Desde presuntos integrantes de las extintas FARC, pasando por delincuencia común, paramilitares y hasta clanes políticos, andan detrás de la cabeza del abogado villavicense, a quien le siguen la pista a cada lugar de Colombia donde se ha desempeñado. La razón: sus aguerridas posturas en pro de los derechos humanos, la defensa de la institucionalidad en los gobiernos territoriales y lo más reciente, la dirigencia política de negritudes y grupos raciales.   

Secuestros, interceptaciones, intimidaciones y amenazas de muerte, son parte del rosario de razones por las que Juan Carlos Suárez Forero, un líder político y social de 52 años, nacido en Villavicencio (Meta), terminó accediendo a las súplicas de sus familiares y postergar su carrera política en Colombia.  

Y es que no es para menos. El pasado 15 de enero, apenas a unas pocas cuadras luego de salir de su casa, en zona perimetral  de Yopal (Casanare), ciudad donde reside desde el 2009, mientras se movilizaba en su vehículo junto a su esposa,  su hijo menor y su madre, Juan Carlos fue abordado por dos sujetos en una motocicleta de mediana cilindrada, quienes le salieron al paso y a viva voz le ratificaron la amenaza que lo ha martillado una y otra vez: “Doctorcito Suárez, si sigue como candidato por ese partido de pacotilla, de esos negros, no respondemos por su vida ni la de su familia. Ya estamos cansados que siempre esté de intruso donde no le importa”.

Este episodio cobraría aún más fiereza luego que Juan Carlos, (quien sigue defendiendo la causa del Partido de Reivindicación Étnica –PRE), recibiera en su celular personal dos sendos mensajes de WhatsApp con consignas de amenazas contra su integridad y la de su  familia, con textos como: “Doctorcito Juan Carlos Suárez, usted se ha vuelto un problema para la organización y nos vemos en la necesidad de declararlo objetivo militar. Ni ese partido de negros lo va ayudar ni sus amigos políticos. Le damos 3 días para que se vaya bien lejos porque la próxima no va a ser paseíto de un día como la vez pasada. Aténgase a las consecuencias, ya tenemos ubicada a su esposa y a su hijo. Ya la orden está dada.”, esto el 23 de abril de 2021 y empeoro su zozobra cuando para el 7 de mayo de este año llegó a su celular otro mensaje en los siguientes términos: “Buenas tardes. Nos alegra el matrimonio de su bella hija. Esperamos que no vuelva por el bien y el de su familia. Y de consejo le recomendamos que cuide a su familia no vaya a ser que, se quede viudo. Hay mucha violencia y más cuando son sapos como usted. Ya sabe. Lo estamos vigilando. Valore su familia doctorcito. Saludos a su familia sapo.”

Esta vez, apesadumbrado, Suárez Forero ni siquiera pudo asistir a la boda de una de sus hijas celebrada el pasado 29 de abril de este año.

Tres décadas de calvario

Desde que era niño Juan Carlos se destacó por sus buenas calificaciones y sus primeras pinceladas en la política. Para su madre, Graciela Forero Lombana, era emocionante ver su capacidad por el trabajo social, pero su instinto le advertía que el camino no sería fácil, y menos en la región donde nació y creció: los llanos orientales de Colombia, que para la época estaba plagado por grupos al margen de la Ley de todas las orillas del conflicto armado del país.

En el segundo semestre de 1994 y comienzos del año 1995, ya siendo Juez de la República en el municipio de Santa Rita y luego del municipio de La Primavera (Vichada), fue amenazado por el Frente 39 de las Farc, para que dejara esa población, como lo relata un extenso informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos.

En febrero de 1995, fungiendo como Juez de Lejanías (Meta) hombres a cargo de alias ‘Romaña’, le ordenaron en cuestión de horas abandonar el pueblo, pues “ahora ellos eran los dueños de la justicia”.

Entre septiembre de 2001 y mayo de 2002, fue secretario general y director encargado de la Corporación Autónoma Regional para Nororiente Amazónico “CDA” en Inírida Guainía. Cuando pensó que en lo espeso de la selva del sur de Colombia pasaría desapercibido ante el conflicto, fue abordado por miembros del Frente 16 de las FARC comandados por alias el ‘Negro Acacio’, con un plazo de tres días, esto debido a que “estaba interfiriendo en los intereses de los grupos alzados en armas”.

El Frente 1 ‘Armando Ríos’ de las Farc, a cargo de Gerardo Aguilar Ramírez alias ‘César’, 7, le pusieron punto final a su laureada labor como representante del Ministro de Educación ante los departamentos del Guainía, Guaviare, Amazonas, Vichada, Vaupés, Santander y Norte de Santander, entre junio de 2002 y mayo de 2003. En una de sus visitas, estando en el municipio de Mitú, (Vaupés), Suárez, otra vez estaba desplazado y ya sentía que no podía seguir luchando contra la corriente.

