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Luego del pronunciamiento de la Justicia Especial para la Paz, donde expuso las razones por la cuales no aceptó la solicitud de sometimiento del exalcalde de Aguazul, Mauricio Jiménez Pérez, los hermanos del mandatario publicaron un sentido mensaje en el cual manifestaron su desacuerdo con la decisión de la JEP.

El escrito comienza por describir las repercusiones emocionales que tiene para ellos el rechazo a la petición hecha por el exmandatario. “Hablamos como los hermanos de José Mauricio Jiménez, con el corazón roto y llenos de dolor por la injusticia que hoy consume a nuestra familia”.

Asegura la publicación que durante el tiempo que ejerció como alcalde de Aguazul, su hermano terminó cediendo ante las pretensiones de los grupos armados organizados de la época, por temor.

“Nuestro hermano José Mauricio, exalcalde de Aguazul, cedió por miedo, por la coacción de un conflicto armado que devoraba a Casanare, donde los líderes civiles estaban solos, sin el amparo del Estado, y con una “pistola en la cabeza” que los obligaba a someterse a la barbarie”.

También recalca que “ha manifestado su profundo arrepentimiento y ha pedido perdón a las víctimas de los desaparecidos, demostrando su voluntad sincera de contribuir a la verdad, la reparación y la justicia”.

Sobre la negativa a la solicitud de sometimiento la califican como “una dolorosa incoherencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

Opinión que para los hermanos de Jiménez Pérez tiene su argumento. “Mientras la JEP admite y otorga beneficios a actores armados que empuñaron fusiles y cometieron crímenes atroces, a nuestro hermano —que nunca tomó un arma y cuya presunta responsabilidad se limita a una autoría por omisión, en un contexto de amenaza y abandono estatal— se le cierran las puertas”.

Razones a las que se añaden algunos cuestionamientos. “Nos preguntamos con angustia: ¿Por qué un civil coaccionado encuentra un muro, mientras criminales confesos obtienen libertad e incluso curules?”

En este contexto los hermanos Juan, Patricia Fernanda, Marta Zoraya y Juan Ricardo Jiménez, quienes firma el comunicado a la opinión pública, hacen un llamado para que la petición de Mauricio sea aceptada.

“La justicia transicional debe reconocer el contexto de guerra que obligó a muchos civiles a “aceptar el sometimiento”. Exigir una plena posición de garante a un funcionario civil bajo amenaza, sin respaldo del Estado, es un doble rasero inaceptable”.

Agrega el escrito que “no buscamos impunidad. Buscamos la verdad simétrica, el reconocimiento del contexto de terror y un trato justo”.

Por lo tanto, hace una solicitud puntual. “Exigimos que la JEP deje de ser una vía de escape para los criminales armados, mientras se convierte en un aparato de estigmatización para los civiles que fueron también víctimas de la coacción y el miedo.

Recordó la publicación que la familia Jiménez también fue víctima de la violencia. “Nuestro padre fue vilmente asesinado por los paramilitares, y reiteramos con firmeza que nuestro hermano nunca fue autor intelectual ni material de delito alguno. Su única falta fue ser autor por omisión en posición de garante, en un contexto de abandono estatal y violencia generalizada”.

Insista el comunicado en el abandono estatal imperante en la época en que ocurrieron los hechos. “Este no fue un problema exclusivo de Aguazul, sino de todo el país”.

Por eso consideran injusta la situación de Mauricio Jiménez. “El hecho de que nuestro hermano sea el único exalcalde condenado en Colombia bajo estas circunstancias profundiza aún más nuestro dolor y cuestiona la equidad en la aplicación de la justicia y en el respeto al derecho a la igualdad”.

Finalmente, pidieron un trato justo para su hermano de quien manifestaron que su único deseo es contribuir a la verdad.

En un boletín de prensa la Justicia Especial para la Paz reveló las razones por las cuales negó la solicitud de sometimiento hecha por el exalcalde de Aguazul, Mauricio Jiménez Pérez.

