las Tradiciones en Santa Bárbara de Pinto, Tras las Huellas del Agua en Nueva Venecia y Palenque Viva, Retratos de Nuestra Memoria en San Basilio de Palenque.

Cada recorrido resalta el patrimonio cultural y natural de las comunidades, con un papel destacado de las mujeres en la transmisión de saberes y la generación de ingresos.

Además de las intervenciones físicas, se realizaron talleres de formación y encuentros comunitarios para fortalecer emprendimientos turísticos con enfoque en sostenibilidad e inclusión.

También se promovieron ferias de emprendimiento y rutas interactivas que contribuyeron a la organización local y a la construcción de una visión integral del territorio como destino emergente.

La ministra de comercio, industria y turismo, Diana Marcela Morales Rojas, destacó el impacto del proyecto. “Hoy celebramos que el río Magdalena y sus orillas vuelven a llenarse de vida y esperanza. Este proyecto reafirma que el turismo es una herramienta para dignificar comunidades, recuperar la memoria y abrir caminos de reconciliación y paz.”

El comercio electrónico en Colombia ha dejado de ser una simple alternativa de compra para convertirse en un pilar estratégico de la economía nacional, con un crecimiento exponencial que lo consolida como un sector de vital importancia para el desarrollo tecnológico del país.

Según el Informe de cierre del comportamiento del comercio electrónico en Colombia durante 2024, publicado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el sector alcanzó la cifra récord de $105 billones de pesos en ventas, lo que representa un aumento del 26,7% con respecto al año anterior.

Este avance estuvo acompañado por un incremento del 21% en el número de transacciones, superando los 511 millones.

El dinamismo del comercio digital colombiano se refleja en el crecimiento de sus principales categorías. Un estudio de Payments & Commerce Market Intelligence para 2025 revela que tecnología (28%), otros minoristas (15%) y entretenimiento (11%) fueron los rubros más vendidos en línea.

Las categorías de libros y papelería, hogar, moda y belleza mostraron un crecimiento superior al 100% durante el 2024, lo que demuestra la diversificación de las compras digitales.

Un factor clave en este crecimiento ha sido la adopción de soluciones de pago digital. El débito a cuenta bancaria a través de PSE se mantiene como el método de pago más utilizado, representando el 60,23% de las transacciones, seguido por las tarjetas de crédito y débito.

La penetración de la Internet en el país también es un factor determinante, ya que el 88% de la población adulta ya realiza compras en línea, según datos del Gobierno citados por Payments & Commerce Market Intelligence.

A pesar de los desafíos, como la necesidad de fortalecer la ciberseguridad y la confianza del consumidor, las proyecciones para el e-commerce en Colombia son muy positivas.

Si las cifras fueron sorprendentes durante el año pasado, para el segundo trimestre de 2025, son aún más alentadoras. Durante este lapso se lograron ventas por 26,9 billones de pesos. Guarismo un 3 por ciento superior al mismo periodo de 2024.

Estos datos revelados por la Cámara de Colombiana de Comercio Electrónico también señalan que el número de transacciones fue de 140,6 millones de operaciones realizadas.

Este panorama posiciona a Colombia como uno de los mercados con mayor potencial en América Latina.

El sector turístico de Colombia se encamina a cerrar el 2025 con cifras sin precedentes, consolidando su posición como un pilar fundamental para la economía nacional.

Según proyecciones de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), se espera que el país reciba un total de 7,2 millones de visitantes extranjeros para el final del año, marcando un hito histórico.

El crecimiento sostenido del turismo internacional se ha convertido en una de las principales herramientas para la diversificación económica del país.

Las cifras de Migración Colombia y la Aeronáutica Civil indican que, en el primer semestre de 2025, la llegada de visitantes extranjeros creció un 6,6% en comparación con el mismo período del año anterior, una tendencia que ha sido impulsada por las campañas de promoción del país como "Colombia, País de la Belleza".

El impacto de este auge se refleja directamente en la economía. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), se estima que el sector turístico contribuirá con 21,6 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia durante 2025.

