Casanare se encuentra dentro de los departamentos que presentan riesgo extremo de situaciones de conflicto armado y violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, dentro del Sistema de Alarmas Tempranas 019 de mayo de 2023, emitido de la Defensoría del Pueblo y que comprende desde septiembre de 2019 a diciembre de 2022. Los otros departamentos citados son Chocó, Norte de Santander, Santander, Cesar, Caquetá, Valle del Cauca, Risaralda, Putumayo y Arauca.

La alerta temprana nacional advierte riesgos sobre la vida e integridad personal, contra la garantía de la labor de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos en 706 municipios y 16 áreas no municipalizadas de 32 departamentos.

Situación en Casanare

En lo que concierne a Casanare, en la matriz nivel municipal con valoración del riesgo 2023, Yopal, Aguazul, Orocué, Maní, Sácama y La Salina son los municipios con riesgo extremo. Esto significa indicios de la inminencia de ocurrencia de hechos de violencia con afectaciones graves a la vida, integridad y libertad personal de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos. Estos riesgos se expresan en homicidios, amenazas contra la vida y la integridad personal; atentados; presiones o actos de constreñimiento a líderes; y control territorial y poblacional, lo que puede traer como consecuencia desplazamientos forzados, confinamientos o restricciones a la circulación, y afectar el normal desarrollo las labores de las PDDH y líderes sociales.

Mientras tanto Pore, Hato Corozal, Támara, Paz de Ariporo, San Luis de Palenque, Trinidad, Villanueva, Sabanalarga, Monterrey y Tauramena, están en riesgo alto, lo cual según la alerta temprana indica que hay indicios de alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia cometidos por grupos armados ilegales, grupos de crimen organizados, contra personas defensoras de derechos humanos, lideres sociales y comunidades.

Finalmente, los municipios de Chámeza, Recetor y Nunchía están en extremo medio. Y esto implica que hay indicios de la presencia, acción, tránsito o confrontación de grupos armados ilegales y grupos de crimen organizado.

En Casanare se han evidenciado entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022:

• 36 casos de amenazas;
• 5 atentados;
• 3 desplazamientos forzados
• 3 homicidios contra defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Violencia contra defensores de derechos humanos en la nación

En el monitoreo establecido para actualizar escenarios de riesgo a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento, entre septiembre 2019 y diciembre 2022, de 2974 conductas vulneratorias contra los derechos de PDDH, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos, de las cuales 2851 son de carácter individual y ocurrieron contra personas defensoras y líderes sociales; así como 123 de ellas son de carácter colectivo y ocurrieron contra organizaciones sociales y/o defensoras de los derechos humanos. Estas conductas ocurrieron en 510 municipios de 32 departamentos del país. Para esta labor de monitoreo y análisis plasmada en la presente alerta temprana, la Defensoría del Pueblo dispuso un equipo de 86 servidores públicos pertenecientes a la Delegada para la Prevención de Riesgos – Sistema de Alertas Tempranas SAT, así como la capacidad operativa de las 42 regionales de la entidad en todo el territorio nacional.

Estuvo en Casanare la décimo novena delegación asturiana de Derechos Humanos y Paz.

Como ellos mismos lo expresaron en diálogo con la prensa, el motivo de su visita al departamento, fue verificar el estado actual de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el cese al fuego, en suelo casanareño.

En su intervención la delegación ibérica indicó que, en el principado de Asturias, al norte de España, hay un programa de acogida temporal para la dirigencia social colombiana amenazada de muerte.

Hasta la fecha ha recibido a 134 personas “que el Estado colombiano no pudo o no quiso proteger. Algunos de ellos fueron asesinados a su regreso al país y eso habla de la importancia que tiene el programa”, manifestaron desde la mencionada delegación.

En los 18 años que llevan viendo al país, han encontrado en Casanare una relación directa entre la actividad petrolera, agroindustrial y el escalamiento con niveles de violencia con población civil, con responsabilidad de la Fuerza Pública, como el caso del general Torres Escalante.

El portavoz de los asturianos Minervino habló sobre las impresiones que tuvo el grupo, en sus visitas a Nunchía, Yopal, así como de reuniones con organizaciones de defensores de Derechos Humanos y el Comando de Policía de Casanare.

Ya dentro del informe aseguró el asturiano que, las mujeres sufren violación de sus derechos de manera constante. Problemática que trasladaron a las autoridades policiales, que según lo comentó Minervino se comprometió a realizar u seguimiento a esta situación.

Pero no todo es negativo. Citó como ejemplo que muchas veces Colombia es un ejemplo para el mundo, de cómo sobreponerse a situaciones dantescas.

Complementó que el tema educativo es fundamental para el desarrollo de una sociedad y deben ir de la mano con el derecho que tienen las familias de acceder al agua potable y la vivienda.

También analizaron los cambios que ha tenido la sociedad casanareña. “Está muy claro que con la llegada de las empresas petroleras llegaron delincuencias de diverso orden. Paramilitares, narcotraficantes, guerrillas, lo que generó un escenario de desarrollo económico y también de arrasamiento de sociedades campesinas, de desplazamiento forzado y de generación de métodos irregulares de guerra contra la población”.

Cambios sociales que dejaron una huella nefasta en la memoria colectiva, no solo de la región, sino que traspasó las fronteras.

“En Asturias no olvidamos al general Torres Escalante y su pasado, permitiendo el asesinato de dirigentes sociales, para que las empresas multinacionales tuvieran lo que llaman seguridad.

¿Preguntamos si una petrolera necesita matar a los vecinos donde trabaja para poder explotar, es legítima esa explotación?”

No obstante frente a esta situación que involucra al sector de los hidrocarburos, los diputados asturianos sostuvieron que no han podido hablar con las petroleras, porque no dan la cara.

Otro punto de reflexión fue la situación de los menores de edad. Partieron de la base que mientras exista conflicto armado en Colombia, el delito de reclutamiento forzado seguirá vigente.

No obstante, lanzaron unas diatribas a las fuerzas del Estado. “El Ejército colombiano ha dado muy mal ejemplo reclutando a la fuerza campesinos y a hijos de los trabajadores en las plazas de mercado de miles de pueblos”, afirmaron los visitantes del país ibérico.