Noticias relacionadas: Fiscalía
Incautan seis toneladas de estaño que iban a ser enviadas de manera ilegal a China
Un cargamento de más de seis toneladas de estaño, valorado en un millón de dólares, fue interceptado por las autoridades colombianas en una operación simultánea ejecutada en Puerto Carreño y Bogotá.
El operativo, que involucró al Ejército Nacional, la Policía, Armada Nacional, Dian y la Fiscalía, permitió el hallazgo de 430 lingotes del mineral que, según las investigaciones preliminares, tenían como destino final el mercado asiático.
La acción judicial inició en el aeropuerto Germán Olano de la capital del Vichada, donde las tropas incautaron los primeros 380 lingotes.
De forma paralela, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, se completó la segunda fase de la operación con el decomiso de 50 piezas adicionales que ya estaban preparadas para su envío al exterior.
Los reportes de inteligencia señalan que el material habría sido extraído en Venezuela e ingresado a Colombia por la frontera oriental para ser blanqueado en rutas de comercialización internacional.
Las autoridades estiman que el valor comercial de este mineral alcanza los 50 dólares por kilogramo en el mercado interno, lo que convierte a este tráfico en una de las principales fuentes de financiación para los grupos armados que operan en la Orinoquía.
Actualmente, peritos especializados analizan la pureza del material incautado mientras la Fiscalía avanza en la identificación de los responsables de esta red logística de minería ilegal.
Fiscalía imputa cargos al exgobernador Nelson Mariño por presuntas irregularidades en contrato del PAE
La Fiscalía General de la Nación imputó al exgobernador de Casanare, Nelson Ricardo Mariño Velandia, por presuntas irregularidades en un contrato de 2012 relacionado con el plan de alimentación escolar.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le atribuyó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Los cargos no fueron aceptados por el exmandatario.
La investigación señala que el entonces gobernante habría direccionado de manera directa un convenio de asociación por 18.294 millones de pesos a una caja de compensación familiar del departamento.
Según el ente acusador, la normativa exigía un proceso de licitación pública y la entidad beneficiada carecía de la capacidad técnica, operativa y financiera para cumplir el objeto contractual.
En consecuencia, la caja de compensación tercerizó la responsabilidad mediante un contrato con una unión temporal por 16.694 millones de pesos.
Estas actuaciones habrían generado un detrimento patrimonial superior a 794 millones de pesos por pagos de legalización, contribuciones y pólizas.
El convenio tenía como fin garantizar el servicio de restaurante escolar para 62.825 estudiantes en 10 municipios de Casanare.
Condenado a 27 años exintegrante de las Autodefensas Campesinas de Casanare por homicidios en Boyacá
Un juez penal de circuito condenó a 27 años y 6 meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias ‘El Obrero’, por el asesinato de cuatro personas ocurrido entre febrero y marzo de 2003 en el departamento de Boyacá.
La decisión judicial se dio tras valorar las pruebas presentadas por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, las cuales vincularon al procesado con la estructura sicarial denominada ‘Las Especiales’ o ‘Urbanos’, que hizo parte de a las Autodefensas Campesinas de Casanare.
Según la investigación, esta organización armada ilegal ejecutó homicidios selectivos contra ciudadanos señalados de colaborar con otros grupos armados o de afectar la convivencia en la región.
El material probatorio determinó que Arteaga Plazas participó en los crímenes de tres hombres y un adolescente en sectores de la vía Tunja – Arcabuco, el alto de Cucaita y el sector Las Gemelas, en la vía Tunja – Paipa, utilizando el oficio de vendedor de minutos de telefonía móvil como fachada para sus actividades.
Estos hechos fueron declarados delitos de lesa humanidad y la sentencia por homicidio agravado, emitida bajo la Ley 600 de 2000, fue notificada en el centro de reclusión donde el condenado cumple actualmente otras penas por diversos delitos.
Fiscalía judicializa a tercer implicado en ataque armado en Cúcuta
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Junior Omar Patiño Moncada, conocido como alias El Sobrino, por su presunta participación en un ataque armado ocurrido el 1 de agosto de 2025 en el barrio Latino de Cúcuta, Norte de Santander.
El hecho dejó un saldo de cuatro personas muertas y dos heridas. Según el informe oficial, el procesado habría participado en la planeación y logística del evento, además de facilitar la huida del autor material de los disparos.
La investigación señala que, tras el ataque en el Parque Lineal, Patiño Moncada presuntamente recogió al agresor para trasladarlo hasta un vehículo que lo esperaba en otro punto.
