Este lunes 11 de octubre la caravana en la que se movilizaba el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, fue atacada en medio de un recorrido por los municipios de La Macarena, Uribe, y Mesetas al sur del departamento.

Segùn el gobernador del Meta, el domingo 10 de octubre al paso de la caravana recibieron el impacto, al parecer, de un francotirador, en el mismo sector donde hace 8 días fue asesinado un soldado y ayer nuevamente fueron atacados con un artefacto explosivo en el sitio conocido como La Cristalina.

“Nosotros y todo el equipo estamos bien, pero desafortunadamente hay dos heridos de la población civil, entre ellos un niño de 6 años y un adulto de 40 años de edad, que están fuera de peligro gracias a Dios”, señaló el gobernador Zuluaga en dialogo con Noticias Caracol.

Narrò el mandatario que, el artefacto explosivo fue enterrado en la mitad de la cuadra de un centro poblado donde existen alrededor de 250 viviendas. Al paso de la caravana activaron el explosivo y fue allí cuando las esquirlas alcanzaron a las personas civiles.

El mandatario aseguró que, este atentado fue en su contra porque los delincuentes quieren reinar donde hay abandono. “Es la primera vez en la historia que esta zona es visitada por un gobernador. El Estado solo ha llegado allí con la fuerza pública que hace su tarea, lo reconozco, valoro y admiro”, puntualizó.

Pese a las situaciones presentadas el gobernador del Meta, dijo que, seguirán con ese recorrido histórico por el sur del departamento del Meta. “Hemos dicho desde el año anterior que vamos a ir donde nunca ha llegado el Estado, entonces eso les molesta a los delincuentes y quieren intimidarnos porque quieren seguir reinando allá en la cobardía de sus escondites, extorsionando a la gente y cometiendo todo tipo de fechorías”.

Este atentado contra el gobernador del Meta fue perpetrado, al parecer, por las disidencias de las Farc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Por solicitud de un fiscal de la Seccional Meta, Yimi Alexander Leiva Calle fue asegurado con detención carcelaria. La decisión se produjo luego de que esta persona, al parecer, hubiera intentado ingresar estupefacientes a la penitenciaria de Acacias, Meta.

El detenido, quien cumplía labores como dragoneante del Inpec, fue detenido en flagrancia el pasado 13 de septiembre cuando, al parecer, pretendía ingresar al referido penal 150.7 gramos de cocaína.

El procesado fue presentado ante el Juzgado 2 Promiscuo Municipal para las audiencias concentradas, donde la Fiscalía lo imputó como, presunto, responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado, el cual no fue aceptado.

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Un juez con función de control de garantías aseguró con detención intramuros a Oscar Eduardo Barbosa, Edwin Oswaldo Guerra Velásquez, Sergio Emiro Guerra Velásquez y Marco Tulio Guzmán Ramírez.

Los detenidos, al parecer, estarían implicados en el secuestro de varias personas para poder hurtar ganado. Los hechos investigados ocurrieron en Puerto Lleras, Meta en octubre de 2020.

Según se logró determinar el delito ocurrió cuando, presuntamente, los procesados habrían llegado a una finca con armas de fuego para hurtar el ganado que allí había. Para lograr dicho propósito, al parecer, retuvieron por dos días a los habitantes del lugar.

Los semovientes hurtados habrían sido trasladados a Bogotá para su sacrificio. En medio del proceso judicial las víctimas de la retención identificaron a los implicados lo cual facilitó su detención por la Policía y el Ejército Nacional.

Por los hechos mencionados la Fiscalía imputó a los procesados como supuestos responsables de los delitos de secuestro simple, abigeato, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas.

 El material de prueba aportado por el ente investigador hizo que dos de los implicados aceptaran su responsabilidad en los cargos de secuestro simple y abigeato.

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Compromisos de pago por 4.758 millones de pesos consiguieron 40 instituciones prestadoras de salud de los departamentos de Meta, Boyacá, Casanare y Arauca durante la jornada de conciliación extrajudicial en derecho realizada por la Superintendencia Nacional de Salud.

La jornada, realizada de manera presencial en la Cámara de Comercio de Yopal, posibilitó que 13 instituciones privadas y 27 prestadores públicos suscribieran acuerdos conciliatorios con las entidades responsables de pago y lograran compromisos de depuración de cartera por cerca de 3.700 millones de pesos.

