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El Departamento para la Prosperidad Social anunció que los pagos para el programa Renta Joven en su modalidad de giro, correspondientes a los beneficiarios del primer ciclo de 2026, vencen hoy 10 de abril.

La medida corresponde a incentivos para 27.668 participantes, quienes tienen pendientes cobros del ciclo actual y transferencias no reclamadas durante el año 2025.

Para cubrir esta obligación, el Gobierno Nacional destinó una inversión total superior a los 22.700 millones de pesos.

Los pagos programados incluyen los recursos por concepto de matrícula del segundo semestre de 2025 para estudiantes de 33 Instituciones de Educación Superior (IES).

De igual forma, se contempla el apoyo económico destinado a los aprendices del SENA correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2025.

Bajo esta modalidad, los jóvenes deben acudir a los puntos de servicio autorizados de los operadores SuRed y SuperGiros. La entidad habilitó el enlace https://goo.su/UKLVg para que los usuarios verifiquen los puntos de atención disponibles en cada municipio.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó la primera invitación nacional del Programa de Autogestión de Vivienda de interés social nueva urbana.

El objetivo de este llamado es identificar iniciativas y proyectos comunitarios de vivienda en cualquier estado de avance para brindarles asistencia técnica antes de las convocatorias de subsidios de Fonvivienda.

La invitación está dirigida a organizaciones comunitarias legalmente constituidas, como cooperativas, fundaciones y organismos de acción comunal, además de grupos no constituidos que deseen organizarse para desarrollar proyectos habitacionales.

Los interesados deben manifestar su interés mediante un formulario en la plataforma PAVIS.minvivienda.gov.co. Tras la inscripción, el Ministerio entregará un usuario y clave para acceder al aplicativo donde se realiza la etapa de alistamiento.

En este proceso, el representante legal o líder técnico de la organización debe aprobar un curso virtual sobre responsabilidades jurídicas, técnicas y financieras del modelo de autogestión.

Aquellas iniciativas que cumplan con todos los requisitos al 15 de mayo de 2026 serán llamadas a una convocatoria para la asignación de subsidios. Las organizaciones que no completen las condiciones en esa fecha seguirán recibiendo asistencia técnica integral para futuras etapas del programa.

La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, informó que se han cumplido las proyecciones de movilidad para la actual Semana Santa.

Según el reporte entregado a las seis de la tarde de este domingo 5 de abril, se registró la movilización de más de 10 millones de vehículos por las vías del país, y se prevé superar la proyección total de 10,8 millones de registros al finalizar la operación retorno.

En cuanto al transporte terrestre de pasajeros, se han movilizado 3.150.000 personas a través de las terminales, con un despacho de 268.000 vehículos de servicio público.

Por su parte, los aeropuertos del país registraron el tránsito de 1.700.000 usuarios, de los cuales el 60% correspondió a vuelos nacionales y el 40% a vuelos internacionales.

La funcionaria solicitó a las alcaldías y gobernaciones mantener los operativos de control en sus jurisdicciones hasta la jornada de hoy lunes 6 de abril, para facilitar el retorno de los viajeros.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, anunció la convocatoria a un paro nacional del magisterio para el próximo miércoles 15 de abril de 2026.

La movilización tiene como objetivo principal la defensa del Acuerdo 003 de 2024 y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, en respuesta a las dificultades reportadas en la prestación de los servicios de salud para los docentes y sus beneficiarios.

La organización sindical exige a la dirección de la Fiduprevisora avanzar en acciones concretas para la estabilización del modelo de salud y propone la conformación de una mesa técnica permanente integrada por dicha entidad, los sindicatos filiales y la propia federación.

Igualmente, el gremio demanda que las entidades prestadoras cumplan con sus obligaciones y cesen la suspensión injustificada de servicios médicos.

En el pliego de peticiones que motiva esta jornada de protesta se incluye la pronta expedición de los decretos salariales y el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones sociales, con énfasis en la defensa del derecho a la prima de mitad de año.

