En un documento compartido por el Concejo Municipal de Yopal y firmado por el presidente, Michael Castro Niño, la Corporación se comprometió con adelantar una serie de acciones que busca brindar alternativas a 60 familias destinatarias de una orden judicial.

El mencionado fallo precisa que se deben demoler todas las construcciones que se encuentran ubicadas en la ronda del caño Aguaverde, que atraviesa la vereda La Unión.

En este orden de ideas, el comunicado del Concejo señala que debe adelantarse un trabajo conjunto entre la Corporación, la Alcaldía y la comunidad.

Este esfuerzo estará enfocado en solicitarle al juez, que antes de emitir la orden para ejecutar la sentencia, se brinden alternativas que protejan los derechos de las familias inmersas en este decisión judicial

Un primer paso propuesto en este sentido, será adelantar una mesa de trabajo para redactar un oficio dirigido al juez, donde se le solicite que autorice una audiencia de verificación.

También se buscará la posibilidad para que la comunidad se pronuncie y luego se realice una inspección al sitio para constatar la problemática.

Finalmente en este escrito el presidente del Concejo consideró oportuno solicitar al juez, que antes de impartir las órdenes de desalojo o demolición, se le garantice a la comunidad que no se van a vulnerar sus derechos.

Este tema de la invasión de la ronda del caño Aguaverde, no es un tema nuevo. En el mismo pronunciamiento del Concejo se hizo un rápido recuento de la situación.

Precisa el escrito que en 2014 se instauró una acción popular, por el aprovechamiento que hicieron los propietarios de diferentes predios ubicados en esta zona de protección ambiental.

“El resultado de este procedimiento se dio en el 2019 con el fallo proferido que insta a la Administración a demoler las construcciones que se sitúan a menos de los 50 metros de la rivera del afluente.

A hoy este fallo, que ya es una orden judicial de obligatorio cumplimento no se ha dado, pero se podría dar en cualquier momento, por lo que las familias que tendrían que demoler o reubicar sus viviendas”.

Ante esta situación los destinatarios de esta orden judicial acudieron al Concejo Municipal en busca de alcanzar, junto con la Alcaldía, su intermediación, que permita llegar a unos  acuerdos con el juez de conocimiento que lleva el caso.

 “El Concejo ha puesto al equipo jurídico de la Corporación a disposición para que brinde asesoría. Lo que se busca es que, sin desconocer la orden constitucional, el Estado brinde ayuda para dar solución a la problemática que tiene la comunidad”, expresó el presidente del concejo, Michael Castro Niño. 

 No se les había notificado

Otra situación expuesta en el comunicado señala que la mayoría de estas familias no se les habían notificado sobre la orden judicial, por lo que se estarían vulnerando sus derechos constitucionales.

Por lo tanto en el escrito se considera necesario “verificar si ha existido alguna irregularidad en el proceso que se pueda subsanar, o que se puedan tomarse decisiones previas a la ejecución del fallo”.

“La orden judicial ya está ejecutoriada, pero al ser una orden constitucional que busca la protección de los derechos colectivos constitucionales, le permite al Juez un amplio manejo para que, en cumplimiento a esa orden, no se afecten otros derechos”, sostuvo Michael Castro.