Un cuestionario con 22 preguntas remitió la Asamblea Departamental al secretario de educación, Diego Fernando Ardila Plazas, para que fuesen respondidas durante el desarrollo del debate de control político que hizo la corporación a la mencionada dependencia, que abordar específicamente el tema del PAE.

La citación a este debate la hizo el diputado Jorge Eduardo García, quien al final de la jornada insistió en algunos cuestionamientos sobre la manera en que la Administración seccional adelantó el trámite de contratación, del programa de alimentación escolar.

García indicó que estas actuaciones terminaron con la revocatoria del proceso, que luego conllevó a la declaratoria de urgencia manifiesta y que será la Contraloría la que debe entrar a calificar la validez de dicho proceso.

García esbozó la línea de tiempo e hizo algunos reparos. Comenzó por decir que el proceso del PAE se abrió públicamente el 29 de diciembre del año paso. Dentro del derrotero previsto, el 03 de enero se debía hacer la asignación de riesgos, que hace parte de la etapa precontractual.

Dijo el diputado que para ese mismo día se tenía como plazo presentar las observaciones de los posibles oferentes, al pliego de condiciones de ese contrato.

Sin embargo, ese 03 de enero el Gobierno departamental emitió una adenda donde postergó para el 11 del mismo mes la audiencia de asignación de riesgos, argumentando que carecía de las herramientas  tecnológicas suficientes, así como del personal para llevarla a cabo.

“En esa misma adenda se modifica el cronograma de las observaciones. Pero las observaciones no se sustentan y es ahí, donde empezamos a ver cosas sospechosas”, subrayó el diputado García.

El asambleísta igualmente recalcó que al día siguiente se emitió una segunda adenda, donde ese indicó que todos los problemas antes mencionados ya fueron solucionados, por lo que se fijó para ese 04 de enero la asignación de riesgos, que había sido postergada inicialmente.

Hizo hincapié que el citado documento no se hizo referencia a nada de las observaciones hechas por los eventuales oferentes, las cuales que estaban programadas para el 11 de enero.

Efectivamente las observaciones se hicieron en la fecha establecida, por lo que el diputado calificó que se adelantó de manera extemporánea y que la Administración departamental no dio una explicación a este hecho.

El otro hecho que para Jorge Eduardo García genera suspicacias, hace referencia a que en la primera adenda se expuso que la Secretaría de Educación no contaba con las herramientas para la audiencia de asignación de riesgos, pero 24 horas después en un tiempo record de 6 horas solucionó todo.

Otro punto sobre el cual se pronunció señala que el 12 de enero se responde de manera oficial a las observaciones y  ese mismo día se declara la revocatoria, aun cuando tenían plazo hasta el 15 para hacerlo.

Aclaró igualmente que su trabajo de control político cumplió su objetivo y que ahora corresponden a los entes de control, entrar a revisar si se cometió algún tipo de irregularidades.

Frente a este pronunciamiento el secretario de educación, Diego Fernando Ardila Plazas, explicó que se cuentan con los espacios necesarios, que le permitieron a la entidad territorial aunar esfuerzos para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar, cumpliendo con todos los requerimientos y obligaciones legales.

Agregó el funcionario que todas las actuaciones se hicieron dentro del marco legal. En este mismo contexto ubicó todo el tema de urgencia manifiesta, sobre la cual precisó que se remite a la Contraloría para “el respectivo control que corresponde en el marco de sus competencias”.

Sobre las observaciones dijo que no llegaron en las fechas que señaló el diputado sino un día antes, por lo que calificó esta discusión como un tema de opiniones y de la manera cómo se presenta la información.

El secretario de educación del departamento, Diego Ardila, fue el encargado de exponer de manera detallada, los motivos que tuvo la Administración seccional para suspender el proceso licitatorio del programa de alimentación escolar, lo que generó un pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

El funcionario hizo un recuento cronológico que ha tenido el proceso, desde su fase inicial a mediados del año pasado, cuando el gobierno anterior adelantó los trámites de planeación y estructuración del PAE.

