Ante un juzgado con función de control de garantías de Villavicencio fueron presentadas Daira Daniela Sánchez Vázquez, Ingrid Katherine Lasso Sánchez y Lina Gabriela Roldán Lozano, alias Munra.

Estas mujeres, al parecer, incurrían en hurtos a personas, taxistas y establecimientos de comercio en la capital del Meta. La evidencian recaudada evidenció que varios de los delitos habrían sido realizados mediante el uso de sustancias como escopolamina y mediante el uso de armas blancas.

Los procedimientos de captura, en cumplimiento de una orden judicial, estuvieron a cargo de la Policía Nacional. Las tres implicadas aceptaron su responsabilidad en el delito de hurto calificado y agravado, el cual les fue imputado por la Fiscalía.

Por determinación del juzgado 3o Penal Municipal Ambulante de Villavicencio dos de las mujeres fueron privadas de la libertad en sus domicilios; la tercera, seguirá vinculada al proceso en libertad.

Con detención intramuros fue cobijado un hombre de 31 años de edad, presuntamente, responsable del abuso sexual continuado de su propia hija, una menor de 6 años de edad. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2012 y 2020 en Villavicencio, Meta.

Según el material probatorio presentado por la Fiscalía, el hombre habría agredido la intimidad de su hija en los espacios en que se quedaba a solas con la niña, o cuando los demás habitantes de la casa dormían. Se presume que para incurrir en tales abusos el implicado obligaba a la víctima a consumir marihuana.

La orden de captura del procesado fue materializada por integrantes de la Policía Nacional en el sur de Villavicencio. El implicado fue presentado ante un juzgado con función de control de garantías ante quien la Fiscalía le imputó cargos como presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con suministro a menor de droga que produzca dependencia o lo obligue a usarla.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

Foto de referencia

Desde presuntos integrantes de las extintas FARC, pasando por delincuencia común, paramilitares y hasta clanes políticos, andan detrás de la cabeza del abogado villavicense, a quien le siguen la pista a cada lugar de Colombia donde se ha desempeñado. La razón: sus aguerridas posturas en pro de los derechos humanos, la defensa de la institucionalidad en los gobiernos territoriales y lo más reciente, la dirigencia política de negritudes y grupos raciales.   

Secuestros, interceptaciones, intimidaciones y amenazas de muerte, son parte del rosario de razones por las que Juan Carlos Suárez Forero, un líder político y social de 52 años, nacido en Villavicencio (Meta), terminó accediendo a las súplicas de sus familiares y postergar su carrera política en Colombia.  

Y es que no es para menos. El pasado 15 de enero, apenas a unas pocas cuadras luego de salir de su casa, en zona perimetral  de Yopal (Casanare), ciudad donde reside desde el 2009, mientras se movilizaba en su vehículo junto a su esposa,  su hijo menor y su madre, Juan Carlos fue abordado por dos sujetos en una motocicleta de mediana cilindrada, quienes le salieron al paso y a viva voz le ratificaron la amenaza que lo ha martillado una y otra vez: “Doctorcito Suárez, si sigue como candidato por ese partido de pacotilla, de esos negros, no respondemos por su vida ni la de su familia. Ya estamos cansados que siempre esté de intruso donde no le importa”.

Este episodio cobraría aún más fiereza luego que Juan Carlos, (quien sigue defendiendo la causa del Partido de Reivindicación Étnica –PRE), recibiera en su celular personal dos sendos mensajes de WhatsApp con consignas de amenazas contra su integridad y la de su  familia, con textos como: “Doctorcito Juan Carlos Suárez, usted se ha vuelto un problema para la organización y nos vemos en la necesidad de declararlo objetivo militar. Ni ese partido de negros lo va ayudar ni sus amigos políticos. Le damos 3 días para que se vaya bien lejos porque la próxima no va a ser paseíto de un día como la vez pasada. Aténgase a las consecuencias, ya tenemos ubicada a su esposa y a su hijo. Ya la orden está dada.”, esto el 23 de abril de 2021 y empeoro su zozobra cuando para el 7 de mayo de este año llegó a su celular otro mensaje en los siguientes términos: “Buenas tardes. Nos alegra el matrimonio de su bella hija. Esperamos que no vuelva por el bien y el de su familia. Y de consejo le recomendamos que cuide a su familia no vaya a ser que, se quede viudo. Hay mucha violencia y más cuando son sapos como usted. Ya sabe. Lo estamos vigilando. Valore su familia doctorcito. Saludos a su familia sapo.”

