La personas del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza en Yopal, deberán ser desalojadas del predio que invadieron hace al menos 7 años. Así lo ratificó el Juzgado Segundo Municipal de Yopal, en providencia de este 1 de marzo y que ordena cumplir el fallo de tutela del 11 de noviembre de 2016.

El predio invadido es la finca “Los Sitios” que está ubicado en la vereda La Guafilla y que pertenece a Ana Josefa Pérez.

La Alcaldía de Yopal debe garantizar la reubicación de los habitantes del asentamiento.

Por incumplir con esta orden varios exalcaldes han debido cumplir varios días de arresto.

Entre otros de los ex alcaldes que han cumplido arresto, por desacato al fallo de desalojo de Mi Nueva Esperanza se encuentran: Luz Marina Cardozo y Leonardo Puentes; este último manifestó a comienzos de mayo de 2019, en visita al sitio, unos días antes de ser arrestado, "Sacar a la fuerza más de 2.000 personas es un imposible y no lo vamos a hacer, prefiero cumplir el arresto".

De no hacerse dicho desalojo, el acalde Luis Eduardo Castro, se enfrenta a la apertura de un incidente de desacato, instaurado por el líder de Mi Nueva Esperanza, Javier Pérez Castillo.

 

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Líderes del asentamiento humano Mi Nueva Esperanza, madrugaron ayer a protestar frente a la Alcaldía de Yopal porque no están de acuerdo con caracterización que lleva a cabo el INDEV en este sector. 

Javier Pérez, líder de este asentamiento, dijo que no estàn de acuerdo por la manera como el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, está adelantando el proceso en Mi nueva Esperanza, que lleva 10 años y al cual hay que darle continuidad porque de lo contrario se perderían esos años de trabajo. Además de ir en contra del cumplimiento del fallo de tutela que esta desde el 11 de noviembre del 2016 que ordena reubicar a las familias.

Agregó el líder que el censo no lo socializaron y que es ilegal. Cuestionó además que este proceso se iniciara ayer cuando en el madrugón del pasado sábado, el mismo alcalde informó que se realizaría después del 1 de diciembre por lo que lo ven como un sabotaje a la protesta.

“Aquí lo que necesitamos es soluciones definitivas en temas de vivienda, no pañitos de agua tibia como es venir a vacunar perros y gatos, si lo hacen, pues bien, pero lo que necesitamos es propuestas serias, responsables que lleven a terminar la manera informal en la que vivimos en este asentamiento y entremos en un proceso formal”, recalcó Pérez.

Por su parte, Consuelo Carrillo, gerente del Indev dijo que el censo habitacional del asentamiento humano se socializó y que se realiza por solicitud de la comunidad, ya que se quiere conocer exactamente cuál es la población que reside en estas viviendas y si cumplen los requisitos para la adjudicación de subsidios de vivienda.

 

 
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Crece el inconformismo en la comunidad de Mi Nueva Esperanza poque a la fecha la Administración Municipal no los ha reubicado y aducen que tampoco conocen una propuesta real, para dar solución a esta problemática.

Sumado a ello hay malestar generalizado porque señalan que fueron engañados en su buena fe cuando el líder de esta comunidad, Javier Pérez junto a un abogado les habría hecho la propuesta de aportar de a 700 mil pesos por familia, para realizar un estudio del terreno, que se había asignado desde la Administración de Leonardo Puentes para su reubicación, sin embargo, el predio resultó inviable, toda vez que allí funcionó un basurero y no era apto para desarrollar el proyecto.

Ante los señalamientos de la comunidad, el líder Javier Pérez se pronunció argumentando que: “Nosotros con el ánimo de asegurar el terreno para que fuera para Mi Nueva Esperanza, contratamos unos profesionales para hacer unos estudios. A medida que se iba recogiendo el dinero se hizo el trabajo y todo marchaba perfectamente hasta cuando la EAAAY dijo que ahí no se podía instalar servicios públicos y todo el trabajo se perdió”.

Agregó Pérez que algunas familias están enojadas con justa razón porque hicieron rifas y se endeudaron para hacer este aporte para los estudios para que al final el lote no sirviera para la reubicación. “Nosotros creímos en la Administración Municipal y nos metimos la mano al bolsillo para agilizar el proceso y abandonar la informalidad, pero desafortunadamente las cosas no salieron como pensábamos, porque la Alcaldía nunca nos dijo si el lote servía o no y nos hicieron gastar dinero”, dijo.

