La presencia del clan del golfo tiene en máxima alerta a las autoridades del Meta y Casanare, pero lograr acciones efectivas requiere de un esfuerzo más de fondo que implicaría incluso reformas a la justicia

La presencia de grupos al margen de la ley como disidencias de las Farc, Clan del Golfo, Bacrim, entre otros, es una problemática de seguridad seria que empieza a dejar consecuencias cada vez más graves en Casanare y el Meta.

Ante este panorama, los  gobernadores los dos departamentos Salomón Sanabria y Juan Guillermo Zuluaga, se dieron cita en el municipio de Villanueva en lo que denominaron un Consejo Ampliado de Seguridad, que contó con la presencia de comandantes de la Fuerza Pública, alcaldes, diputados, y representantes de gremios entre otros.

El evento generó todo tipo de expectativas y no es para menos, las máximas autoridades de dos de los departamentos más importantes de la Orinoquia colombiana tratando de articular esfuerzos para evitar que la problemática de seguridad se salga de las manos.

Aunque fue un poco tardío, el consejo ampliado de seguridad era necesario para que se abordara la problemática con la seriedad y delicadeza que amerita, teniendo en cuenta que la presencia de estas organizaciones delincuenciales principalmente el Clan del Golfo ha desatado un panorama preocupante en cuanto al aumento de labores delictivas como extorsión, homicidio y ni que decir el uso de los corredores viales y fluviales para el microtráfico de estupefacientes.

Pero la realización del Consejo de Seguridad por más que lograra unificar esfuerzos entre ambos departamentos, dejó un contraste sobre el verdadero impacto que puedan tener las estrategias que adopten las autoridades. Por supuesto, hay cosas que son un avance significativo, pero difícilmente se podrá tener un control completo de la situación o exterminar de raíz la problemática.

Entre lo positivo del Consejo Ampliado de Seguridad tenemos el levantamiento de un acta con los compromisos adquiridos por cada una de las instituciones que hicieron presencia, compromisos que según las declaraciones de los gobernadores de Casanare y Meta serán evaluados dentro de un mes en una nueva reunión que se desarrollará en el municipio de Puerto López.

Otro avance significativo que dejó esta actividad es el aumento de operativos de control en las rutas que según las autoridades se estarían usando por estas organizaciones criminales para actividades de microtráfico. Operativos que, en palabras del gobernador de Casanare Salomón Sanabria, no solo tendrían la presencia terrestre de militares, sino también sobrevuelos por parte de la Fuerza Aérea.

Personeros inconformes

Pero no todo lo desarrollado en el Consejo de Seguridad fue de carácter positivo, hubo un suceso que llamó la atención de la prensa y representó una perspectiva diferente o mejor aún permitió establecer un contraste de los logros que puedan dejar esta articulación interinstitucional regional frente a la problemática de orden público.

Se trata de la presencia de Luis Francisco Cala, personero Municipal de Villanueva, quien cuestionó, con argumentos de peso, la forma en que se organizó el Consejo Ampliado de Seguridad, ya que según el funcionario, no se tuvo en cuenta a los personeros del sur del departamento de Casanare (la zona más afectada por la problemática), lo que para él conlleva una descontextualización de la situación, porque son precisamente los personeros como representantes del Ministerio Público, quienes mantienen un diálogo directo con las comunidades que conocen de primera mano las problemáticas de los territorios

 “Se me negó la posibilidad de hablar y decir tantas cosas que conocemos desde la Personería, por ejemplo, que se habla mucho de las consecuencias, pero no se habla de las causas. Desafortunadamente nos vamos reunión tras reunión hablando de las consecuencias que todos las sabemos, pero no de las causas y por lo tanto no hay acciones concretas para atacar el problema que tenemos de inseguridad muy grave para el sur del Casanare y el norte del Meta”, expresó el Personero Municipal de Villanueva ante los medios de comunicación.

Para el representante del Ministerio Público más allá de la presencia y operatividad militar y armada en la zona (que evidentemente es importante para capturar a los criminales), las acciones de las autoridades también deben centrarse en el ámbito social principalmente en los jóvenes que son el grupo poblacional más propenso a involucrarse con estas organizaciones delincuenciales.

Otro de los aspectos a los que se refirió el Personero Municipal fue a uno de los factores que ha fortalecido la problemática de orden público en estas zonas y es el colapso del sistema judicial. Este colapso ha llevado a que la ciudadanía no confíe en el sistema judicial y se abstengan de denunciar, porque como ha sucedido en muchas ocasiones, capturan al delincuente y por diversos motivos o falencias del proceso termina libre.

En ese contexto el Personero Municipal considera que la Fiscalía si está cumpliendo con su función de ente acusador, al igual que la labor de los Jueces de la República, pero que evidentemente el sistema judicial se encuentra totalmente colapsado y requiere de un fortalecimiento contundente para poder entregar mejores resultados.