Esta vez, apesadumbrado, Suárez Forero ni siquiera pudo asistir a la boda de una de sus hijas celebrada el pasado 29 de abril de este año.

Tres décadas de calvario

Desde que era niño Juan Carlos se destacó por sus buenas calificaciones y sus primeras pinceladas en la política. Para su madre, Graciela Forero Lombana, era emocionante ver su capacidad por el trabajo social, pero su instinto le advertía que el camino no sería fácil, y menos en la región donde nació y creció: los llanos orientales de Colombia, que para la época estaba plagado por grupos al margen de la Ley de todas las orillas del conflicto armado del país.

En el segundo semestre de 1994 y comienzos del año 1995, ya siendo Juez de la República en el municipio de Santa Rita y luego del municipio de La Primavera (Vichada), fue amenazado por el Frente 39 de las Farc, para que dejara esa población, como lo relata un extenso informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos.

En febrero de 1995, fungiendo como Juez de Lejanías (Meta) hombres a cargo de alias ‘Romaña’, le ordenaron en cuestión de horas abandonar el pueblo, pues “ahora ellos eran los dueños de la justicia”.

Entre septiembre de 2001 y mayo de 2002, fue secretario general y director encargado de la Corporación Autónoma Regional para Nororiente Amazónico “CDA” en Inírida Guainía. Cuando pensó que en lo espeso de la selva del sur de Colombia pasaría desapercibido ante el conflicto, fue abordado por miembros del Frente 16 de las FARC comandados por alias el ‘Negro Acacio’, con un plazo de tres días, esto debido a que “estaba interfiriendo en los intereses de los grupos alzados en armas”.

El Frente 1 ‘Armando Ríos’ de las Farc, a cargo de Gerardo Aguilar Ramírez alias ‘César’, 7, le pusieron punto final a su laureada labor como representante del Ministro de Educación ante los departamentos del Guainía, Guaviare, Amazonas, Vichada, Vaupés, Santander y Norte de Santander, entre junio de 2002 y mayo de 2003. En una de sus visitas, estando en el municipio de Mitú, (Vaupés), Suárez, otra vez estaba desplazado y ya sentía que no podía seguir luchando contra la corriente.

Una de las escenas más duras del abogado, quedó consignada en los medios de comunicación nacionales, los cuales cubrieron ampliamente cómo fue secuestrado y posteriormente liberado, de manera milagrosa.  Entre abril de 2005 y septiembre de 2006 siendo secretario Jurídico y gobernador encargado en varias ocasiones del departamento del Guaviare, el funcionario estaba condicionado a abandonar la tierra donde estaba trabajando.

La otra persecución

Una y otra vez. Consignado en los informes de Derechos Humanos y relatado por los medios de comunicación, Suárez Forero continúo el suplicio.

Pero la historia de asechanza  no venía solo desde las huestees de los alzados en armas, un batacazo proveniente desde el Consejo Nacional Electoral afectaría los intereses de los miembros del Partido de Reivindicación Étnica –PRE a nivel nacional, pues según denuncian sus miembros “están siendo vulnerados de manera arbitraria directamente por el gobierno desde el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, perturbando un partido constituido por 25 familias del campo en un sector que por tradición dentro del conflicto armado donde el país tuvo injerencia de la guerrilla de las Farc”.

Aunque los organismos de Derechos Humanos, líderes sociales e informes de víctimas del desplazamiento han ahondado en la particular historia de Juan Carlos Suárez, sus allegados indican que no hay confianza en las instituciones en Colombia, y que pensar en denunciar sería avivar una vez más las brasas de la persecución que hoy lo tienen desterrado, sin participación en el plano democrático, sin las garantías de poder servir en su país, y peor aún: no poder vivir en este.

El Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de Villavicencio cobijó con medida de aseguramiento con detención domiciliaria a Néstor Arnulfo García Parrado. El hombre, de 58 años de edad, sería el responsable de estafar a varias personas a quienes les habría ofrecido en venta casas de interés social, supuestamente, ubicadas en la urbanización San Antonio de Villavicencio (Meta).

