La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre 21 inmuebles rurales, 5 urbanos y 1 establecimiento de comercio avaluados en más de 30.000 millones de pesos, que pertenecerían a exintegrantes de las extintas AUC.

Los bienes afectados están ubicados en Vista Hermosa, Villavicencio y Restrepo (Meta); Maní, Tauramena y Monterrey (Casanare); y Bogotá.

Según la investigación, adelantada con el apoyo de la Dijin de la Policía Nacional, los activos fueron adquiridos en 1999 por los hermanos Víctor Manuel, Álvaro Albeiro y Jairo Fredy Varón Ramírez, quienes hicieron parte de las Autodefensas Campesinas del Casanare, cuyo máximo cabecilla era Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos.

Los predios habrían sido adquiridos con dinero producto de actividades ilegales como desplazamientos forzados, extorsión, narcotráfico, abigeato y hurto. Por estas condutas, el Tribunal Superior de Yopal (Casanare) condenó a los hermanos Varón Ramírez.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes que recibieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.

La Fiscalía General de la Nación, busca a Luis Hernando Ramírez, de 66 años de edad, de tez trigueña, estatura 170 cm, contextura delgada, ojos color miel, dentadura falta un diente maxilar inferior, y labios mediados, quien desde el pasado 31 de julio a las 06:30 horas aproximadamente se encuentra desaparecido.

Ramírez, quien es conocido con el apodo de “Gallina” labora como mecánico  en arroceras  de tractores y combinadas. La última información sobre su paradero, es que se encontraba en una finca del municipio de Maní; donde presuntamente haría reparaciones a una maquinaria.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero o ubicación del mismo, favor comunicarse con la Fiscalía General de la Nación al 3185324489.

Un grupo de teatro Akelarre y feministas de Yopal, ayer realizaron un recorrido que inició en la Casa de la Justicia, la Dirección Seccional de Fiscalías y el Cuerpo Técnico de Fiscalía- CTI, para hacer una representación teatral de la violencia que vienen siendo víctimas las mujeres en Casanare con el fin de sensibilizar a la ciudadanía de los horrores del feminicidio, la violencia de género y el maltrato intrafamiliar.

Los teatreros reclamaron de las instituciones, justicia para los feminicidios cometidos en Yopal y Casanare, cuestionando la presunta inoperancia de la Fiscalía frente al esclarecimiento del feminicidio de Sonia Díaz, comerciante de la Terminal de Transportes de Yopal, en hechos registrados el pasado mes de septiembre de 2021 y del cual el victimario sigue libre. 

De igual manera, rechazaron en la Seccional de Fiscalías de Casanare, que el asesinato de Carolina Totaitive y su hijo de 15 años Juan Eduardo, hubiese sido cometido por un funcionario de esta entidad, sin que la institución hubiera tomado medidas preventivas frente al uso de armas por parte de un hombre quien ya había sido denunciado por violencia intrafamiliar y quien además tenía una caución por esos hechos.

“La Fiscalía otorga el paseo de la impunidad”, “No tendrán la complicidad de nuestro silencio” y “Nos mataron el miedo a la denuncia”, fueron algunas de las frases que se pudieron apreciar en los carteles utilizados para protestar por un grupo de mujeres y hombres, que, aunque eran pocos su voz se escuchó perfectamente por los sitios del recorrido.

Continúa la mala hora para la alcaldesa de Aguazul, Johana Moreno. Ahora la Fiscalía General la acusa por el delito de fraude a subvenciones en concurso heterogéneo simultáneo con obtención de documento público falso, en relación a haberse beneficiado doble vez de subsidios de vivienda de interés social en los municipios de Aguazul en 2003 y Orocué en 2008. Así lo confirmó la directora de Fiscalías de Casanare, Araly González.

Al parecer, la actual mandataria de los aguazuleños, para el momento en que recibió los subsidios, no cumplía con los requisitos exigidos para ser beneficiaria, como por ejemplo residir en tales municipios. Por ello se investiga estas conductas, confirmó la Fiscal.

