La presencia del clan del golfo tiene en máxima alerta a las autoridades del Meta y Casanare, pero lograr acciones efectivas requiere de un esfuerzo más de fondo que implicaría incluso reformas a la justicia

La presencia de grupos al margen de la ley como disidencias de las Farc, Clan del Golfo, Bacrim, entre otros, es una problemática de seguridad seria que empieza a dejar consecuencias cada vez más graves en Casanare y el Meta.

Ante este panorama, los  gobernadores los dos departamentos Salomón Sanabria y Juan Guillermo Zuluaga, se dieron cita en el municipio de Villanueva en lo que denominaron un Consejo Ampliado de Seguridad, que contó con la presencia de comandantes de la Fuerza Pública, alcaldes, diputados, y representantes de gremios entre otros.

El evento generó todo tipo de expectativas y no es para menos, las máximas autoridades de dos de los departamentos más importantes de la Orinoquia colombiana tratando de articular esfuerzos para evitar que la problemática de seguridad se salga de las manos.

Aunque fue un poco tardío, el consejo ampliado de seguridad era necesario para que se abordara la problemática con la seriedad y delicadeza que amerita, teniendo en cuenta que la presencia de estas organizaciones delincuenciales principalmente el Clan del Golfo ha desatado un panorama preocupante en cuanto al aumento de labores delictivas como extorsión, homicidio y ni que decir el uso de los corredores viales y fluviales para el microtráfico de estupefacientes.

Pero la realización del Consejo de Seguridad por más que lograra unificar esfuerzos entre ambos departamentos, dejó un contraste sobre el verdadero impacto que puedan tener las estrategias que adopten las autoridades. Por supuesto, hay cosas que son un avance significativo, pero difícilmente se podrá tener un control completo de la situación o exterminar de raíz la problemática.

Entre lo positivo del Consejo Ampliado de Seguridad tenemos el levantamiento de un acta con los compromisos adquiridos por cada una de las instituciones que hicieron presencia, compromisos que según las declaraciones de los gobernadores de Casanare y Meta serán evaluados dentro de un mes en una nueva reunión que se desarrollará en el municipio de Puerto López.

Otro avance significativo que dejó esta actividad es el aumento de operativos de control en las rutas que según las autoridades se estarían usando por estas organizaciones criminales para actividades de microtráfico. Operativos que, en palabras del gobernador de Casanare Salomón Sanabria, no solo tendrían la presencia terrestre de militares, sino también sobrevuelos por parte de la Fuerza Aérea.

Personeros inconformes

Pero no todo lo desarrollado en el Consejo de Seguridad fue de carácter positivo, hubo un suceso que llamó la atención de la prensa y representó una perspectiva diferente o mejor aún permitió establecer un contraste de los logros que puedan dejar esta articulación interinstitucional regional frente a la problemática de orden público.

Se trata de la presencia de Luis Francisco Cala, personero Municipal de Villanueva, quien cuestionó, con argumentos de peso, la forma en que se organizó el Consejo Ampliado de Seguridad, ya que según el funcionario, no se tuvo en cuenta a los personeros del sur del departamento de Casanare (la zona más afectada por la problemática), lo que para él conlleva una descontextualización de la situación, porque son precisamente los personeros como representantes del Ministerio Público, quienes mantienen un diálogo directo con las comunidades que conocen de primera mano las problemáticas de los territorios

 “Se me negó la posibilidad de hablar y decir tantas cosas que conocemos desde la Personería, por ejemplo, que se habla mucho de las consecuencias, pero no se habla de las causas. Desafortunadamente nos vamos reunión tras reunión hablando de las consecuencias que todos las sabemos, pero no de las causas y por lo tanto no hay acciones concretas para atacar el problema que tenemos de inseguridad muy grave para el sur del Casanare y el norte del Meta”, expresó el Personero Municipal de Villanueva ante los medios de comunicación.

Para el representante del Ministerio Público más allá de la presencia y operatividad militar y armada en la zona (que evidentemente es importante para capturar a los criminales), las acciones de las autoridades también deben centrarse en el ámbito social principalmente en los jóvenes que son el grupo poblacional más propenso a involucrarse con estas organizaciones delincuenciales.

Otro de los aspectos a los que se refirió el Personero Municipal fue a uno de los factores que ha fortalecido la problemática de orden público en estas zonas y es el colapso del sistema judicial. Este colapso ha llevado a que la ciudadanía no confíe en el sistema judicial y se abstengan de denunciar, porque como ha sucedido en muchas ocasiones, capturan al delincuente y por diversos motivos o falencias del proceso termina libre.

En ese contexto el Personero Municipal considera que la Fiscalía si está cumpliendo con su función de ente acusador, al igual que la labor de los Jueces de la República, pero que evidentemente el sistema judicial se encuentra totalmente colapsado y requiere de un fortalecimiento contundente para poder entregar mejores resultados.

