La Superintendencia Nacional de Salud emitió una alerta sobre la presencia de empresas que ofrecen servicios médicos de manera fraudulenta en el país.

Según la entidad, se han identificado dos compañías, "Inmunity" y "Vital Sanar", que a través de publicidad engañosa se hacen pasar por prestadores de salud legítimos.

Estas empresas falsas afirman pertenecer a programas del Ministerio de Salud y Protección Social, y ofrecen la realización de exámenes médicos, tratamientos y medicamentos. Sin embargo, ninguna de ellas cuenta con la habilitación necesaria para ofrecer estos servicios.

Supersalud hace un llamado a la ciudadanía para que se abstengan de aceptar este tipo de promociones, ya que no están avaladas ni reconocidas por ninguna entidad gubernamental del sector salud en Colombia.

Igualmente recomendó a los usuarios consultar con las secretarías de salud locales y departamentales antes de contratar cualquier servicio, con el fin de verificar la legitimidad de los prestadores.

Ante la detección de irregularidades, la Superintendencia insta a la población a informar a las autoridades competentes, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los pacientes.

La Superintendencia Nacional de Salud ha iniciado averiguaciones preliminares contra la EPS Sanitas debido a presuntas negaciones en el suministro de medicamentos e insumos para sus afiliados.

Según la Resolución 2023710000009987-6 de 2023, se alega que la EPS no resolvió 605 reclamos de salud y no cumplió con las instrucciones emitidas por la Supersalud.

Ante estos hechos, se sospecha que Sanitas no garantizó un servicio de salud oportuno y completo, lo que llevó a los usuarios a presentar quejas ante la Supersalud.

Tras dos requerimientos, donde solo se solucionaron 232 reclamaciones, se ha iniciado una investigación para determinar si se deben tomar medidas administrativas sancionatorias.

La Supersalud busca proteger el derecho a la salud de los afiliados y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos destinados a Sanitas.

De acuerdo con la Delegatura para Investigaciones Administrativas, el inicio de las averiguaciones preliminares busca contar con los elementos necesarios, para verificar la existencia o no de mérito para iniciar un proceso administrativo sancionatorio con dicha EPS, en aras de garantizar el debido proceso.

La Superintendencia de Salud requirió a Sanitas, por 837 quejas recibidas por parte de los usuarios, quienes denunciaron falencias en la entrega de medicamentos.

El requerimiento se hizo directamente al representante legal de la EPS, a quien se le enviaron 4 preguntas puntuales, solicitándole que informe las acciones desplegadas, para garantizar la prestación de los servicios de salud, específicamente en lo relacionado con la entrega de medicamentos.

Según la Superintendencia dicho proceso no ha tenido una solución de fondo. Es por ello que Sanitas debe adelantar de manera inmediata, todas las acciones que sean necesarias para solucionar esta situación, que pone en riesgo la vida e integridad física de los afiliados.

Un primer ítem solicitado a la EPS, la conmina a informar sobre los mecanismos diseñados para garantizar la entrega oportuna y completa de medicamentos.

En segundo lugar se le pide que precise las estrategias diseñadas con sus gestores farmacéuticos, para identificar y prevenir las entregas ficticias, entendidas como el reporte de entrega de un medicamento, sin la correspondiente recepción por parte del usuario.

Un tercer requerimiento le solicita indicar la fecha y hora de entrega de medicamentos, de los usuarios que figuran como sin solución de fondo frente a quejas por ese tema.

Finalmente, la Supersalud le pidió que indique si la EPS cuenta con convenios o contratos adicionales, con el fin de asegurar la oportuna entrega de medicamentos a sus usuarios e informe cuáles son dichas entidades.

Pese a esta situación el tema no es nada nuevo, por el contrario es de vieja data. Se conoció que en 14 meses que lleva el presente Gobierno nacional, Sanitas ha recibido 30.236 PQR relacionadas con fallas en la entrega de medicamentos.

Estas cifras ubican a Sanitas como la segunda EPS en el país con mayor número de reclamos, relacionados con este tema de la entrega de medicamentos.

Estos datos hacen parte de un estudio hecho por la Superintendencia, donde también figura que Sanitas que para junio de 2023,  tenía 4.322 medicamentos reportados como pendientes y el número de usuarios afectados por esta situación, era de 277.158 afiliados.

Luego de realizar un análisis a la capacidad de pago que tienen las EPS para pagar sus obligaciones y cómo garantiza la prestación de los servicios de salud a sus afiliados, la Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer la clasificación de riesgo en que se encuentran las entidades administradoras de recursos (EPS) con corte al mes de octubre de 2022.

La evaluación permitió establecer tres niveles de riesgo (alto, medio y bajo) entre lo que se tuvo en cuenta: cumplimiento de las condiciones y capacidad financiera y para el pago de sus obligaciones

En riesgo alto se ubican 7 EPS que están bajo medida especial de la Supersalud, que no cumplen con indicadores financieros y presentan altos niveles de endeudamiento.