Para la JEP la versión entregada por el exmandatario local no aportó la verdad plena, ni entregó ninguna novedad, tampoco datos relevantes, que permitieran “aclarar los patrones macrocriminales que afectaron a la población de Casanare durante el periodo en que fue alcalde 2001 – 2003).

El escrito compartido por la JEP recuerda que Jiménez Pérez fue condenado “en 2011 por el Juzgado 5to. Penal del Circuito Especializado de Bogotá a 29 años de cárcel por la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal López y Ariel Rojas Moreno”.

Los cargos contra Mauricio Jiménez son por “omisión, y concierto para delinquir agravado en calidad de autor”, según se puede leer en el documento.

También recuerda que se le impuso una inhabilidad de 13 años para ejercer cargos públicos”. Igualmente menciona que por estos hechos “se encuentra en etapa de investigación un proceso disciplinario en la Procuraduría relacionado con dichas desapariciones forzadas”.

Adicionalmente expresa que la “Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP determinó que Jiménez Pérez no brindó información que permitiera revelar con claridad cómo se desarrolló su connivencia con las autodefensas”.

Añade que tampoco “reveló contenido sobre sus vínculos a través de reuniones (probadas en la justicia ordinaria) que sostuvo con Héctor Germán Buitrago Parada, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), conocido como ‘Martín Llanos’ “.

Así mismo, según la JEP, en el relato de Jiménez Pérez, no se “entregó información orientada a esclarecer algún patrón criminal relacionado con violaciones de derechos humanos cometidos por las ACC contra la población civil de Aguazul (Casanare) mientras ejerció como alcalde”.

Ante esta situación determinó que el exalcalde “incumplió el régimen de condicionalidad, lo que le impide acceder a tratamientos especiales o beneficios de la JEP, empezando por la aceptación del sometimiento”.

Aclaró la Sala Disciplinaria que el exalcalde de Aguazul “contó con amplias oportunidades para brindar información que superara el umbral de verdad esclarecido en la jurisdicción ordinaria, pero Jiménez no hizo ningún aporte a la verdad que resultara idóneo”.

En este contexto subrayó la JEP que la información entregada por Jiménez Pérez se limitó a la narración de “argumentos vagos que no permitieron ahondar en la develación plena de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el señalamiento de otros autores implicados en los delitos por los que fue condenado”.

Frente a este hecho la JEP ordenó remitir el expediente a las autoridades ordinarias, “toda vez que en el proceso penal por el que fue condenado se encuentra una orden de captura vigente en su contra, la cual está a cargo del Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Como crímenes de lesa humanidad calificó el magistrado de la JEP Óscar Parra, las ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el departamento de Casanare en el inicio de los años dos mil.

Agregó que este proceso de verdad, justicia y reparación que se viene adelantando, ha tenido que sortear varios obstáculos. Comenzó por expresar que no se trató de acciones aisladas perpetradas por algunas ‘manzanas podridas’, que había por aquella época en las fuerzas del Estado.

En ese contexto aseguró que se trató de hechos masivos previamente planeados, ejecutados y posteriormente encubiertos, donde el número puede llegar a las 400 o 500 víctimas.

En este largo camino de la justicia, identificó el magistrado que un primer paso es el reconocimiento de estos delitos.  De esta manera se abre la puerta para conocer la verdad, que es el siguiente escalón en este proceso.

Bajo esta premisa calificó como importante que el ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, junto con los altos mandos militares, haya participado del acto de excusas públicas a 27 familiares de víctimas, que se adelantó en el salón Quiripa de la Cámara de Comercio, el pasado sábado 4 de octubre.

Para el magistrado de la JEP la presencia del ministro ayuda a reconstruir la confianza en el Estado que se había perdido en la sociedad civil, como respuesta a estos crímenes tan atroces.

