El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha y el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa firmaron un acuerdo para la creación del diseño de implementación de instrumentos para el desempeño ambiental de la entidad en el marco del desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático.

Durante la firma del convenio, el registrador nacional resaltó que, para las elecciones de Congreso de la República, las tarjetas electorales se elaborarán en papel ecológico.

“Estamos hablando de 1600 toneladas de papel que se utilizan en la jornada electoral para las elecciones de Congreso de la República, pero que esta vez será de papel ecológico que cuida los árboles y los ríos.

Con la ayuda técnica del Ministerio de Ambiente, vamos a poder sobrellevar toda esa disposición final de residuos de los documentos electorales”, señaló el registrador, Alexander Vega Rocha.

El nuevo Código Electoral que se encuentra en revisión de la Corte Constitucional, contiene el Plan de Manejo Ambiental de la Registraduría Nacional que será aplicado con el apoyo técnico del Ministerio de Ambiente.

Por su parte, el ministro Carlos Eduardo Correa resaltó que la Registraduría Nacional es la primera entidad pública que avanza en esta política, luego de haber sido sancionada la Ley de Acción Climática por el presidente de la república, Iván Duque Márquez.

“Desde el Ministerio vamos a estar apoyando en compras públicas sostenibles, pero además en toda la estrategia de economía circular. Estaremos trabajando con todo el equipo técnico y la logística necesaria para poder reciclar todo este papel que quedará luego de la jornada electoral del mes de marzo del 2022”, indicó.

El ministro Correa señaló que la utilización de papel ecológico y su reciclaje es un gran avance para la reducción de gases de efecto invernadero y el cuidado de los recursos naturales del país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Luego del vencimiento del período de modificación de candidaturas por renuncia o no aceptación de estas, fueron 2835 los candidatos que quedaron inscritos para participar en las elecciones al Congreso de la República, que se llevarán a cabo el 13 de marzo del 2022.

Al Senado de la República quedaron finalmente inscritos 934 candidatos, que conforman 25 listas, así: por la circunscripción nacional, 16 listas conformadas por 912 candidatos; y por la circunscripción indígena, 9 listas integradas por 22 aspirantes.

A la Cámara de Representantes quedaron inscritos 1498 candidatos en 328 listas, distribuidos de la siguiente manera: circunscripción territorial, 263 listas integradas por 1335 candidatos; circunscripción indígena, 7 listas constituidas por 12 candidatos; circunscripción afrodescendiente, 48 listas conformadas por 129 candidatos; y circunscripción internacional, 10 listas conformadas por 22 candidatos.

En cuanto a las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que tendrán curules en la Cámara de Representantes, quedaron finalmente inscritas 203 listas integradas por 403 candidatos.

En total, se inscribieron 79 listas en coaliciones con 645 candidatos; 9 listas de grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales con 179 candidatos; 48 listas de organizaciones afrodescendientes con 129 aspirantes; 16 listas de organizaciones indígenas con 34 candidatos y 201 listas de partidos o movimientos políticos con personería jurídica con 1445 candidatos.

La lista de los candidatos inscritos a las elecciones de Congreso de la República del próximo año, puede ser consultada en la página web de la Registraduría Nacional:https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-2022/candidatos-inscritos.html.

La entidad remitió la lista de los candidatos inscritos al Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República para que se realice el correspondiente proceso de verificación sobre causales de inhabilidad de los candidatos.

Es de recordar que, según el calendario electoral para las elecciones de Congreso del 2022, hasta un mes antes de las votaciones, es decir, el 13 de febrero del 2022, podrán modificarse las inscripciones cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la misma, y hasta el 2 de marzo del 2022 podrán inscribirse nuevos candidatos en caso de muerte o incapacidad física permanente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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A partir de hoy y hasta el 13 de diciembre del 2021 se llevará a cabo la inscripción de candidatos para las elecciones de Congreso de la República y de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que se realizarán el 13 de marzo del 2022.

