Con optimismo los habitantes del asentamiento Brisas de San Rafael, ven el trabajo que adelantan funcionarios desde la oficina Asesora de Planeación, con el fin de legalizar sus predios y poder recibir todos los beneficios que conlleva dicha legalidad.

Una jornada de identificación del asentamiento humano ubicado en el corregimiento Santa Fe de Morichal, se realizó como respuesta a la solicitud de la comunidad de este centro poblado de la capital casanareña, quien escuchó los lineamientos para el proceso de legalización de los predios, como primer paso para lograr el desarrollo de importantes proyectos.

Por su parte, la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Sonia Ruiz, expresó que, han aprovechado las herramientas que les brindó el Concejo Municipal para realizar todo el proceso de legalidad de predios que hasta la fecha no cuentan con la titularidad.

“La idea de este proceso es que los predios puedan ser intervenidos con obras por parte de la Administración Municipal o Departamental en cuanto a temas de ampliación de redes de servicios públicos y todos aquellos que requieren las familias que habitan estos sectores”, afirmó la funcionaria.

Dentro de los mecanismos creados para el proceso de legalización, se encuentra: La transformación de bienes baldíos urbanos en bienes de uso público; declaratoria de espacio público; la cesión a título gratuito y la enajenación directa de bienes fiscales.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Casanare, viene desarrollando un cronograma gradual para el regreso de los niños y niñas a las jornadas presenciales en seis unidades de servicio en los municipios de Aguazul y Yopal.

Para la directora regional del ICBF en Casanare, Yenny Rincón, el regreso a la presencialidad fortalece el proceso formativo de los niños y niñas menores de 5 años, potenciando las capacidades motrices y cognitivas. “Continuar con la atención integral desde las aulas es fundamental para la primera infancia, así como interactuar y aportarles en su proceso con las herramientas pedagógicas y la experiencia de los agentes educativos”.

Cabe resaltar que el talento humano de las unidades de servicio viene implementando todos los protocolos de bioseguridad, lavado de manos, uso de tapabocas y alcohol, como medidas para mitigar el impacto de Covid-19 y proteger a los niños y niñas en las aulas y zonas de esparcimiento.

Las unidades de servicio que desde el mes de julio viene realizando atención presencial son el Centro de Desarrollo Infantil Luz del Mañana, Compartir, Heliconias, Zaranda y Hogar Infantil Esteritos en Yopal; y el Hogar Infantil Nuevos Amigos en el municipio de Aguazul que hace parte de la modalidad institucional.

“Es importante recalcar que a los niños y niñas que aún permanecen en sus hogares, el ICBF les garantiza la entrega de canastas alimentarias. Paralelo a ello, los agentes educativos y madres comunitarias vienen haciendo el respectivo acompañamiento pedagógico a través de llamadas y seguimiento virtual, garantizando la atención integral”, puntualizó la directora del ICBF en Casanare.

En la mesa técnica realizada el día anterior para establecer el Plan de Cosecha Arrocera para el 2021, se identificó la capacidad de recibo y almacenamiento de la industria molinera en temporada de cosecha, y la disponibilidad de transporte, buscando también definir el plan vial de la cosecha arrocera.

El próximo 23 de junio desde las siete de la mañana tendremos una nueva mesa de trabajo, en donde Covioriente entregará un informe sobre el estado de las vías, el parqueo de vehículos de carga y los requisitos de báscula, para este 2021. Por su parte el Ministerio de Transporte dará una capacitación sobre el uso de herramientas tecnológicas que les permita a los transportadores de carga calcular los costos mínimos de operación.

“En la mesa técnica de este 23 de junio también los transportadores presentarán una semblanza de la capacidad de oferta de transporte que este sector tiene para afrontar la cosecha de este año”, puntualizó Fernando Molano Acevedo, titular de la cartera de Agricultura.

