Así lo dio a conocer la Licenciada Elisabeth Ojeda Secretaría de Educación del Departamento de Casanare. La principal razón se debe a que ninguna de las instalaciones de las instituciones educativas son aptas frente a los protocolos de bioseguridad que demanda las actuales condiciones por cuenta de la crisis sanitaria por Covid-19. 

En un principio, la Gobernación de Casanare y los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres venían evaluando los planes de alternancia que fueron presentandos por las instituciones educativas, sin embargo estos fueron desestimados. 

“Después de hacer ese ejercicio, hemos llegado a la conclusión y tomado la determinación como entidad territorial de no aplicar planes de alternancia a partir del 3 de agosto hasta tanto las instituciones educativas tengan las condiciones de bioseguridad en su entorno físico y ambiental, que permitan garantizar la salud de todos los niños y niñas que acuden a cada institución” manifestó la Secretaria de Educación del Departamento de Casanare. 

De acuerdo con el Gobierno Nacional, las principales exigencias requieren que los salones de las instituciones educativas garanticen el distanciamiento físico de 2 metros, modificación de horarios para propender una gradualidad en la entrada y salida de los estudiantes, contar con actividades diarias de desinfección de todas las áreas de los colegios, así como garantizar que todos los alumnos porten el tapabocas en todo momento, entre otros. 

“Esto también implicaba que las instituciones educativas tenían que analizar, en primer lugar, con que personal contaban. Hay una parte que corresponde a las ambientes escolares, que sean ajustados para cumplir los protocolo, pero también existe otra que tiene que ver con la adecuación curricular. Los 2 metros requeridos exigen unos espacios muy grandes para poder hacer una actividad presencial” agregó la Licenciada Elisabeth Ojeda 

Finalmente, la Secretaria de Educación manifestó que el personal docente también es insuficiente, pues de acuerdo con los protocolos de bioseguridad, los funcionarios que superen los 60 años o tengan preexistencias médicas, no deben ser enviados a las instituciones educativas por su vulnerabilidad, los cuales en la actualidad representan un aproximado de 1300 educadores.