Por estos hechos la Fiscalía imputó al implicado como supuesto responsable del delito de estafa masa agravada, el cual no fue aceptado. Los hechos se habrían presentado entre el 2007 y el 2012. Para entonces, el procesado habría sido el representante legal de la unión temporal Legavivienda.

Usando esa fachada el implicado, supuestamente, obtuvo ilícitamente de 14 personas más de 110 millones de pesos. El implicado habría inducido al error a las víctimas, quienes creyeron en las promesas de alcanzar el sueño de acceder a una vivienda de interés social, lo cual no cumplió.

En el marco de la investigación se tuvo conocimiento de 9 noticias criminales asociadas que incluyen las 14 víctimas por las que se hizo la imputación.

La Fiscalía investiga las versiones que dan cuenta de poco más de medio centenar de afectados. En este caso, el monto defraudado superaría los 356 millones de pesos. Néstor Arnulfo García Parrado fue capturado por investigadores del CTI de la Fiscalía EDA, en cumplimiento de una orden judicial.

Se trata de una estrategia, donde los transportadores de servicio público e individual de Villavicencio suscribirán un pacto de ´Cero tolerancias a la violencia, el acoso y el piropo callejero hacia las mujeres y las niñas de la ciudad´.

El pacto se suscribirá en desarrollo del Programa Global de ONU Mujeres Ciudades y Espacios Público Seguros para Mujeres y niñas, del que hacen parte las secretarías de la Mujer y de Movilidad de Villavicencio, así como ONU Mujeres.

La secretaria de la Mujer, Laura Victoria Rivas Ortiz, ratificó que "se trata de realizar acciones para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres dentro de los vehículos de transporte público, sea individual o colectivo".

Unirutas, Asprovesplusmeta S.A, Utransllanos, Transporte Taxi Estrella, Transvillacol S.A, Nueva Urbana De Los Llanos, A.B.E Súper Taxis, Maxi Taxi, Transportes Arimena S.A, Rápido Los Centauros S.A, Asotax, Cootransmeta Villavicencio, Transporte Ejecutivo Del Llano Ltda., Celutax, Taxmeta S.A. pactarán realizar acciones para el mejoramiento de la seguridad de las mujeres dentro de los vehículos de transporte público, fortalecer la capacidad intersectorial e interinstitucional de respuesta a los hechos de violencia basada en género.

También se van a poner en marcha códigos e instrumentos de alerta para la detección y oportuna respuesta a hechos de acoso sexual en el espacio y el transporte público, capacitar a las personas vinculadas al sector en todos los niveles de prevención y respuesta a la violencia basada en género, revisar y adoptar manuales de conducta.

Además, se fortalecerá la participación laboral y de toma de decisiones de las mujeres en el sector del transporte y en la construcción de infraestructura como una estrategia para la reactivación económica y de transformación de roles sociales.

La firma del pacto será el 25 de noviembre en conmemoración del Día Internacional de la eliminación de violencias contra la mujer y las niñas, "todo ello es orientado a la prevención del acoso y la violencia sexual, a través de estrategias pedagógicas, informativas, comunicativas y de transformación de patrones imaginarios", reiteró Laura Rivas, titular de la secretaría de la Mujer.

Fuente: Alcaldía de Villavicencio

La Fiscalía Local adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) apeló la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Medina (Cundinamarca), de abstenerse de imponer medida privativa de la libertad contra Jairo Orlando Rey Torres de 48 años de edad, quien fue judicializado por, presuntamente, exigir dinero a una ciudadana para devolverle su licencia de conducción, la cual le había sido retenida por tener el SOAT vencido.

Según denuncia el investigado, en su calidad de servidor público (inspector de tránsito y transportes) habría solicitado y recibido 150.000 pesos para devolver el documento retenido a la víctima en una diligencia oficial.

El hombre fue detenido en flagrancia en las instalaciones de la Secretaria de Movilidad de Villavicencio, por investigadores de la SIJIN de la Policía, y luego fue presentado ante el juzgado para desarrollo de audiencias concentradas.

La Fiscalía imputó al implicado como presunto responsable del delito de concusión como coautor. Delito que no aceptó.

La Fiscalía expuso razones para imponer detención domiciliaria, la cual fue negada por el juzgado. A pesar de esto Rey Torres se encuentra vinculado al proceso judicial.

Según el reporte de Medicina Legal, la joven de 22 años murió por asfixia mecánica el pasado 13 de octubre a las 2 de la mañana.