Fecode también solicita garantías sindicales a las entidades territoriales certificadas e insta al Gobierno nacional a intensificar el proceso de materialización de los acuerdos firmados previamente entre las partes.

Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Francisco Javier Estupiñán Bravo, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, a una pena de 16 años, 7 meses y 6 días de prisión.

La sentencia se dio tras la aceptación de cargos por su participación en el direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Estupiñán Bravo aceptó los delitos de peculado por apropiación (propio y en favor de terceros agravado) e interés indebido en la celebración de contratos.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el sentenciado por los cargos de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

La investigación, liderada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, determinó que el exgerente intervino en la adjudicación de una orden de proveeduría el 11 de octubre de 2023 por un valor de 29.000 millones de pesos.

Dicho contrato tenía como objeto el suministro de 40 carrotanques destinados a comunidades indígenas en La Guajira. El ente acusador probó que se presentó documentación falsa sobre una alianza comercial inexistente con un concesionario para acreditar la disponibilidad de los vehículos.

Asimismo, se estableció que el sentenciado gestionó desembolsos por 24.406 millones de pesos mientras los automotores aún se encontraban en fase de ensamblaje.

Las pruebas periciales confirmaron un sobrecosto de 11.114 millones de pesos, de los cuales Estupiñán Bravo y el representante legal de Yapurutú se habrían apropiado de 4.330 millones, permitiendo que terceros obtuvieran los 6.784 millones restantes. La decisión judicial admite los recursos de ley correspondientes.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formalizó el nombramiento de Diego Solano como superintendente de Industria y Comercio (SIC) en calidad de encargado.

La decisión se tomó tras la aceptación de la renuncia de Cielo Rusinque, quien debió abandonar el cargo luego de un fallo en segunda instancia proferido por el Consejo de Estado.

Fundamentos jurídicos de la salida

La autoridad judicial ratificó la nulidad del nombramiento de Rusinque al determinar que no cumplía con los requisitos de experiencia técnica exigidos para liderar la entidad.

Según la normativa vigente, el cargo de superintendente requiere acreditar una experiencia específica en áreas relacionadas con la protección de la competencia, propiedad industrial o defensa del consumidor, requisitos que, a juicio del Consejo de Estado, no fueron debidamente certificados por la exfuncionaria al momento de su posesión.

Perfil del superintendente encargado

Diego Solano, quien se desempeñaba como jefe de asesores de la SIC y era considerado parte del círculo de confianza de la administración saliente, asumirá las funciones de manera temporal.

Solano es abogado y cuenta con trayectoria dentro de la misma entidad, lo que motivó su designación para garantizar la continuidad de los procesos administrativos y las investigaciones en curso.

La resolución del Ministerio establece que el encargo se mantendrá hasta que el Gobierno Nacional realice la designación de un superintendente en propiedad, proceso que deberá cumplir con la convocatoria pública y la verificación de requisitos de ley que originaron la vacancia actual.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años y 3 meses de prisión (279 meses) al senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés.

El fallo lo halló responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del entramado de corrupción conocido como "Las Marionetas 2.0".

De acuerdo con la sentencia de 438 páginas, se demostró que Ramírez lideró una organización criminal integrada por funcionarios públicos y particulares para direccionar la contratación estatal.

El objetivo de estas maniobras era beneficiar a contratistas específicos a cambio de dádivas económicas y apoyo político para sus campañas electorales, especialmente a través del Convenio 670 de 2021 firmado entre el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta.

Además de la pena privativa de la libertad, la Corte impuso una multa superior a los 22.340 millones de pesos.  Lo Inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por más de 23 años (280 meses). Igualmente, le negó los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena o prisión domiciliaria.

La investigación determinó que la red de corrupción manipuló recursos destinados a obras de infraestructura vial en departamentos como Quindío, Caldas, Tolima y Santander.

Aunque el exsenador fue absuelto de algunos cargos específicos relacionados con contratos de interventoría, la condena principal se fundamentó en su rol como articulador del esquema delictivo que desvió fondos del presupuesto nacional.