Las candidaturas al Senado de la República (circunscripción nacional e indígena), y la Cámara de Representantes (circunscripción territorial, indígena, afrodescendiente e internacional), podrán ser inscritas por partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, comités promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes reconocidas por el Ministerio del Interior.

Por su parte, las listas de candidatos a las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz de la Cámara de Representantes podrán realizarlo a través de las organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas y sociales, incluyendo las de mujeres, así como los grupos significativos de ciudadanos, los consejos comunitarios, los resguardos y autoridades indígenas y las Kumpañy.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, además de recibir la inscripción de las candidaturas de manera presencial en la sede de la Registraduría Distrital y las delegaciones departamentales, dispuso de la plataforma web www.inscripcioncandidatos.registraduria.gov.co, a la cual se puede acceder a través de la app ‘InfoVotantes Congreso’, para realizar la inscripción virtual de las candidaturas mediante autenticación biométrica facial satisfactoria como firma electrónica, tanto de aquellos que aspiran ser elegidos senadores de la República y representantes a la Cámara, como de quienes participarán para obtener una de las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

“Por primera vez los candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales podrán inscribirse de manera virtual. Nuestro compromiso es brindar todas las garantías y las herramientas tecnológicas que faciliten y propicien la participación de votantes y candidatos”, señaló el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Por primera vez en mucho tiempo la vigilancia y seguimiento al proceso electoral será ejercido por el titular de la Procuraduría General de la Nación. La decisión la tomó directamente la procuradora General, Margarita Cabello, atendiendo de una parte su compromiso de generar un cambio sustancial en la forma en que se venía asumiendo esta tarea al interior de la entidad, hasta entonces en cabeza del viceprocurador; y de otra las condiciones que por cuenta de la pandemia se suman a la especial atención que de por si requieren las elecciones.  

Respecto de este mismo tema la procuradora General anunció adicionalmente que, a un año de llevarse a cabo los comicios electorales para elegir Congreso de la República, se pondrá en funcionamiento el Sistema de Vigilancia Electoral cuyas principales tareas serán: la vigilancia y seguimiento al proceso de inscripción de cédulas, la vigilancia preventiva y control a la contratación para la organización y logística del proceso electoral, el control a la financiación de campañas, la intervención indebida en actividades políticas y la participación ciudadana; tarea para la cual se fortalecerá el trabajo interinstitucional del Ministerio Público que actuará de manera articulada y concertada con la Defensoría del Pueblo y las personerías y; trabajo que será fortalecido al interior de la Procuraduría por un equipo élite de investigación y seguimiento.  

Respecto de la decisión y el enorme trabajo que se avecina la procuradora General afirmó que: "hoy más que nunca el país y cada uno de los ciudadanos necesitan tener la tranquilidad que el Ministerio Público velará para que las elecciones se realicen con transparencia y que su posición electoral sea respetada y garantizada no solo en las urnas, sino también en el desarrollo de las campañas, al momento de depositar su voto y al realizarse los escrutinios.

En 2022 la democracia colombiana enfrentará uno de los mayores desafíos del presente siglo y es deber de la Procuraduría General de la Nación garantizar que salga de allí fortalecida. Ni la polarización, ni la corrupción, ni los intereses personales y mucho menos la pandemia, pueden afectar uno de los momentos más decisivos para el futuro de una sociedad como es el proceso electoral; para garantizar el mismo, se ha creado la Comisión Nacional de Control Electoral y la Unidad de Vigilancia Electoral las cuales presidiré directamente”. 

 

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A un año de que los colombianos acudan a las urnas para escoger a sus representantes en el Congreso de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil comienza a trabajar en la preparación de la logística de inscripción de cédulas y la ejecución del cronograma electoral.

Mediante Resolución 2098 del 12 de marzo de 2021, el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, fijó el calendario electoral de las diferentes etapas y actividades que se deben desarrollar para las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo de 2022.

La inscripción de cédulas en Colombia para estos comicios comienza el sábado 13 de marzo del 2021 y se extenderá hasta el 13 de enero del 2022, dos meses antes de las elecciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Estatutaria 1475 del 2011.