Frente a la solución definitiva de Mi Nueva Esperanza, Pérez, afirmó que: “A la fecha no hay nada, hay una nueva propuesta, pero la realidad es que el proceso está muy lento y la comunidad ya no cree en nada. Ya tuvimos un desacierto con el lote, la Alcaldía debe ponerse las pilas con el proceso para que no llegue enero y el alcalde se vaya arrestado por no cumplir con lo que le ordenó el fallo”, puntualizó Javier Pérez.

Por su parte, John Kennedy Wilchez, asesor jurídico de la Alcaldía de Yopal, señaló que, ante la inviabilidad del anterior terreno, hay uno nuevo en Villa Salomé que se está estructurando para entregar 2.600 lotes con servicios a esta comunidad de Mi Nueva Esperanza.

Reiteró Wilches que, aunque la comunidad está molesta y no cree en que se va a dar una solución, la Administración Municipal adelanta todos los trámites para cumplirle a estas familias lo antes posible.

 

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Varios impactos con arma de fuego que hoy reposan en la fachada de su vivienda, tienen en alerta al líder social del asentamiento mi Nueva Esperanza Javier Pérez, quien denunció el hecho en el noticiero del medio día: Cómo Va Casanare de la emisora Caracol Tropicana 106.3 F.M. 

Para Pérez, el hecho que se presentó el pasado 17 de agosto hacia las 3 am, serían parte de un presunto atentado en su contra como retaliación a la labor que viene realizando en defensa de los derechos colectivos de la comunidad de mi nueva esperanza. 

De acuerdo con el Líder Social “después de llamar a la Policía y en compañía de ellos, revisamos la fachada de mi casa y encontramos dos agujeros producto del impacto de un arma de fuego. La situación ya está en conocimiento de las autoridades y se solicitó que se inicie una investigación par esclarecer quienes fueron y qué buscaban con estos hechos” 

El denunciante manifestó que durante los 8 años que lleva realizando su labor tratando de que se garantice los derechos colectivos de las familias de su comunidad, se han presentado varios hechos que el califica como amenazas y agresiones; y que todas se han puesto en conocimiento de las autoridades. 

“Solicitamos al Estado y a sus representantes que nos den garantías para ejercer nuestro liderazgo en beneficio de la comunidad que representamos, sin ningun tipo de presión (…) de manera libre y espontanea. Tambien solicitamos que ellos hagan un analisis de la situación y se nos brinde garantías a nuestras vidas y la de nuestros familiares. No quiero engruesar la lista de lideres sociales asesinados en el país” enfatizó Pérez.

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Se abrió incidente de desacato contra el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro por no ordenar diligencia de desalojo del asentamiento Mi Nueva Esperanza, ordenó el Juzgado Primero Civil del Yopal.
Al igual que dos de sus antecesores, (Luz Marina Cardozo(e) y Leonardo Puentes), Luis Eduardo Castro, deberá pagar tres días de arresto y tres salarios mínimos legales mensuales, por no proceder con la diligencia de lanzamiento de quienes hoy ocupan el predio propiedad de la accionante.
No obstante, dicha decisión del juez tendrá que ser revisada por un juez del Circuito de Yopal, quien finalmente determinará si deja en firme la decisión o la declara nula.
 
Sobre la situación, el abogado Yuri Rodríguez, apoderado de la propietaria del predio donde se sitúa el asentamiento humano, indicó que el terreno pertenece a Ana José Pérez, y que desde febrero se ordenó a la Alcaldía por un termino improrrograble de 4 meses, la reubicación de los menores de edad, desplazados, víctimas de la violencia, madres cabeza de hogar, madres gestantes y personas de la tercera edad que pertenecen a la invasión, y que debido a que no se dio dicho traslado, se ve inmersa nuevamente la administración municipal en un incidente de desacato. 
 
 
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El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes Vargas, se reunió con voceros de los asentamientos humanos Mi Nueva Esperanza, La Libertad, La Victoria y La Resistencia, para socializar una alternativa de solución orientada a dar respuesta a la necesidad de vivienda de las más de 600 familias vulnerables que residen de manera irregular en estos sectores del municipio.