Se apeló a las vigencias futuras como fuente de financiación, por lo que fue necesario pedirle autorización al Consejo Departamental de Política Fiscal, para que el PAE fuese incluido en el presupuesto de vigencias futuras.

El 30 de julio de 2023 la Secretaría de Hacienda presentó ante la Asamblea dicha solicitud, para garantizar la ejecución del programa durante 2024. La Corporación dio la autorización mediante Ordenanza del 25 de agosto de 2023.

El 30 de agosto se reunió el comité territorial de planeación y seguimiento operativo departamental del programa de alimentación escolar, para tomar medidas referentes a la planeación del proceso contractual.

Luego se hizo la licitación pública 023 de 2023. Trámite que se cumplió a través de la página del  Secop, el día 26 de octubre. Finalmente el 15 de noviembre se dio apertura al proceso licitatorio.

El funcionario acotó que acorde con el cronograma, la adjudicación debía darse el 20 de diciembre y la suscripción del contrato estaba prevista para el 26 de diciembre.

No obstante en el periodo comprendido entre el 23 y 27 de noviembre, se presentaron algunas observaciones por parte de los interesados en el proceso.

Estas acotaciones hacían referencia sobre el costo de uno de los ítems de la minuta patrón, que tenía relación con el aceite destinado a la preparación de las raciones en sitio.

Al revisar el tema se pudo constatar que efectivamente no se había costeado este punto, por lo que en ese momento se revocó el proceso. Decisión que se hizo efectiva el 27 de noviembre.

Días después se publicó una nueva licitación, la 024 del 12 de diciembre de 2023 y se ordenó su apertura, a través de resolución fechada el 29 del mismo mes.

Luego vino un lapso comprendido entre el 29 de diciembre de 2023 y el 11 de enero de 2024, para que se hagan las respectivas al pliego de condiciones definitivo.

En este periodo se presentaron 44 observaciones por parte de 4 interesados en el proceso. Las mismas se refirieron al tema de costos en las cotizaciones, como valor de los alimentos, transporte, entre otros, que son determinantes a la hora de establecer el valor de la ración, que se les va a entregar a los estudiantes.

Para el secretario estas observaciones tienen incidencia de manera sustancial sobre el proceso, específicamente en lo que atañe al tema presupuestal, por lo que no hay lugar a adendas o subsanaciones. Es por ello que se optó por revocar el proceso. Decisión que se hizo mediante la Resolución 001 del 11 de enero de 2024.

De esta manera, según lo explicó Diego Ardila, se evitó que la licitación corriera el riesgo de declararse desierta, por las falencias que afectan el presupuesto del contrato y que dificultarían la presentación de oferentes.

Revisando el derrotero este proceso debía ser adjudicado el 5 de febrero. La firma del contrato se había fijado para el 8 del mismo mes y la entrega de garantías para 12 de febrero.

Luego vendría el periodo de alistamiento que demandaría unas 2 semanas, por lo que la prestación del servicio estaba proyectado para el 27 de febrero.

Para tratar de alterar lo menos posible el cronograma y comenzar lo más pronto posible el PAE, el titular del despacho de Educación, manifestó que este martes 06 de febrero se expidió el Decreto 034 de 2024.

A través de dicho documento se declara la urgencia manifiesta, que es la herramienta que permite suplir de manera prioritaria y urgente la prestación de un servicio, que el propio secretario catalogó como fundamental para la educación de niños y adolescentes.

Acerca de la línea temporal para este nuevo proceso, Ardila dijo en rueda de prensa, que confía que el PAE inicie a finales del presente mes.

El gobernador de Casanare respondió al vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, quien en el informe entregado ayer marte 6 de febrero  en el auditorio del Hotel GHL de Yopal, hizo un llamado de atención a la Administración departamental.

Según el funcionario el actual Gobierno seccional no debió suspender el proceso licitatorio del PAE, el cual venía desde el año pasado. Esta decisión tuvo como consecuencia, un retraso en el inició de dicho programa, por lo que a la fecha aún no se ha podido prestar este servicio, lo que perjudicó a la población estudiantil del departamento.