Agregó que no existe la cultura de la denuncia por la misma incredulidad que se tienen en el sistema judicial, pero hizo énfasis en que la Fiscalía no tiene la capacidad suficiente de personal.

“Aquí en Villanueva tenemos un fiscal sin asistente, por supuesto que su capacidad personal y profesional está sobresaturada. Jueces que pueden conocer de 300 procesos, están conociendo de 1.000, 1.200, 1.500, ¿cómo vamos a tener una justicia pronta si el fiscal no tiene la capacidad suficiente para evacuar procesos, si el juez tiene sus despachos totalmente saturados?”, explicó Cala.

La perspectiva manifestada por el representante del Ministerio Público en Villanueva es válida, ya que refleja realidades que no se pueden desconocer y nos lleva a la conclusión de que atacar a las bandas criminales requiere de una completa unión entre la institucionalidad, la Fuerza Pública y el fortalecimiento del Sistema Judicial para que se puedan dar resultados más contundentes.

El Consejo Ampliado de Seguridad demostró que existe la voluntad de las autoridades tanto gubernamentales como judiciales para afrontar la problemática, solo queda esperar que estrategias se van a formular y el impacto que se va a tener, esperemos que, por el bien de la región, se logre disminuir significativamente los daños sociales y económicos que representa la presencia de bandas criminales en nuestros territorios.

Un interno con covid-19 que salió de la cárcel de Villavicencio y estuvo el fin de semana departiendo con su familia, circunstancia que el alcalde Felipe Harman calificó como irresponsable por parte de las directivas de la cárcel, hacen parte del calvario que se sigue viviendo por la propagación del virus en el centro de reclusión.  

A estas noticias se suman 149 nuevos casos del virus en internos y guardianes, según informó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga este martes en la tarde, llegando a 657 el número total de internos y guardianes contagiados en el centro de reclusión.

Además, dos juzgados de Villavicencio ordenaron al Ministerio de Justicia y al Inpec el traslado de 69 reclusos mayores de 60 años al centro de atención el Yarí.

La denuncia del recluso con covid-19 que estuvo en la casa, la hizo la hermana del interno, tras expresar que de la cárcel la llamaron para que recibiera a su hermano que salía por pena cumplida y con prueba negativa para el virus.

La hermana lo llevó a vivir a la casa en el barrio Marco Antonio Pinilla de Villavicencio el pasado viernes y durante el fin de semana su hermano departió con cuatro miembros de la familia e incluso salió hasta una tienda del sector, contó la mujer.

La sorpresa llegó el lunes en la madrugada cuando recibió una llamada de la ESE municipal a informarle que, en una segunda prueba, su hermano había salido positiva y que en consecuencia lo tenían que llevar al Centro de Protección y Prevención para Personas (CP3) de la ciudad a pasar la cuarentena, a donde lo trasladaron en una ambulancia.

El alcalde Felipe Harman señaló que “el Inpec de una manera irresponsable viene determinando boletos de libertad en las que ni siquiera se están verificando las condiciones de aislamiento de las personas que recobran la libertad", como habría ocurrido el pasado viernes con el interno con covid-19 y con otros ocho reclusos.

De otra parte, los juzgados Tercero de Familia y Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, al fallar sendas tutelas, ordenaron al Ministerio de Justicia y al Inpec hacer un censo del estado de salud de los 69 internos mayores de 60 años que se encuentran en la cárcel de Villavicencio y trasladarlos por grupos al centro Centro el Yari, ubicado en las afueras de la ciudad

El traslado dispuesto por el primero de los juzgados se debe cumplir en tres etapas, la primera a los internos que tengan prueba negativa de covid-19. Posteriormente será trasladado, el segundo grupo, conformado por aquellos internos que hayan logrado superar el contagio covid-19 luego del aislamiento y que finalmente sean detectados como negativos.

El tercer grupo de reclusos de diagnóstico con covid-19 positivos, también deberán ser trasladados una vez logren su recuperación y puedan salir del centro carcelario ya con prueba negativa, que no amenace con posteriores contagios a la restante población, según concepto de las autoridades de salud.

En las dos sentencias, así mismo, les ordenan a las dos entidades contra las que se fallaron las tutelas, así como a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, establecer las medidas de seguridad, alimentación y salubridad para el traslado de los internos.

La primera tutela la presentaron los procuradores judiciales II Edwin Javier Murillo Suárez y Jesús Antonio Pineda Bocanegra, quienes reclaman la protección constitucional de los internos adultos mayores, por ser una población extremadamente vulnerable al contagio, encontrándose en riesgo de contraer el virus al interior de la cárcel, dado el hacinamiento del penal superior al 90 por ciento.

La otra tutela la presentó el funcionario del Inpec Leonardo Fabio Ramírez Ortiz, en nombre y representación de la Unión de Trabajadores Penitenciarios y de la población privada de la libertad.