Delitos que involucraron en su ejecución a un número superior a las 300 personas vinculadas con el Estado. Para corroborar esta afirmación Parra mencionó que 29 han sido señados como máximos responsables y otros 300 se encuentran en la sala de definición de situaciones jurídicas.

En medio este escenario bastante complejo y pletórico de diatribas, recalcó que las excusas públicas clasifican como un parte del proceso de reparación, porque involucra el conocimiento de la verdad que, a su vez, es un primer paso en el objetivo de esclarecer los hechos.

La situación tiene demasiadas aristas. Algunas no se mencionan con tanto ahínco, pero que son igualmente importantes. Una de estas problemáticas es la estigmatización.

El magistrado de la JEP manifestó que las familias de las víctimas, además de perder sus seres queridos, se vieron sometidas al señalamiento público, de haber tenido un miembro de su familia dentro de las filas de algún grupo al margen de la ley o de pertenecer directamente a una de estas organizaciones delictivas.

De esta manera se generó un ambiente muy denso para las familias de las víctimas que provocó su desplazamiento. “En algunos casos extremos tuvieron que salir de la zona donde vivían”, indicó el magistrado.

Otra rémora que se presentó al inicio del proceso fue el negacionismo. Basado en la información compartida por Parra, este fenómeno consistió en el hecho que mucha gente creyó que estos casos eran mentira.

En el colectivo de la sociedad hizo carrera la versión que estos crímenes no habían ocurrido o que no eran hechos sistemáticos perpetrados por ‘manzanas podridas’, que se encontraban al interior del aparato de defensa del Estado.

En ese contexto, para Óscar Parra, la actividad del sábado revindica la memoria de lo ocurrido y esa verdad es fundamental para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

También subrayó que se busca que este tipo de actos se repliquen en las escuelas de formación militar, para que las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas conozcan que esto pasó, para que no lo repitan.

Sobre las penas o sanciones que emitirá la JEP, el magistrado explicó que se viene trabajando en una resolución de conclusiones. Dicha labor está a cargo de la sala a la cual él pertenece, que es la de reconocimiento.

Añadió que este documento abre el camino para que el Tribunal para la Paz comience a hacer los preparativos para emitir una sentencia.

Esta etapa de sentencias pasa por una serie de audiencias, donde se busca establecer cuáles serían las penas que se aplicarían para los casos de Casanare.

Existen varias propuestas como la creación de una universidad, proyectos de reforestación, búsqueda de personas desaparecidas, entre otras.

Una vez conocidas las mencionadas iniciativas, el Tribunal hará un análisis de las mismas y de esta manera se abre la ruta para la emisión de las sanciones.

En un acto cargado de dolor y memoria, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo entrega hoy de los restos de Elder Aponte Tumay a su madre y familiares en el municipio de Pore.

Elder Aponte Tumay fue víctima de ejecución extrajudicial y desaparición forzada atribuida a miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional en Casanare.

La madre de Elder, entre lágrimas, expresó el vacío que deja la partida de su hijo y la impotencia de tantos años de incertidumbre. Para la familia, recibir sus restos significa al menos cerrar un ciclo de búsqueda, aunque el dolor permanece intacto.

A Elder Aponte Tumay lo buscó su familia por casi 19 años. Su tía, Astrid de la Trinidad, una religiosa templada y frentera, solicitó a la JEP su acreditación para soportar su lucha y reclamos de verdad y justicia en este caso, un doloroso falso positivo más.

La JEP, creada como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016, ha adelantado procesos de búsqueda y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto. Según cifras oficiales, en Colombia se registran más de 120 mil personas desaparecidas, una de las heridas más profundas que ha dejado la guerra interna.

La entrega realizada en Pore es también un recordatorio de que estos hechos no pueden repetirse. Cada acto de memoria y reparación busca que la dignidad de las víctimas sea reconocida y que las comunidades puedan encontrar un camino hacia la reconciliación.

El acto se realizó en el Hotel Pore Real, y contó además con la presencia de delegados de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el Centro Jurídico de Derechos Humanos.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) entregó este 5 de julio 19 placas conmemorativas en igual número de municipios del departamento de Casanare, como parte del cierre de un proceso restaurativo dirigido a víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

La iniciativa se desarrolló en el marco del programa de acompañamiento a miembros activos y retirados de la Fuerza Pública que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante ocho meses, 20 comparecientes y 33 familiares de víctimas participaron en un proceso de reconocimiento y reparación simbólica.

Las placas serán ubicadas en espacios representativos de cada municipio y relatarán los casos de personas que fueron asesinadas y presentadas de forma ilegítima como bajas en combate entre los años 2002 y 2008.

Durante el acto de cierre, adelantado en auditorio de La Triada de Yopal, los comparecientes reconocieron su responsabilidad en los hechos y ofrecieron mensajes de perdón a las familias afectadas.

Edwing Guerrero, uno de los comparecientes, expresó: “Queremos decirles cuánto anhelamos su perdón. Hoy reconocemos el daño causado y nos duele profundamente”.

Por parte de las víctimas, también hubo llamados a la reconciliación. William Acero invitó a construir un compromiso colectivo por la paz, mientras que Nardys Maldonado pidió que las placas sirvan como recordatorio de hechos que no deben repetirse.

La directora de la ARN, Alejandra Miller, destacó que estas acciones buscan dejar una huella tangible en los territorios y fortalecer la conciencia colectiva.

“Estas placas representan el futuro. Ratifican que les creemos a las víctimas y que no se puede repetir lo que estas familias vivieron”, afirmó.

La actividad forma parte de los esfuerzos institucionales por garantizar la verdad, la reparación y la no repetición en el marco del proceso de justicia transicional que lidera la JEP en Colombia.

En medio del conflicto armado, el municipio antioqueño de Caicedo enfrentó durante años la crudeza de las acciones perpetradas por las Farc-EP: asesinatos, extorsiones, secuestros y tomas armadas.

Pero fue el robo sistemático de los camiones cargados de café —base económica de la región— lo que llevó a sus habitantes a dar un paso al frente y romper el silencio.

Ese gesto de valentía ciudadana recibió, en abril de 2002, el respaldo del entonces gobernador Guillermo Gaviria y su consejero de paz Gilberto Echeverri, quienes decidieron acompañar la marcha civil pacífica como símbolo de rechazo a la violencia.

No obstante, ambos fueron secuestrados en el camino por la guerrilla y, un año más tarde, asesinados junto con ocho miembros del Ejército Nacional durante una fallida operación de rescate.

A pesar de la tragedia, Caicedo no retrocedió. Su comunidad continuó manifestándose en las calles, aferrada al mensaje de No Violencia. Con el tiempo, esta persistencia dio fruto: se consolidó una mayor presencia institucional, se reconstruyó el tejido social y regresó la tranquilidad al municipio.

Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoce a Caicedo como un símbolo de resistencia civil y dignidad. Su historia se mantiene viva como lección para el país: frente a la violencia, la paz también puede ser una forma de lucha.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado importantes avances en el esclarecimiento de los casos de falsos positivos en Casanare, donde se llevaron a cabo más de 300 ejecuciones extrajudiciales y aproximadamente 500 víctimas se encuentran participando en el proceso judicial.

Así lo indicó el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Casanare, quien estuvo este lunes 10 de febrero en Yopal.  Destacó que este proceso representa un hito histórico en la participación de las víctimas ante la JEP.

Recalcó que el proceso ha logrado determinar responsabilidades que no se habían esclarecido en la justicia ordinaria, con máximos responsables reconociendo su participación.

A pesar de esto, algunas víctimas han expresado críticas y rechazos a ciertos reconocimientos, los cuales están siendo analizados judicialmente por la JEP.