Este valor supera los 21 mil millones de dólares que el turismo aportó al PIB en 2024, cuando la actividad representó el 5% del total nacional y generó más de 1,2 millones de empleos, es decir, el 5,4% de la fuerza laboral del país.

El Gobierno, a través de ProColombia y el MinCIT, ha reforzado sus estrategias de promoción internacional, con una inversión superior a los 188.000 millones de pesos, orientadas a posicionar a Colombia como un destino confiable, sostenible y atractivo.

A pesar del panorama positivo, el sector enfrenta desafíos como la seguridad en ciertas regiones y la necesidad de mejorar la competitividad territorial, aspectos que se discutieron en eventos clave de la industria, como el Congreso Nacional de Agencias de Viajes, que se desarrollo en la capital de Antioquia el pasado  21 y 22 de agosto.

El crecimiento no solo se concentra en destinos tradicionales como Bogotá, Medellín y Cartagena, que siguen siendo las principales puertas de entrada para los turistas, sino que también se expande a regiones emergentes con gran potencial, lo que fomenta el desarrollo regional y la inclusión.

Este fin de semana, Montería fue testigo de un gesto que reafirma el valor de la integridad. Carlos Elías López, un ciudadano desempleado, encontró $30 millones de pesos en el sector de Homecenter y, sin dudarlo, los entregó a la Policía Metropolitana de la ciudad para que lo devolvieran a su legítimo dueño.

Se conoció que el dinero, producto de un CDT, fue restituido a su propietario, luego de la verificación de la documentación correspondiente.

La acción de Carlos no solo conmovió a la comunidad, sino que también llamó la atención del alcalde Hugo Kerguelén, quien decidió recompensar su honestidad con una oportunidad laboral en la Secretaría de Hacienda.

“Personas como tú, que actúan con principios y valores, son las que necesitamos en nuestra ciudad y en el país. ¡Bienvenido a la administración, ahora vas a cuidar la plática de los monterianos!”, expresó el mandatario.

La Policía Metropolitana también destacó el ejemplo de Carlos, subrayando cómo gestos como este fortalecen la confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

Historias como esta nos recuerdan que la honestidad sigue siendo un valor que transforma vidas.

La Policía Nacional confirmó las identidades de los 12 uniformados asesinados en el atentado perpetrado el pasado jueves 21 de agosto en la vereda Los Toros, municipio de Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero fue derribado por un dron cargado con explosivos, presuntamente operado por disidencias del frente 36 de las Farc, bajo el mando de alias “Calarcá”.

Las víctimas fueron identificadas como:

  • Mayor Carlos Mateus
  • Subteniente Nicolás Ovalle
  • Subintendente José Camacho
  • Patrulleros: Neiver Zúñiga, José Valera, Yeison Samboní, Rafael Anaya, Edwin Zúñiga, Jonathan Jiménez, Michael Astaiza, Richard Lagos y Juan Guzmán.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, expresó su dolor ante la tragedia: “Hoy es un día de luto para la Policía Nacional y para Colombia. El terrorismo segó la vida de 12 valientes policías y dejó heridos a otros cuatro. Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias”.

El ataque ocurrió mientras los uniformados realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos. La aeronave, un helicóptero Black Hawk, había dejado a los policías en tierra y regresaba para recogerlos cuando fue impactada por un dron.

Las autoridades han desplegado máximas capacidades institucionales para dar con los responsables, intensificando la ofensiva contra las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y la autodenominada Junta del Narcotráfico.

La tragedia en Amalfi se suma a una escalada de violencia que ha cobrado la vida de 78 policías en lo que va del año, según cifras del Ministerio de Defensa. Colombia se une en duelo y exige justicia para quienes dieron su vida en cumplimiento del deber.

