La exalcaldesa de Nuchía, Martha Cecilia Pérez Rodríguez, fue condenada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal a pagar 15 años de cárcel por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogeneo.

La decisión obedece a un fallo de primera instancia donde además se contempla 200 meses de inhabilidad (16 años) para ejercer cargos públicos, además de una multa de 183 salarios minimos legales vigentes.
De acuerdo a Jhon Fredy Encinales, director de Fiscalías de Casanare, el delito contra la Administración pública se configuró luego de que concejales y el mismo secretario de Gobierno de ese entonces, la denunciaran por irregularidades en la ejecución,cumplimiento y liquidación del contrato número 050 de 2012,de mínima cuantía relacionado con las leyendas informativas para las diferentes oficinas de la Administración Municipal y el Centro de Convivencia, como apoyo al proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)cuyo valor ascendía a 15 millones 805 mil pesos, que se liquidó sin haberse cumplido en su totalidad.

Jhon Fredy Encinales, director de Fiscalías de Casanare, informó se adelanta un proceso penal en contra del alcalde de Nunchía, Fredy Higuera, por el delito de peculado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, luego del encerramiento de una propiedad privada con recursos públicos de la Administración Municipal.

Pese a que la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento con detención preventiva para el mandatario, un juez la negó.
En junio se resolverá la solicitud luego de que la Fiscalía apelara la decisión.

En Consejo Extraordinario de Seguridad que presidió el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes Vargas, se determinó establecer un sistema de incentivos económicos (recompensas) a las personas que aporten información que contribuya a contrarrestar hechos delictivos en el municipio, como medida tendiente a garantizar la seguridad, orden público y convivencia ciudadana.

La medida está orientada al fortalecimiento de las relaciones entre las autoridades y la ciudadanía, en procura de fomentar la cultura de la denuncia y a combatir la delincuencia en sus diferentes modalidades delictivas. El pago por información se hará efectivo siempre y cuando los datos proporcionados sean veraces y oportunos, y conduzcan a contrarrestar actos delincuenciales.

El pago del incentivo, inicialmente, será cancelado a quienes con sus denuncias e información colaboren en la identificación y ubicación de armas de fuego, expendedores de sustancias psicoactivas y los responsables del hurto de luminarias en el corredor que conduce a Matepantano y la vía a Sirivana.

“Ya se abordó el tema, los miembros del Consejo aprobaron la propuesta. Eso significa que próximamente estaremos anunciando la cuantía fijada por estos hechos delictivos que están afectando la seguridad en el municipio de Yopal.

Hacemos un llamado a la ciudadanía que tenga información a que la ponga en conocimiento de las autoridades competentes, como el servicio de inteligencia de la Sijín de la Policía Nacional o el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, para poder dar con el paradero de los responsables y lograr judicializarlos”, manifestó el secretario de Gobierno, Eliver Moreno Pacheco.

Señaló el funcionario que están garantizadas las condiciones de seguridad para que la comunidad suministre la información ante las autoridades, porque habrá absoluta reserva y confidencialidad de su identidad.

Los recursos dispuestos para el pago de los incentivos corresponden a dineros del Fondo de Seguridad del municipio, que serán empleados con ese fin y utilizados de manera eficiente.

El Consejo de Seguridad se llevó a cabo el pasado viernes, con la presencia de diferentes autoridades, como el Ejército y la Policía Nacional, Fiscalía, la Secretaría de Gobierno, entre otros.

Luego de un año de trabajo investigativo, la Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de imputación de cargos a quien ejerció funciones de gerente del Fondo Adaptación (2016- 2018), Iván Fernando Mustafá Durán, investigado por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

La indagación inició el 22 de diciembre de 2017, a partir de un informe que envió a la Fiscalía la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el que advertía sobre movimientos financieros que deberían ser objeto de seguimientos.

