Un cuestionario con 22 preguntas remitió la Asamblea Departamental al secretario de educación, Diego Fernando Ardila Plazas, para que fuesen respondidas durante el desarrollo del debate de control político que hizo la corporación a la mencionada dependencia, que abordar específicamente el tema del PAE.

La citación a este debate la hizo el diputado Jorge Eduardo García, quien al final de la jornada insistió en algunos cuestionamientos sobre la manera en que la Administración seccional adelantó el trámite de contratación, del programa de alimentación escolar.

García indicó que estas actuaciones terminaron con la revocatoria del proceso, que luego conllevó a la declaratoria de urgencia manifiesta y que será la Contraloría la que debe entrar a calificar la validez de dicho proceso.

García esbozó la línea de tiempo e hizo algunos reparos. Comenzó por decir que el proceso del PAE se abrió públicamente el 29 de diciembre del año paso. Dentro del derrotero previsto, el 03 de enero se debía hacer la asignación de riesgos, que hace parte de la etapa precontractual.

Dijo el diputado que para ese mismo día se tenía como plazo presentar las observaciones de los posibles oferentes, al pliego de condiciones de ese contrato.

Sin embargo, ese 03 de enero el Gobierno departamental emitió una adenda donde postergó para el 11 del mismo mes la audiencia de asignación de riesgos, argumentando que carecía de las herramientas  tecnológicas suficientes, así como del personal para llevarla a cabo.

“En esa misma adenda se modifica el cronograma de las observaciones. Pero las observaciones no se sustentan y es ahí, donde empezamos a ver cosas sospechosas”, subrayó el diputado García.

El asambleísta igualmente recalcó que al día siguiente se emitió una segunda adenda, donde ese indicó que todos los problemas antes mencionados ya fueron solucionados, por lo que se fijó para ese 04 de enero la asignación de riesgos, que había sido postergada inicialmente.

Hizo hincapié que el citado documento no se hizo referencia a nada de las observaciones hechas por los eventuales oferentes, las cuales que estaban programadas para el 11 de enero.

Efectivamente las observaciones se hicieron en la fecha establecida, por lo que el diputado calificó que se adelantó de manera extemporánea y que la Administración departamental no dio una explicación a este hecho.

El otro hecho que para Jorge Eduardo García genera suspicacias, hace referencia a que en la primera adenda se expuso que la Secretaría de Educación no contaba con las herramientas para la audiencia de asignación de riesgos, pero 24 horas después en un tiempo record de 6 horas solucionó todo.

Otro punto sobre el cual se pronunció señala que el 12 de enero se responde de manera oficial a las observaciones y  ese mismo día se declara la revocatoria, aun cuando tenían plazo hasta el 15 para hacerlo.

Aclaró igualmente que su trabajo de control político cumplió su objetivo y que ahora corresponden a los entes de control, entrar a revisar si se cometió algún tipo de irregularidades.

Frente a este pronunciamiento el secretario de educación, Diego Fernando Ardila Plazas, explicó que se cuentan con los espacios necesarios, que le permitieron a la entidad territorial aunar esfuerzos para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar, cumpliendo con todos los requerimientos y obligaciones legales.

Agregó el funcionario que todas las actuaciones se hicieron dentro del marco legal. En este mismo contexto ubicó todo el tema de urgencia manifiesta, sobre la cual precisó que se remite a la Contraloría para “el respectivo control que corresponde en el marco de sus competencias”.

Sobre las observaciones dijo que no llegaron en las fechas que señaló el diputado sino un día antes, por lo que calificó esta discusión como un tema de opiniones y de la manera cómo se presenta la información.