Zuluaga recalcó que en lugar de la suspensión, lo más oportuno era remediar las posibles observaciones que tuviese el mencionado proceso. Agregó que informó a la Procuraduría sobre esta situación, para que el ente de control tome las medidas correspondientes.

Por su parte César Zorro en mensaje de texto agradeció la preocupación de la Contraloría y añadió que el PAE que fue formulado a finales de 2023, presentaba “irregularidades  sustanciales imposibles de subsanar, que conllevaron a la revocatoria del proceso de contratación”.

 Sin embargo como una acción inmediata para sanear el tema se “decretó la medida de urgencia manifiesta para atender lo más pronto posible la prestación del servicio de alimentación escolar en el departamento de Casanare”, finalizó el escrito.

El licenciado Juan José Sarmiento, secretario de educación de Yopal, junto con la ingeniera Myriam Alvarado Barrera, directora de cobertura educativa, llevaron a cabo una exhaustiva revisión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) mediante visitas a múltiples instituciones educativas.

Este recorrido no solo buscaba verificar la entrega de comidas, sino también asegurar que se esté proporcionando un servicio de calidad y bienestar.

Durante estas visitas, el licenciado Sarmiento se tomó el tiempo para dialogar con rectores, docentes y estudiantes, con el fin de garantizar que el PAE esté cumpliendo con su propósito de no solo alimentar, sino también promover un ambiente educativo saludable y acogedor.

Actualmente, 14.300 estudiantes de 24 instituciones educativas en Yopal son beneficiarios de este proyecto

Con estas visitas el Gobierno municipal busca evitar cualquier tipo de contratiempos, que se puedan presentar en la prestación de dicho programa.

Las más de 100 manipuladoras y la cerca de una docena de transportadores, quienes reclamaron el pago de sus liquidación al consorcio Nutri-Pae, terminaron firmando el pagaré que les entregó la empresa, quedando pendiente para hoy el desembolso de los dineros adeudados.

Así lo confirmó Milagros Robayo, una de las manipuladoras, quien agregó que este proceso de firma tuvo como garante por parte de la secretaría de Educación municipal, la ingeniera Miryam Jannette Alvarado Barrera.

Fueron dos días de protestas que iniciaron el lunes 22 de enero, cuando este grupo de trabajadores se apostó frente a las bodegas de la empresa ubicadas en la calle 40 con carrera 43 de Yopal, para exigir el pago de las obligaciones económicas que tenía Nutri-Pae con ellos.

Ayer martes 23 la jornada empezó con una reunión de los afectados, en la calle 40 con transversal 23. Actividad que contó con la presencia del concejal Felipe Becerra, quien hizo acompañamiento a este grupo de personas, tratando de buscar una conciliación con el empresario Eduardo Duarte, quien es el representante legal del consorcio.

Sobre la media mañana las manipuladores y transportadores se dirigieron a la sede de la Secretaría de Educación, ubicada en La Triada.

El objetivo era hablar con el titular de esta dependencia municipal, Juan José Sarmiento y con el contratista, quien anunció su presencia en este lugar para solucionar esta problemática.

Duarte se encontraba fuera de Yopal, por lo que su llegada demoró un par de horas y arribó a La Triada sobre el mediodía, pero no se reunió con los trabajadores y contratistas de la empresa, se dirigió a las bodegas y fue allí donde finalmente se dio la firma de los paz y salvos, en horas de la tarde.

Proceso que tuvo su justificación en el hecho que el consorcio no podía retirar el saldo que tenía en la Secretaría de Educación, hasta tanto no presentara los comprobantes de pago, de cada una de las manipuladoras y los transportadores.

En estas circunstancias aceptaron firmar. “Quedamos con la ingeniera Myriam que si hoy en la tarde no se ve reflejado el pago, nosotros le enviamos pantallazos de la cuentas para que ella haga la reclamación”, subrayó Milagros Robayo, quien agregó que solo una de sus compañeras, de quien se reservó el nombre, decidió no firmar y entrar a demandar a Nutri-Pae y finalmente ratificó que esta mañana a a varias de las manipuladoras, les aparece reflejado el mencionado pago en sus cuentas personales.