La tarde del jueves 21 de agosto de 2025 quedará marcada por el horror en Cali, luego de que un carro bomba explotara cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, en la carrera 8.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:50 p.m., generando una fuerte onda explosiva que dejó un saldo preliminar de seis personas fallecidas, incluyendo un menor de edad, y al menos 71 heridos, muchos de ellos civiles que transitaban por la zona.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) condenó el atentado a través de un comunicado oficial, calificándolo como un acto terrorista. Las primeras investigaciones indican que el vehículo utilizado estaba cargado con cilindros bomba, lo que provocó daños en seis automóviles, viviendas y locales comerciales del sector.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó el ataque y anunció una recompensa de hasta $400 millones por información que permita capturar a los responsables.

Además, se implementaron restricciones al tránsito de camiones pesados entre las 7:00 p.m. y las 4:00 a.m., mientras se refuerza la seguridad en la ciudad.

Videos compartidos en redes sociales muestran el caos tras la explosión, con columnas de humo, ambulancias y cuerpos de socorro atendiendo la emergencia.

Por su parte el presidente Gustavo Petro condenó el ataque como una "reacción terrorista" de las disidencias de las FARC, específicamente la facción liderada por alias "Iván Mordisco", en represalia por recientes derrotas militares en el cañón del Micay.

El ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, lo atribuyó al "cartel del narco alias 'Mordisco'" y anunció que el país se encuentra en "máxima alerta", sin descartar medidas excepcionales ante posibles nuevos atentados.

Este incidente coincide con otro ataque el mismo día en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero policial fue derribado, resultando doce policías muertos y otros trece heridos, elevando el total de víctimas fatales en el país a más de 18 en una sola jornada.

La Registraduría Nacional del Estado Civil recibió una solicitud para inscribir un comité promotor de un referendo derogatorio del "Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" y la "Paz Total". La entidad registró el comité el 29 de julio.

El referendo busca que los ciudadanos aprueben o rechacen la derogación de 18 normativas, incluyendo actos legislativos y leyes. El formulario para la recolección de firmas contiene estas 18 preguntas y la exposición de motivos de la propuesta.

El comité promotor tiene seis meses para recolectar las firmas necesarias, que equivalen al 5 % del censo electoral nacional, lo que se traduce en 2.057.394 firmas.

La Registraduría aclaró que su función se limitó a registrar el comité, y que aún no ha tomado decisiones sobre la constitucionalidad del referendo.

La revisión previa de la constitucionalidad de la convocatoria del referendo le corresponde a la Corte Constitucional. Una vez que la Registraduría certifique las firmas y el Consejo Nacional Electoral (CNE) los estados contables, la iniciativa pasará al Congreso de la República y a la revisión de la Corte Constitucional.

Sábado, 02 Agosto 2025 06:22

Uribe cuestiona sentencia en su contra

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En una audiencia cargada de tensión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez arremetió en contra la sentencia que lo condenó, en primera instancia, a 12 años de privación de la liberta en detención domiciliaria y desarrollo de su proceso judicial, denunciando una serie de irregularidades y presuntos sesgos.

Uribe Vélez expresó su preocupación por el "término tan corto" de tiempo otorgado a su defensa para revisar la sentencia de 1.114 páginas, contrastando con la dedicación exclusiva que tuvo el juzgado para el caso.

El exmandatario fue enfático al señalar que, a su juicio, "ha predominado la política sobre el derecho para condenar". Cuestionó la "falta de más investigación" sobre las filtraciones de la sentencia a la prensa, destacando que los medios lo contaron la noticia de su condena antes de que él mismo recibiera el fallo oficial.

Para Uribe, la sentencia es un "discurso político" que busca "destruir una voz de la oposición democrática", dijo durante el desarrollo de la audiencia de lectura del fallo condenatorio.

Uribe Vélez también defendió vehementemente a su familia, calificando de "muy grave" la acusación de que sus hijos carecían de "gallardía".

Negó que sus hijos hubieran filtrado información, reiterando que el proceso ha estado "lleno de filtraciones" y que su familia se enteró de la condena por los medios.

