La Gobernación de Casanare, informó a la comunidad educativa de los 18 municipios del departamento no certificados, que, aunque el proceso contractual para elegir el prestador del servicio de transporte escolar para el segundo semestre de 2022, ya fue adjudicado mediante Resolución No. 206 de agosto 17 de 2022, y actualmente se encuentra en proceso de legalización, se presentó un inconveniente con la selección de la interventoría.

Por lo anterior se presenta dificultad para el inicio de la operación en la fecha prevista, en ocasión a que el proceso contractual CAS-OAJ-CMA-009-2022, cuyo objeto “realizar interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental a la prestación del servicio de transporte escolar a estudiantes matriculados en las instituciones educativas” fue declarado desierto a través de la resolución no. 0207 de 2022.

La situación obligó a la Secretaría de Educación a iniciar un nuevo proceso de selección para la contratación de la empresa Interventora, que según los tiempos estimados y de acuerdo al previo cumplimiento de requisitos habilitantes por parte del oferente que se presente en el proceso, se estima que la adjudicación se daría el día 13 de septiembre.

Recalca la Secretaría de Educación de Casanare que en aras de poder garantizar que los niños, niñas y jóvenes se mantengan en el Sistema Educativo y evitar la deserción de los mismos, se propone priorizar aquellos casos donde los estudiantes no cuenten con ningún medio que le permita asistir de forma presencial a sus clases, para que sean atendidos durante la contingencia, en las residencias escolares, siempre y cuando los padres de familia y/o acudientes estén de acuerdo.

Aclaran que los demás estudiantes que no deseen acudir a internados escolares, podrán atenderse a través de la implementación de Guías Metodológicas, estrategia de flexibilización curricular que se ha venido aplicando.

"Agradezco de antemano el valioso esfuerzo que han venido realizando y su comprensión para superar esta contingencia que se ha presentado y que requiere de todo nuestro compromiso para con nuestros estudiantes. Igualmente informar a los padres de familia sobre la situación buscando su apoyo incondicional", dijo Elisabeth Ojeda, quien además recalcó que la situación presentada no se debe a la falta de recursos o a la no adjudicación de los mismos, ya que estos están garantizados, el inconveniente registrado radicó en el no cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del proceso de licitación, proceso que por ser con recursos del SGR debe cumplir lineamientos tal cual como se presentó el proyecto.

 

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Demoras y posible fecha de entrega de acueducto veredal del centro poblado de Támara, que se empezó a construir hace dos años y que lleva bastante tiempo de retraso en su ejecución, será tema de discusión hoy en la Gobernación de Casanare, entre delegados de la comunidad, el personero de Támara y funcionarios de la Admón Departamental.

Diego Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Tablón de Támara, dijo que, el pasado 18 de enero, en reunión con Acuatodos y la empresa MOPEN, contratista de la obra, se había pactado que en un plazo de tres meses, específicamente el 25 de abril, entregaban la obra y hasta el sol de hoy, no se ha cumplido dicho compromiso.

“Faltan las instalaciones de los micromedidores, la implementación del sistema energético y la fundición de la tapa del tanque, entre otras obras”, señaló Martínez. 

 

 

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La Procuraduría General de la Nación exhortó a cinco gobernadores y 18 alcaldes a adelantar las acciones necesarias para garantizar la oportuna gestión de los recursos del Fondo de Mitigación y Emergencias (FOME) para la implementación de los planes de alternancia requeridos para el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad en las instituciones educativas públicas del país.  

El Ministerio Público advirtió demoras en la incorporación y ejecución de los recursos por parte de los departamentos de Boyacá, Meta, Nariño, Amazonas y Magdalena, y de los municipios de Turbo, Enviado y Apartadó (Antioquia); Sogamoso, Tunja y Duitama (Boyacá); Facatativá, Funza y Chía (Cundinamarca); Jamundí y Buenaventura (Valle del Cauca), Manizales (Caldas), Yopal (Casanare), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Santa Marta (Magdalena), Ipiales (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander). 
 
En el requerimiento enviado a las 23 Entidades Territoriales Certificadas, el órgano de control solicitó informar las razones por las cuales no se han incorporado los recursos destinados a la Financiación de los Planes de Alternancia 2020 – 2021, pese a que fueron asignados por Ministerio de Educación Nacional desde el pasado mes de diciembre. 
 
La Procuraduría continuará adelantando estricta vigilancia a la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del país y al retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las instituciones educativas a partir del esquema de alternancia.

 

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