Por estos hechos, una fiscal especializada de la Seccional Norte de Santander imputó al investigado los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado y porte ilegal de armas de fuego.
El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Con esta captura, suman tres las personas vinculadas formalmente al proceso judicial, tras las medidas dictadas en noviembre de 2025 contra Felipe Molina Pérez y Óscar Fernando Barbosa Ríos.
Extinción de dominio para 23 bienes de los responsables del de Centros Poblados
La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso significativo en la recuperación de recursos públicos al imponer medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes.
Estas propiedades, valoradas en más de 65.900 millones de pesos, estarían vinculadas a individuos implicados en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Unión Temporal ‘Centros Poblados’.
El contrato, destinado a dotar de internet a escuelas rurales en diversos departamentos, fue objeto de un fraude que ahora lleva a la intervención de predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios.
Los bienes están registrados a nombre de Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares, y se extienden por Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
La investigación sugiere que estos activos fueron adquiridos con recursos ilícitos provenientes de las actuaciones irregulares y del anticipo recibido de manera fraudulenta por ‘Centros Poblados’.
En una acción adicional, se aplicó una medida cautelar a un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, tras decisiones de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República.
Las medidas, implementadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, son de naturaleza jurídica y tienen como fin primordial proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en un proyecto que buscaba instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos.
La Fiscalía fundamenta estas acciones en la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados, evidenciando la mezcla de bienes lícitos con fondos de origen ilegal y el uso instrumental de las sociedades de la Unión Temporal para la comisión de las irregularidades.
Juez envió a la cárcel a mujer por presuntamente haber participado en asalto a una finca en Sabanalarga
La Fiscalía General de la Nación reveló que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento, en contra de una mujer señalada de participar en un violento asalto a una finca en el municipio de Sabanalarga (Casanare).
Los hechos de los cuales se le responsabilizan a la detenida quien responde al nombre de Diana Carolina Díaz Peña, ocurrieron el 23 de noviembre de este año en la vereda San Pedro.
La información compartida por el ente investigador precisó que un fiscal de la Seccional Casanare, le imputó los delitos de secuestro simple y hurto calificado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones. Cargos de la detenida no aceptó.
En cuanto a los detalles del ilícito, la Fiscalía mencionó que Diana Carolina llegó en compañía de tres sujetos quienes se movilizaban en motocicleta.
Una vez en la finca procedieron a amenazar a las cuatro personas que se encontraban en el lugar, entre ellas dos menores de edad. Los presuntos asaltantes retuvieron a sus víctimas por varias horas, encerrados en una habitación.
Luego procedieron a hurtar varios elementos de la finca, así como dinero en efectivo, toda avaluado en más de 8 millones de pesos. Después de perpetrado el robo, los asaltantes se fueron del lugar.
No obstante, la Fiscalía reveló que Díaz Peña fue capturada en flagrancia, cerca del peaje de San Pedro. Al momento de la detención le encontraron en su poder un revólver, munición, dinero efectivo y una motocicleta.
Operación coordinada impacta subestructura del Ejército Gaitanista en Casanare
Una operación conjunta y simultánea, liderada por la Policía Nacional en colaboración con la Fuerza Aérea Colombiana y bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, ha asestado un golpe significativo a la subestructura criminal "Gonzalo Oquendo Urrego" del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia en Casanare.
La acción, desarrollada en los municipios de Aguazul y Yopal, culminó con la captura de seis personas, presuntos integrantes de esta organización delictiva.
Tres de los detenidos fueron detenidos por orden judicial, investigados por delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión.
De manera complementaria, otras tres personas fueron capturadas en flagrancia por porte ilegal de armas, municiones o explosivos, y tráfico de estupefacientes.
Durante la intervención, que incluyó siete diligencias de registro y allanamiento tanto en zonas urbanas como rurales, se logró la incautación de diversos elementos que apoyaban las actividades ilícitas de este grupo armado ilegal.
Entre los objetos decomisados se encuentran dos armas de fuego, un arma traumática, tres proveedores, 357 cartuchos de diferentes calibres, dieciocho teléfonos celulares, tres mil gramos de marihuana, dos motocicletas, un computador, dinero en efectivo y dos radios de comunicación tipo walkie-talkie.
En cuanto a los individuos capturados se destaca alias "Topo", de 42 años, señalado por las autoridades como el presunto cabecilla militar de la subestructura.
Junto a él, fueron detenidos su segundo al mando, el encargado logístico de la organización y un colaborador activo. Otros alias reportados entre los capturados incluyen "Tibias" (42 años), "Pájaro" (46 años), "Chucho" (29 años), "Pequeño Juan" (29 años) y una mujer de 27 años.