Un grupo de manipuladoras de alimentos y transportadores que prestan sus servicios al consorcio Nutri-Pae, que fue el operador del programa de alimentación escolar en Yopal durante la vigencia 2023, reclamó frente a la bodega de la empresa, el pago de sus liquidaciones, correspondientes al último cuatrimestre del año pasado.

Según este grupo de personas son 170 manipuladoras y 12 transportadores, quienes se encuentran a la espera que les cancelen la deuda.

Muchas de estas mujeres son madres cabezas de hogar. Algunas de ellas comentaron que estaban a la espera de este pago, para poder comprarles los útiles escolares a sus hijos.

La manipuladoras afirmaron que a cada una le adeudan una cifra cercana al millón doscientos mil pesos, por lo que la cifra total que está pendiente por pagar, supera los 120 millones de pesos.

Ellos desde muy temprano en horas de la mañana de ayer lunes 21 de enero, se apostaron en la calle 40 con carrera 43, a la espera de una respuesta positiva, sin embargo la propuesta de la empresa no fue de su agrado y por el contrario los tomó por sorpresa.

Los afectados dijeron que Nutri-Pae les propuso firmar un paz y salvo, donde se constatara que ya les habían pagado la deuda. Una vez se firmara ese documento, se procedería a pagarles.

Un voto de confianza que la mayoría de ellos no aceptó, porque argumentaron que desde el año pasado se han presentado incumplimientos en los pagos, por lo tanto la confianza en la empresa está en condiciones tan precarias, que no alcanza para aceptar esta propuesta.

Por su parte el secretario de educación del municipio, licenciado Juan José Sarmiento, expresó que es necesario que este tipo de situaciones se oficien a su dependencia, para que los abogados con que cuenta la Secretaría los puedan orientar, sobre las acciones que deben emprender.

No obstante, los afectados se dirigieron esta dependencia y fueron atendidos por la ingeniera Myriam Alvarado, quien es la supervisora del PAE municipal.

Ella se comunicó con el gerente de Nutri-Pae, Eduardo Duarte, quien se comprometió a venir hoy a Yopal para reunirse con funcionarios de la Secretaría de Educación y los afectados. La reunión está programada para las 8 de la mañana en la calle 40 con carrera 23.

El jueves 04 de enero quedó adjudicado el contrato para la prestación del programa de alimentación escolar PAE, para Yopal. Así lo informó la Secretaría de Educación Municipal a través de boletín de prensa.

Según esta dependencia del Gobierno local, la disponibilidad presupuestal la  ejecución de dicho contrato tendrá una duración de 86 días, que corresponden a 4 meses y 15 días.

La Secretaría mencionó que para sacar avante dicho proceso contractual,  se realizaron varias mesas de trabajo desde el mes de mayo del 2023, que estuvieron lideradas por el área de cobertura, en cabeza de la ingeniera Myriam Alvarado Barrera.

El contratista

Al final de la jornada se logró adelantar el contrato 2314-2023, el cual  fue adjudicado al Consorcio PAE Yopal 2024, que tiene por objeto: "Prestar el servicio de alimentación escolar a los estudiantes focalizados de las instituciones educativas oficiales del municipio de Yopal Casanare”.

El monto destinado para este programa de alimentación escolar es de $9.633 millones de pesos.

Ahora viene la etapa de alistamiento, que consiste en contratar a las manipuladoras de alimentos, reactivar los CAE (comités de alimentación escolar) de cada una de las instituciones educativas, para lograr que haya un seguimiento a la prestación del servicio.

 “Desde la Secretaría de Educación de Yopal, también se conformará un equipo de trabajo, encargado de hacer el seguimiento y verificación a la prestación del servicio”, afirmó el secretario de educación de Yopal, licenciado Juan José Sarmiento.

