La Fiscalía Seccional Meta judicializó a Brayan Enrique Murcia Patiño, quien presuntamente hace parte del grupo delincuencial organizado GDCO Los Geniales que se dedicarían a realizar hurtos por medios informáticos.

Según se señala, el implicado hacía parte de la banda ilegal que seleccionaba a sus víctimas y cuando estas pretendían sacar dinero de cajeros electrónicos, recurría a engaños para poder cambiarles sus tarjetas electrónicas y así desocupar sus cuentas o hacer compras.

El detenido fue presentado por la Fiscalía ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaral, donde le imputaron cargos como presunto responsable del delito de hurto por medios informáticos en modalidad cambiazo de tarjeta débito. El cargo no fue aceptado por el implicado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación.

El grupo de homicidios del CTI de la Fiscalía Meta exhumó en las últimas horas el cuerpo de una mujer asesinada, al parecer, por Diego Albeiro Castaño Ramírez, su compañero sentimental.

Labores de policía judicial permitieron que Castaño Ramírez reconociera su participación en el feminicidio de la mujer quien fue víctima de golpes con un martillo, en hechos ocurridos el 16 de agosto pasado en Villa Campestre del barrio Vencedores de la capital del Meta.

Se trata de Leidy Tatiana García Ocampo, desaparecida desde el primero de septiembre pasado. Información entregada por Castaño Ramírez, quién se encuentra detenido por tentativa de feminicidio, evidenció como el hombre habría llevado con engaños a su pareja al margen derecha del río Guatiquía. Allí, según el implicado, tenía listo el hueco donde enterraría a Leidy Tatiana García Ocampo, quien finalmente habría sido agredida con arma cortopunzante.

Un equipo especial conformado por el grupo de homicidios y de exhumaciones del CTI de la Fiscalía y una antropóloga de Medicina Legal llegaron al lugar señalado por el presunto responsable del crimen. Se trata de un espacio ubicado a escasos metros de la humilde vivienda donde residía la pareja.

Allí, a una profundidad aproximada de 1.50 mts, entre matorrales y después de 4 horas, culminó la diligencia de exhumación de Leidy Tatiana García Ocampo, cuyo cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para adelantar las labores científicas que permitan obtener su plena identificación. La investigación que avanza por este caso en la Fiscalía Especializada permitirá que Castaño Ramírez sea imputado como presunto responsable del delito de feminicidio agravado.

A prisión Delfín Hernando Buitrago Salgado, alias ‘Patebola’, capturado en vía pública como presunto responsable de liderar una banda delincuencial que se dedicaba a la extorsión y homicidio en Granada, Meta.

La Seccional Meta judicializó a quienes desde 2016 estarían afectando extorsionando agricultores, ganaderos y comerciantes en el sur del departamento. Según información de la Fiscalía, alias Patebola y tres exmilitares se dedicaban a extorsionar, bajo amenaza de muerte a quienes se negaran a pagar el dinero exigido.

Este caso, sería precisamente el del padre de uno de los integrantes de la organización delincuencial quien ordenó atentar contra su padre porque no quería acceder a sus exigencias económicas. 

El detenido fue presentado ante el Juzgado Promiscuo de Puerto Rico, Meta, para el desarrollo de las audiencias concentradas. En estas diligencias fue imputado como presunto responsable de los delitos de homicidio tentado en concurso homogéneo, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas de fuego y extorsión. Dichos cargos no fueron aceptados por el detenido.

Anuncian el cartel de los más buscados de las disidencias de las Farc en el Meta.

Una recompensa de hasta $2.100 millones por información que permita la ubicación y captura de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y Miguel Botache, alias Gentil Duarte, jefes disidentes de las Farc en el Meta, ofrecieron las autoridades.

El anuncio lo hicieron el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, tras un Consejo de Seguridad en el que dieron a conocer el cartel de los delincuentes más buscados en el departamento.

En el cartel aparecen los jefes de las disidencias de las Farc Iván Mordisco, Gentil Duarte y Calarcá, que lideran los frentes primero, séptimo y cuarenta de las disidencias de las Farc que hacen presencia en los municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa.

También se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información sobre el paradero de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá; de hasta 40 millones de pesos, de alias Alirio Mata Vaca y alias Boyaco; y de hasta 20 millones de pesos por los alias Maneto y Negro Pipe.

Las disidencias de las Farc vienen adelantando acciones en esos municipios asesinando campesinos y miembros de la fuerza pública, e incluso han realizado amenazas contra los algunos mandatarios locales.