El Juzgado Promiscuo de San Juanito, Meta impuso medida de aseguramiento con detención intramuros en contra de Carlos Andrés Santoval Villamizar, de 23 años, por hechos ocurridos en el barrio La Primavera de Villavicencio.

Según la información presentada por la Fiscalía, el pasado 13 de octubre Santoval Villamizar habría golpeado a la joven en varias partes del cuerpo y posteriormente, se presume que la estranguló.

Al parecer, el crimen fue motivado por los celos que el hombre habría sentido por ver a la víctima con otra persona. Los dos jóvenes, tanto la víctima como el presunto agresor, eran estudiantes universitarios y estaban por terminar sus carreras.

El hallazgo del cuerpo al parecer se produjo cuando el detenido supuestamente fue a la casa de Fernández Montoya a buscarla junto con un vecino y la encontraron en una habitación del segundo piso.

No obstante, investigadores de la Brigada de homicidios de la Fiscalía, que arribaron al lugar de los hechos, encontraron al exnovio de la mujer, quien luego de un interrogatorio habría confesado su responsabilidad.

Mediante orden judicial, Santoval Villamizar fue capturado en la ciudad de Monterrey, Casanare, por la Policía Nacional, trasladado a Villavicencio y presentado ante el juez de garantías para su judicialización.

La Fiscalía imputó cargos contra el investigado por el delito de feminicidio agravado, al cual no se allanó.

Ante la decisión del juzgado frente a la medida proferida, la Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar su estado médico del procesado para garantizar que se encuentre en buenas condiciones antes de realizar su traslado al lugar de detención.

Los análisis realizados al Censo Delictivo elaborado por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar tres comunas en Villavicencio (Meta) en las que delitos como hurto y homicidio deben ser priorizados de cara a la necesidad de restablecer la seguridad ciudadana y amparar los derechos de sus habitantes. Se trata de las comunas 4, 5 y 8 de la capital del Meta. Hasta allí llegaron durante los meses de agosto y septiembre investigadores del CTI de la Fiscalía, uniformados del Ejército y la Policía Nacional para identificar, ubicar y detener a los presuntos responsables de los referidos delitos.

La Seccional Meta lideró las acciones encaminadas a restablecer la tranquilidad en los barrios Porfía, Barzal, Milagro, Salitre, Villa Suarez, Sector Ocoa y San Antonio, ubicados en el centro, sur y sur oriente de la ciudad, y que integran las tres comunas mencionadas.

Las modalidades de hurto que más afectaron la capital el Meta, a 30 de septiembre fueron: I) el factor oportunidad, con 1.251 casos; II) atracos con arma blanca, con 553 casos y III) atracos con arma de fuego, con 425 casos.

Estas cifras permitieron adelantar investigaciones flash por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), además de obtener material probatorio y la evidencia física suficiente para que jueces de la República avalaran la petición para concretar 23 capturas; 16 de las cuales van dirigidas a presuntos responsables de hurtos en diversas modalidades y 7 de supuestos implicados en homicidios.

Las labores de Policía Judicial cumplidas con el apoyo de la Policía Metropolitana de Villavicencio, líderes comunales y ciudadanía en general que reside en sectores previamente seleccionados permitió identificar de manera clara la manera como delinquían los implicados que fueron capturados por el CTI, la Policía y el Gaula Militar (Meta).

Hurto

Entre las 16 personas supuestamente implicadas en hurtos se encuentran dos mujeres. Los implicados fueron imputados como presuntos responsables de delitos como hurto calificado y agravado; y en algunos en concurso heterogéneo con lesiones dolosas. La investigación evidenció como las mujeres que se movilizan en motocicletas son las víctimas favoritas de los ilegales, pues les arrebatan sus bolsos, sin importar que en muchos casos esas acciones provocan accidentes que causan lesiones e incapacidades de hasta 35 días. Las medidas de aseguramiento ordenadas contra estas personas incluyen ocho detenciones en cárcel, siete domiciliarias y una medida no privativa con presentaciones así:

A intramuros

 Maicol Stibel Ardila Herrera  John Faber Calderón Castañeda  Jorge Emilio Ortiz Montoya  John Herrera Cordero  Steveng Alexander Penagos Rico  John Mares  Fredy Alberto Cardona Robins  Diego Fernando Gómez Mateus

A domiciliaria

 Duván Camilo Niño González  Laura Vanesa Sedano Barney  Paola Julieth Daza Carrillo  Kevin Stiven Ordoñez Triana  Juan Carlos Méndez Brun  Heiber Sebastián Cañas Céspedes  Jaime Luengas

En libertad condicionada

 John Sebastián Duarte López

HOMICIDIOS

Por el delito de homicidio fueron capturadas y judicializadas siete personas entre quienes están incluidos los presuntos responsables de la muerte de un excombatiente de las FARC, en hechos ocurridos el 15 de julio anterior en un parque público de la ciudad.