El funcionario agregó que “se conformará un equipo técnico, que estará en las diferentes instituciones educativas, revisando las minutas de los alimentos y que correspondan a lo que fue contratado”

La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Educación, realizará este viernes 3 de noviembre la segunda mesa pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el auditorio de la Biblioteca Pública Departamental en Yopal.

La actividad está programada para iniciar de las 8:00 a.m., con la participación de la comunidad educativa, veedores y entes de control, entre otros actores del PAE de los 18 municipios no certificados en educación del departamento.

El objetivo es mejorar continuamente el programa y garantizar el acceso y la permanencia educativa de niños, adolescentes y jóvenes.

La mesa pública está reglamentada por la Resolución 0335 del 2021 emitida por la Unidad Administrativa Alimentos para Aprender (UAPA) y es liderada por la Secretaría de Educación de Casanare.

Según la secretaria de educación del departamento, Elisabeth Ojeda Rodríguez, el programa ha beneficiado a alrededor de 17.800 estudiantes en áreas rurales, residencias escolares y población indígena, siendo parte fundamental de las estrategias para garantizar la permanencia en las aulas.

Se espera la participación presencial o virtual de padres de familia, líderes comunitarios, veedurías, rectores, docentes, representantes estudiantiles, ecónomas, operadores, interventoría y autoridades municipales, así como entes de control.

Durante la reunión se abordarán las generalidades de la ejecución, operación y resultados del programa PAE en Casanare.

El suspendido gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, ha sido formalmente acusado por la Fiscalía de cometer presuntos delitos en relación a un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante su primer periodo como mandatario departamental.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ha imputado al exgobernador Monsalvo Gnecco por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Según las pruebas presentadas, durante su periodo como mandatario seccional entre 2012 y 2015, se habrían cometido diversas irregularidades en relación a un contrato específico del PAE.

El proceso contractual blanco de cuestionamientos, es el 0041 de 2015, que tenía como objetivo garantizar la alimentación de estudiantes menores de edad, tanto en áreas rurales como urbanas del departamento.

Sin embargo, la investigación reveló al menos seis irregularidades sustanciales, incluyendo falta de planeación y deficiencias en los estudios previos.

Se ha señalado que Monsalvo Gnecco habría direccionado el proceso contractual para beneficiar a un consorcio específico y habría delegado su deber de supervisar todas las fases de contratación a otro funcionario, incumpliendo así con lo establecido por la ley. 

El juicio contra el exgobernador Monsalvo Gnecco comenzará en la fecha determinada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Frente a una supuesta intoxicación de 8 estudiantes del colegio Luis Hernández Vargas de Yopal presentada el pasado 30 de mayo, la Administración municipal emitió un boletín de prensa dando claridad sobre este hecho.

La primera aseveración es una afirmación categórica que la presunta intoxicación, no dependió del consumo de alimentos del PAE.  Agrega que una vez se registró la situación, se practicaron pruebas de laboratorio a los alimentos entregados a los alumnos.

Los resultados de dichos exámenes determinaron inocuidad en los alimentos. Por los tanto los síntomas presentados por los 8 educandos, no estuvieron asociados con la ración del programa de alimentación escolar.

Aclara igualmente el escrito que desde la institucionalidad se adelantaron todas las acciones necesarias, para estos casos.

En este orden de ideas se precisó que la Secretaría de Educación intensificó el seguimiento a las actividades cumplidas por el operador, NutriPae Yopal 2023.

Desde la Secretaría de Salud se procedió con la respectiva investigación. Se obtuvo un primer informe donde se reveló que los estudiantes afectados quienes fueron atendidos en el dispensario de la Brigada XVI, presentaban hipotéticamente casos de ETA (enfermedades transmitidas por alimentos).

Sin embargo se pudo tratar de casos aislados o brote familiar, precisa el boletín. “Es decir, que consumieron alimentos el día anterior o antes de llegar al colegio, diferentes a los alimentos consumidos en común por todos los 344 niños  de la Institución Educativa Luis Hernández Vargas, que ese 30 de mayo consumieron los mismos alimentos”, es la versión oficial. Además se recalca que los niños tienen un vínculo familiar.