Esta inscripción se podrá hacer en el país en cualquier sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil de lunes a viernes en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital. En el exterior se realiza de manera permanente en los consulados mediante la presentación de la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital o el pasaporte colombiano vigente en original.

Igualmente, el 13 de marzo del 2021 comienza el periodo de registro de comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos y comités independientes promotores del voto en blanco, el cual se extenderá hasta el 13 de noviembre del 2021. Este se podrá efectuar a través de la página www.registraduria.gov.co en la plataforma denominada “Registro de Comités Inscriptores Congreso 2022”.

Así mismo, el próximo 13 de noviembre del 2021 iniciará la inscripción de candidatos para las elecciones del Congreso de la República y cerrará un mes después, es decir, el 13 de diciembre del 2021.

La Registraduría Nacional del Estado Civil publicará el 22 de diciembre del 2021 en la página web www.registraduria.gov.co la relación de candidatos, cuyas inscripciones hayan sido aceptadas.

Por otra parte, frente a los protocolos de bioseguridad que deben seguirse para evitar el contagio del covid-19 en los procesos de recolección de firmas, el registrador nacional del Estado Civil precisó que, corrió traslado a todos los comités promotores de mecanismos de participación ciudadana y anunció que se adelantará el mismo procedimiento con los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos y de promotores del voto en blanco en elecciones atípicas y ordinarias, sobre inquietudes formuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

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La Plenaria de la Cámara aprobó esta madrugada el proyecto de ley reglamentario del Sistema General de Regalías (SGR), mientras que el Senado –que continúa hoy a las 10 AM la discusión del proyecto- no tendría otra opción que acoger el texto aprobado por la Cámara, al establecer que no se contaría con el tiempo necesario para aprobar una conciliación de los texto aprobados en Cámara y Senado, teniendo en cuenta que la reciente reforma constitucional de regalías dispone que al 30 de agosto –mañana- el Congreso debe expedir esta Ley, si no quiere que el Presidente Iván Duque termine expidiendo los respectivos decretos –con fuerza de ley- que garanticen la funcionalidad del Sistema.

Ante todo es necesario explicar que la reforma al Sistema General de Regalías (SGR) se dio con el Acto Legislativo 05 de 2019, que nos permitió pasar del 9,9 por ciento al 20 por ciento para los departamentos y municipios productores, y un 5 por ciento adicional para estos municipios; más una participación para los entes productores del 20 por ciento del crecimiento registrado de un presupuesto bienal de regalías con respecto al anterior, lo que significa ni más ni menos que se duplican las asignaciones o regalías directas de los entes productores, consolidando así uno de los acuerdos más importantes en las últimas décadas entre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, con un proyecto de acto legislativo del Gobierno Nacional –suscrito también por los Representantes Jairo Cristancho y José Vicente Carreño- que sentó los lineamientos definitivos de la reforma constitucional y el proyecto de ley reglamentario, que tuvo éste como ponentes a los Representantes José Edilberto Caicedo, Héctor Ángel Ortiz y César Ortiz Zorro, entre otros.

Uno de los aspectos más interesantes de esta reforma, es que delegó al proyecto de ley reglamentario el establecimiento de los OCAD –con excepción del OCAD de Paz- lo que significa ni más ni menos que le quitó el rango constitucional a estos órganos colegiados, encontrándonos con un inesperado acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Congreso de eliminar los OCAD para las asignaciones directas de municipios y departamentos productores de petróleo, en donde estas entidades territoriales tendrán total independencia para la formulación, viabilidad y ejecución de estos recursos –basados en una metodología de Planeación Nacional- como lo propuso y dejó constancia el Representante de Arauca Carreño en las discusiones de esta reforma constitucional y el Plan Nacional de Desarrollo.

