Tribunal Administrativo de Casanare abrió Incidente de Desacato contra del gobernador de Casanare Salomón Sanabria y el alcalde   del municipio de Hato Corozal, Darío Yesid García Barray.

El pronunciamiento se da dentro la Acción Popular, interpuesta en el año 2018, que posteriormente en el 2019 concedió una medida cautelar consistente en suministrar agua potable, en razón de 50 litros diarios, a cada persona que residía en las veredas: San Rafael, La Capilla, La Maraure y Altagracia.

Teniendo en cuenta que no se viene cumpliendo dicha medida, ante múltiples solicitudes de la comunidad y la Defensoría del Pueblo, que es la accionante, el Tribunal dispuso iniciar Incidente de Desacato por incumplimiento de la orden judicial.

Y, es que el pasado 10 de febrero, apenas cuando iniciaban los niños de cuatro escuelas del sector rural del municipio de Hato Corozal, a asistir a estudiar, se vieron obligados a suspender sus clases por falta de agua. Así lo expresaron habitantes de esa localidad quienes manifestaron que el líquido es vital por ello docentes y padres de familia tuvieron que tomar esta decisión.

En ese entonces padres de familia de estudiantes de las instituciones educativas afectadas ubicadas en las veredas, Las Mercedes, Las Monas, La Maraure y San Rafael, indicaron que, pese a que había una medida cautelar que obligaba a garantizar el suministro de 50 litros por persona al día, el incumplimiento era permanente.

Relataron ese 10 de febrero que, el carro tanque de Gestión del Riesgo del Departamento de Casanare no había vuelto desde enero, al parecer, porque necesitaba cambio de aceite y filtros y en el municipio se decía a baja voz que le solicitaban el respectivo aporte al alcalde de Hato Corozal, Darío Yesid García, para superar el impase, pero este se negaba a dar la totalidad de los recursos, argumentando que la otra parte la deberían colocar otros municipios que también se beneficiaban con este servicio.

“Esta es una triste realidad, que quien la vive es quien la goza, y así se la han pasado en un “tire y afloje" cuando no es por esto es por combustible y así llevan varios días, mientras la comunidad sufre por agua y ahora se le vulnera el derecho a la educación a los niños”, señalaron en su momento los habitantes de Hato Corozal.

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paz de Ariporo este 26 de enero, sancionó con arresto de 3 días a la alcaldesa Eunice Escobar Bernal en una carceleta o celda de la estación de policía, por desacato a un fallo de tutela del 15 de julio de 2021, que ordenaba la entrega de información de un contrato de suministro de alimentos y elementos de aseo para para el hogar geriátrico Mi Ranchito.

La acción de tutela promovida por la veeduría Ciudadana PZA0Corrupción tiene que ver con un contrato de prestación de servicios del 29 de abril de 2021, referente al suministro semanal de bienes de la canasta familiar y elementos de aseo, para el hogar de adultos mayores. Se había solicitado las hojas de vida de 3 ecónomas contratadas y las actas o certificados de entrada a almacén de los elementos de aseo y desinfección y de la canasta familiar y estas últimas no fueron entregadas, porque supuestamente no existen.

Igualmente se impuso una sanción de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todas estas medidas impuestas serán ejecutadas una vez sea confirmada por el juzgado promiscuo del circuito, cuando se cumpla la consulta establecida en la ley. En todo caso se ordenó entregar la información en 48 horas.

Sobre este tema, Diana Taquiva, veedora ciudadana de Paz de Ariporo, informó que se instauró una acción de tutela, la cual, fue fallada en primera instancia a favor de la veeduría, en ese entonces la administración apeló y nuevamente fue ratificado el fallo a favor de la veeduría, sin embargo, señala que nunca se cumplió y en vista que no le entregaron información instauraron un incidente de desacato, que tiene en apuros hoy a la alcaldesa de esa localidad.

“Como ciudadana da tristeza que por lago tan básico como es entregar información se llegue a esto en el municipio de Paz de Ariporo”, afirmó Diana Taquiva.

Luego de una inspección judicial en sitio realizada ayer, el Juzgado Primero Administrativo decidió abrir incidente de desacato contra el alcalde de Yopal Luis Eduardo Castro al considerar que la Alcaldía no ha demostrado realizar avances significativos en el cumplimiento de fallo de la acción popular que pretende la apertura de la carrera 14 entre calles 34 a 36, abajo del Hospital Local de Yopal y tampoco ha construido el puente de la intersección de la calle 34 con Caño Seco.