“Esta gestión que hemos desarrollado para estos departamentos del Oriente del país tiene un impacto social, pues los acuerdos económicos alcanzados deben redundar en una mejor prestación del servicio de salud para todos los usuarios”, dijo Ivhon Adriana Flórez, Superintendente Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, de la Supersalud.

Un beneficio adicional de estos escenarios de conciliación es que las partes (IPS y EPS) logran aclarar cuentas, identificar la realidad de las deudas y llegar a acuerdos de depuración de cartera superando barreras en la radicación de la facturación y optimizando procesos de auditoría.

Con los compromisos logrados en estas conciliaciones la Superintendencia busca dar mayor sostenibilidad financiera a las instituciones de salud de las regiones, para que puedan ofrecer un mejor servicio a la población. La conciliación extrajudicial en derecho es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que permite la normalización y debida aplicación de los recursos del sistema de salud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Por solicitud de la Fiscalía Especializada adscrita al Gaula Ariari fue asegurado con detención intramuros, Luis Alfredo Bayona Ospina, capturado en flagrancia cuando retiraba dineros, al parecer, producto de extorsiones.

El procesado sería el encargado de las finanzas de una organización delincuencial. Según la denuncia, desde mayo pasado las víctimas, en su mayoría comerciantes de las localidades de Granada y Vistahermosa (Meta), habrían recibido llamadas amenazantes de un hombre que decía ser parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El dinero, supuestamente, iba a ser usado para adquirir uniformes y munición para el grupo de delincuencia organizado. Las sumas eran pactadas para ser enviadas a través de empresas de giros. Una vez las víctimas hacían las consignaciones, debían enviar las constancias de pago para que Bayona llegara al punto de envío para hacer los retiros.

Hasta el lugar llegaron investigadores del CTI de la Fiscalía Bogotá, apoyados por el Gaula Militar Ariari, para capturar en flagrancia a Bayona Ospina quien fue trasladado a Granada (Meta) para su judicialización.

Ante un juzgado con función de control de garantías, la Fiscalía imputó cargos al detenido como presunto de responsable del delito de extorsión agravada consumada en concurso homogéneo con extorsión agravada tentada. Ninguno de los delitos fue aceptado.

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El patrullero de la Policía Nacional Robinson Ramos Lugo, de 31 años de edad, fue asegurado con detención carcelaria. Al parecer, Ramos Lugo estaría implicado en el hurto de dinero que se habría cometido en una estación de servicio ubicada en una vía en jurisdicción de Acacías.

Los hechos se habrían presentado cuando el detenido, en compañía de otra persona, llegó en motocicleta a una estación de servicio donde intimidaron a los empleados con armas de fuego y los despojaron de 650.000 pesos, luego huyeron hacia el municipio de Guamal.

 La información recaudada sobre los presuntos delincuentes y la moto usada para el delito, permitió dar con el paradero de los implicados. El plan candado activado por la Policía permitió capturar en flagrancia al conductor, quien fue presentado ante un juez con de control de garantías para audiencias concentradas.

La Fiscalía imputó al procesado cargos como presunto responsable de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con el de fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego agravado. Ninguno de los delitos fue aceptado por el procesado.

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Por solicitud de la Fiscalía Especializada Gaula Ariari fue asegurado con detención intramural Badid Caro Barreto quién, al parecer, vendría exigiendo dinero a agricultores y ganaderos del área rural de Fuentedeoro (Meta) para garantizar su vida y la de sus familiares.

La situación se habría presentado en varias fincas de área rural del mencionado municipio hasta donde habrían llegado el detenido en compañía de otras personas para hacer exigencias económicas de dinero a nombre del Grupo de Delincuencia Organizado conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

En cumplimiento de una orden judicial el implicado fue capturado, integrantes del grupo Gaula Policía y Militar Ariari, en la vereda de Puerto Nuevo en el sur del Meta.

Ante un juzgado con función de control de garantías la Fiscalía imputó cargos contra el detenido por el delito de extorsión, el cual no fue aceptado.

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La contundencia del material probatorio recaudado por un fiscal de la seccional Meta permitió que 10 personas, de 11 capturadas en Villavicencio, aceptaran la responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y/o porte de estupefacientes. Uno de los implicados fue imputado por el delito de falsedad en documento privado pues, al parecer, compraba ketamina usando documentos falsos de una veterinaria.

Labores de Policía Judicial como interceptación de llamadas y análisis link evidenciaron que los procesados se dedicarían a la elaboración y tráfico de drogas sintéticas como: 2CB o tusi, el cual comercializaban a domicilio, en fiestas y reuniones privadas.

