La Gobernación de Casanare informó que lograron gestionar millonarios recursos de regalías que permitirán a la población víctima, tener las herramientas de trabajo para emprender su negocio propio. El proyecto dirigido a las víctimas del conflicto armado en el Departamento, está por un valor de $5.348’846.427, para entregar 446 unidades productivas en los 19 municipios, que le darán la oportunidad a esta población de tener un negocio propio.

En Támara y Nunchía entregaron a 18 familias las unidades productivas para que puedan emprender en panadería, marroquinería, construcción, mantenimiento mecánico y ornamentación, iniciativas que además cuentan con la respectiva capacitación.

Silvio Comayàn, del municipio de Támara, agradeció por las herramientas de trabajo que le entregó la Gobernación de Casanare con las que mejorará la calidad de vida de él y su familia. “Esto es una unidad muy importante para mí y para mi familia, porque le sale a uno un empleo y si no tiene la herramienta ahí queda fracasado, en cambio, con una empresa de estas uno no se vara en nada, esto era lo que estábamos esperando”, expresó.

“Voy a aprender hacer mecánica, porque creo que las mujeres no nos quedan grande nada. Esto va a ser un cambio de vida para mí y para mis hijos, para sacarlos adelante”, señaló María Virginia Sutabán, quien mostró su alegría por las herramientas que recibió, ya que le permitirán tener trabajo y generar ingresos.

“Hemos suscrito el contrato, estamos ya en ejecución, nosotros supervisamos desde la secretaría de Gobierno y la estructuración se trabajó con la mesa departamental de víctimas. Para el gobernador Salomón Sanabria, esto es de gran importancia, esto es cumplir las metas del Plan de Desarrollo y esto es poder llegar a los municipios. Queremos que sientan un gobierno que se sentó a diseñar una unidad productiva para población víctima, que necesita la mano del estado”, puntualizó Gómez Peñaloza.   

En Tauramena, Trinidad y Yopal, víctimas del conflicto armado recibirán apoyo sobre el Sistema Integral para la Paz y los mecanismos de participación para la exigibilidad de sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Durante estas jornadas, entre el 11 y 13 de noviembre, se analizará con las víctimas el impacto psicosocial del fenómeno de la desaparición forzada en este departamento.

El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda- Colectivo OFB y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria – COSPACC, realizarán el ciclo de jornadas para la atención psicosocial y jurídica a esta población.

Mañana se realizará en Yopal un acto simbólico en memoria de las víctimas de criminalidad estatal y en conmemoración del sexto aniversario del asesinato de Daniel Abril Fuentes, líder social, ambientalista y defensor de DD.HH. del departamento.

Este “Encuentro por la memoria y contra la impunidad” que cuenta con el apoyo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP y el Programa Somos Defensores, tendrá la presencia del Sacerdote jesuita, sociólogo y defensor de derechos humanos Javier Giraldo Moreno, voceros del Colectivo-OFB y COSPACC, quienes harán un análisis de contexto en el que se ha dado la desaparición forzada y otras formas de victimización en el departamento del Casanare.

En Casanare, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, 2.587 personas fueron víctimas del conflicto armado, de las cuales, 1.254 de desaparición forzada, 368 por reclutamiento y 975 por secuestro.

Tropas del Ejército Nacional, capturaron en flagrancia a dos sujetos identificados por las autoridades como Vicente Anzueta y Yesid Naranjo en la vereda Montañas del Totumo, del municipio de Paz de Ariporo, Casanare.

Segùn el Ejército Nacional, tras las respectivas labores de inteligencia, estos sujetos, al parecer, pertenecerían al GAO-r Subestructura 28, y estarían realizando extorsiones e intimidaciones a los habitantes de la vereda Montañas del Totumo.

En la operación se incautó un dispositivo móvil, un vehículo tipo motocicleta y propaganda alusiva al grupo armado. Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con su proceso de judicialización.