La actividad hace parte de los compromisos establecidos por el Gobierno Departamental, los pasados 3, 9 y 11 de junio, en mesas de trabajo que se han venido desarrollando con el apoyo del gobernador Salomón Sanabria, la BMC y el MADR.

El tema de legalización de La Bendición va por buen camino, así lo indicó el gerente para asuntos de la Ciudadela, Álvaro Rivera, quien manifestó que se está dando cumplimiento a las directrices impartidas por el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro en cuanto a la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en este sector. 

Según informó Álvaro Rivera, se tiene aprobado el proyecto de acuerdo que autorizó el Concejo Municipal en el cual se declaran los terrenos de la Ciudadela La Bendición como de utilidad pública, lo que permite promover una mesa de negociación ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) quien es la que actualmente goza de ese dominio de los terrenos de La Bendición.

Para resumir, se tiene tres puntos logrados:

-Autorización del Concejo Municipal.

-Avalúos

-Mesas de negociación con la SAE

“Dejar claro que una vez tengamos los terrenos, pasamos al proceso de legalización que es una tarea netamente de la Oficina Asesora de Planeación”, afirmó.

Reiteró el gerente para asuntos de La Bendición, que la titulación permitirá garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales a aquellos hogares que no cuenten con ellos. Además, las entidades territoriales podrán hacer inversiones en materia de infraestructura educativa, parques, centros de salud, comunales y de servicios “Por tanto, estamos reivindicando los derechos de esas familias a formalizarse, a tener un hogar, una vida digna”, agregó.

El proceso de urbanización ilegal inició aproximadamente en el año 2012, sin embargo, las personas están tratando de organizar sus archivos para determinar si inició tiempo antes. Desde entonces se ha venido trabajando para lograr que cerca de 2.900 familias y 4.600 lotes inventariados, logren la legalización y se mejore la calidad de vida.

Estos anuncios llenan de expectativa y esperanza a los líderes y habitantes de la Ciudadela que por años esperaron la legalización y materialización de obras para el mejoramiento del entorno. 

“Esto se había estado gestionando desde hace años y no se había logrado, ahora con todo esto que hemos tenido con la actual Administración, para nosotros es un orgullo porque nos trae buenos beneficios, empezando por la propiedad de cada uno”, puntualizó Ociel Ortiz, líder y representante de los habitantes de La Bendición.

El rector de Unitrópico Oriol Jiménez, informó que se logró avanzar en un paso importante para el proceso de transformación a Universidad Pública, recibiendo el día de ayer la noticia por parte de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad -CONACES- órgano asesor del Ministerio de Educación encargado de revisar y aprobar el informe de factibilidad presentado por Unitrópico; quien después de analizar y estudiar la respuesta a las observaciones realizadas a la primera entrega del informe, dio visto bueno, permitiendo continuar con el proceso.

Paso importante y uno de los más difíciles de alcanzar, según señaló el abogado Ferley Bohórquez, ya que se trataba de "un informe de factibilidad único, atípico en el estado colombiano", enfatizó el funcionario. Con este logro se avanza en siete de las nueve fases que hacen parte del proceso de transformación. Ahora se espera el concepto del Consejo Nacional de Educación Superior -CESU-, concepto que no sería vinculante, según informó el abogado Bohórquez.

Una vez se obtenga el concepto del CESU, el Ministerio de Educación Nacional emitiría la Resolución, que daría vía libre para que el Gobernador Salomón Sanabria convoque a la Asamblea Departamental para que autorice la transformación de Unitrópico a Universidad Pública. De avanzar con los tiempos presupuestados se lograría concretar el proceso para el segundo semestre de 2021, y cumplir el sueño de tener Universidad Pública en Casanare.

Un logro histórico, ya que desde la expedición de la ley 30 de 1992 es la primera universidad del país que pasa de ser privada a pública. Una vez se alcance la meta, se tiene garantizados $16.000 millones anuales por parte del Gobierno Nacional para su funcionamiento.