El pasado 3 de febrero se realizó una audiencia ante un juez de garantías y la Fiscalía presentó pruebas del ilícito. Por ahora no se ha solicitado ninguna medida de aseguramiento y seguirá cumpliendo sus funciones como alcaldesa pero está vinculada al proceso que continuará con la audiencia de acusación.

Ante los señalamientos que en redes sociales hiciera el candidato a la Cámara, Lenin Bustos, contra la jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Sonia Ruíz García; la Administración no sólo desmintió sus aseveraciones, sino que dio a conocer ante los medios de comunicación locales las denuncias que ya se han interpuesto contra el abogado Bustos, por agresiones contra al menos dos de las secretarias de Despacho de la Alcaldía.

La funcionaria Ruíz García denunció que por el contrario se ha sentido víctima de agresión por parte de Lenin Bustos, pues en el mes de diciembre, mientras atendían un caso por invasión de un predio privado, el candidato utilizó palabras grotestas y desobligantes contra ella y hacia la secretaria de Gobierno Karen López; lanzando acusaciones y oponiéndose al debido proceso.

Por lo tanto, instauró en enero una denuncia ante la Fiscalía, por los delitos de falsa denuncia, violencia contra funcionario público, injuria y calumnia.

Asimismo, respondiendo a sus señalamientos, la jefe de Planeación aclaró que le pidió a su equipo de trabajo que denunciaran una información que era falsa y estaba promoviendo este señor, lo cual permite hacer Facebook con cualquier caso que vulnere el buen nombre de una persona o institución. Esto además de denunciar las agresiones de las que fue víctima junto con la secretaria de Gobierno.

“Soy una funcionaria más de la Administración que trabaja por el beneficio de la comunidad. No pararé porque soy una mujer ‘frentera’, de retos, voy a seguir trabajando sin importar las actuaciones de personas que atacan a las mujeres”: expresó la jefe de Planeación Sonia Ruíz, y pidió a todas las mujeres denunciar cuando sean agredidas en cualquier forma.

En apoyo a sus funcionarias, el alcalde Luis Eduardo Castro rechazó tajantemente las agresiones verbales de Bustos, indicando que no tiene derecho de actuar de esa manera y señalar sin el debido proceso; pues lo que hizo fue atentar contra el buen nombre de la jefe de Planeación ‘e injuriarla al decirle que roba’.

Por su parte el asesor jurídico de la Alcaldía, Jhon Kennedy Wilchez, destacó que verificaron que Bustos tiene al menos 22 procesos penales en su contra por denuncias por delitos como falso testimonio, calumnia, injuria, violencia contra servidor público e interés indebido en contratación; lo que demuestra a frecuencia de sus malas conductas.

Agregó Wilchez que se vienen presentando constantes enfrentamientos con el candidato, pero nada justifica sus acciones contra las secretarias, y resaltó en hacer un llamado a la comunidad, porque “las mujeres de Yopal se respetan”.

A su vez la gestora Social de Yopal, Silvia Vega Calderón, dijo que ha puesto en conocimiento de esta denuncia a la Alta Consejera de la Mujer, Gheidy Gallo, esperando que se pronuncie ante estas conductas de un candidato al Congreso; pidiendo que no se normalicen este tipo de violencias. Además, hizo un llamado de solidaridad de género a las mujeres yopaleñas.

Igualmente, el secretario de Salud Municipal, Jhon Rojas, indicó que es necesario defender las buenas actuaciones y la veracidad de los hechos. Manifestó su rechazo contra las agresiones del candidato Bustos, con las cuales falta el respeto a la Administración, a la funcionaria y más en su condición de mujer.

Fuente: Alcaldìa Yopal

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), imputó a los dos supuestos agresores de dos perros, en hechos ocurridos en Casanare y Tolima.

Agresión a ‘Mailot’

El 24 de abril de 2021, Freddy Salcedo Chaparro, con una guadaña, le habría generado cortaduras en las patas delanteras a un perro labrador llamado ‘Mailot’, en Aguazul.