A este encuentro también se hicieron partícipes delegados de la Personería de Yopal, de la Defensoría del Pueblo; los secretarios de Gobierno y Privado, Eliver Moreno Pacheco y Juan Manuel Díaz Heredia, respectivamente; el Jefe de la oficina Asesora de Planeación, Jairo Enrique García Troncoso, entre otros asistentes e instituciones involucradas con este proceso.

El mandatario manifestó que el municipio ya dispuso de un predio que tiene la disponibilidad inmediata de servicios para este propósito, el cual sería destinado al desarrollo de un proyecto vivienda que en este momento se encuentra en etapa de formulación y estructuración por parte de la Oficina Asesora de Planeación y del IDURY; con el que se daría solución a la problemática que presentan en este momento las familias de Mi Nueva Esperanza y tres asentamientos más; la cual completa varios años.

La alternativa que se encuentra en estudio contempla el desarrollo de un proyecto de vivienda multifamiliar de 55 torres de tres pisos, cada una con 4 apartamentos por piso; para un total de 660.

“Con este proyecto se superan las expectativas planteadas desde el principio. Damos un paso que es muy importante para empezar a resolver el problema de estos asentamientos humanos. Todo no está resuelto hoy, pero sabemos que tenemos un camino abierto, que nos va a permitir sortear todas las dificultades”, precisó el Alcalde.

Anotó además que “con el esquema planteado y la sintonía del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se espera el acompañamiento de la Gobernación de Casanare, porque se trata de un proyecto serio, bien estructurado; por lo que el departamento no va a negarnos la posibilidad de acompañar el proceso con algunos recursos”.

Javier Pérez Castillo, líder de las familias de Mi Nueva Esperanza, destacó el compromiso del alcalde y su equipo de trabajo en procura de materializar y avanzar en una solución definitiva: “es algo que nos deja emocionados y muy contentos, porque esto lo veníamos esperando y solicitando hace mucho tiempo. Hoy podríamos decir que estamos dando el primer paso para avanzar en ese tema”.

Igualmente Jhony Cachay, representante del asentamiento La Victoria, señaló que “es la primera vez que nos reunimos en una mesa de trabajo; es un avance muy importante. Por ahora el único que nos ha sentado a participar es el Doctor Leonardo Puentes”.

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El Juzgado Primero Civil del Circuito, ordenó el arresto de 3 días contra el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, por un incidente de desacato a un fallo de tutela que ordenó el desalojo del predio donde está ubicado el asentamiento humano "Mi Nueva Esperanza", el cual es propiedad de Ana José Pérez.

Según se conoció, la medida se dio por el fallo de la Acción de Tutela del 11 de noviembre de 2016, que decretó disponer la logística para el desalojo del predio de más de 30 hectareas, el cual está invadido por cerca de 2 mil personas correspondientes a más de 500 familias.

Dicho terreno está ocupado de manera ilegal por madres víctimas de la violencia, personas de la tercera edad, cabezas de hogar y menores de edad.

Al respecto, el alcalde manifestó que ya se está buscando un predio para reubicar a los invasores, y dijo que si el arresto solucionara la problemática, lo acataría tranquilamente, pero que desafortunadamente no es la salida.

Anteriormente, también se ordenó el arresto de otros alcaldes como Jorge García, Jhon Jairo Torres y Luz Marina Cardozo, por el mismo desacato al mismo fallo, sin embargo, varios de ellos cumplieron el arresto y otros se las ingeniaron para evadir la medida restrictiva. 

Ayer, antes de conocer el fallo, el mandatario yopaleño había cuestionado el actuar de varios concejales por las mociones de censura de varios de sus secretarios de despacho, y criticó que no se hubiese aplicado ese mecanismo a los funcionarios de otras administraciones. "Por ejemplo a los secretarios de Gobierno y jefes de Planeación que permitieron la creación de ocho asentamientos ilegales que hoy me tienen al filo de pagar arresto por la imposibilidad de reubicar a cerca de mil familias, los yopaleños estamos agotados por la inseguridad, el micro tráfico, etc., que en muchos casos tienen que ver con esos asentamientos", informó Puentes.   

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