La gerente de Enerca, Nubia Stella Castro Molano, expresó su preocupación ante lo que considera la inminente crisis en el suministro de gas para la región de la Orinoquia.

La funcionaria habló sobre la falta de interés por parte del Gobierno nacional, para abordar estos temas con las autoridades locales y regionales.

Para ayer 28 de noviembre se tenía programada una reunión donde se esperaba la presencia del Ministerio de Minas, Ecopetrol y otras entidades del orden nacional, pero solo algunos funcionarios del orden nacional se comunicaron de manera virtual.

Castro Molano sostuvo que Casanare y Meta se encuentra al borde de una crisis energética, con más de 10.000 familias y usuarios formales de Enerca y residentes en el norte del departamento, corren el riesgo de quedarse sin suministro de gas domiciliario o de enfrentar precios inasequibles.

La situación se agrava al considerar que estos departamentos aportan más del 60% del gas a la producción nacional, lo que genera un sentimiento de injusticia y preocupación entre la población y sus representantes.

Municipios como Trinidad, Paz de Ariporo, Orocué, San Luis, veredas de Yopal y Aguazul, son los más afectados por esta incertidumbre que, según Castro Molano, podría materializarse a partir del 1 de diciembre.

La principal demanda es la implementación de una tarifa diferencial para la región de los Llanos, así como un precio justo y garantizado para la "molécula de gas vehicular" que también impacta al gremio transportador, incluyendo a los taxistas de Yopal, Aguazul y el departamento del Meta.

La gerente ha manifestado consistentemente su postura en diversos foros públicos y encuentros con el Gobierno Nacional, abogando por la necesidad de atender estas demandas.

Sin embargo, la reciente participación virtual de algunas entidades del gobierno central en mesas de diálogo ha generado malestar y la percepción de falta de compromiso directo por parte de las autoridades nacionales.

Mandatarios de los municipios afectados, como la alcaldesa de Trinidad y los burgomaestres de Orocué, Yopal, Paz de Ariporo y San Luis, han unido sus voces para gestionar el apoyo del Gobierno Nacional.

La inminencia de la fecha límite y el impacto potencial en más de 10.818 familias, incluyendo aquellos beneficiarios del programa de gas social de Perenco, subraya la urgencia de una intervención gubernamental efectiva, según lo explicado por Nubia Castro.

La comunidad y sus líderes instan a una respuesta concreta que garantice el acceso a un servicio esencial a un precio equitativo, evitando así una crisis humanitaria y económica en una de las regiones productoras de gas más importantes del país.