De acuerdo con la investigación, Salcedo realizaba labores de mantenimiento y adecuación al polideportivo de la vereda San José del Bubuy. Al parecer, lesionó al animal con la máquina y escapó del lugar sin brindarle asistencia.

El dueño de ‘Maillot’, luego de ser alertado sobre lo sucedido, lo llevó a un centro veterinario. Ante la gravedad de las heridas le fue amputada una de las patas al canino. Salcedo Chaparro deberá responder por el delito de maltrato animal.

Ataque a ‘Nacuco’

Juan David Medina Aya sería el responsable de golpear y envenenar a un perro de nombre ‘Nacuco’, en Chaparral (Tolima).

El 24 de octubre de 2019, Medina Aya habría llegado a la vivienda y en la puerta se encontró con el canino que no paraba de ladrar. En un acto de intolerancia, el hombre, presuntamente, atacó al perro con arma blanca y le propinó varios golpes. El material de prueba indica que, minutos después de la agresión, le lanzó un salchichón con sustancias tóxicas. ‘Nacuco’ murió envenenado.

La Fiscalía imputó a Medina Aya el delito de maltrato animal agravado.

Familiares de Sonia Díaz, hallada muerta en su residencia en el barrio Bicentenario de Yopal, llegaron con gran dolor y con un ataúd a cuestas, hasta la Fiscalía Seccional Casanare, para exigir justicia sobre este crimen ocurrido el pasado 2 de septiembre de 2021.

Con pancartas, canciones y arengas, familiares y amigos de la víctima se apostaron frente a la sede de la Fiscalía, exigiendo a la directora Araly González, explicaciones sobre este caso que según dicen ellos hasta el día de hoy, no han tenido ninguna respuesta y avance por parte de las autoridades.

“Llevamos 5 meses y no nos han dicho que pasa con el caso, y yo solo quiero justicia para mi hija porque me la mataron muy macabramente. He venido dos veces a la Fiscalía y el fiscal dice que toca esperar, y estoy cansada de esperar porque nosotros no estamos bien, el que le hizo eso a mi hija anda suelto, contento y feliz, mientras que nosotros todos los días estamos viviendo una cosa terrible que no podemos dormir”, afirmó Luz Mila Barrera, madre de Sonia Díaz.

En rueda de prensa en horas de la tarde la directora Seccional de Fiscalías en Casanare, Araly González, se defendió y dijo que el caso de Sonia Díaz si se está trabajando. Señaló que en la investigación que cursa se han adelantado unas entrevistas y se practicó una diligencia de registro y allanamiento en donde se recuperó el celular de la víctima que estaba perdido, aclarando que se está estableciendo si existe participación por parte de quien portaba el celular, a su vez enfatizó que se investigan otras exploraciones alrededor del lugar donde ocurrió el crimen.

Cuando se le indagó a la fiscal por el testimonio de la hija de la víctima, y de quienes sus familiares también han cuestionado que no ha sido tenido en cuenta, Araly González, respondió que dependen del Bienestar Familiar y la Comisaría de Familia, para validar lo que refiera la niña, toda vez que deben garantizar y proteger los derechos de los menores.

La directora Seccional de Fiscalías en Casanare invitó a la familia de Sonia Díaz, para que hagan llegar a la Fiscalía esos elementos que afirman tener como prueba, para ahondar más en la hipótesis que se está trabajando por parte del fiscal destacado.

Finalmente, González recalcó que dentro del proceso se están realizando actividades judiciales propias para dar con el responsable del feminicidio de Sonia.

Luego de la primera exploración investigativa de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el esclarecimiento de los homicidios ocurridos durante los primeros días de 2022, en Arauca y zona de frontera con Venezuela, se reportó hasta el día 5 de enero el hallazgo de 27 cuerpos en puntos rurales de Fortul, Saravena y Arauquita (Arauca); y Cubará (Boyacá).

Según la Fiscalía, los reportes dan cuenta de que las víctimas fueron obligadas a salir de sus viviendas por hombres armados. Algunas habrían sido llevadas a Venezuela, asesinadas y posteriormente trasladas territorio colombiano. Otras murieron en Colombia, pero los cuerpos los abandonaron en lugares lejanos a sus residencias.