Los capturados, entre quienes se encuentra un empleado de la Alcaldía Municipal, un DJ y un estudiante, fueron presentados ante el Juzgado 1° Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías para su judicialización.

Las evidencias recaudadas desde que la investigación inició en 2019, le permitieron a la Fiscalía solicitar las órdenes de captura respectivas, las cuales se cumplieron en 10 allanamientos a las residencias donde, al parecer, eran dosificados, empacados y distribuidos los alucinógenos.

Según la Fiscalía, se precisa en la investigación que los implicados comercializaban drogas ilegales con Ketamina, un medicamento usado para dormir caballos. Los procedimientos de captura fueron realizados por personal de la Sijín de la Policía Nacional, uno de los implicados fue detenido en flagrancia.

Por decisión del juez de control de garantías de Villavicencio, seis de los implicados fueron cobijados con medidas de aseguramiento privativas en sus lugares de domicilio. A los cinco imputados restantes no les fue impuesta ninguna medida restrictiva de su libertad.

En los allanamientos fueron incautados 11 celulares, elementos para dosificar y empacar la droga, dos armas de fogueo, cerca de cinco millones de pesos; 105 grs de 2CB, 46 gr de cocaína y 230 grs de marihuana. Los estupefacientes están avaluados en más de 18 millones de pesos.

Los implicados son: Diván Felipe Sabogal Pineda, Oscar Eduardo Turriago Acosta, Rudy Estey Herrera Torres, Edgar Enrique Peña Ramírez, Camilo Ernesto Vigoya Colmenares y Juan Sebastián Rengifo Ruíz. Estas personas fueron aseguradas con detención domiciliaria.

A estos nombres se suman los de Sergio Andrés Velásquez Cubides, María Isabel Molina Flórez, Fabián Rodolfo Gracia Hennessey, Jonathan Mauricio Quintero Serna y Daniel Alberto Bonilla Rojas. Estas personas siguen vinculadas al proceso penal.

 

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El día anterior fue capturado en la inspección de Murujuy jurisdicción del municipio de Puerto Gaitán, Meta, Rubén Darío Meléndez Beltrán alias “Porrón”, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, encargado por "Otoniel" de asumir el control de ese grupo armado en todo el oriente del país...

Según información de la Policía, este sujeto se había desmovilizado de las Autodefensas en noviembre de 2004 junto con 452 integrantes del bloque Bananero de las Autodefensas, estructura a la que perteneció por más de 20 años. Por su experiencia, alias "Porrón" fue enviado con 20 hombres armados desde Urabá hacia el Meta para disputarle el control de las rutas de narcotráfico a Los Puntilleros y apoderarse del negocio en la frontera con Venezuela.

De acuerdo con el reporte policial, el día 22 de febrero de 2008 fue capturado por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, y concierto para delinquir agravado, cumpliendo una pena de siete años en el centro penitenciario y carcelario La Paz de Itagüí Antioquia.

Luego de cumplir su condena, alias "Porrón" en abril de 2015 ingresó a la banda criminal conocida como Los Urabeños, posteriormente Clan Úsuga y ahora denominado Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”, donde fue escalando posiciones hasta convertirse en uno de los hombres de confianza de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien ante la ausencia de fichas claves por los constantes golpes de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, decidió ponerlo al frente de una guerra abierta con Los Puntilleros y de todas las rentas criminales en el oriente del país, incluyendo narcotráfico y extorsión, indica el comunicado de las autoridades.

 

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Mediante comunicado de prensa la Fiscalía General de la Nación, informó que, por solicitud de la Seccional adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata URI de Acacias (Meta), fue asegurado con detención intramuros Freddy Gustavo Plazas Acosta de 32 años de edad. Esta persona, al parecer, es el presunto responsable de la muerte de Jefferson Steven Aguirre Salazar en hechos ocurridos el 30 de enero de 2020 en Alto Acaciitas en Acacias (Meta).

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos se habrían presentado cuando el detenido llegó hasta el lugar donde estaba la víctima y le disparó con un arma de fuego ocasionándole la muerte. De acuerdo con la investigación el crimen se debió a que Plazas Acosta le debía un dinero a la víctima, quien se dedicaría a prestar dinero.

El procesado fue presentado ante un juzgado con función de control de garantías, tras ser capturado en cumplimiento de una orden judicial.

En las audiencias concentradas la Fiscalía imputó al implicado como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación tráfico o porte ilegal de armas de fuego, los cuales no fueron aceptados.

 

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