Las de riesgo medio son aquellas EPS que están en medida y cumplen 2 de los 3 indicadores financieros exigibles para permanecer como administradoras de recursos. En este nivel se encuentran también entidades que no están en medida y que incumplen dos de los tres indicadores financieros, además de comprometer en proporción importante su nivel de endeudamiento. En este riesgo se ubican 3 EPS

Finalmente, en nivel de riesgo bajo están aquellas EPS que no se encuentran bajo medida especial de la Superintendencia, cumplen al menos dos de los tres indicadores de carácter financiero y registran bajo nivel de endeudamiento. En esta categoría se ubican 12 EPS.

Hay 7 EPS en riesgo alto financiero

En nivel de riesgo alto, la Superintendencia clasifica a 7 EPS (Savia Salud, SOS, Emssanar, Capresoca, Asmet Salud, Comfachocó y Ecoopsos) que agrupan una población de más 7 millones de afiliados y acumulan cuentas por pagar de 3.5 billones de pesos con sus prestadores y proveedores.

De ese total de cartera, cerca de 2.7 billones de pesos se concentran en las EPS Emssanar, Asmet Salud y Savia Salud, las cuales están con medida de vigilancia especial o intervención y que más cuentas por pagar tienen con sus redes de prestación públicas y privadas, con sus proveedores de servicios y tecnologías, con los servicios de ambulancias y con profesionales independientes.

Las de más alto nivel de riesgo en salud

La mayoría de las EPS en medida de vigilancia son también las que presentan los menores porcentajes de cumplimiento en variables como gestión de la atención en salud, materialización del riesgo en salud, gestión individual del riesgo y modelo de atención.

Al analizar técnicamente cada variable, la Supersalud encontró que la EPS Capresoca, de Casanare, se clasifica en nivel de riesgo alto, mientras que las EPS Savia Salud y SOS se encuentran en riesgo medio alto, estas últimas por sus deficientes calificaciones en el componente denominado ‘gestión de atención en salud’.

3 EPS en riesgo medio

La Supersalud categorizó en nivel de riesgo medio a tres EPS: Famisanar, Capital Salud, de Bogotá, y Comfaoriente, que cuentan con una población de 4.4 millones de afiliados y unas cuentas por pagar de 1.2 billones de pesos.

Las dos primeras incumplen las condiciones financieras de patrimonio adecuado y régimen de inversiones, mientras que Comfaoriente -EPS que se encuentra bajo medida de vigilancia especial- presenta incumplimiento solamente en el indicador de régimen de inversiones.

Frente al monto de las deudas, se alerta por la EPS Famisanar que presenta cuentas por pagar superior a los 833 mil millones de pesos, siendo la mayor cartera la que tiene con proveedores de servicios y tecnologías en salud (220.516 millones).

En el análisis del riesgo en salud, las tres EPS se clasifican en riesgo alto, porque incumplen al menos dos de los cuatro indicadores.

12 EPS en riesgo bajo

Finalmente, la Superintendencia clasificó en nivel de riesgo bajo a 12 EPS: Nueva EPS, Sanitas, SURA, Salud Total, Coosalud, Mutual Ser, Compensar, Cajacopi, Comfenalco Valle, Aliansalud, EPS Familiar y Salud Mía.

Estas entidades cuentan con una población afiliada de 35.9 millones de usuarios y presenta unas cuentas por pagar de 11.2 billones de pesos.

Aunque el Superintendente de Salud Ulahy Beltrán, sabe que Capresoca es una entidad débil por su condición financiera, en las últimas horas demostró su intención de ayudar a salvarla, teniendo en cuenta el servicio que le presta a los cerca de 180 mil afiliados que tiene actualmente la EPS.

“No nos asiste el interés de quebrarla, sino de ayudar a rescatarla”, estas fueron las palabras del superintendente, luego de que el Representante a la Cámara por Casanare Hugo Archila manifestara, en la sesión de la Comisión Séptima de este miércoles, la urgente necesidad de una solución para el estado en el cual se encuentra la entidad de salud de los casanareños.

El importante espaldarazo del Superintendente de Salud a Capresoca, se dio durante el debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde había sido citada la entidad, junto a la Superintendencia de Subsidio Familiar, en una jornada legislativa que se extendió hasta el medio día de este miércoles, y que se da en el marco de una visita que se desarrolla esta semana, por parte de la entidad reguladora de salud, a la ciudad de Yopal.

Ante esto el Superintendente Ulahy respondió que es un tema amplio que hay que tratar con cuidado para entenderlo “Frente a la reforma que se presentará por iniciativa de la sociedad civil y que será moderada por el gobierno, el congreso decidirá cuales serán las reglas de juego, pero mientras exista la normatividad actual hay que proceder con lo que se exige” argumentó adicionalmente que ya se ha hecho la exigencia de las reservas técnicas que tenían las EPS para soportar la atención “Tenemos hasta el 30 de septiembre y hemos logrado que migren al pago de la red”.