Los investigadores cuentan con material probatorio en el que Iván Mustafá, entre los años 2010 y 2018, habría incrementado su patrimonio económico de manera injustificada. En ese período el exfuncionario ocupó los cargos de: Viceministro de Agua, Director para las Regiones y Gerente del Fondo Adaptación de la Presidencia de la República. La diligencia judicial fue programada por el centro de servicios de Paloquemao para el próximo 25 de abril a las 4:00 p.m. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

Alrededor de 100 motos quedaron calcinadas luego de un incendio registrado la noche de este martes en las instalaciones del parqueadero de Setty, ubicado en la calle 40 con calle 31.

El total de motos será confirmado en horas de la mañana de hoy, cuando las condiciones del día  permitan hacen un mejor cotejo de los vehículos afectados.

Aunque no se han confirmado las casusas del incendio, no se descarta que pueda tratarse de un sabotaje, pues de las más de 2.500 motos y 40 carros que hoy están en el parqueadero de la concesionaria Setty, al menos 1500 motos y 16 carros están cerca de ser rematados, y se está a la espera de la adjudicación del contrato para el peritaje de los mismos.

La conflagración fue verificada directamente por el secretario de Tránsito Municipal, Robert Hernández Cachay, quien dijo que al momento de su llegada ya se había superado el incendio, gracias a  la intervención de los  bomberos y se había acordonado el área.

Al respecto el funcionario señaló que la investigación de este suceso fue asumida directamente por el CTI de la Fiscalía, por lo que se espera que los expertos en esta área establezcan las causas del incendio y los alcances del mismo, para lo cual se hará la revisión en horas de la mañana.

Por el momento se cuenta con acompañamiento policial para cuidar la escena durante la noche, lo cual fue solicitado directamente por el Alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, para evitar inconvenientes en la investigación.

Hernández Cachay dijo que algunas motocicletas fueron alcanzadas por las llamas, pero es apresurado dar una cifra en el momento, pues el área está acordonada y no se puede observar a detalle. Además señaló que el parqueadero cuenta con cámaras de vigilancia, por lo que se espera que las autoridades judiciales pongan a buen resguardo los computadores para poder revisar las grabaciones.

Respecto a la responsabilidad en los vehículos afectados, el  secretario de Tránsito resaltó que “la concesionaria es la responsable de las motocicletas desde el día en que ingresan hasta que se resuelva la situación particular”.

El día de ayer, Bomberos había reportado varios incendios cerca del parqueadero, y al parecer las llamas habrían alcanzado las instalaciones cerca de las 7:30 de la noche.

Fernando Alberto Fernández Delgado de 57 años, fue hallado sin vida en la finca Palometas de la vereda San Nicolás de Hato Corozal. 

Según se dio a conocer, una de sus empleadas encontró el cuerpo de Fernández en el cuarto principal del hoy fallecido, quien se habría suicidado con un arma de fuego.  

De acuerdo a algunas versiones, el sonido de un disparo de arma de fuego alertó a la empleada, quien de inmediato ingresó a la habitación y encontró a su patrón con una herida en la parte izquierda de la cabeza.  

Hasta la finca arribaron las autoridades, quienes procedieron a atender la emergencia, encontrando un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con la cual Fernández se habría quitado la vida.  

Por el momento ante el presunto caso de suicidio, las autoridades continúan con las respectivas investigaciones que ayuden a esclarecer el infortunado suceso. 

Se pudo establecer que el fallecido era dueño del Hato La Borra, del cual se desprenden varias fincas, entre ellas Palometas.

Fernando Alberto era padre de Paola, Ximena y Fernando, e hijo del también fallecido Julio Fernández, reconocido poseedor de tierras y hombre de llano.  

Se profirió sentencia condenatoria por preacuerdo en contra de John Alejandro Carrillo Banquero, a una pena de 33 meses de prisión por el delito de lesiones personales agravadas (investigación iniciada por el delito de violencia intrafamiliar).