La justicia restaurativa es un componente central de este proceso. Las víctimas han presentado propuestas para que este proceso tenga sentido para sus familias.

Estas propuestas incluyen acceso a educación superior para las familias, proyectos de memoria y dignificación de las víctimas, incluyendo la conmemoración de las personas ejecutadas extrajudicialmente y desaparecidas.

Igualmente existe un componente de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la preservación de lugares donde puedan encontrarse sus restos, restauración del medio ambiente y medidas educativas.

Para lograr un acuerdo entre las partes se ha establecido una mesa de trabajo para abordar las inquietudes de las víctimas y canalizar sus propuestas.

Esta iniciativa busca impulsar políticas públicas asociadas a los proyectos restaurativos. Las reuniones se llevarán a cabo al menos una vez al mes o cada dos meses, con la posibilidad de realizar encuentros virtuales para facilitar la participación de quienes tienen dificultades para asistir presencialmente.

Adicionalmente la JEP está trabajando para que se reconozca aquellas víctimas que no han sido incluidas dentro del registro único de víctimas, para que puedan acceder a reparaciones de índole económico, entregadas por el Estado.

En este sentido desde la Justica Especial para la Paz se ha oficiado a la Unidad de Víctimas, que es la entidad encargada de estos temas, dado que muchas personas no habían sido reconocidas con anterioridad al haberse catalogado los hechos donde perdieron a sus familiares como combates y no como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

El magistrado Parra Vera señaló que, aunque hay avances significativos, aún queda un camino importante por recorrer en la definición de las sanciones. La JEP espera dinamizar estos proyectos restaurativos en Casanare, buscando un equilibrio entre el reconocimiento de responsabilidades y las necesidades de reparación de las víctimas.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido rechazar la solicitud de sometimiento presentada por Edilberto Castro Rincón, quien se desempeñó como gobernador del Meta entre 2004 y 2007.

Castro enfrenta una condena impuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo halló culpable de homicidio agravado, celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Durante su gestión, el exgobernador estableció vínculos con figuras como alias ‘Don Mario’ y alias ‘Miguel Arroyave’, líder del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta colaboración le permitió obtener beneficios electorales a cambio de contratos ilegales que favorecían a la organización paramilitar, consolidando su control político en el Meta y facilitando su participación en foros de paz, lo que posteriormente contribuyó a su desmovilización y a obtener escaños en el Congreso.

La alianza entre Castro y los paramilitares tuvo consecuencias trágicas, incluyendo el asesinato del exgobernador Carlos Javier Sabogal Mojica y el líder político Eúser Rondón Vargas, así como la diputada Nubia Sánchez Romero.

Todos ellos habían denunciado irregularidades que llevaron a la apertura de procesos penales y disciplinarios contra Castro, culminando en su condena.

Aunque la Sala de Definición había rechazado previamente su solicitud, esta decisión fue revocada en octubre de 2022 por la Sección de Apelación, que consideró que las acciones de Castro podrían estar indirectamente relacionadas con el conflicto armado.

Se le solicitó presentar un Compromiso Claro Concreto y Programado (CCCP) que incluyera sus aportes a la verdad y un plan para la restauración.

Sin embargo, tras tres solicitudes para ajustar su CCCP, la Sala concluyó que Castro no cumplió con las condiciones establecidas. La evaluación reveló que sus aportes a la verdad eran insuficientes y carecían del desarrollo necesario.

Además, mostró reticencia a detallar sus relaciones con el Bloque Centauros, a pesar de las evidencias en su contra.

La Sala criticó la falta de transparencia y compromiso de Castro con la JEP, señalando que intentó utilizarla para su beneficio personal. Este incumplimiento reiterado llevó a justificar el rechazo definitivo a su solicitud.

Asimismo, se determinó que no contribuyó al esclarecimiento del macrocaso 08 sobre las relaciones entre las AUC y funcionarios estatales no pertenecientes a la fuerza pública.