“Los 27 cuerpos se encuentran en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este momento, se realizan las necrópsicas con la mayor celeridad. Hasta el momento han sido identificadas 20 personas. Dos son mujeres, otras dos menores de edad y cuatro ciudadanos venezolanos”, informó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.

El Fiscal, señaló que, preliminarmente, las inspecciones han establecido que todas las víctimas recibieron disparos a corta distancia, en la modalidad de sicariato. Esto indica que no hubo combates.

Agregó Barbosa que, la Fiscalía constató que cuatro de los identificados están vinculados a investigaciones como presuntos integrantes de las disidencias del frente décimo de las FARC. Otros cuatro figuran como indiciados en las bases de datos institucionales.

El análisis de contexto realizado en la región y el material de prueba obtenido por la Fiscalía, evidencian que los responsables de estos homicidios son las estructuras armadas del Frente de Guerra Oriental del ELN, que delinquen en Arauca, Boyacá y Casanare. Por línea jerárquica y organizativa, esta acción tuvo que ser autorizada y dirigida por el Comando Central (COCE).

“Ante esta situación, que afecta la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía de Arauca y la zona de frontera, dispuse la conformación de un grupo de tareas especiales que contará con fiscales especializados de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Unidad Especial de Investigación, y tendrá el apoyo técnico e investigativo del CTI y la Policía Nacional”, concluyó el Fiscal Barbosa Delgado.

La Policía y la Fiscalía en Casanare descartaron que se estén urdiendo atentados terroristas a la infraestructura del acueducto de Yopal, según denuncias hechas por el gerente de la EAAAY de Yopal Jairo Bossue Pérez ante la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que personas anónimas informaron de amenazas a este bien público.

Tanto el comandante de la Policía en Casanare, coronel José Miranda como la directora Seccional de Fiscalías, Aralí González, negaron que se estuvieran planeando ejecutar acciones contra las plantas de tratamiento modulares, definitiva o tubería del acueducto que surte de agua a la ciudad o de cualquier entidad pública.

El oficial dijo que no se tiene ninguna información de esa intencionalidad mientras que la fiscal expresó que no solo no tenía ninguna denuncia en su despacho sino que no había ningún reporte o conocimiento oficial del CTI sobre ese evento u otra circunstancia.

Qué fue lo que denunció el gerente de la EAAAY

Estos pronunciamientos se originaron luego de que los periodistas Martín Mesa Paredes, director del portal www.elnuevooriente.com y Martha Cifuentes en una alianza noticiosa, conociéramos de un oficio del gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EAAAY a la Fiscalía General del pasado 24 de mayo, donde primordialmente se denuncia posibles ataques, de personas al margen de la ley, al sistema integral de tratamiento de agua potable en la vereda La Vega y los relaciona con los bloqueos en la Marginal de la Selva en el marco del Paro Nacional.

Inicialmente este funcionario dijo que no daría declaraciones por considerar que esto era un tema de seguridad nacional y que el documento no era para conocimiento de la prensa pero luego de que se ventiló, públicamente, ahí sí se animó a ampliar la información.

Es así como expresó literalmente que “En desarrollo de la protesta social de varias comunidades de Yopal y sobre todo en los bloqueos hubo una especie de concierto para delinquir en contra de las empresas de la región, no solo de la EAAAY sino de la empresa eléctrica (sic)… que supuestamente unas personas que vinieron de otro departamento irían a atentar contra la infraestructura para crear un caos en la ciudad. Esas informaciones fueron allegadas por personas anónimas, a la empresa y por ello informé a Defensoría, Procuraduría, Fiscalía y Superservicios. Advertimos sobre la posible comisión de este tipo de delitos por personas ajenas a Yopal.”

Curiosamente, la grave denuncia no fue informada al alcalde

Consultado sobre sí tan importante información había sido proporcionada al alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, intentó evadir la respuesta, pero finalmente expresó que no lo hizo argumentando que el mandatario no es el competente para investigar estas denuncias penales. Rara esta postura considerando que el alcalde es el presidente de la Junta Directiva de la Eaaay y del cual se sabe es muy cercano.