A intramuros

 Wilder Javier Barbosa Valencia  Oscar Daniel Barbosa Valencia  Leandro José Robles Colmenares  Nelson Javier Rodríguez Díaz  John Kennedy Herrera Cordero  Faber Enrique Zamora  John Miller Rojas Montilla.

Al término de esta jornada la Fiscalía General de la Nación invitó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho que atente contra su integridad y patrimonio. En este caso recordó que la ciudadanía tiene a su disposición canales como la línea gratuita 122 y la página oficial de la Fiscalía www.fiscalia.gov.co

A buen ritmo avanza la construcción del proyecto del corredor vial 4G más extenso de Colombia que conectará la Orinoquia con el centro del país en un trayecto que atraviesa 11 municipios de los departamentos del Meta, Cundinamarca y Casanare, así lo dio a conocer Covioriente, concesionaria encargada de la construcción. 

De acuerdo con la concesionaria, se vienen realizando intervenciones en 184 de los 266 kilómetros de longitud de la obra. De estos, 36 km corresponden a actividades en las nuevas segundas calzadas, 5 km en la variante de Cumaral y 143 km a obras de mejoramiento de la vía existente, que consiste en llevar el corredor a las especificaciones de la Ley 105 de 1993 (mayor ancho y construcción de bermas), reducir pendientes y suavizar curvas, entre otros. 

A la fecha la obra da cuenta de la terminación de 37 km asfaltados y la construcción de 358 alcantarillas. Por su parte se viene realizando la construcción de 366 alcantarillas, 21 puentes vehiculares y 47 pontones. Al finalizar las intervenciones se contará con más de 900 alcantarillas y más de 550 box culvert nuevos o ampliados. 

Frente a la adquisición de los 1404 predios requeridos para el proyecto, Covioriente informó que ya está disponible el equivalente a un 94.3% de la longitud efectiva mientras que el proceso de liberación de redes (acueductos, redes eléctricas, oleoducto, gasoductos) para la obra, se encuentra en casi un 30 % en ejecución e indicó que han entregado más de 3 mil millones de pesos en compensaciones socioeconómicas a la población en los predios adquiridos. 

Las obras en la jurisdicción del municipio de Yopal fueron reiniciadas desde el pasado de 10 agosto, previa verificación de la alcaldía a los requerimientos hechos frente al adecuado cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad del proyecto, lo que permite que más de 200 colaboradores estén nuevamente activos en sus puestos de trabajo de forma segura, finalizó Covioriente en su comunicado.

Preocupación existe en el norte de Casanare, por la reactivación del secuestro, al parecer por grupos al margen de la ley

Los hermanos Fanny, Robert Leonardo y William Cárdenas, de 53, 52 y 57 años, se encuentran desaparecidos desde hace ocho días cuando se movilizaban entre Hato Corozal y Arauquita, en el departamento de Arauca.

Según versión de Andrés Cárdenas hijo de Fanny , su señora madre, de profesión abogada, viajó con sus tíos, que son ornamentadores, desde el pasado lunes 25 de mayo de Villavicencio a Yopal y un día después se dirigieron hacia el norte de Casanare.

“Ellos se comunicaron conmigo al mediodía del martes desde Hato Corozal e informaron que se dirigían a Arauquita. Desde ese momento la familia no ha tenido razón de ellos y los celulares no tienen señal”, manifestó.

La abogada Fanny  Cárdenas, viajó con el propósito de hacer una asesoría jurídica, acompañada de sus hermanos, en una camioneta Nissan Xtrail Blanca, de placas DZX, 588 modelo 2018, la cual tampoco ha podido ser ubicada.

Al no lograr ninguna comunicación con los desparacidos, la familia Cárdenas puso el caso en conocimiento de las autoridades.