En la categoría de indagación se encuentra la investigación que anunció la Procuraduría General de la Nación, que tuvo su génesis en un supuesto aporte voluntario, que se solicitó en la empresa de servicios públicos de Villanueva, Espavi, para financiar la celebración del cumpleaños del alcalde de esta localidad, Oswal Fontecha.

La información que se tiene hasta el momento, señala que la invitación a la mencionada colecta, se hizo a través de una circular que fue compartida con los empleados, indicándoles que el aporte debería ser proporcional al monto de sus salarios.

También se dijo que la mencionada misiva carecía de la firma del gerente de la entidad o de algún otro directivo autorizado. De todas formas este hecho generó polémica, no solo en la empresa sino que la comunidad en general que conoció el hecho.

Espavi argumentó que la mencionada circular no era verídica porque no contaba con la firma de ningún directivo. Así lo hizo saber a través de un comunicado.

A pesar de todo, algunos ciudadanos cercanos a la empresa aseguraron que la invitación a la colecta, se compartió mediante mensaje de texto en un grupo de What´sApp, que una vez difundido fue borrado, pero de la cual se conservan algunas capturas de pantalla.

Basados en el mensaje compartido por la mensajería de texto y supuestamente fechada del 02 de junio de 2023, el contenido iba dirigido al personal de planta y contratistas.

En el mismo se hacía extensiva la invitación a una cena de cumpleaños del burgomaestre, la cual se realizaría el 09 de junio.

Sobre el monto de la supuesta cuota se entregaba una clasificación específica. Aquellos empleados cuyos salarios fueran hasta 1.200.000 pesos debían aportar 30.000 pesos.

Quienes devengaran una cifra que oscile entre 1.200.000 y 2.000.000 debían aportar 50.000 pesos. Para los salarios en el rango de 2 a 3 millones de pesos, el aporte se fijó en 100.000 pesos.

Finalmente para aquellos que ganaran más de 3 millones la cuota voluntaria sería de 150.000 pesos. Aparentemente la circular estipulaba que el dinero debía ser entregado a la directora administrativa y financiera, Edith López Ávila.

Además de las molestias suscitadas por esta publicación, hay versiones de una supuesta investigación interna, para identificar a la persona que filtró la información.

Hoy jueves 18 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el auditorio del Comando de Policía Casanare, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, presidirá el seminario regional de derecho disciplinario, y el foro Avances del proceso electoral.

Para cumplir con su agenda en la ciudad de Yopal, la procuradora permanecerá dos días en la ciudad. La primera jornada estará dedicada en horas de la mañana al desarrollo del seminario, donde uno de los temas centrales son los denominados activos de altísimo valor para la sociedad colombiana.

En el horario vespertino se reunirá con los personeros municipales, para escucharlos y coordinar labores con estos representantes del Ministerio Público en cada localidad de Casanare.

En su segundo día la procuradora presidirá el foro Avances del Proceso Electoral 2023. En este espacio, hablará sobre el control del Ministerio Público a los comicios, que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre en el territorio nacional.

Este evento también contará con la presencia e intervención de la magistrada del Consejo Nacional Electoral, Maritza Martínez Aristizábal, el registrador nacional del estado civil, Alexander Vega Rocha, el gobernador de Casanare, Salomón Andrés Sanabria y el personero municipal de Villanueva, Luis Francisco Cala.

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, porque con la renuncia del expresidente a su curul perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes. 

El Ministerio Público ratificó el llamado del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, y señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista.

“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos.  Todos los funcionarios públicos desde el Señor Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho”.

Para el ente de control con la renuncia del Dr Uribe Velez desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.

En su análisis la Procuraduría estableció que la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo. Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República.  

"No hay prueba de que el doctor URIBE VÉLEZ –con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como Senador para supuestamente cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abuso de sus labores congresuales; y por el otro, se observa que los hechos ocurrieron en época ajena a campañas políticas o contiendas electorales –en tanto ya era Congresista para ese momento-, sin que pueda entonces evidenciarse relación entre estos y los objetivos de lograr una curul en el Senado de la República".

A juicio del Ministerio Público, la simple coincidencia temporal de la presunta comisión de los hechos y la condición de ostentar el cargo de Senador de la República, no puede considerarse como suficiente para extender el fuero y por ende la competencia de la Sala Especial de Instrucción, luego de la renuncia al cargo.

Finalmente, precisó la Procuraduría que esta intervención responde a sus funciones constitucionales como Ministerio Público, en defensa de los intereses jurídicos y en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y no puede ser interpretada como el desconocimiento a la dignidad de la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones.

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Secretaría de Educación de Yopal, para que garantice la cobertura del Programa de Alimentación Escolar – aprendizaje en casa- a 12.000 niños, niñas y adolescentes beneficiarios en la capital de Casanare.

El órgano de control alertó sobre la urgencia de iniciar un proceso público de contratación del operador, para la prestación del servicio a cerca de 7.000 beneficiarios de la zona rural y 5.000 del área urbana.

A partir del mes de abril, el PAE por disposición del Decreto 470 de 2020, empezó a funcionar mediante la entrega de paquetes alimentarios o bonos a los beneficiarios, quienes previamente los recibían en las instituciones educativas oficiales.  El municipio de Yopal hizo una primera entrega de raciones en mayo y solo hasta finales de julio concretó la distribución del segundo paquete de raciones.