Finalmente, mediante la Resolución 002 del 2 de enero de 2025, el caso de Edilberto Castro fue remitido al Juzgado 20 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Bogotá para continuar con el seguimiento de su condena.

La Corte Suprema había impuesto una pena de 40 años de prisión junto con una multa equivalente a 2.270 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está analizando una solicitud inusual del general retirado Henry Torres Escalante. El exmilitar propone realizar un acto público para devolver una condecoración que recibió durante el tiempo que estuvo como comandante de la Brigada XVI del Ejército con sede en Yopal.

Esta medalla, otorgada por resultados operacionales, está vinculada a un período en el que ocurrieron numerosas ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos". Torres Escalante admitió su responsabilidad en la muerte de 296 civiles entre 2005 y 2007.

A través de su abogado, el exgeneral expresó su deseo de entregar la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público como parte de un gesto de reparación. Además, manifestó su intención de pedir perdón a las familias afectadas durante este evento.

La JEP, encargada de juzgar los crímenes del conflicto armado, no ha tomado una decisión inmediata sobre esta propuesta. En su lugar, ha solicitado la opinión de las víctimas y de la Procuraduría sobre la pertinencia de este acto simbólico.

El magistrado Óscar Parra, quien supervisa el caso, ha establecido un plazo de cinco días para recibir las respuestas de los involucrados. La decisión final sobre la realización del acto dependerá en gran medida de estas opiniones.

Fue negada por la JEP la solicitud hecha por el exparamilitar Nelson Orlando Buitrago Parada, para que fuese incluido dentro del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En este caso se conoció que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la cual concluyó que no tenía competencia personal para admitir el sometimiento a la JEP de Buitrago Parada, conocido con el alias de “Caballo”.

Nelson Orlando, hermano de Héctor Buitrago, “Martín Llanos”, tenía como objetivo acceder a los beneficios que ofrece la JEP, de acuerdo con lo consagrado en el acuerdo de final de paz.

No obstante, la JEP argumentó la decisión en ocho puntos. Resaltó que, para el caso de los exintegrantes de grupos paramilitares, no pueden presentarse como terceros civiles ante esa entidad. Complementó agregando que la Ley 975 de 2005, es la legislación especial para juzgar este tipo de casos.

Además, hizo la observación que la jurisprudencia colombiana no cuenta con una normativa expresa, que habilite la inclusión de exmiembros de estas organizaciones en la JEP.

Asimismo, subrayó que la competencia de la Justicia Especial para la Paz se circunscribe a grupos de naturaleza rebelde, por lo tanto, los paramilitares se encuentran excluidos.

Esta determinación tiene su origen en el propio acuerdo de paz, donde los firmantes acordaron deja por fuera de los exmiembros de los grupos paramilitares, de los beneficios que otorga la justicia transicional.

Es por ello, que Nelson Orlando Buitrago no puede acceder a los mecanismos de justicia y reparación establecidos en el acuerdo de paz.

En cuanto a los argumentos expuestos por alias “Caballo”, dijo que integró las ACC, desde 1999 hasta 2004. Entregó copia de dos sentencias condenatorias en su contra, relacionadas con los delitos de desaparición forzada, tortura agravada y homicidio, que fueron proferidas por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal.

La petición de ser incluido en la JEP fue motivada por las más de 100 sentencias condenatorias que tiene en su contra, que se suman a los 150 procesos e investigaciones que hacen curso de varios juzgados.

En este momento sobre Buitrago Parada pesa una condena fallada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, por el delito de desaparición forzada y homicidio de Beyer Reyes Monguí, en hechos ocurridos el 14 de junio de 2002 en Aguazul.

Este mismo despacho lo sentenció por desaparición forzada y agravada, tortura agravada, así como homicidio en el caso de Pablo Alberto Pérez, perpetrado el 11 de marzo de 2003 en el municipio de Tauramena.