Archila Suárez aprovechó la atención del Superintendente Beltrán para entregarle una carta firmada por diecinueve (19) líderes que representan a la población con discapacidad de Casanare, entre los cuales se destacada la líder social Elsa María Villamil “Pecas” y quién según el congresista, sería la encargada de encomendarle la entrega del documento, el cual contiene las principales problemáticas que afronta el departamento en temas de salud, como es la atención prioritaria, los traslados, las remisiones entre otros “Nos piden que por favor tengamos presente estos temas, yo se que tiene un grupo de trabajo presente allá, le pido que los escuche, porque estos lideres sociales tienen la información de primera mano, para que tome las decisiones correctas” afirmó el Representante Liberal por Casanare.

Es de destacar que el también Representante a la Cámara Jairo Cristo del departamento de Antioquia, se refirió a la zozobra por la que atraviesan los departamentos como Casanare y el suyo, en donde se dan recursos para salvar estas entidades, pero permanece la incertidumbre en los Gobiernos locales.

La Superintendencia Nacional de Salud extendió hasta el 27 de junio de 2023 la medida de vigilancia especial que rige sobre la EPS Capresoca para cumplir los indicadores que aún no están en un 100% que permitan restablecer las condiciones financieras y de solvencia y garantizar la atención oportuna a su población asegurada.

La gerente de Capresoca, Nuria Yarley Bohórquez Peña, afirmó que dentro de los indicadores financieros están: solvencia, capital mínimo, reserva técnica y deudas por pagar. En indicadores de salud, se debe continuar trabajando en el fortalecimiento de las rutas de promoción y mantenimiento con las empresas del estado de primer nivel.

Asimismo, se debe captar todos los pacientes renales, hipertensos y de alto costo como cáncer. En cuanto a las PQR, la gerente manifestó que el 2021, se registró un momento atípico con una de las IPS, lo que arrojó un alto número de quejas por parte de los usuarios de la EPS.

La EPS cuenta con 174.900 afiliados, de los cuales 158.755 pertenecen al régimen subsidiado y 16.145 al contributivo, distribuidos principalmente en los 19 municipios del departamento de Casanare.

“Nosotros seguimos optimistas de continuar trabajando por una pronta viabilidad que nos va a dar la Superintendencia y que le va a dar al gobernador, que tanto ha buscado la viabilidad al concepto de capitalización y saneamiento de la empresa. Es un trabajo arduo que se ha hecho frente a la Supersalud, DNP y el Ministerio de Salud y esperamos una pronta respuesta a este concepto”, dijo Nuria Yarley.

Debido a la crítica situación financiera de Coomeva, y tras varios años de vigilancia que demostraron que no contaba con los requerimientos para garantizar un servicio de calidad, la Supersalud ordenó la liquidación total de esta EPS la tarde anterior.

Y, es que, el mal servicio se vio reflejado en los últimos tres años, pues los afiliados de la EPS radicaron 30.000 tutelas y 193.100 quejas y reclamos por la deficiente prestación de los servicios de salud.

Coomeva estuvo en medida de vigilancia especial por cuatro años y medio, pero la EPS no atendió las instrucciones de la Supersalud, por ende, tomó la decisión de su liquidación debido a que la crítica situación ponía en riesgo la atención a población gestante, menores de edad y pacientes con enfermedades de alto costo como cáncer e insuficiencia renal.

“Como lo venimos haciendo a lo largo de nuestra gestión, no vamos a permitir que las EPS jueguen con la salud de los usuarios y que pongan en riesgo la atención que requieren la población infantil y los pacientes con cáncer o insuficiencia renal”, manifestó superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Àngel.

Con la decisión, en 5 días, los 1,2 millones de afiliados serán trasladados por el Ministerio de Salud y Protección Social a EPS receptoras.

Tras comprobar el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la financiación, prestación de servicios para la toma de muestras -incluidas las de COVID-19- y el oportuno manejo de la capacidad instalada y del talento humano de los laboratorios de salud pública, la superintendencia de salud sancionó a Yenny Fernanda Díaz Barinas, secretaria de Salud de Casanare y le impuso una multa de 43 millones de pesos (50 SMLV). 

Las sanciones que recayeron sobre tres representantes de EPS y dos secretarios de Salud departamentales fueron dadas a conocer este jueves por la Supersalud y traen consigo multas por 1.280 millones de pesos que obedecen a incumplimientos de medidas cautelares, de obligaciones en la operación de laboratorios de salud pública y de reportes de información. 

El delegado de Procesos Administrativos de la Supersalud, Andrés Evelio Mora, resaltó que “estas decisiones se adoptan en el marco de la actual emergencia sanitaria, situación que demanda tanto de los prestadores como aseguradores un mayor compromiso en la atención integral de los usuarios”. 

De esta manera, la Superintendencia pone en ejecución una de las herramientas dadas por la Ley para proteger de manera eficaz los recursos del sistema y garantizar con calidad; y oportunidad la prestación de los servicios de salud. 

La mayor sanción fue para el representante legal de la EPS Convida, Hernando Durán Castro, con una multa superior a los 649 millones de pesos (740 SMLV ) por no dar cumplimiento a una medida cautelar emitida por la Superintendencia que buscaba garantizar la efectiva prestación de los servicios de salud a 1.052 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) presentadas. 

Contra las referidas sanciones proceden los recursos de reposición y de apelación, que podrán ser interpuestos por los vigilados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación.