Habitantes y líderes de El Morro le apuntan con el proyecto de la nueva fachada de la iglesia de la Virgen de la Peña, al turismo religioso.

La iniciativa surgió desde la misma base clerical de la parroquia de este centro poblado, en cabeza del sacerdote Dorian Felipe Solano.

La idea fue apoyada por el concejal Dúmar Montaña, quién ha logrado reunir el respaldo de empresarios, autoridades y políticos de la región.

El cabildante explicó que la iniciativa está diseñada para contar con dos torres de 25 metros de altura, que la convertirán en la más elevada del departamento de Casanare.

El proyecto ha generado la suficiente expectativa entre propios y extraños, que se optó por hacer una presentación oficial del diseño en el parque principal del centro poblado. Actividad que se cumplió en el parque principal del corregimiento.

La obra tiene un costo aproximado de 700 millones de pesos. Dinero que tendrán como fuente de financiación los aportes particulares de empresarios y comunidad, según lo explicó el concejal Montaña

El cabildante también aseguró que la idea es lograr terminar antes que termine 2024, para que empalme con Morrolandia, esa propuesta de luces navideña que hace rato se consolidó y que ahora es referente turístico para la temporada de fin de año.

Igualmente precisó el concejal que está propuesta de turismo religioso aspira a traer turistas no solo del departamento sino también del interior del país.

En este escenario se abre paso la gestión del proyecto de mejoramiento y pavimentación del corredor vial Yopal - El Morro - Labranzagrande - Vado Hondo.

Adicionalmente resaltó otro componente, que en concepto de Montaña no se ha dimensionado en su verdadera importancia para la economía regional, como es la internacionalización del aeropuerto El Alcaraván.

En los cálculos del cabildante este estatus de internacional permitirá un flujo de 100 mil millones de pesos.

Las precarias condiciones del alojamiento del puesto de Policía en Bocas del Pauto, hizo que desde la Regional No 7 de la institución con sede en Villavicencio, tomara la decisión de trasladar a los uniformados que permanecían en esta zona rural de Trinidad (Casanare). 

La medida no fue bien recibida por la comunidad del lugar, que este 11 de agosto salió a manifestar su inconformidad y pedir que la Policía no fuera trasladada, que, por el contrario, permaneciera en este centro poblado.

La ciudadanía ubicó cinta en las vías para tratar de impedir el paso de los vehículos de carga, destinados para realizar la mudanza de los 11 uniformados asignados para Bocas de Pauto. 

Durante la protesta se evidenciaron otras necesidades de esta comunidad, que requieren la pronta intervención del Estado, como es el centro de salud que según líderes de la región funciona de vez en cuando.

La situación llevó a que las autoridades regionales encabezadas por el gobernador César Ortiz Zorro, en compañía de la alcaldesa de Trinidad Dámaris Abril, se reunieran con la comunidad para analizar la situación y llegar a un acuerdo.

Al final de la jornada se estableció que la Policía permanecerá en Bocas del Pauto. Una primera acción concertada, es que las unidades policiales serán trasladadas a un lugar que ofrezca mejores condiciones para su estadía.

Esta solución es de carácter temporal, mientras se construye una estación acorde a las necesidades de esta región. Ese fue el compromiso adquirido y la comunidad espera que se cumpla con lo pactado y que la Policía continúe en el área como lo ha hecho desde 2007, año en que llegó al centro poblado.

Aprovechando la presencia del gobernador César Ortiz Zorro durante los actos oficiales de inauguración de las redes de gas natural para los barrios Getsemaní y Salomé II de Yopal, habitantes de estos sectores abordaron al mandatario para pedirle su intervención en un tema específico.

La problemática está relacionada con las obras de alcantarillado que se vienen adelantando en esta zona de la comuna siete, contratadas por la Gobernación. Líderes comunales aseguraron que las labores presentan retrasos en su ejecución.

En vista de las circunstancias, acudieron a Ortiz Zorro para que los apoye para hacer una veeduría y seguimiento a estos trabajos para que avancen dentro de los tiempos previstos.

