Serios problemas de atención en salud afrontan los habitantes de Recetor, así lo evidenció el personero del municipio, Wilder Díaz, durante el debate de control político realizado ayer en la Asamblea Departamental a Red Salud Casanare E.S.E.

“El municipio no cuenta con médico permanente desde hace un mes , ni con ambulancia para el traslado de pacientes, desde hace cinco meses”, dijo Díaz.

"Es una queja recurrente, ya que desde el 22 de octubre de 2021 no contamos con el servicio de ambulancia, y nuestros vecinos Aguazul y Chámeza son los que nos auxilian, es una situación que se ha venido tornando insoportable”, aseguró el personero.

En cuanto al recurso humano existente en el Centro de Salud, dijo que desde hace aproximadamente un mes no hay un médico permanente, y ocasionalmente el galeno de Chámeza se traslada para atender pacientes “el año pasado, duramos cerca de tres meses sin médico  y nos preocupa, ya que desde hace cerca de 15 días , se han incrementado los casos de dengue en el municipio, complicándose la situación,  porque la gente no sabe a donde acudir y termina automedicándose", dijo Wilder Díaz.

Igualmente dijo que la IPS Vita que atiende a los usuarios del régimen subsidiado con enfermedades catastróficas y de alto costo como cáncer, diabetes e hipertensión, entre otras, no está cumpliendo con su deber con calidad y oportunidad. “No tienen sede física, no responden las llamadas telefónicas y ni siquiera hay disponibilidad de medicamentos”, reiteró el personero de Recetor y aseguró que con toda este serie de negligencias se está poniendo en riesgo la vida de los pacientes del municipio.  

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le solicitó a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la activación de los mecanismos e instrumentos internacionales necesarios, para dar solución al grave problema ambiental que enfrenta más de un millón y medio de habitantes del municipio de Cúcuta y su área metropolitana, por causa de la quema descontrolada de residuos sólidos en el Estado Táchira, vecino en la frontera con Venezuela.

En carta a los ministros Claudia Blum y Ricardo Lozano, el Procurador precisó que “esta afectación ambiental se suma al contexto de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales por COVID-19, lo cual genera grandes riesgos para la población del área metropolitana de Norte de Santander y mayor demanda de los servicios médicos y hospitalarios de la ciudad”.. 

Sostuvo el procurador que por su origen, esta emergencia ambiental “desborda los límites de competencias de las autoridades locales de Norte de Santander”, por lo que le corresponde al Gobierno Nacional “activar los mecanismos e instrumentos internacionales que correspondan y que puedan conducir a la solución del problema de calidad del aire, que pone en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos de Norte de Santander”.