Según dio a conocer la Fiscalía, el 29 de noviembre de 2018, en la vereda las delicias  del municipio de Tauramena, el señor Carrillo Banquero llegó a su domicilio en estado de embriaguez y comenzó a insultar y a golpear a su esposa, sin tener en cuenta que la víctima se encontraba con 7 meses de embarazo.

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Yopal legalizó la captura de Diego Armando Rueda Umay de 28 años a quien la Fiscalía 10 de Yopal le formuló imputación de cargos por el delito de hurto agravado, cargos que fueron aceptados por el indiciado.

Según se dio a conocer, el pasado 6 de junio de 2018, Diego Armando Rueda Umay fue capturado en flagrancia, momentos en que se hurtaba un teléfono celular en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 19 con calle 17 esquina del municipio de Yopal, en la modalidad de raponazo. 

El Juez impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad al señor Rueda Umay quien fue capturado en el municipio de Duitama el pasado 11 de marzo, en cumplimiento de una orden judicial proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pajarito.

Fue identificado por Medicina Legal, el joven apuñalado que murió luego de una riña en el barrio Nuevo Hábitat de Yopal, quien falleció en el Hospital Regional de la Orinoquía. Se trata de Maicol Estiven Sosa González, de aproximadamente 18 años.

El caso se registró el cuatro de marzo, en la calle 32B con carrera 11B, dirección hasta donde llegó el joven solicitando ayuda pues, al parecer en una gresca, había recibido heridas con arma blanca que le afectaron la vena femoral. Aunque Sosa alcanzó a ser trasladado al centro asistencial, murió por la gravedad de las heridas.

Desde entonces, las autoridades iniciaron una serie de labores investigativas para lograr establecer la identidad. Dado lo complejo del caso, hicieron público a través de los medios de comunicación unos tatuajes que presentaba el desconocido, uno en cada brazo con los nombres de “Valentina” y “Bibiana”.

Según se pudo conocer, el joven era consumidor de alucinogenos y natural de Bogotá; había llegado en los últimos días a hacer unas diligencias en la capital casanareña. 

Luego de las experticias forenses se determinó la identidad del occiso, quien según el reporte entregado por la SIJIN de la Policía, se trata de Maicol Estiven Sosa González. Ahora las investigaciones se encaminarán a determinar los móviles y autores del crimen, con las pruebas recolectadas que hacen parte de la investigación que adelanta la SIJÍN en conjunto con la Fiscalía, para establecer si hay algún tipo de relación con otro homicidio ocurrido el pasado 26 de febrero en la calle 29 con carrera 32a, en un andén de la iglesia Espiritu Santo, donde fue hallado el cuerpo de un hombre entre 25 a 30 años de edad, de 1.70 metros de estatura aproximadamente, quien continúa en la morgue sin ser identificado.

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Sobre las 2:00 de la tarde de este 12 de marzo, en la vía pública de la Avenida Calle 167 con carrera 58B de la ciudad de Bogotá, personal del CTI Casanare en coordinación con el Gaula del Ejército en Casanare, materializaron la captura por orden judicial de Miguel Alfonso Alvarado Pinilla, por el delito de concusión en concierto homogéneo. Dicha orden fue emanada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, donde resolvió una pena de 84 meses de prisión y una multa de 62 salarios minimos legales mensuales vigentes.  

Según dio a conocer la Fiscalía, para el año 2007, Miguel Alfonso Alvarado Pinilla, en su condición de profesional universitario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi sede Villavicencio, se reunió en Aguazul con Ana Kamir Fernández y Mario Jiménez Fonseca, oportunidad en la cual les pidió la suma de $2.000.000 a cada uno, para elevar el avalúo comercial de dos predios de propiedad de estos, ubicados en la vereda el Porvenir del corregimiento El Morro en Yopal y en zona rural de Aguazul para luego ser vendidos por los propietarios a Corporinoquia.