Agregó que no existe la cultura de la denuncia por la misma incredulidad que se tienen en el sistema judicial, pero hizo énfasis en que la Fiscalía no tiene la capacidad suficiente de personal.

“Aquí en Villanueva tenemos un fiscal sin asistente, por supuesto que su capacidad personal y profesional está sobresaturada. Jueces que pueden conocer de 300 procesos, están conociendo de 1.000, 1.200, 1.500, ¿cómo vamos a tener una justicia pronta si el fiscal no tiene la capacidad suficiente para evacuar procesos, si el juez tiene sus despachos totalmente saturados?”, explicó Cala.

La perspectiva manifestada por el representante del Ministerio Público en Villanueva es válida, ya que refleja realidades que no se pueden desconocer y nos lleva a la conclusión de que atacar a las bandas criminales requiere de una completa unión entre la institucionalidad, la Fuerza Pública y el fortalecimiento del Sistema Judicial para que se puedan dar resultados más contundentes.

El Consejo Ampliado de Seguridad demostró que existe la voluntad de las autoridades tanto gubernamentales como judiciales para afrontar la problemática, solo queda esperar que estrategias se van a formular y el impacto que se va a tener, esperemos que, por el bien de la región, se logre disminuir significativamente los daños sociales y económicos que representa la presencia de bandas criminales en nuestros territorios.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a Vladimir Barragán Morales, señalado integrante del componente sicarial de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del ‘Clan del Golfo’.

Esta persona, al parecer, sería la encargada de ejecutar asesinatos selectivos en Barranca de Upía (Meta) y en otros municipios ubicados en zona limítrofe con Casanare. En ese sentido, se le atribuye el crimen de un hombre, ocurrido el 30 de agosto de 2020, en Maní.

El material de prueba da cuenta de que también habría participado en intimidaciones a diferentes comunidades para obligarlas a abandonar sus tierras, ataques a la fuerza pública y confrontaciones armadas con otras estructuras ilegales.

Barragán Morales fue capturado en Puerto López, Meta, en una acción conjunta de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de: homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

 El procesado aceptó los cargos en su contra.

El hombre identificado como Fernando Reina Guayabo quien llevaba varios días desaparecido fue hallado sin vida en el sector del Porvenir, en jurisdicción del departamento del Meta.

Versiones de algunos habitantes de Orocué, dan cuenta que, Fernando, oriundo de Villavicencio y quien residía en una finca de la vereda Campo Alegre, salió desde esta localidad con destino a Villavicencio y desde entonces no se volvió a conocer de su paradero, solo hasta la noche de este domingo 26 de junio, cuando fue hallado amarrado de las manos con una rama de un árbol encima.

Aunque poco se sabe sobre los móviles del hecho, algunos habitantes de Orocué señalan que, se descartaría un hurto, toda vez que, al parecer, las pertenencias de Fernando se encontraron en el lugar.

Autoridades adelantan la investigación para poder establecer los móviles y autores de este crimen que tiene consternados a habitantes, amigos y familiares en Orocué.

Por solicitud de la Fiscalía Seccional de Acacías, el Juzgado Primero de control de garantías de Acacias, Meta, ordenó detención intramuros en contra de un hombre quien, al parecer, abusó sexualmente de su hija.

Los hechos investigados se habrían presentado entre 2012 y 2020 en Acacias, en las viviendas familiares donde el hombre vivió con la menor de edad quien a raíz de los abusos quedó en embarazo.

Por estos hechos el hombre fue capturado por la Policía Nacional en el sector residencial de esa localidad, con base en una orden judicial.

La Fiscalía imputó al procesado por los delitos de actos sexuales agravado y acceso carnal abusivo agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado por el procesado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía Especializada de la Unidad de Administración Pública imputó al exregistrador delegado en Puerto López, Meta, Hernán Alonso Ballesteros Buendía, como presunto responsable del delito de cohecho propio. Los hechos que motivaron las acciones judiciales ocurrieron en Puerto López durante las elecciones para alcalde al periodo 2020 - 2023.

Según consta en la investigación, el procesado llegó de Canaletes, Córdoba, para la jornada de elecciones regionales que se realizó el 27 de octubre de 2019 en el país. De acuerdo con el material probatorio presentado por la Fiscalía, en septiembre y octubre de 2019 Ballesteros Buendía estuvo en Puerto López donde habría recibido dinero a uno de los candidatos a la alcaldía de ese municipio para, supuestamente, garantizar su triunfo en los comicios.

Según la investigación, el imputado habría recibido cuatro pagos de entre 2 y 15 millones de pesos; antes y después de las elecciones locales para asegurar el triunfo del candidato. Dichos desembolsos se habrían configurado en un hotel de esa localidad del oriente del departamento. Ballesteros Buendía no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a la exalcaldesa encargada del municipio de Yopal, Casanare (2017), Zoila Rosa Angulo Rodelo, por expedir un decreto con el que modificó el procedimiento para elegir al gerente de la Empresa de Servicios Públicos CEIBA EICE (ESP) en un presunto prevaricato por acción y abuso de autoridad.