Uno de los últimos homicidios ocurrió en la vereda Caño Veinte, finca El Delirio del municipio de Vista Hermosa, donde asesinaron a Inés Acuña Rodríguez, una mujer de 35 años, a partir de cuando se estableció un plan de choque micro focalizado para el control territorial de las 50 veredas de Mesetas, Vista Hermosa, Uribe y La Macarena, aunado al control sobre el río Guayabero.

Incluso se hizo una solicitud a la Unidad Nacional de Protección para que se revise la seguridad de los alcaldes de Mesetas, Vista Hermosa, Uribe y La Macarena y mientras tanto la Policía asignará un policía para el esquema de seguridad del alcalde de Uribe, y lo asesora para la compra de un vehículo destinado a su seguridad.

Tras el Consejo de Seguridad se anunció el reforzamiento de la presencia militar, la ampliación de los puntos y sitios de control, así como establecer el cartel de los más buscados y las recompensas.

El ministro Holmes Trujillo hizo un llamado a la comunidad para “apoyar a las autoridades y compartir cualquier información sobre la ubicación de estas personas sea compartida a través de las líneas de la Dijín de la Policía o del 123”, recordando que se garantiza absoluta reserva para quienes entreguen la información.

“Vamos avanzando en la dirección adecuada, hay mucho trabajo por hacer todavía, es por esto, que esta tarea se adelantará todas las semanas. Lograremos cumplir el objetivo de decirle a los bandidos que este territorio es de la institucionalidad, de la democracia y de los colombianos de bien”, enfatizó el ministro de Defensa.

Por su parte, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga afirmó que, “en este departamento no queremos repetir los terribles episodios del pasado, por eso es tan importante que la comunidad colabore”, al enfatizar que “la seguridad es responsabilidad de todos”.

La atención que le brindaron al recluso José de Jesús Quiñonez Bedoya, en el Hospital Departamental de Villavicencio, entre los días 29 y 30 de marzo pasados, sería el origen de la propagación del Covid-19 en la cárcel de Villavicencio.

A esa conclusión llega Esperanza Cruz, tía y abogada de José de Jesús, un hombre de 62 años de edad, llevado al hospital con problemas respiratorios, condenado a cinco años de prisión por concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

José de Jesús o Chucho como lo llamábamos sus familiares y quien fue el primer hombre que falleció por coronavirus, de los seis que han muerto en el Meta, habló por última vez conmigo el 22 de marzo, cuando me llamó para contarme de los amotinamientos que se habían presentado en la cárcel.

Me dijo que para controlar la protesta habían lanzado gases lacrimógenos que lo tenían afectado con problemas respiratorios. Ese día también me contó que ya tenía derecho a la libertad provisional porque había cumplido las tres quintas partes de la pena a la cual estaba condenado.

Le recomendé hacer la solicitud en la cárcel y que los del Inpec lo llevaran al juzgado para que le den la libertad, porque por la cuarentena tenía dificultad para movilizarme y hacer esa petición.

Chucho tenía problemas de la próstata, inclusive en febrero le habían puesto una manguera, pero siguió enfermo, ahora de los pulmones, lo llevaron al Hospital de Villavicencio entre el 29 y 30 de marzo, donde estuvo hospitalizado y lo regresaron a la celda ocho del patio Santander del penal.

En la cárcel se creía que había un contagio de tuberculosis porque había varios reclusos enfermos. Todo apunta que al regresar a prisión traía el virus.

El día miércoles primero de abril me llamó Marcela, enfermera de la cárcel, para que fuera a la cárcel y recogiera a Chucho porque hacía un momento el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas le había dado la libertad.

La enfermera me advirtió que tenía que llevarlo al hospital porque Chucho estaba muy mal de los pulmones y que tenía que permanecer con oxígeno. La única familia de Chucho son mis cuatro hermanas y como Chucho tampoco está afiliado a ninguna empresa de salud no lo podría llevar al hospital y pedir que le pusieran oxígeno si ninguna orden médica.

Le pedí a la enfermera la orden para que lo atendieran en el hospital, pero se negó. Entonces consulté en la Secretaría de Gobierno del municipio para que me colaboraran con la hospitalización y me respondieron que esa responsabilidad ahora le correspondía a la familia.

A Chucho le notificaron que estaba en libertad, pero ese derecho no se había hecho efectivo porque aún estaba en el interior de la cárcel y el Inpec tenía la responsabilidad de llevarlo al hospital.

Le marqué a la enfermera para saber sí ella podía hacer algo, pero no me volvió a responder las llamadas. Después supe que se le había acabado el contrato de trabajo y no había regresado a la cárcel.

Hacia las 9:00 de la noche del miércoles primero de abril llamaron a mi hermana al celular, ella vive frente a mi casa, se comunicó un muchacho, quien le informó que Chucho seguía muy malito.

El día jueves dos de abril el Inpec lo llevó al hospital y de una vez lo pasaron a la cama uno de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital. El diagnóstico que posteriormente nos dieron era neumonía, otra enfermedad poco frecuente y que le habían hecho la prueba del Covid-19.

Chucho falleció el domingo 4 de abril a las 10:45 de la noche en el hospital. No nos dejaron acercarnos a él. Nos informaron que personal de la funeraria venía y lo recogía, pero teníamos que traerle la ropa de velación, escoger el cofre y autorizar si lo cremaban.

El martes 7 lo sacaron a la sala de velación, hicimos una oración, el rosario y nos fuimos en una buseta para Jardines de la Esperanza, detrás del coche fúnebre a despedirlo. Su cuerpo se convirtió en polvo.

El viernes 10 de abril por la noche el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, informó que había fallecido el primer interno de la cárcel, era Chucho.

El sábado nos llamaron la trabajadora social y la psicóloga del hospital, así como de la Secretaría de Salud que estaban haciendo el cerco epidemiológico y nos iban a hacer la prueba de Covid-19. Yo pedí que a la enfermera que lo atendió en la cárcel y al guardián que lo acompañó en el traslado también les hicieran la prueba.

Nosotras informamos a las EPS de nuestras actividades y cercanía con Chucho y a los ocho días nos tomaron la prueba de Covid-19. Por fortuna, días después, salió negativa, pero la enfermera y el guardián resultaron contagiados de Covid-19.

Yo no sé de medicina, pero creo que Chucho adquirió el virus en el Hospital donde estuvo dos días a finales de marzo, porque las visitas en la cárcel las habían suspendido desde el 14 de marzo.

Hoy, el departamento del Meta reporta 927 personas contagiadas de coronavirus, de ellas 859 son de la cárcel de Villavicencio, es decir el 92,7 por ciento de los casos.

José de Jesús Quiñonez Bedoya, primer interno muerto en cárcel de Villavicencio

Un interno con covid-19 que salió de la cárcel de Villavicencio y estuvo el fin de semana departiendo con su familia, circunstancia que el alcalde Felipe Harman calificó como irresponsable por parte de las directivas de la cárcel, hacen parte del calvario que se sigue viviendo por la propagación del virus en el centro de reclusión.  

A estas noticias se suman 149 nuevos casos del virus en internos y guardianes, según informó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga este martes en la tarde, llegando a 657 el número total de internos y guardianes contagiados en el centro de reclusión.

Además, dos juzgados de Villavicencio ordenaron al Ministerio de Justicia y al Inpec el traslado de 69 reclusos mayores de 60 años al centro de atención el Yarí.

La denuncia del recluso con covid-19 que estuvo en la casa, la hizo la hermana del interno, tras expresar que de la cárcel la llamaron para que recibiera a su hermano que salía por pena cumplida y con prueba negativa para el virus.

La hermana lo llevó a vivir a la casa en el barrio Marco Antonio Pinilla de Villavicencio el pasado viernes y durante el fin de semana su hermano departió con cuatro miembros de la familia e incluso salió hasta una tienda del sector, contó la mujer.

La sorpresa llegó el lunes en la madrugada cuando recibió una llamada de la ESE municipal a informarle que, en una segunda prueba, su hermano había salido positiva y que en consecuencia lo tenían que llevar al Centro de Protección y Prevención para Personas (CP3) de la ciudad a pasar la cuarentena, a donde lo trasladaron en una ambulancia.

El alcalde Felipe Harman señaló que “el Inpec de una manera irresponsable viene determinando boletos de libertad en las que ni siquiera se están verificando las condiciones de aislamiento de las personas que recobran la libertad", como habría ocurrido el pasado viernes con el interno con covid-19 y con otros ocho reclusos.

De otra parte, los juzgados Tercero de Familia y Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, al fallar sendas tutelas, ordenaron al Ministerio de Justicia y al Inpec hacer un censo del estado de salud de los 69 internos mayores de 60 años que se encuentran en la cárcel de Villavicencio y trasladarlos por grupos al centro Centro el Yari, ubicado en las afueras de la ciudad

El traslado dispuesto por el primero de los juzgados se debe cumplir en tres etapas, la primera a los internos que tengan prueba negativa de covid-19. Posteriormente será trasladado, el segundo grupo, conformado por aquellos internos que hayan logrado superar el contagio covid-19 luego del aislamiento y que finalmente sean detectados como negativos.

El tercer grupo de reclusos de diagnóstico con covid-19 positivos, también deberán ser trasladados una vez logren su recuperación y puedan salir del centro carcelario ya con prueba negativa, que no amenace con posteriores contagios a la restante población, según concepto de las autoridades de salud.

En las dos sentencias, así mismo, les ordenan a las dos entidades contra las que se fallaron las tutelas, así como a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, establecer las medidas de seguridad, alimentación y salubridad para el traslado de los internos.

La primera tutela la presentaron los procuradores judiciales II Edwin Javier Murillo Suárez y Jesús Antonio Pineda Bocanegra, quienes reclaman la protección constitucional de los internos adultos mayores, por ser una población extremadamente vulnerable al contagio, encontrándose en riesgo de contraer el virus al interior de la cárcel, dado el hacinamiento del penal superior al 90 por ciento.

La otra tutela la presentó el funcionario del Inpec Leonardo Fabio Ramírez Ortiz, en nombre y representación de la Unión de Trabajadores Penitenciarios y de la población privada de la libertad.

El ingeniero Agrónomo de la universidad de los Llanos, oriundo del municipio de Cumaral, asumió el reto de dirigir la territorial más grande del país, con jurisdicción en los departamentos de Meta, Casanare, Guaviare, Vichada y tres municipios de Cundinamarca, que representan el 25 por ciento del territorio nacional.

Leyton Roldán, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en atención integral a población víctima de la violencia, y con municipios PDET de la subregión Meta- Guaviare, se juramentó ante el director general  de la Unidad de Restitución de tierras Andrés Castro,

El nuevo director territorial Meta, es especialista en Administración de Empresas y se ha desempeñado como asesor del despacho de la Gobernación del Meta, ha laborado en diferentes entidades del sector público entre estas, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Agencia de Renovación del Territorio el Departamento Para la Prosperidad Social, Corporación Propaís, Acción Social, Cormacarena y el municipio de Fuente de Oro.

“El desafío que hoy asumo es gigantesco, porque debemos atender un gran número de solicitudes de restitución de las personas que fueron afectadas por despojo. Por fortuna, esta territorial cuenta con un equipo de trabajo idóneo, multidisciplinario y comprometido con la atención a los reclamantes de predios en la jurisdicción,” manifestó Wilson Leyton Roldán.

En medio de una operación conjunta entre Ejército y Policía Nacional en la vereda El Diamante del municipio de La Macarena, en el Meta, se dieron de baja a tres disidentes del frente séptimo de las Farc, estructura de Mario López Córdoba alias “el negro Edward”, señalado de ser uno de los cabecillas al mando de alias “Gentil Duarte”. En medio del combate falleció un policía. 

El Ejército confirmó que durante la misión, murió el intendente Jahir Tamaño Acosta, perteneciente al grupo antiterrorista de la Policía Nacional, quien cayó de un helicóptero y pese a que fue remitido al Hospital Departamental de Villavicencio, falleció debido a la gravedad de las heridas. 

Según el diagnóstico médico, Tamaño Acosta presentó tres paros cardiorrespiratorios.

Esta es la segunda operación más importante que se realiza en menos de una semana en contra de las disidencias de las Farc en los llanos orientales, luego de la muerte de alias ‘Jeison Orejas’, también cercano a ‘Gentil Duarte’.

Durante el operativo también fueron incautados fusiles, cartuchos punto 50, pistolas, francotiradores, proveedores, granadas y otras municiones. Según la entidad, esta es la segunda maniobra operacional que se ejecuta durante esta semana y la segunda afectación más importante contra este grupo ilegal, luego de la muerte de alias “Jeison Orejas”.

El resultado del operativo se dio a conocer este viernes por el Ministro de Defensa y los altos mandos militares.

El apoyo a las manifestaciones artísticas y culturales del departamento, es una labor que se ha venido realizando por la Administración Departamental buscando motivar y resaltar el trabajo que realizan los artistas en pro de la cultura e identidad de los casanareños.

El pasado 01 de junio se dio inicio en Puerto Gaitán Meta al festival de La Cachama donde participaron tres academias del municipio de Yopal, en la maratón ¨Morocotiando y Escobillando Joropo¨, en el que el talento casanareño volvió a brillar con resultados como: Primer lugar categoría baile por parejas, primer lugar categoría elite espectáculo para Selección Joropo en cabeza del profesor Valoy Estrada, segundo lugar categoría tradicional infantil para la academia Pijoteritos del profesor Michael Higuera y tercer lugar en la categoría espectáculo juvenil para la academia Gavilanes de la profesora Leda Fernández.

Cabe resaltar que los profesores que dirigen las academias hacen parte del equipo de trabajo de la Dirección Departamental de Cultura y Turismo en la sede de formación de la Casa de la Cultura, que de lunes a viernes de manera gratuita dictan clases a más de 700 niños, niñas, jóvenes y adultos.