La iniciativa legislativa reglamentaria –que devuelve la descentralización administrativa y autonomía financiera a los entes productores- permite que en el Presupuesto Bienal de Regalías 2021-2022, Casanare –incluidos los municipios-reciba por asignaciones directas una suma total de $667.113 millones, mientras que actualmente –con el régimen legal saliente- solo percibió 337.454 millones, siendo el mismo caso para el Departamento de Arauca que percibirá $169.884  millones, mientras que actualmente solo recibe $71.033  millones, en donde estos departamentos y municipios productores podrán administrar sin la centralista y arbitraria intervención de los OCAD, lo que exige a estas entidades territoriales que estén a la altura de esta delegación y manejen con total responsabilidad los mencionados recursos.

El mencionado proyecto de ley no está exento de cuestionamientos, como es el caso de autorizar que las empresas petroleras puedan pagar con proyectos y obras de infraestructura las regalías directas de los departamentos y municipios productores, porque diferentes sectores aseguran que esta “forma de pago” se va a prestar para que últimas se manipulen los precios y se termine por pagar menos regalías, a lo que fuentes del Gobierno y el Congreso se apresuran a contestar que esto no va a pasar porque los mismos representantes legales de estas entidades territoriales son los que van a concertar, aprobar y certificar las mismas como pago de regalías, por lo que queda esperar los resultados en términos de celeridad y eficiencia de esta alianza entidades territoriales – empresas petrolera, sin dejar de advertir que el pago de regalías con obras no debe eximir a estas empresas de la inversión social que adelantan en la respectiva región.

El Acto Legislativo 05 de 2019 destina un 34 por ciento para la “inversión regional de los departamentos, municipios y distritos, con criterios de necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo” –haciendo énfasis en proyectos de alto impacto regional- en donde el proyecto de ley reglamentario nuevamente va más allá al determinar que el 60 por ciento de estos recursos serán manejados directamente por estas entidades territoriales, y solo el 40 por ciento restante estará a cargo del OCAD regional, al que se le cuestiona tener un rígida Secretaría Técnica manejada totalmente por Planeación Nacional, pero que en últimas se entiende como una de las condiciones del Gobierno para eliminar el OCAD de  las asignaciones directas y del mencionado 60 por ciento de los recursos de índole regional.

Así mismo, se destaca una proposición del Representante José Vicente Carreño Castro para que los recursos de inversión de la Asignación para la Inversión Regional se destinen también en fortalecer la integración y mejoramiento de infraestructura de los  municipios, departamentos y regiones en zona de frontera –acorde con el actual proyecto de ley de régimen diferencial de fronteras- más unas proposiciones del Representante Jairo Cristancho con el fin de que estos recursos de inversión regional se invierta en estimulo del emprendimiento agropecuario para generar trabajo, como también del mismo rublo destinar un 5 por ciento en infraestructura del sector salud y educación.

Es de anotar que el proyecto de ley también reglamentó los porcentajes restantes del Acto Legislativo para los municipios más pobres de país, con criterios de necesidades básicas insatisfechas y población (15%), conservación de las áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación (1%), inversión en ciencia, tecnología e innovación (10%), funcionamiento, la operatividad y administración del sistema, para la fiscalización de la exploración y explotación (2%) y operatividad del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control que velará por el uso eficiente y eficaz de los recursos (1%).

Coletilla: En un acuerdo del Gobierno y las bancadas del Congreso, esta madrugada se concilió una proposición para  destinar un 5 por ciento de las asignaciones directas de las entidades territoriales productoras en las universidades públicas territoriales y nacionales que se encuentren en su jurisdicción, que servirán para “financiar proyectos de infraestructura educativa o proyectos de inversión dirigidos a mejorar la ampliación de cobertura, permanencia y calidad de la educación”, sin dejar de ser válida la advertencia del Representante Jairo Cristancho –quien con la bancada de Centro Democrático logró en la tarde de ayer convencer de esta disposición al Ministro de Minas Diego Mesa- que lo ideal hubiese sido que estos recursos no se tomaran de las regalías directas sino de los de la Asignación para la inversión regional, pero que igualmente es un avance de singular importancia para la educación superior del ámbito territorial. Enhorabuena!

 

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