Alejandro Monsalve, vicepresidente de la junta de acción comunal del barrio Getsemaní, explicó que los contratos se encuentran en fase I y II de ejecución, pero que se corre el riesgo de ser suspendidos por temas invernales.

Monsalve consideró que el invierno no puede ser excusa para que las obras se detengan, “Si se está ejecutando, pero a un paso muy lento”, manifestó.

Otro inconveniente que la comunidad de esta zona de la ciudad espera que mejore en el menor tiempo posible, es el estado de las vías. “Tenemos inconvenientes en la carrera 40 entre calles 40 y 50 porque no ha sido pavimentada aún.

Estamos esperando el apoyo de la Gobernación y de Acuatodos en supervisión e interventoría para que este contrato pueda continuar”, puntualizó el líder comunal.

Ahora esperan que el gobernador tome cartas en el asunto, para que estas problemáticas que afectan a los habitantes de la comuna siete de Yopal, se solución en el menor tiempo posible.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo advierte sobre la creciente amenaza que enfrentan los habitantes de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva. El motivo: la lucha territorial entre grupos armados ilegales.

Esta situación ha llevado a la emisión de una Alerta Temprana, la número 016-2024, que busca prevenir posibles violaciones de Derechos Humanos en la región.

El documento detalla cómo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), el ELN (frente José David Suárez) y facciones disidentes de las FARC (frente 28 y10 del Estado Mayor Central), se están disputando el control de estas zonas estratégicas.

Según la Defensoría la expansión de las AGC es particularmente preocupante. Este grupo ha logrado desplazar a estructuras paramilitares menores, consolidando su dominio mediante tácticas violentas.

Su estrategia no solo abarca áreas rurales, sino que también se extiende a zonas urbanas, aprovechando la pobreza y la exclusión social para ganar adeptos.

El informe señala que diversos sectores de la población están en riesgo. Entre ellos se encuentran líderes comunitarios, víctimas del conflicto, jóvenes, mujeres y servidores públicos.

Las amenazas van desde el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores hasta homicidios selectivos y ataques armados.

Frente a esta situación, la Defensoría ha emitido 28 recomendaciones dirigidas a entidades gubernamentales de todos los niveles. Se insta a las fuerzas de seguridad a intensificar sus operativos y labores de inteligencia.

Además, se solicitan medidas específicas como el establecimiento de puestos de control en zonas estratégicas y el refuerzo de la presencia militar en áreas rurales.

La implementación efectiva de estas recomendaciones será crucial para proteger a las comunidades afectadas y prevenir una escalada de violencia en la región.

Tres días después de que su caso acaparó la atención de los medios de comunicación local, la arquitecta Yenny Carolina Pérez Díaz logró un acuerdo de pago con la unión temporal Parque Yopal, que le adeudaba cuatro meses de sueldo.

El sábado 22 de junio la profesional le confirmó a Casanare Noticias que ese día la empresa le había efectuado un primer abono equivalente al 70 por ciento de la deuda y el saldo restante prometió pagarlo el próximo viernes 28 de junio.

Incluso Pérez Díaz publicó un comunicado informando sobre el levantamiento del paro pacífico que había iniciado, para reclamar el pago de su sueldo.

El escrito agradeció la intermediación de la Personería de Yopal, a las autoridades locales, al Concejo, la veeduría y los medios de comunicación, que contribuyeron con la divulgación de su situación.

La historia

Su caso se hizo público luego debido a que la noche del miércoles 19 de de junio el concejal de Yopal, Felipe Becerra, compartió un video en sus redes sociales.

El líder político advertía sobre algunas irregularidades que encontró en la ejecución del contrato de construcción del parque lineal del caño La Campiña.

En el mensaje el cabildante hizo énfasis en el lento desarrollo que ha tenido la obra. En más de un año de labores, el avance en la ejecución de la obra era muy poco.