A lo anterior se suma que el municipio para el mes de marzo tampoco había entregado los complementos alimentarios en las instituciones educativas, porque según la administración territorial, el proceso de selección del operador no pudo ser adjudicado debido a que no se presentaron oferentes.

 El ente de control hace vigilancia y seguimiento al PAE como estrategia para garantizar los derechos a la educación, salud y alimentación equilibrada de niños, niñas y adolescentes, en especial en época de emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le solicitó a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la activación de los mecanismos e instrumentos internacionales necesarios, para dar solución al grave problema ambiental que enfrenta más de un millón y medio de habitantes del municipio de Cúcuta y su área metropolitana, por causa de la quema descontrolada de residuos sólidos en el Estado Táchira, vecino en la frontera con Venezuela.

En carta a los ministros Claudia Blum y Ricardo Lozano, el Procurador precisó que “esta afectación ambiental se suma al contexto de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales por COVID-19, lo cual genera grandes riesgos para la población del área metropolitana de Norte de Santander y mayor demanda de los servicios médicos y hospitalarios de la ciudad”.. 

Sostuvo el procurador que por su origen, esta emergencia ambiental “desborda los límites de competencias de las autoridades locales de Norte de Santander”, por lo que le corresponde al Gobierno Nacional “activar los mecanismos e instrumentos internacionales que correspondan y que puedan conducir a la solución del problema de calidad del aire, que pone en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos de Norte de Santander”.

Fue declarado insubsistente el procurador Regional de Casanare, José Alfredo Rojas Pérez, desde el pasado 13 de mayo, en su reemplazo asumirá el cargo el actual procurador Regional del Meta, Luis Carlos Gómez. 

Al respecto, Rojas Pérez adujo que se trata de una decisión que pretende la mejora del servicio por parte la de Procuraduría General.  

"Entendemos el principio de que los cargos de los regionales son de libre nombramiento y remoción. El procurador general el 10 de mayo me declaró insubsistente en el manejo de esta regional. Yo entiendo que debe ser una decisión para mejora del servicio, la cual acato.  

La desvinculación se dio desde el 13 de mayo, por ende, desde el lunes me encontraba en proceso de entrega. Esperamos que la persona que llegue a reemplazarme lo haga de la mejor manera. En ese sentido, será el procurador regional del Meta, la persona nombrada en propiedad para reemplazarme, el señor Luis Carlos Gómez. 

Sobre los procesos que acompaña la Procuraduría regional Casanare, Rojas Pérez mencionó que uno de ellos es el de la planta de agua definitiva para Yopal.  

"Cuando llegamos al cargo ese contrato estaba suspendido desde noviembre del año 2017 y prácticamente se activó en octubre del año pasado; en ese sentido participó la Procuraduría regional de Casanare, en el sentido de destrabar la situación de esa suspensión que lo único que hace es agravar la problemática de esta obra que fue catalogada incluso como un elefante blanco por la Comisión regional de Moralización, teniendo en cuenta la dimensión de la obra, ya que es una obra con un cierre financiero de 86mil millones de pesos, sin contar otras arandelas que harán que sume ese valor a más de 110 mil millones”, dijo el exprocurador.

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra 28 alcaldes por presunta falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo, para proteger los derechos de la población carcelaria; no respuesta a requerimientos del Ministerio Público y desatención de mandatos de la Corte Constitucional.

El procurador General, Fernando Carrillo Flórez, al instalar en Medellín, junto con la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, el encuentro sobre la situación carcelaria y derecho a la salud en Antioquia, advirtió que el origen de este proceso es la “negligencia extrema” de los alcaldes para atender esta “gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada”.

“En el caso de los alcaldes la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado. Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto".

La indagación cobija a las alcaldías de Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Tunja, Manizales, Cartagena, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sincelejo, Bucaramanga, Ibagué y Cali.

“La indagación disciplinaria supone el inicio de un proceso para demostrar que somos serios y que además acatamos las órdenes de la Corte Constitucional en esa materia. Estos ya no son simplemente pactos de caballeros, que muchos firmaron y que no se han cumplido. Entonces ante la imposibilidad de hacerlo estamos iniciando una actuación para demostrar que las posibilidades de poner en marcha medidas de carácter disciplinario están sobre la mesa, sino se llega a cumplir con esos mandatos y esas obligaciones de carácter legal que tienen los alcaldes con la política penitenciaria y carcelaria de Colombia”.

Carrillo Flórez lamentó la inexistencia de una política criminal, como la que ha solicitado la Corte Constitucional, y demandó que el Plan Nacional de Desarrollo prevea respuestas para atender esta “tragedia”.

“Aquí estamos enfrentados a una gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada, una gran tragedia donde la política pública a nivel nacional no funciona, una gran tragedia que está hoy sobre la mesa. Miren lo que está consagrado en Plan Nacional de Desarrollo en esa materia, para darse cuenta que lo que estamos haciendo es más de lo mismo y no tratando de romper unos esquemas para afrontar con seriedad lo que debe ser una política penitenciaria hacia el futuro”.

Finalmente, el jefe del Ministerio Público condenó la falta de acciones para poner en marcha planes de resocialización y el escaso o casi nulo trabajo alrededor de la justicia restaurativa, donde el ente de control está liderando algunas acciones.

“La violación masiva de los derechos fundamentales que se ha presentado en el caso de los establecimiento penitenciarios y carcelarios de Colombia, por una parte; y el fracaso estruendoso de una política pública, si es que hay una política pública en esta materia es el punto de partida de lo que nos congrega hoy en Antioquia”.