El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, presentaron al gobierno una radiografía de las difíciles condiciones que afrontan miles de trabajadores del sistema de salud que hacen frente a la contención del covid-19, y demandaron la dotación de elementos de protección personal con las características de bioseguridad requeridas, así como soluciones de fondo a la precarización laboral que por años ha afectado derechos fundamentales.

En desarrollo de una mesa de trabajo virtual con los ministros de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, y del Trabajo, Angel Custodio Cabrera Báez, los jefes del Ministerio Público reconocieron los esfuerzos del gobierno para que empleadores y ARL - Administradoras de Riesgos Laborales - asuman la protección de los trabajadores, y anunciaron que vigilarán el cumplimiento de la construcción de inventarios de elementos requeridos para la atención de pacientes durante la pandemia, así como los procesos administrativos sancionatorios que adelante la cartera del Trabajo.

El ministro del Trabajo, Angel Custodio Cabrera Báez, anunció que se acogió la propuesta del Ministerio Público para fortalecer la responsabilidad que tienen empleadores y ARL en la provisión de elementos de protección personal, que incluirá nuevas estrategias de financiación con las cuales los entes de control harán seguimiento al uso adecuado de los recursos públicos.

Por su parte, el ministro de Salud precisó que se dispondrá de recursos para adquirir algunos elementos de protección personal para los trabajadores de la salud con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias –FOME- y lamentó el rezago de las IPS, especialmente las públicas, que tienen la primera responsabilidad en dotar a sus trabajadores de EPP.

En la sesión se evaluó la búsqueda de salidas a la precarización laboral de los trabajadores del sector salud, que incluya la eliminación de los contratos por prestación de servicios. La Procuraduría y la Defensoría participarán en la mesa de discusión convocada por el Ministerio del Trabajo.

El Procurador solicitó evaluar que al amparo de la emergencia sanitaria se expida un decreto para impulsar la formalización laboral de los trabajadores de la salud, mientras que el Defensor abogó por el derecho de los pacientes a recibir atención oportuna y continúa, sin importar si están o no afectados por el covid-19.

Ministerio Público y gobierno acordaron un seguimiento permanente para garantizar los derechos laborales e individuales de los trabajadores del sector salud.

A pesar de los anuncios del Gobierno Nacional, en donde se prometen cuantiosos recursos para fortalecer la salud del país, dotando a los médicos de elementos de bioseguridad, otorgándoles bonos y mejorando salarios, para atender como debe ser la pandemia del Coronavirus Covid-19, en varias regiones del país como Casanare, los galenos se han visto afectados por el trato de segunda que le vienen dando algunas IPS y EPS.

Un claro ejemplo es el Hospital Juan Hernando Urrego de Aguazul, en donde ocho médicos renunciaron por no contar con los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud  para atender la pandemia, la falta de pruebas rápidas para la detección del virus , el recorte del personal y la disminución de salarios.

Ver: Crisis en Hospital de Aguazul ante renuncia de médicos. Para hoy se espera mesa de concertación 

Situación similar o peor se registra en Yopal, en la Clínica Casanare en donde sus directivas decidieron llamar uno a uno a los funcionarios, tanto personal médico como administrativo, para darles a conocer las nuevas directrices en materia de contratación, haciéndoles firmar,  Otrosí en donde reducen el número de horas a contratar y por ende el salario mensual.

Cerca de 200 personas, entre auxiliares de enfermería,  médicos, especialistas, personal de laboratorio, farmacia, rayos x, recepcionistas, y facturadores, les bajaron los contratos de un mes a 15 días, violando notablemente los derechos del personal de salud, de tener un trato digno, y más en tiempo de pandemia por Covid-19.

En urgencias no hay atención de obstetricia 

Según denuncias de usuarias desde el primero de mayo no se viene atendiendo en la Clínica Casanare a las mujeres que necesiten atención por Ginecología entre ellas las maternas, “a mi familiar la citaron para una cesárea el día lunes 4 de mayo, que fuera en ayunas, pero al llegar a la Clínica le informaron que no había ginecólogos para atenderla y le dijeron que se fuera para el HORO". Cualquier paciente que requiera valoración por Ginecología   de urgencias se está remitiendo al Hospital Regional de la Orinoquía.

Los ginecólogos, no han llegado a un acuerdo laboral con las directivas de la entidad y no aceptaron trabajar con las condiciones que les desmejora ostensiblemente su situación laboral.

Vale la pena recordar que la Clínica Casanare inauguró hace dos años, con bombos y platillos, la Unidad de Obstetricia, por lo que no se explica cómo se viene negando el servicio a las maternas que acuden por urgencias a pedir el servicio.

De otra parte la empresa de vigilancia que venía prestando el servicio a la entidad, trabajó hasta el 30 de abril, y de manera arbitraria, pusieron a secretarias y personal del call center como vigilantes y porteros, a partir del primero de mayo.