Además dijo que se presentaban demoras, en el pago de la nómina de trabajadores vinculados al proyecto. Situación que llevó a que una arquitecta se tomara de manera pacífica el campamento que tiene la compañía en la calle 30 con carrera 12.

Finalmente invitó a todos los organismos de control y vigilancia para que al día siguiente, 21 de junio, hicieran presencia en el lugar a partir de las 6:30 de la mañana para analizar esta situación, tomar medidas para que el contratista cumpla y le paguen el sueldo que le adeudan a los empleados.

Al día siguiente varias entidades como Personería de Yopal hicieron presencia en el sitio. Igualmente los concejales como Leonardo Infante y Johnn Jairo Peinado también asistieron, además de medios de comunicación, presidentes de la JAC, vecinos del sector y curiosos.

Una vez en el sitio de los acontecimientos se conoció la historia de la profesional en arquitectura, Carolina Pérez, quien hizo pública la denuncia sobre el incumplimiento en los pagos de su salario.

Agregó que son cuatro meses de trabajo los que el adeudaba la empresa contratista del proyecto, la unión temporal Parque Yopal, de quien dijo la arquitecta, su representante legal es Juan Carlos García Ramírez.

Debido a esta atropello laboral, Pérez decidió permanecer en el campamento de la compañía, que se encuentra en la calle 30 con carrera 12. Sin embargo, la empresa tomó acciones frente a esta situación.

La arquitecta narró que el miércoles 19 de junio llegó la ingeniera directora de obra con 10 policías, tratando de persuadirla e intimidarla para que se fuera del sitio, donde se encuentran viviendo desde hace más de una semana.

La profesional también manifestó que había intentado infructuosamente de llegar a un acuerdo. Sobre las razones por la demora en el pago de su salario, Carolina Pérez indicó que el contratista le ha expresado que es por falta de liquidez.

Argumento que para ella era poco creíble. “Un contrato de 18 mil millones de pesos y ¿no tiene para pagarle a una profesional?”.

Contó que cuando inició el problema eran eran 10 empleados, pero ahora solo queda ella. Dijo que el pasado miércoles le pagaron a la topógrafa, que era la otra persona que estaba pendiente por recibir su sueldo. Acerca del monto que asegura le debe la unión temporal, la suma oscila entre entre 18 y 19 millones de pesos.

Señaló que ya acudió a la Personería, a la Oficina del Trabajo, interpuso un Derecho de Petición, envió un oficio, incluso hasta la carta de renuncia, pero hasta la fecha no le han solucionado nada.

Agradeció a la Personería por el acompañamiento que le ha brindado y porque declaró que va a tomar cartas en el asunto.

Finalizó narrando el cuadro familiar que se vio afectado por el retraso en el pago de sus honorarios. “Tengo una mamá que es paciente oncológica, yo le ayudo a ella con las medicinas, con el tratamiento, con los viáticos para los viajes, es decir me ponen a sufrir. Yo la verdad necesita el trabajo y por eso no había renunciado”.

Por fortuna, luego del escándalo mediático la arquitecta logró que el reconocieran sus reclamaciones. Sin embargo un tema todavía se encuentra pendiente por resolver.

Se trata del avance de ejecución del contrato. Líderes comunales del sector de Nuevo Hábitat reconocieron que el proyecto presenta retrasos. Calcularon que en este momento, después más de un año de labores, solo ha logrado avanzar en un 30 por ciento.

La Organización Nacional Indígena de Colombia, denunció la difícil situación que vienen sufriendo los pueblos aborígenes, ubicados en el norte del departamento de Casanare.

El problema está relacionada con las amenazas directas, que según la ONIC provienen de las disidencias de las Farc, Frente José María Córdoba, liderado por alias “Antonio Medina”.

La denuncia fue revelada mediante una publicación hecha en la página de la organización, donde textualmente advierte que los pueblos víctimas de las amenazas son los Tsiripo, MaibénMasiguare, CuibaWamone, Sikuani, Amorúa, Yamalero, Yaruro, Sáliva y Wäpigiwi, todos ubicados en el resguardo Caño Mochuelo, zona rural de Hato Corozal y Paz de Ariporo.