Durante el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro impartió una instrucción directa a los titulares de Salud y Hacienda: liquidar todas las entidades promotoras de salud que se encuentren en estado de insolvencia o quiebra, especialmente aquellas que ya están bajo intervención estatal.

Las razones

Dentro de los argumentos del Ejecutivo para tomar esta radical decisión mencionó la inviabilidad fiscal. El mandatario calificó como un "suicidio" para las finanzas públicas el hecho de que el Estado asumiera la deuda histórica de las EPS, la cual estimó en cerca de $50 billones de pesos.

También sostuvo que existe una falta de alternativas. Señaló que, tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso y la reciente suspensión de decretos regulatorios (como el Decreto 182), el Gobierno no tiene más margen de maniobra que aplicar la ley y proceder con la liquidación.

Excepción de la Nueva EPS

Aunque enfrenta dificultades financieras, el presidente aclaró que la Nueva EPS no sería liquidada. Al tener participación estatal, el Gobierno planea capitalizarla y fortalecerla para que sea el eje receptor de los usuarios de las entidades que desaparezcan.

En este orden de ideas la medida afectaría a las EPS que actualmente se encuentran intervenidas o en vigilancia especial, las cuales agrupan a más de 22 millones de afiliados (casi el 43% de la población del país).

Entre las principales entidades mencionadas en este contexto se encuentran:

EPS en riesgo de liquidación

Afiliados aproximados

Famisanar

2,9 millones

Coosalud

3,2 millones

Asmet Salud

1,8 millones

Emssanar

1,7 millones

Savia Salud

1,6 millones

Capresoca (Casanare)

170.000

El presidente aseguró que los ciudadanos no quedarán desamparados y que su plan se basa en dos pilares. El primero es un traslado masivo. Los afiliados de las EPS liquidadas pasarán a las entidades que permanezcan operativas (principalmente la Nueva EPS).

La segunda propuesta es un sistema preventivo. El Gobierno acelerará la implementación de equipos de salud territorial para cubrir la atención primaria y preventiva en todo el país.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Cristian Quiroz, anunció la declaración oficial de la elección de representantes a la Cámara en 14 departamentos de Colombia y en seis Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) para el periodo 2026-2030.

Los departamentos con cámaras conformadas son Amazonas, Arauca, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Guainía, Magdalena, Putumayo, Quindío, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima, Vaupés y Vichada. Asimismo, se oficializaron los resultados en las Citrep son los números 2, 3, 5, 8, 13 y 14.

El magistrado Quiroz informó que el proceso de escrutinio avanza de manera ágil y que, tras finalizar la etapa de Cámara de Representantes, se procederá con la consolidación de los resultados para el Senado de la República.

La autoridad electoral destacó el trabajo conjunto con la Registraduría para agilizar las declaraciones de elección bajo principios de responsabilidad y transparencia democrática.

Según el reporte oficial, la implementación de tecnologías de la información y la participación de agrupaciones políticas y organizaciones sociales facilitaron la vigilancia ciudadana en los puestos de votación y centros de procesamiento de datos durante la jornada electoral.

 

Un total de 3.081 ciudadanos oficializaron su candidatura para obtener un escaño en el Senado de la República o en la Cámara de Representantes en los comicios legislativos que se realizarán este 8 de marzo.

Según el reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cifra se divide en 1.071 aspirantes al Senado y 2.010 a la Cámara de Representantes. La participación por género a nivel nacional registra un total de 1.811 hombres y 1.270 mujeres en la disputa por las corporaciones públicas.

Para el Senado de la República, se inscribieron 26 listas, de las cuales 16 corresponden a la circunscripción nacional con 1.048 candidatos y 10 listas a la circunscripción indígena con 23 aspirantes.

Por su parte, la Cámara de Representantes cuenta con 491 listas distribuidas en diferentes modalidades: territorial (1.588 candidatos), indígena (21), afrodescendiente (124), internacional (40) y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), que agrupan a 237 candidatos en 121 listas.

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