Las autoridades informaron que los seis detenidos registran un total de veintitrés anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos graves como homicidio, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes y hurto agravado, lo que subraya su trayectoria en el ámbito delictivo dentro del departamento.
“Los Invasores” fueron enviados a la cárcel
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, a un grupo de siete personas señaladas de conformar el grupo de delincuencia común llamado “Los Invasores”.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Aunque no aceptaron los cargos, el boletín de prensa de la Fiscalía señala que, basado en las investigaciones adelantadas contra “Los Invasores”, se pudo evidenciar que los procesados venían comercializando alucinógenos desde el año 2024.
Según la Fiscalía, la distribución de estas sustancias prohibidas la hacían bajo la modalidad de punto fijo en el sector del estadio Santiago de las Atalayas de Yopal, pero también ofertaban el servicio a domicilio.
Agrega el escrito que cada una de estas personas cumplía un rol específico. De esta manera lograron consolidar un esquema bien organizado dedicado a la venta de narcóticos.
Añade la Fiscalía que "durante el desarrollo de dos diligencias de allanamiento y registro, realizadas por la Policía Nacional, se capturó a Sharoll Dayana Sánchez Hernández, Deiby Alexander Mendoza Galán, Carlos Alberto Ulejelo Jiménez, Luis Álvaro Ulejelo Jiménez, Dilan Elian Cuervo Pónare, Álvaro Duván Sánchez Torres y Luis David Mosquera Pino.
Además, se citó a otro hombre a la audiencia de formulación de imputación, que se encontraba privado de la libertad en centro carcelario por otro proceso.
A la cárcel fue enviado señalado asesino del sacerdote Darío Valencia
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez penal de control de garantías dictara medida de aseguramiento en centro carcelario contra Julián Eduardo Cifuentes Gómez por su presunta participación en el asesinato del sacerdote y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira (Risaralda), Darío Valencia Uribe.
El crimen, ocurrido el 25 de abril de 2024, llevó a la captura de Cifuentes, quien fue extraditado a Colombia tras ser localizado en Francia.
Según la evidencia presentada, Cifuentes Gómez se habría encontrado con el sacerdote en su vehículo. El propósito era acordar el pago de 30 millones de pesos por la compra de una camioneta.
En ese encuentro, el acusado supuestamente disparó varias veces contra la víctima y, para evitar el hallazgo por parte de las autoridades, arrojó el cuerpo en una zona rural de Belalcázar (Caldas).
Posteriormente, se le atribuye haber intentado eliminar manchas de sangre y otras pruebas llevando el automotor a un lavadero de carros.
Días después, el 29 de abril de 2024, Cifuentes huyó del país con destino a Francia, donde fue ubicado gracias a una notificación roja de Interpol.
El trabajo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula de la Policía Nacional fue crucial, permitiendo la ubicación del cuerpo del sacerdote en septiembre de 2024.
Una vez extraditado y a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, el señalado agresor fue inmediatamente capturado.
Un fiscal especializado de la Seccional Risaralda lo presentó ante un juez, imputándole los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
El procesado no aceptó los cargos, sin embargo, la autoridad judicial impuso medida de aseguramiento intramural.
Capturados presuntos integrantes de una banda señalada de enviar armas y explosivos a las disidencias de las Farc
La Fiscalía General de la Nación informó que, en conjunto con la Dijin de la Policía Nacional, logró desmantelar una red que, presuntamente, traficaba armas, municiones y granadas destinadas a las disidencias de las Farc en varias regiones del país.
Según la información oficial, a través de métodos sofisticados los integrantes de esta organización escondían el armamento en caletas dentro de vehículos particulares o los enviaban como encomiendas por empresas transportadoras legales.
Las investigaciones identificaron a nueve personas responsables de elaborar los sistemas de ocultamiento y coordinar los envíos a estructuras ilegales con presencia en Valle del Cauca, Meta, Cauca, Arauca, Guaviare, Nariño y Norte de Santander.
En los últimos dos años, esta red fue detectada en siete incautaciones en diferentes partes del territorio nacional.
Los presuntos miembros de esta red fueron capturados y enfrentan cargos por delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico y porte ilegal de armas, municiones y explosivos, así como tráfico de estupefacientes.
Dos de los procesados aceptaron los cargos, mientras que ocho cumplen medidas de aseguramiento privativas de la libertad en un centro carcelario, y uno más tiene medida no privativa.