Advirtió la publicación que desde el pasado primero de junio ningún comunero indígena ha podido salir de las comunidades. Es por ello que han tenido que dejar sus labores cotidianas como la cacería, pesca, recolección, así como actividades culturales y espirituales, propias de sus costumbres ancestrales.

Agregó la ONIC que este situación se traduce en un claro confinamiento, que afecta de manera directa a todas estas comunidades indígenas, que ven afectado el libre tránsito por sus propios territorios.

Igualmente subrayaron que el grupo armado liderado por 'Antonio Medina', con esta actitud beligerante ha irrespetado la autonomía de los pueblos nativos, utilizando las armas y la intimidación para imponer sus reglas.

Una arista más de esta problemática se encuentra en el riesgo de desplazamiento forzado al cual se ven expuestos los líderes y comuneros indígenas, que fueron amenazados por este grupo armado ilegal.

Ante este panorama tan complejo y peligroso la ONIC exigió al “Gobierno nacional y sus instituciones, garantizar el derecho a la vida, la salud, el bienestar, la integridad física y cultural de los pueblos indígenas y sus comunidades en Casanare”.

También pidieron un plan humanitario de emergencia, que permita suministrar alimentos para estas comunidades, además de otros recursos considerados como esenciales para la supervivencia.

Y de esta manera buscar alternativas de solución para la escases de alimentos, provocada por el confinamiento forzado por las disidencias.

Otra solicitud al estamento estatal es coordinar con las autoridades indígenas, planes de vida y salvaguarda, para proteger y preservar la cultura y el modo de vida de estas comunidades.

En este punto la ONIC consideró necesario incluir medidas específicas para garantizar las costumbres propias de los pueblos nómadas y recolectores.

Se pidió igualmente ejecutar planes de reparación colectiva para las comunidades afectadas. Esta medida deberá contar con la coordinación de las autoridades indígenas de la región.

Finalmente reclamaron a las disidencias de las Farc, respetar la autonomía de los pueblos indígenas, asentados en Caño Mochuelo.

En un esfuerzo conjunto por avanzar en el desarrollo del plan parcial Alameda Martha Mojica, la Administración Municipal se reunió con los beneficiarios de este proyecto loteo.

Los acercamientos con la comunidad estuvieron liderados por Secretaría de Planeación a cargo de Claudia Patricia Cárdenas y el gerente del INDEV, Nelson Nieto.

Fueron en total dos los encuentros que se llevaron a cabo los días 30 de abril y 1 de mayo, los cuales estuvieron enmarcados por un diálogo abierto entre la Alcaldía y comunidad.

En la reunión del 30 de abril en el despacho de Planeación se habló sobre la continuidad del proyecto. Se abordaron aspectos cruciales relacionados con el desarrollo integral de la comunidad y la ciudad en su conjunto.

Se destacó la importancia de la participación activa de la comunidad en todas las etapas del proceso. Así mismo se hizo hincapié en que el plan parcial responda a las necesidades locales y contribuya al bienestar de la población.

En la cita del 1 de mayo, el gerente del INDEV, Nelson Nieto,  presentó los avances de la ciudadela y  se reafirmó el compromiso de continuar con el proceso de manera transparente y participativa.

Para el gobierno de “Yopal para todos”, estos encuentros representaron pasos significativos hacia la concreción del mencionado proyecto, que se demostró en la colaboración y el interés de todas las partes involucradas.

Según la Administración municipal la idea es trabajar juntos para lograr el desarrollo integral y el bienestar de la comunidad de la Alameda Martha Mojica, así como de la ciudad en su conjunto.

Habitantes de la vereda Buenavista Baja, quienes este lunes 29 de abril habían alzado su voz de protesta por el incumplimiento de parte de las autoridades para proveerlos de agua potable, lograron un acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Yopal.