Efectivamente, días antes, el periodista Martín Mesa Paredes indagó con el alcalde de Yopal Luis Eduardo Castro, sobre el particular y este le manifestó no tener conocimiento de estas informaciones y que investigaría el tema, pero a la postre no hubo pronunciamiento.

En igual sentido se pronunciaron fuentes comunales de El Morro. Estos, hasta se mostraron extrañados y dijeron que "un ataque contra el acueducto no es algo lógico" y no se entienden las afirmaciones del Gerente de la EAAAY

Por su parte el defensor del Pueblo, Yimy Leonardo Roa, dijo inicialmente que no conocía del oficio enviado a la Fiscalía, pero luego si se acordó y explicó que este es un tema que debe investigar el organismo acusador porque la Defensoría no cuenta con esas competencias.

También consultamos con el personero de Yopal, Rafael Peña, quien dijo desconocer absolutamente todo sobre esta denuncia e indicó que oficiaría al gerente de la Eaaay para conocer en profundidad esta información.

Dudas y más dudas

Varias dudas quedan en el ambiente y tienen que ver sobre la credibilidad a las fuentes anónimas en las que se basó el gerente de la empresa de acueducto para hacer el oficio a la Fiscalía pues sus sindicaciones son de gran impacto regional y nacional dados los largos años de crisis de agua en esta ciudad.

Igualmente consultado el ejecutivo sobre si ya había pedido a la Policía protección a la infraestructura dijo que no y esto no sería coherente con el grado de importancia que dio a los informantes.

Lo otro que tampoco queda claro es por qué se quiso vincular a los jóvenes manifestantes de la Marginal del Llano, quienes no han arremetido contra ninguna entidad pública ni realizado actos de vandalismo contra bienes públicos o de otro tipo.

Fue capturado el líder social de Aguazul, Miguel Yesid Daza Galindo, en medio de un allanamiento a la finca Campo Alegre, vereda Plan Brisas, realizado por la Fiscalía General de la Nación  y el Ejército Nacional, este martes 23 de febrero, hacia las 4:30 am.

Daza es miembro de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación – COSPACC-, de la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro –ASONALCA- y de la Asociación de Veredas de Cunama -ASOVEC-. 

De manera extraoficial se pudo establecer que Miguel Daza es investigado por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines extorsivos, y que la orden de captura fue expedida por el Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializados, de la Dirección contra las Organizaciones Criminales-Meta, Harles Max Cortés, quien a comienzos de 2020 estuvo como director seccional de la Fiscalía en Casanare en calidad de encargo.

Organizaciones condenan el hecho

Fabián Laverde, director de la Corporación COSPACC, organización defensora de derechos humanos, condenó el hecho y exigió garantías para los líderes sociales del país. “Defender los territorios y los derechos humanos, no puede costarnos la vida y la libertad. La judicialización una práctica social genocida”, escribió en su cuenta de twitter.

A su vez la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro ASONALCA, expidió un comunicado en donde manifiesta que, continúan las persecuciones, estigmatizaciones y  judicializaciones a líderes sociales del país, y exigió la  libertad inmediata de Daza Galindo, quien ha liderado proyectos colectivos en Casanare, en donde se destaca como defensor de Derechos Humanos, líder comunal y campesino. Además, ha participado junto con las comunidades de espacios de interlocución entre la Administración de Aguazul, la Gobernación de Casanare y Ecopetrol.

Además de los espacios para la concertación del cumplimiento de las exigencias de las comunidades, Daza ha realizado constantes denuncias de vulneraciones de los Derechos Humanos en el departamento de Casanare.

Por su parte la defensora del Pueblo en Casanare, Sonia Bernal, lamentó el hecho y recordó que, en 2020 la Gobernación de Casanare y la Defensoría del pueblo, hicieron un reconocimiento público a Daza, durante el Día Nacional de los Derechos Humanos, por el trabajo realizado en defensa de la vida, las comunidades y los Derechos Humanos.