El ente de control investiga si Angulo Rodelo, al parecer, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al expedir un decreto en el que declaró insubsistente al entonces gerente de la ESP, quien tenía un nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2019, con lo que habría incurrido en un prevaricato.

El Ministerio Público busca establecer si esta conducta vulneró la normatividad existente, que le otorgaba al alcalde la potestad de nombrar por una única vez al gerente de la empresa y fijaba la fecha hasta la cual estaría en el cargo. 

Asimismo, formuló un segundo cargo por reformar los estatutos de la empresa y modificar el mecanismo de vinculación del encargado de la CEIBA EICE, para lo que habría revocado artículos y parágrafos de las normas, con lo cual la persona dejaba de ser nombrada mediante concurso de méritos y pasaba a ser de libre nombramiento y remoción.

Provisionalmente, las faltas cometidas fueron calificadas por el órgano de control como gravísimas a título de dolo.

La entidad también formuló cargos al, jefe de la Oficina Asesora Jurídica y el subsecretario de Talento Humano municipal de Yopal, Jhon Kennedy Wilches Carreño y Carlos Alberto Colón Suárez, por presuntamente extralimitación al aprobar la expedición de los decretos; y al secretario general del municipio, Bradixon Calixto Gaitán, por revisar y dar su visto bueno, pues según el manual de Requisitos y Competencias Laborales, no tenía dichas funciones asignadas.

En este caso la presunta falta de los servidores se calificó como grave cometida a título de dolo.

Este martes 15 de febrero la Gobernación de Casanare, una jornada maratónica de esta Cuadernatón 2022 como cierre de esta estrategia, donde se espera la generosidad de muchas familias para lograr una posible segunda meta de 100 mil cuadernos.

Actualmente ya superó la primera meta de 50 mil cuadernos aportados por los casanareños para disminuir la deserción escolar en el departamento.

Del 3 al 15 de febrero se han ido uniendo empresas públicas, privadas y familias a esta iniciativa de la gestora social Cielo Barrera y la Secretaría de Integración, Desarrollo Social y Mujer, en conjunto con Secretarías de Educación de Casanare y Yopal.

El pasado 5 de febrero sobre las 4 de la tarde un ciudadano alertó a la policía sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un sector de la vereda La Pradera del municipio de Orocuè.

Aunque las autoridades señalan que hay que esperar el resultado de Medicina legal para su plena identificación, se conoció que se trataría de Máximo Anderson Castañeda Largo, de 25 años de edad, oriundo de Puerto López, Meta y quien llevaría muy pocos días viviendo en Casanare.

El coronel José Rafael Mirada, comandante de la Policía en Casanare, informó que el cadáver fue hallado con algunas heridas por arma de fuego y que se adelantan las investigaciones para determinar los móviles y responsables de este homicidio.

Un niño identificado como Miguel Matías Vargas Cedeño, de tan solo 12 años de edad, se ahogó en aguas del río Meta, en el municipio de Orocuè, la tarde de este sábado 22 de enero.

Algunos testigos aseguraron que Miguel Matías se encontraba bañando con otros menores, cuando de repente se subió a un bote, se lanzó al río y no volvió a salir.

En medio de la angustia varias personas que se encontraban allí corrieron a auxiliarlo logrando rápidamente trasladarlo al hospital local, pero lamentablemente llegó sin signos vitales.

Miguel Matías Vargas Cedeño, era estudiante de la Institución educación Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Orocuè, y este año cursaría séptimo grado.

Ayer domingo en horas de la tarde, habitantes del municipio de Orocuè informaron que la médica Luz Marina Arteaga, se encontraba desaparecida desde el pasado miércoles 12 de enero por lo que solicitaron ayuda de la comunidad para encontrarla, pues la última vez que la vieron fue cuando salió de la finca, pero no regresó.

Tras el reporte de desaparición de la médica, se conociò que el día de hoy se adelantaría un consejo de seguridad en este municipio, pero ya en horas de la mañana de hoy lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en aguas del río Meta, que podría coincidir con la desaparición de la líder Luz Marina Arteaga.

Según habitantes de Orocué, el cuerpo sin vida hallado en el río Meta se trataría de Luz Marina Arteaga, líder desaparecida. Sin embargo, se espera plena identificación por parte de autoridades, teniendo en cuenta el reporte entregado por el secretario de Gobierno de Casanare, Oscar Gómez Peñaloza, quien señaló que unidades de Sijìn de la Policía Casanare, Bomberos y la Alcaldía se desplazan al sector para lograr la plena identificación.

Por su parte, el líder comunitario de Orocué, Fernando Guío, dijo que la doctora Luz Marina, es una antioqueña que llegó hace más de 15 años a esta localidad, quien siempre ha aportado sus conocimientos, principalmente en temas de salud y ha estado a la defensa de los derechos de las personas. Agregó que también hace parte de la veeduría del adulto mayor, y líder de la revocatoria de Orocuè.