Además, interpretó el señalamiento como un posible "señalamiento para que se proceda violentamente contra mis hijos", algo que considera inaceptable. Resaltó la "lealtad y prudencia" de su esposa durante el juicio y el respeto de sus hijos hacia la jueza, a pesar de sus críticas políticas.

Finalmente, el expresidente denunció "animosidad" y falta de "respeto" por parte de la jueza hacia él y su defensa. Argumentó que el proceso mostró un "sesgo" judicial.

Acotó que, incluso, su derecho a permanecer en libertad fue negado bajo la premisa errónea de evitar la violencia, una acusación que refutó categóricamente, afirmando que ni él ni su partido han incitado a la violencia.

Una jueza penal ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.

La medida también cobijo a otras siete personas más vinculadas a un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación.

Los capturados fueron imputados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

Entre los procesados están el abogado Edgar Eduardo Riveros Rey; su hija, Ana María Riveros Barbosa; su cuñada y excontratista de la UNGRD, Sonia Rocío Romero Hernández.

También figuran el asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; el contratista Oscar Enrique Cárdenas Angulo; y dos representantes de la Corporación Mixta Yapurutú: el gerente legal, Edgar Echeverri Toro, y el jefe de ventas, Francisco Javier Estupiñán Bravo.

La investigación está liderada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes recopilaron pruebas que vinculan a Manrique Soacha con la gestión de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por 100.000 millones de pesos.

Según las autoridades, el exfuncionario habría solicitado que los contratos derivados de esos recursos se adjudicaran a personas específicas.

Los demás implicados habrían participado en el direccionamiento de contratos para la compra de 40 carrotanques, plantas desalinizadoras, pozos de agua potable, interventorías técnicas y servicios de topografía en diversas regiones del país.

Uno de los contratos investigados, suscrito en octubre de 2023 entre la UNGRD y la Corporación Mixta Yapurutú, tenía como propósito llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira.

El acuerdo fue firmado por 29.000 millones de pesos, pero se detectaron sobrecostos por 13.164 millones. De esa suma, la Fiscalía reveló que 3.000 millones fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones a Riveros Rey y 6.380 millones a los directivos de la corporación.

Los productores de arroz en Colombia han convocado un paro nacional indefinido a partir del 14 de julio, en respuesta a lo que califican como una crisis sin precedentes en el sector.

La decisión fue anunciada por Dignidad Agropecuaria Colombiana y Dignidad Arrocera Nacional, quienes denuncian el incumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno tras el paro de marzo de este año.

Según los organizadores de la protesta, la caída de precios registrada en diciembre de 2024 y junio de 2025 ha dejado a los agricultores en una situación insostenible.

Líderes gremiales sostienen que los precios actuales no cubren los costos de producción, generando pérdidas de hasta un millón de pesos por hectárea cosechada.

Además, el gremio señala que la industria molinera está controlada por un duopolio que impone condiciones desfavorables a los pequeños y medianos productores.

A esto se suma el contrabando sin control y la vigencia de tratados de libre comercio (TLC) que obligan a importar arroz, incluso cuando hay suficiente producción nacional.

Casanare se sumará al paro

Desde Yopal, capital del mayor productor de arroz del país, 1.300 agricultores se reunieron y lanzaron un mensaje contundente: “No hemos querido llegar al paro. Nos han llevado hasta aquí”.

En su pronunciamiento, los arroceros casanareños afirman que sembrar arroz hoy significa perder, y que el impacto no solo golpea al agricultor, sino también a la economía local, el empleo rural, las familias y el comercio.

“El paro no es un capricho, es un llamado de auxilio”, expresaron. Con este mensaje, invitan a toda la ciudadanía a comprender y respaldar la movilización, que consideran una lucha por la soberanía alimentaria, la justicia y el derecho a vivir dignamente de la tierra.

Exigencias del gremio arrocero

  • Precios justos que cubran los costos de producción
  • Control efectivo al contrabando
  • Revisión y renegociación de los TLC
  • Protección a la producción nacional
  • Cumplimiento inmediato de los acuerdos del paro de marzo de este año.
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