Una de las escenas más duras del abogado, quedó consignada en los medios de comunicación nacionales, los cuales cubrieron ampliamente cómo fue secuestrado y posteriormente liberado, de manera milagrosa.  Entre abril de 2005 y septiembre de 2006 siendo secretario Jurídico y gobernador encargado en varias ocasiones del departamento del Guaviare, el funcionario estaba condicionado a abandonar la tierra donde estaba trabajando.

La otra persecución

Una y otra vez. Consignado en los informes de Derechos Humanos y relatado por los medios de comunicación, Suárez Forero continúo el suplicio.

Pero la historia de asechanza  no venía solo desde las huestees de los alzados en armas, un batacazo proveniente desde el Consejo Nacional Electoral afectaría los intereses de los miembros del Partido de Reivindicación Étnica –PRE a nivel nacional, pues según denuncian sus miembros “están siendo vulnerados de manera arbitraria directamente por el gobierno desde el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, perturbando un partido constituido por 25 familias del campo en un sector que por tradición dentro del conflicto armado donde el país tuvo injerencia de la guerrilla de las Farc”.

Aunque los organismos de Derechos Humanos, líderes sociales e informes de víctimas del desplazamiento han ahondado en la particular historia de Juan Carlos Suárez, sus allegados indican que no hay confianza en las instituciones en Colombia, y que pensar en denunciar sería avivar una vez más las brasas de la persecución que hoy lo tienen desterrado, sin participación en el plano democrático, sin las garantías de poder servir en su país, y peor aún: no poder vivir en este.

Un interno con covid-19 que salió de la cárcel de Villavicencio y estuvo el fin de semana departiendo con su familia, circunstancia que el alcalde Felipe Harman calificó como irresponsable por parte de las directivas de la cárcel, hacen parte del calvario que se sigue viviendo por la propagación del virus en el centro de reclusión.  

A estas noticias se suman 149 nuevos casos del virus en internos y guardianes, según informó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga este martes en la tarde, llegando a 657 el número total de internos y guardianes contagiados en el centro de reclusión.

Además, dos juzgados de Villavicencio ordenaron al Ministerio de Justicia y al Inpec el traslado de 69 reclusos mayores de 60 años al centro de atención el Yarí.

La denuncia del recluso con covid-19 que estuvo en la casa, la hizo la hermana del interno, tras expresar que de la cárcel la llamaron para que recibiera a su hermano que salía por pena cumplida y con prueba negativa para el virus.

La hermana lo llevó a vivir a la casa en el barrio Marco Antonio Pinilla de Villavicencio el pasado viernes y durante el fin de semana su hermano departió con cuatro miembros de la familia e incluso salió hasta una tienda del sector, contó la mujer.

La sorpresa llegó el lunes en la madrugada cuando recibió una llamada de la ESE municipal a informarle que, en una segunda prueba, su hermano había salido positiva y que en consecuencia lo tenían que llevar al Centro de Protección y Prevención para Personas (CP3) de la ciudad a pasar la cuarentena, a donde lo trasladaron en una ambulancia.

El alcalde Felipe Harman señaló que “el Inpec de una manera irresponsable viene determinando boletos de libertad en las que ni siquiera se están verificando las condiciones de aislamiento de las personas que recobran la libertad", como habría ocurrido el pasado viernes con el interno con covid-19 y con otros ocho reclusos.

De otra parte, los juzgados Tercero de Familia y Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, al fallar sendas tutelas, ordenaron al Ministerio de Justicia y al Inpec hacer un censo del estado de salud de los 69 internos mayores de 60 años que se encuentran en la cárcel de Villavicencio y trasladarlos por grupos al centro Centro el Yari, ubicado en las afueras de la ciudad

El traslado dispuesto por el primero de los juzgados se debe cumplir en tres etapas, la primera a los internos que tengan prueba negativa de covid-19. Posteriormente será trasladado, el segundo grupo, conformado por aquellos internos que hayan logrado superar el contagio covid-19 luego del aislamiento y que finalmente sean detectados como negativos.

El tercer grupo de reclusos de diagnóstico con covid-19 positivos, también deberán ser trasladados una vez logren su recuperación y puedan salir del centro carcelario ya con prueba negativa, que no amenace con posteriores contagios a la restante población, según concepto de las autoridades de salud.

En las dos sentencias, así mismo, les ordenan a las dos entidades contra las que se fallaron las tutelas, así como a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, establecer las medidas de seguridad, alimentación y salubridad para el traslado de los internos.

La primera tutela la presentaron los procuradores judiciales II Edwin Javier Murillo Suárez y Jesús Antonio Pineda Bocanegra, quienes reclaman la protección constitucional de los internos adultos mayores, por ser una población extremadamente vulnerable al contagio, encontrándose en riesgo de contraer el virus al interior de la cárcel, dado el hacinamiento del penal superior al 90 por ciento.

La otra tutela la presentó el funcionario del Inpec Leonardo Fabio Ramírez Ortiz, en nombre y representación de la Unión de Trabajadores Penitenciarios y de la población privada de la libertad.