A través del diálogo con esta dependencia municipal y la presencia de la Personería como garante, se logró levantar el bloqueo intermitente que había hecho esta comunidad a la Marginal del Llano, en el sector del puente La Cabuya.

Víctor Acosta, uno de los líderes de la protesta, comentó que el acuerdo contempla el suministro de agua a esta zona rural, durante tres días a la semana.

Las fechas exactas se acordarán hoy 30 de abril en una reunión programada para la 8 de la mañana con el alcalde Marco Tulio Ruiz.

“Vamos a ver qué podemos solucionar, que quede plasmado en un documento, como el que firmamos el día de hoy (29/04/2024) y esperar que sea favorable tanto para nosotros como los organismos que son la Alcaldía y Gobernación”, indicó el líder comunal.

Sin embargo recordaron que como comunidad van a  estar pendientes de este tema del agua, hasta tanto no se tenga una solución definitiva. Igualmente agradecieron al personero Yesid Camacho, quien junto con su equipo de trabajo los acompañó durante toda la jornada.

Este 29 de mayo se logró materializar el fallo del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías de Yopal, que ordenaba a la rectora de la institución educativa Centro Social posesionar como personera estudiantil a Adriana Alejandra Parra Barrera.

La alumna de grado once había salido victoriosa en los comicios estudiantiles realizados el pasado 07 de marzo de 2024. Sin embargo no le había sido posible tomar posesión, debido a una supuesta inhabilidad generada por una trivialidad presentada en el aula de clase, con una docente.

Dicha situación tuvo que ser dirimida mediante una Acción de Tutela interpuesta por la Personería de Yopal, donde la autoridad judicial le dio la razón al Ministerio Público, por consiguiente se reversó la decisión de las directivas del plantel educativo de inhabilitar a la estudiante.

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Desde la Personería de Yopal se envió un mensaje, donde reitera el compromiso que tiene dicha entidad de hacer acompañamiento a toda la población, para garantizar que no se le vulneren sus derechos fundamentales.

Por: Martha Cifuentes

A Mauricio Colmenares Cifuentes la noche que lo atracaron en Yopal no solo le robaron sus pertenencias materiales, celular, documentos y bicicleta, sino su tranquilidad. Sintió mucha angustia en el momento en que tres sujetos en dos motos lo emboscaron para asaltarlo. Pero ahora también teme por las consecuencias en su inmediato presente.

Sus herramientas de trabajo básicas eran su móvil y su medio de transporte. Para muchos podrá ser insignificantes sus activos, pero habían sido adquiridos a partir de su trabajo de auxiliar de profesores de la Universidad Nacional, Unlab 4.0, el año pasado. Por tanto requiere de estos elementos para llevar a cabo sus actividades.

Mauricio es un joven teatrero y músico, empírico, en búsqueda de empleo o realizar un emprendimiento basado en sus habilidades artísticas. Recientemente se graduó como técnico en Artes Escénicas del Sena en Yopal. Esta carrera le abrió un nuevo panorama en su vida luego de no haber podido culminar sus estudios en Ciencia Política en la Universidad de los Andes, a donde llegó a través del programa Pilo Paga 3. Su salud mental y el desarraigo le jugaron una mala pasada.

Lamentablemente no es que abunde el trabajo en el campo de las artes escénicas. Sin embargo, junto con unos compañeros de esa institución conformó la Corporación Guadalupe Salcedo. A través de ella han llegado con el teatro a niños y niñas de colegios públicos de Yopal, conformando semilleros de teatro, han realizado dos versiones del Festival de Teatro y han realizado el montaje de varias obras teatrales.

Mauricio tiene muchos sueños de cambiar la sociedad por una más justa y equitativa con la población más vulnerable, a la que defiende con vehemencia. Quiere un Yopal más incluyente donde quepan en plenitud de sus derechos las mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

Próximamente para recuperar sus herramientas de movilización y conectividad realizará una obra de teatro para recoger fondos. Espera la solidaridad de los yopaleños que tanto quiere y defiende.