Más de una década llevan los vecinos de La Primavera, la urbanización Doña Juana y Barrio San Andrés, entre otros, esperando que se termine la problemática de inseguridad y consumo de sustancias sicoactivas, propiciada por el cerramiento del lote de 5.186 metros cuadrados, realizado por la empresa MC Asociados SAS y que impide la continuidad del trazado vial.

La acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo ya tiene fallos en doble instancia del Juzgado Primero Administrativo del 27 de septiembre de 2018 y del Tribunal Administrativo de Casanare del 20 de febrero de 2019, mediante los cuales se le conminó a abrir la vía y realizar el puente en mención.

Como esto no se había hecho, a través de un incidente de actuación correctiva del 18 de marzo de 2021 se requirió del alcalde de Yopal que informara del estado actual de la compra del terreno, los estudios y diseños del puente vehicular de la calle 34 con caño seco, medidas contra la inseguridad y registro fílmico del estado actual de la limpieza y poda de los predios a cargo del Banco BBVA y de la empresa Materiales y Construcciones Asociados SAS.

Frente a esto la Alcaldía de Yopal en abril 21 informó que mediante resolución No. 372 de 2016 se declaró de utilidad pública el inmueble; el Concejo Municipal facultó al alcalde para que comprarà o iniciarà la expropiación del terreno, avaluado en 7.194 millones de pesos, según avalúo comercial del 25 de noviembre de 2020 y em febrero de este año el Concejo autorizó que la alcaldía adquiriera un endeudamiento de 35 mil millones de pesos, donde se tiene contemplado recursos para el lote.

Si bien el Juzgado Primero Administrativo reconoce que se ha avanzado en los procesos, estos no han sido con la diligencia ordenada en los fallos. Y por ello se da la apertura del incidente de desacato, y para lo cual la Alcaldía deberá rendir sus descargos en tres días.

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jhon Kenedy Wilchez salió al paso de la situación y expresó que el terreno se comprará con recursos del endeudamiento y de vigencias futuras aprobabas por el Concejo. Del puente dijo que ya fueron radicados los estudios y diseños en la Oficina de Planeación para avanzar con su construcción. Todos estos trámites requieren tiempos largos y por ello se ha demorado el proceso.

El Juzgado Primero Civil del Circuito, ordenó el arresto de 3 días contra el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, por un incidente de desacato a un fallo de tutela que ordenó el desalojo del predio donde está ubicado el asentamiento humano "Mi Nueva Esperanza", el cual es propiedad de Ana José Pérez.

Según se conoció, la medida se dio por el fallo de la Acción de Tutela del 11 de noviembre de 2016, que decretó disponer la logística para el desalojo del predio de más de 30 hectareas, el cual está invadido por cerca de 2 mil personas correspondientes a más de 500 familias.

Dicho terreno está ocupado de manera ilegal por madres víctimas de la violencia, personas de la tercera edad, cabezas de hogar y menores de edad.

Al respecto, el alcalde manifestó que ya se está buscando un predio para reubicar a los invasores, y dijo que si el arresto solucionara la problemática, lo acataría tranquilamente, pero que desafortunadamente no es la salida.

Anteriormente, también se ordenó el arresto de otros alcaldes como Jorge García, Jhon Jairo Torres y Luz Marina Cardozo, por el mismo desacato al mismo fallo, sin embargo, varios de ellos cumplieron el arresto y otros se las ingeniaron para evadir la medida restrictiva. 

Ayer, antes de conocer el fallo, el mandatario yopaleño había cuestionado el actuar de varios concejales por las mociones de censura de varios de sus secretarios de despacho, y criticó que no se hubiese aplicado ese mecanismo a los funcionarios de otras administraciones. "Por ejemplo a los secretarios de Gobierno y jefes de Planeación que permitieron la creación de ocho asentamientos ilegales que hoy me tienen al filo de pagar arresto por la imposibilidad de reubicar a cerca de mil familias, los yopaleños estamos agotados por la inseguridad, el micro tráfico, etc., que en muchos casos tienen que ver con esos asentamientos", informó Puentes.